Pese a que aún no reciben el veredicto redactado y a que falta la lectura de sentencia, la cual se realizará el próximo 28 de julio, los querellantes en el caso de colusión de las farmacias presentarán un recurso de nulidad para revertir el fallo dividido del Cuarto Tribunal que absolvió a los 10 ejecutivos acusados de coludirse bajo el argumento de que la “Fiscalía no acreditó la alteración fraudulenta de precios”.
El senador Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, afirmó:
“Les digo a las personas que se siente avasallados, que fueron testigos de la colusión y víctimas de los abusos, que iremos hasta las últimas consecuencias y usaremos todos los mecanismos institucionales y legales para que se establezca una sanción penal”.
El senador agregó:
«Confiamos que tanto la Corte Suprema y de Apelaciones harán justicia en esta materia y no permitirán que violadores derechos humanos fundamentales caminen libremente por las calles como si nada hubiese ocurrido sin tener una mínima sanción moral en lo penal. Los medicamentos no son bienes de consumo, son insumos de salud y los consumidores no son clientes son pacientes. Aquí lo que se juega es el derecho a la Salud. Por eso presentaremos un recurso de nulidad pues estamos convencidos que el fallo de minoría es el fallo correcto y que los tribunales superiores harán justicia”.
Girardi recordó:
“Iniciamos la lucha contra estas empresas, hace siete años cuando presentamos una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica la que probó que había colusión y aumentaban hasta en un mil por ciento los precios de los medicamentos esenciales como los inhaladores en pleno invierno cuando la contaminación más afecta a los niños y ancianos. Presentamos una querella criminal en el Ministerio Público, porque ellos son culpables. Así lo estableció la FNE y la propia Farmacia Ahumada reconoció su culpabilidad. Muchos de estos ejecutivos pagaron multas reconociendo que eran culpables y tuvieron que ir a clases de ética”.
Para Girardi, las multas y sanciones administrativas no sirven “porque las pagan los propios pacientes a través de las millonarias utilidades que dejan en estas cadenas -verdaderos monopolios que han hecho desaparecer a las farmacias pequeñas- y por eso es que era tan importante la sanción penal”.
El senador Girardi reconoció saber que “las penas establecidas en el artículo 285 del Código Penal no son altas, pero es distinto a tener una multa que la pagan los propios pacientes con los sobreprecios de los medicamentos, a tener una sanción penal aunque sea ir a firmar para que los gerentes y dueños de farmacias piensen dos veces si van a seguir estafando y abusando de los pacientes”.
Abogado querellante
A su turno. el abogado querellante, Jorge Mario Saavedra, destacó que para los tres jueces del tribunal (María Inés Collin, Laura Assef y José Flores) se encuentra vigente el artículo 285 del Código Penal el cual establece como autores de dolo “los que por medios fraudulentos consiguieren alterar el precio natural del trabajo, de los géneros o mercaderías (…) sufrirán las penas de reclusión menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a 10 UTM”.
Saavedra afirmó que “las dos juezas consideraron que la Fiscalía y los querellantes no logramos convencerlas que los imputados eran participantes del delito. El juez Flores dijo que si había pruebas suficientes y condenó a 5 de los acusados con responsabilidades gerenciales y absolvió a los subalternos”.
El penalista señaló que “tras conocer el veredicto el 28 de julio nos apoyaremos en el fallo del juez Flores para ir de nulidad a los tribunales porque quedó acreditado –y los tres jueces están de acuerdo- es que el artículo 285 del Código Penal está vigente, llámele colusión, dolo o como quiera, pero hay delito y está gente lo cometió”.
Los acusados fueron imputados por coordinar alzas en los precios de más de 200 medicamentos entre 2007 y 2008, pero el Cuarto Tribunal Oral los dejó libres de cargos en un fallo dividido por 2 a 1.
Actualmente hay dos proyectos en el Congreso que castigan con cárcel el delito de colusión, uno ingresado por parlamentarios en junio de 2013 y otro ingresado por el Gobierno en marzo de este año.
Agrupaciones ciudadanas exigen cárcel
En tanto, agrupaciones ciudadanas protestaron este miércoles en el centro de Santiago exigiendo penas de cárcel en este caso.
«Nos demuestra que en este país los consumidores están desprotegidos, la impunidad de los delitos de cuello y corbata se ha consagrado en este fallo», dijo el presidente de Conadecus, Hernán Calderón.
José Troncoso, de la Asociación de Jubilados, sostuvo que «los problemas nuestros se arrastran día a día y nadie pone atajo a eso».
«Es difícil y es malo ser jubilado o llegar a viejo en este país, porque ni la sociedad ni los gobernantes nos contemplan en su planes de desarrollo», enfatizó.
La lectura de la sentencia será el 28 de julio y de ahí en adelante los querellantes decidirán donde presentarán este recurso.
