por Pablo Varas Pérez.
Desde 1990 se ha insistido en la necesidad de poder tener acceso a los archivos de la CNI, organismo encargado de la represión y que dejó una secuela de chilenos detenidos desaparecidos, ejecutados en falsos enfrentamientos y miles de torturados.
Precaria ha sido la intervención de los ministros de la defensa nacional concertacionistas para poder conocer la verdad y llevar a la justicia a los agentes del estado responsables de delitos deleznables.
Las fuerzas armadas convertidas actualmente en pandilleros con patente de corso y que han convertido los recursos fiscales en un botín permanente son un nulo aporte a todas las investigaciones en asuntos de Derechos Humanos. En los últimos años de la dictadura Fuentes Morrison fue diplomático en Sudáfrica y lo sucedido después es una feliz historia.
No queda duda alguna que los responsables de tan graves delitos fueron los agentes del estado y que en Punta peuco no están todos los asesinos. Hay muchos militares y agentes civiles que viven bajo el manto de la impunidad que de diferentes maneras le han entrego todos los gobiernos desde marzo de 1990.
En los Informes Valech y Rettig queda la constancia histórica de la criminalidad que desataron por largos diecisiete años los militares recordado como el periodo más oscuro de la historia de Chile desde 1810. Podríamos compararlo a los tiempos aquellos en que Vicente San bruno era el encargado de reprimir a los patriotas que luchaban por la libertad, pero aún así, los periodos de la DINA/CNI fueron más crueles y sanguinarios.
No es creíble que sea un general, un coronel y un sargento a quienes se les haya ocurrido la idea de quemar documentación oficial del ejército. Borrar la criminalidad ampara a sus criminales y les otorga amparo es política militar del alto mando.
Pinochet no sólo les enseñó a robar sino también a vestirse de cobardes.
Para el ejército toda la criminalidad ejercida en contra de los opositores a la dictadura tenía sentido, esos chilenos eran enemigos de la patria y agentes del comunismo internacional. Los campesinos encontrados en los Hornos de Lonquén en su mayoría analfabetos y hombres encargados de sembrar la tierra no eran agentes de la KGB.
La matanza de Chihuio que cometió el ejército fue contra campesinos pobres que no tuvieron ninguna posibilidad de defenderse mientras ellos le pedían a los cielos que los defendiera tiene aspectos de genocidio.
No queda evidencia de la profunda convicción que debe ejercer la clase política para hacer públicas las justas demandas de las víctimas de la dictadura. Son más fuertes sus críticas a Venezuela que pedir explicaciones al ejército por borrar las huellas de la criminalidad. En todos los distritos hay víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos, sus representantes pasan de largo, no los escuchan, la indiferencia entonces también los hace compañeros de un oscuro viaje.
Se entiende. Nada han propuesto desde el parlamento para detener los miles de millones de dólares que cuesta el pago de las pensiones para un segmento que nada aporta a las necesidades del país, todo lo contrario. Tantos recursos entregados impiden el desarrollo de Chile. Sólo el gasto de los militares jubilados tiene un costo igual a cinco hospitales de un valor de trecientos millones de dólares.
El fuego purifica y es también una señal.
Cuando estaba ardiendo La Moneda el día 11 la señal fue extremadamente violenta. Allí moría un presidente y la señal era que nunca más volverían los que democráticamente la ganaron con el derecho a construir un país diferente.
Quemar los archivos y toda la documentación de los aparatos encargados de reprimir y asesinar es la señal que manda el alto mando a todos los que fueron parte de la dictadura, los uniformados y los civiles pasivos. Piñera está entre ellos, le recordamos que fue el generalísimo de la campaña de Hernán Buchi quien fue el candidato de la junta militar en las elecciones del 89.
No causa asombro que para salvarse de la justicia se hayan quemado las evidencias de sus deleznables conductas, esa es la característica de los cobardes, esos personajes chiquitos que existen todos los lugares y que viven de recursos fiscales, en suma el dinero de todos los chilenos.
Todos los comandantes en jefe siempre han vociferado que el ejército entregó a la justicia toda la información y antecedentes que ellos habían guardado. Aquello no era verdad, mintieron, no sólo a las autoridades políticas, sino que mandaron el mensaje que todo aquello los dejaba libres de culpa y sin absoluta responsabilidad de lo todo lo sucedido.
Quemar documentación militar requiere de procedimientos bien precisos y en este caso todos fueron alterados, no por acción individual, es determinación del alto mando lo que los coloca como sujetos responsables por no entregar información sensible que posibilitaría conocer el destino de miles de personas que se encuentran desaparecidas o asesinados en ejecuciones sumarias.
Debe saber el ejército y sus valientes soldados que la búsqueda de la verdad y la necesidad de justicia es una tarea de siempre, como lo hace Efraim Zuroff.
No es suficiente que los historiadores hayan dejado constancia irrefutable de todo lo sucedido. Los hijos de los hijos de las víctimas saben la verdad y ellos junto a otros miles se encargarán que el tiempo no los olvide. Bien por Chanfreau.
Poca altura tiene la actual clase política desprestigiada y con muy poca credibilidad. Alta importancia para miles de familiares y procesos en causas de Derechos Humanos en curso en tribunales, la información reiteradamente negada por el ejército.
Uniformes precarios….
Fuente: El Desconcierto
Corte otorga libertad a militares (r) por quemar archivos de la CNI previo pago de $500 mil
La Corte de Apelaciones de Santiago decidió de forma unánime otorgar la libertad bajo fianza de los tres militares (r) que estaban detenidos tras ser procesados por el juez Mario Carroza por el delito de sustracción o destrucción de documentos de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) -correspondientes al periodo 1080-1982- entre el 2000 y 2001.
La solicitud de los efectivos en retiro fue acogida por la primera sala del tribunal de alzada capitalino integrada por los ministros Dobra Lusic, Elsa Barrientos y el ministro suplente Alberto Amiot; previo pago de la fianza establecida por el mismo Carroza correspondiente a $ 500 mil.
Cabe recordar que el pasado viernes 7 de febrero, el ministro de fuero decidió procesar al general (r) Eduardo Jara Hallad, en calidad de autor; a la teniente coronel (r) Mercedes del Carmen Rojas, como cómplice del citado ilícito; y al general (r) Patricio Chacón Guerrero como encubridor.
Fuente: La Tercera
