por Daniel Romo Vega.
En la primera oportunidad que el gobierno chileno es requerido ante la justicia internacional, el abogado Ricardo Bachmann presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) un recurso fundado en las actuales violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile, en la represión policial contra las legítimas manifestaciones populares en todo el país.
Bachmann, es abogado chileno, licenciado en Derecho UNED, España, Máster en Derecho, Máster en Filosofía y Doctor en Derecho de la Universidad del País Vasco. Actualmente, se desempeña como docente e investigador en Filosofía del Derecho en universidades públicas españolas.
Se ha sensibilizado de lo que está ocurriendo en Chile desde el 18 de octubre. El proceso es lento, pero en la medida en que la justicia chilena queda en entredicho, la brecha se va acortando para que el recurso sea acogido.
La vulneración es evidente en las adquisiciones de material empleado en la represión de manifestaciones y nula inversión en insumos hospitalarios para atender a los heridos.
No obstante, este tipo de actuaciones requieren de ayuda y Bachmann la solicita en forma de antecedentes y medios de prueba que certifiquen los delitos de lesa humanidad de ambas policías. Porque no sólo se trata de este libelo, también hay otras diligencias que el abogado está llevando a cabo.
Chile Libre ha tenido la oportunidad exclusiva de hablar con Ricardo Bachmann y presentamos inextenso esta entrevista.
– Ricardo, ¿cuál es la percepción en Europa de lo que sucede en Chile y cómo ha sido evaluada -en general- la gestión del gobierno chileno una vez que se inició la rebelión popular?
«En los principales medios de comunicación españoles se habla muy poco de lo que sucede actualmente en Chile. Sin embargo, hay mucha expectación aquí y en toda Europa, tanto de los sectores conservadores como de los progresistas. Se sabe bien que lo que está en juego es la salud del modelo neoliberal y por eso algunos temen una debacle, mientras que otros desean un cambio de modelo económico en Chile, ya que eso tendría un gran impacto a nivel global. La experiencia chilena se ha utilizado como ejemplo de éxito de las políticas neoliberales.
Es decir, ha sido el principal argumento utilizado por los promotores de ese modelo.
Por otra parte, las imágenes de personas mutiladas generan mucha tristeza, los videos de abuso policial y las cifras de muertos y heridos. En cuanto a Piñera, los principales medios de comunicación no hablan de él, pero en las redes sociales y en medios alternativos pueden apreciarse muchas críticas e incluso burlas».
– ¿Y de la gente común?
«El resurgimiento de los Chalecos Amarillos en Francia se debió en parte a las protestas en Chile. De hecho, suelen verse banderas chilenas y mapuches ondeando en las calles de París y otras ciudades, así como pueden escucharse canciones emblemáticas de Quilapayún y Víctor Jara. Por decirlo así, han importado el modelo de manifestaciones y de resistencia a la represión policial. Las performances artísticas han sido objeto de análisis, al igual que las marchas pacíficas masivas. Hay que entender que, en este orden de cosas, existen más similitudes con Chile que con Taiwán o El Líbano.
Desde hace mucho tiempo, se viene esbozando la idea que el destino de Chile es, en gran parte, el destino de América Latina. Salvador Allende sigue siendo un referente para la izquierda europea y me atrevería a decir que también a nivel mundial. Es curioso que haya ciudadanos españoles que sepan más de lo que sucedió durante la Unidad Popular que muchos chilenos. Claramente, es un indicador que la educación en Chile está fallando».
Acerca del recurso.
– ¿Cuál es el objeto de interponer un recurso contra el gobierno chileno en Europa?
«Lo que hice fue presentar una denuncia y acompañé antecedentes ante la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional que tiene sede en La Haya. El objetivo es que la fiscalía abra investigación para que finalmente sean condenados los principales responsables políticos y generales de las fuerzas de orden y seguridad por todos los delitos de lesa humanidad cometidos.
Tengo entendido que la fiscalía de la CPI ya maneja bastante información. En todo caso, sigo acompañando antecedentes; voy presentando dosieres temáticos».
– ¿Cuándo piensas que podría haber novedades?
«Lo primero que hay que tener en cuenta es que la CPI evalúa la actividad de la justicia chilena. Si estima que las querellas que se presentaron se están tramitando adecuadamente, se abstendrá de realizar cualquier gestión. Si, por el contrario, aprecia que no hay una respuesta apropiada y oportuna, iniciará una investigación.
Cada vez que la justicia chilena archiva causas sobre torturas o apremios ilegítimos por parte de Carabineros o criminaliza las protestas, la puerta a la CPI se va abriendo un poco más. Ya han pasado tres meses y nada se sabe de las querellas interpuestas en contra de Piñera y sus Ministros.
El Poder Judicial debe entender que su demora significa pérdida de vidas, cientos de mutilados y miles de detenidos. La conculcación de garantías constitucional e internacionalmente obligatorias, son señal de que existe un Poder Judicial materialmente fallido.
Por eso no me atrevo a señalar un plazo. De todas maneras, estamos trabajando muy duro para ordenar todos los antecedentes que hay y de esa manera, facilitar la labor de la fiscalía».
– Y la actuación del Gobierno, ¿Sería considerada por la CPI para actuar?
Por supuesto. Lejos de buscar soluciones, este gobierno ha invocado el Decreto Ley Nº 1086 de Pinochet, el cual exige aviso previo y autorización para manifestarse, lo que vulnera abiertamente el derecho constitucional de manifestarse de los ciudadanos. Asimismo, faculta a la policía a disolver las manifestaciones no autorizadas.
Además, Piñera ha impulsado leyes represivas y ha gastado cantidades ingentes de dinero para adquirir material antidisturbios. Lo absurdo es que no se destina presupuesto para comprar insumos médicos ni para contratar personal sanitario, situación que también vulnera los derechos de la ciudadanía».
Mirada crítica.
– ¿Es una dictadura?
«Formalmente no se puede hablar de dictadura, sobre todo porque el gobierno criminal cuenta con la aquiescencia del Poder Legislativo y el silencio cómplice del Poder Judicial. Es, a todas luces, una tiranía de la lumpemburguesía con la complicidad de una clase política desvirtuada a más no poder. La derecha ha traspasado todas las líneas rojas, ya no se puede hablar de democracia y existen serias dudas sobre la existencia de un estado funcional de derecho.
Piñera ha ignorado todas las recomendaciones de los Organismos Internacionales; está convencido que con el apoyo de Trump le basta para seguir adelante y no se da cuenta que pronto habrá otro presidente estadounidense, probablemente demócrata y muy distinto al actual».
¿Estás realizando otras actividades?
«Sí, estoy enviando requerimientos y reclamos a distintos organismos internacionales, como la OPCW (siglas en inglés para la Organización para la Prohibición de Armas Químicas), para que realicen fiscalizaciones en Chile u otro tipo de intervenciones. También, estamos preparando acciones tendientes a invocar la justicia universal ante tribunales europeos.
Los chilenos deben ser conscientes de que el Estado está infringiendo una serie de Tratados y Convenciones Internacionales sobre Derechos del Niño, sobre torturas o sobre armas químicas, entre otras, y por tanto es lógico que ese incumplimiento acarree consecuencias a los responsables políticos.
El desprolijo jurídico del gobierno es aberrante. Solo basta con observar cómo improvisaron un estado de excepción constitucional. Chapuza tras chapuza. Por eso que hace mucho rato que ya no se puede hablar con propiedad de un estado de derecho en Chile».
– ¿Cuál fue el hecho puntual que te hizo decidirte a actuar?
«Siempre he estado vinculado a la realidad chilena y latinoamericana. Hasta la fecha, me había dedicado a la difusión, por ejemplo, acudiendo a foros televisivos de debate y también en los foros académicos. Por eso que el estallido del 18 de octubre no me tomó por sorpresa. Al fin y al cabo, la violencia policial que estamos viendo hoy en las calles de las principales ciudades, es la misma que vienen soportando los mapuches desde hace años. La brutalidad policial siempre estuvo allí y las fragilidades del estado de derecho chileno, también.
La diferencia es que ahora han quedado más patentes.
Si me preguntas por un hecho puntual, tal vez fue el caso de la niña que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en la cabeza (hecho ocurrido el 10 de diciembre e informado oportunamente por el INDH). Hay que ser un desalmado para querer hacerle daño a una criatura. Los carabineros han demostrado que no tienen escrúpulos, parecen estar completamente fuera de control. ¿Cómo no son capaces de ver que esta vez no habrá impunidad para nadie?».
– Y en lo jurídico, ¿cuál puede ser el precedente -por así decirlo- de esta denuncia en la justicia chilena?
«Hay gente, especialmente la que adscribe a ideas o partidos de derecha, que le da mucha importancia a la imagen del país. Esa gente –pese a todas las atrocidades que se están cometiendo- sigue convencida de que Chile pertenece al primer mundo, que es un país modelo, que ellos son ciudadanos de primera categoría, etc.
Muchos tópicos de gente insegura, ignorante y acomplejada. Pues bien, en estos momentos, la imagen que proyecta Chile es similar a la de otros países del tercer mundo. El inicio de una investigación ante la CPI tendría enormes repercusiones en el plano jurídico, puesto que significaría que Chile requiere de tutela judicial externa, al igual que países africanos».
– ¿Y qué pasaría con los tribunales chilenos?
«El Poder Judicial tiene una configuración y una estructura que le impiden reaccionar adecuadamente ante situaciones tan graves como la actual. No solo por la fuerte influencia que tienen los otros poderes públicos y los partidos políticos sobre su quehacer cotidiano, sino también por el autoritarismo con el que los superiores se relacionan con los subalternos.
La inflexibilidad provoca tensiones, quiebres y por supuesto, imposibilita una buena comunicación.
Por otra parte, sucede a diario que jueces de garantía imponen prisión preventiva a manifestantes detenidos, sin importarles la gravedad del delito imputado. Asimismo, puede verse que, con los policías imputados por delitos graves, la postura es inversamente proporcional. Eso no ayuda en nada a terminar con la crisis y ciertamente, nos lleva a replantearnos la idoneidad de algunos jueces y si son verdaderamente independientes».
La ayuda.
– ¿Quién o quiénes son de más ayuda en este recurso?
«He contactado con gente de Chile y de otras partes del mundo con las que compartimos información. En esta labor, toda persona puede ayudar, ya que no solo se trata de recopilar material audiovisual, sino también documentación y testimonios. En este momento, es importante la colaboración de médicos, ex policías, funcionarios del Poder Judicial y de la Administración Pública.
Insisto, hay mucha gente trabajando en esto. En lo que a mí me toca, formo parte de un equipo donde también participan abogados, informáticos y periodistas ubicados en distintos países, que recopilan la información recibida y la van clasificando. Lo ideal sería establecer redes de conexión y colaboración, para que la información fluya mejor y de forma ordenada. Sin duda que se obtendrían mejores resultados».
– ¿Algún grupo o colectivo de personas que revista especial interés en estos momentos?
«Sí, necesitamos contactar urgentemente con nacionales de países europeos y cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados por agentes del Estado chileno. También necesitamos contactar con médicos que manejen información sobre los efectos de las armas químicas utilizadas por Carabineros, lesiones por balines, agresiones sexuales, etc».
– ¿Cómo ha sido la recopilación de antecedentes desde Chile? ¿Con qué problemas te has tropezado? ¿Cómo podemos colaborar?
«Me consta que en Chile hay profesionales que manejan información importante, pero por miedo a meterse en problemas o a ser delatados, deciden no dar a conocerla. De hecho, hay personas que temen por su seguridad. También hemos sabido de teléfonos y otros dispositivos electrónicos intervenidos, incluso de jueces. Por eso, contamos con una cuenta de correo que se encuentra a buen resguardo y es: chileanwhistleblower@mailfence.com . Si alguien quiere hacernos llegar información relevante de forma anónima, también puede hacerlo».
– Sin duda, arrastramos un trauma a partir del Golpe de Estado de 1973 y sus consecuencias jurídicas a partir de ese momento en lo que a materias jurídicas se refiere. ¿Cuál crees que son las diferencias entre los procesos judiciales de entonces con los actuales?
«Hoy en día, los jueces y fiscales cuentan con más medios de pruebas que en aquellos años. Prácticamente, la revolución ciudadana se está transmitiendo en vivo y en directo a todo el planeta.
Hay miles de videos y fotografías de abusos y montajes policiales que podrían perfectamente servir de base para abrir investigaciones.
Para ello, los jueces y fiscales deben ser independientes, autónomos y trabajar libres de todo tipo de presión. También se necesita una policía judicial independiente de las otras policías. En estos momentos, la PDI también sale a reprimir a los ciudadanos y eso les impide investigar con objetividad. No se puede ser juez y parte».
– ¿Cómo te gustaría que terminara todo esto?
Lo primero que debería suceder, es que Piñera renuncie a la Presidencia y se convoque a nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Segundo, que el plebiscito de abril se desarrolle con normalidad y se instale una asamblea constituyente en los términos que el pueblo lo exigió.
Para todo esto, es importante que la gente entienda que tiene que involucrarse, participar en los cabildos y, si no le gustan los candidatos, presentarse. Pero, sobre todo, hay que ir a votar. Para nada servirán las vidas y los ojos perdidos si los ciudadanos deciden no ejercer su derecho a sufragio. Sería volver a lo mismo de siempre, porque la derecha sí concurre a las urnas y representan algo más del 30% del universo electoral.
Finalmente, espero ver a Piñera y sus Ministros sentados en el banquillo. Lo mismo para los altos mandos de Carabineros y el Ejército. Esa es la única manera de evitar que esto vuelva a ocurrir. Después de eso, todo irá a mejor.
Fuente: Chile Libre
