por Hugo Fazio (*)
Nuevamente en la Cámara de Diputados funcionó el consenso entre el gobierno y la bancada de diputados democratacristianos para aprobar la reforma previsional, que aumenta el gravamen a los trabajadores y deja intacto el actual sistema de AFP.
Tal como sucedió en la reforma tributaria, por más que el acuerdo se desechó en el Senado, producto de la movilización social, poniéndose fin al intento de reintegrar el sistema tributario, reducir las disposiciones antielusión y disminuir las atribuciones del sistema de impuestos internos.
El proyecto de reforma de pensiones aprobado, después de quince meses de tramitación, dista del proyecto original, pero profundizó su carácter regresivo al aumentar el gravamen a los trabajadores y dejar sin tocar el sistema actual de AFP, en el cual un alto porcentaje de las cotizaciones recibidas no se destina a beneficios de los imponentes.
El 21 de octubre de 2019 estaba prevista la votación de la Sala de la Cámara, sin embargo quedó detenido al producirse el estallido social, reanudándose su discusión el 20 de enero luego de que Sebastián Piñera anunció los lineamientos del nuevo proyecto en cadena nacional el día 15 de enero.
Existe otra alternativa.
“Cenda ha demostrado -escribió su vicepresidente Manuel Riesco- que acabar con el ahorro forzoso, recuperando los US$10.000 millones anuales de cotizaciones, permite duplicar las pensiones ahorrando al fisco cuantiosos subsidios directos e indirectos que hoy aporta al sistema de AFP. Todo ello – agregó – sin retirar del fondo acumulado, que hoy equivale a veinte años de cotizaciones, el cual beneficia exclusivamente a los empresarios y crece continuamente con los excedentes de cotizaciones sobre el aporte del sistema AFP al pago de pensiones (…). Pero ciertamente sin continuar engrosándolo sino, al contrario, devolviéndolo íntegramente a sus propietarios”.
La aprobación en la Cámara se produjo después de suscribirse un acuerdo entre los ministros de Hacienda y de Trabajo, Ignacio Briones y María José Zaldívar, y los diputados de la DC más algunos independientes (los inefables e infaltables Pepe Auth, Carlos Abel Jarpa y Fernando Meza; n. de la r.), con la particularidad de que, en los cambios concordados no fundamentales al proyecto oficial, no se presentaron las indicaciones correspondientes, sino se estableció que ellas se efectuarán cuando el proyecto se discuta en el Senado.
Este acuerdo había sido concordado el día anterior en una reunión de la ministra del Trabajo con los diputados DC Gabriel Silber, José Miguel Ortiz y Pablo Lorenzini. Se aprobó subir la cotización en seis puntos, increíblemente a iniciativa de una mesa de trabajo formada por sectores de la oposición, porcentaje mayor incluso que en todas las propuestas iniciales del Ejecutivo, destinándose la mitad de ese incremento a los fondos de capitalización individual.
Este aumento constituye en los hechos un gravamen a los trabajadores, aunque se hizo siempre con la afirmación que dichos recursos provendrían de los empleadores, a pesar de existir amplio consenso de que el efecto se expresará en las remuneraciones.
“Parece haber un voluntarismo del gobierno, -constató incluso editorialmente el diario La Tercera-, al plantear que estos incrementos de cotización solo serían de cargo del empleador, cuando en los hechos a largo plazo estos mayores costos los terminarán absorbiendo los propios trabajadores, principalmente por ajustes en las remuneraciones” (18/01/20).
Esta misma conclusión entregó Olivia Mitchell, que encabeza el Centro de Investigación de Pensiones y Jubilación de la escuela de negocios estadounidense Wharton School. “(…) hay que tener claro –expresó- que aumentar los aportes del empleador tarde o temprano dará como resultado una baja en los sueldos. Por lo tanto, la pregunta clave es cuál será el impacto salarial (…)” (23/01/20).
Lamentablemente no se ha producido hasta ahora la reacción de las organizaciones de los trabajadores a este atentado en contra de sus intereses y sectores amplios de la oposición política al gobierno han centrado sus propuestas en formulaciones dirigidas a colocar en el centro de la discusión cómo se reparte a futuro el aumento de las cotizaciones.
Incluso el exministro de Hacienda Rodrigo Valdés, decidido partidario de esta regresión, inmediatamente después de la alocución televisiva de Sebastián Piñera sostuvo:
“El anuncio (del presidente) es un paso muy importante para que se pueda lograr un acuerdo transversal. El amplio acuerdo que ya había logrado la oposición está a muy corta distancia en los anuncios del Presidente. Sería absolutamente impresentable –concluyó- si no se logra una convergencia” (16/01/20).
Senadores democratacristianos inmediatamente producido el acuerdo del gobierno con diputados DC sostuvieron, al igual como aconteció durante la reforma tributaria, que ese acuerdo no los compromete.
“En la Cámara –expresó Jorge Pizarro- son ellos los que deciden, pero eso no implica nada para la discusión en el Senado. Nosotros en la bancada de senadores de la Democracia Cristiana tenemos el acuerdo de trabajar el tema de conjunto con el gobierno, dentro de la oposición” (02/02/20).
El gobierno como un factor de presión para aprobar su proyecto de reforma durante mucho tiempo tuvo como un elemento para demandar su rápida aprobación el incremento de la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario.
Ya aprobados estos incrementos en proyectos apartes creó un nuevo factor de presión: el Estado subsidiaría los primeros años de operación del Fondo de Ahorro Colectivo a establecer. En la minuta oficial que describe el proyecto se detalló que “como la tasa de cotización (…) aumentará gradualmente en el tiempo, durante los primeros años los ingresos por concepto de recaudación de cotización no serán suficientes para pagar los beneficios” (17/01/20).
Por ello, esos años el Estado lo subsidiará a través de un préstamo otorgado por el Fondo de Reserva Previsional. En el primer año dicho aporte se calcula entre US$900 millones y US$1.000 millones.
Las AFP seguirán manejando todos los recursos percibidos hasta la fecha, habiéndose dejado así de lado la demanda nacional de “No+AFP”, manteniéndose la presión para que directa o indirectamente puedan acceder a los nuevos recursos proyectados a cotizarse mensualmente. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, planteó la tesis de “libertad de elección”, sosteniendo que se puede decidir por el imponente si el total de los fondos los maneje una AFP o el ente público a crearse para administrar los recursos del aumento en las cotizaciones.
De otra parte, sigue sin tocarse el tema de los regímenes previsionales de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca), los cuales significan, usando las cifras del Presupuesto 2020, un gasto fiscal total de US$2.938 millones, suma superior en un 32% a la destinada para la Pensión Básica Solidaria y el Aporte Previsional Solidario, que con el incremento otorgado, llega a US$2.229 millones.
El informe financiero que acompaña el proyecto de reforma consigna un gasto fiscal en régimen de US$1.980 millones, equivalente a dos tercios del gasto de Capredena y Dipreca. Esta diferencia entre los beneficiados con el sistema previsional de las FFAA y de Carabineros con los del resto de la población constituye, como señaló el senador Jorge Pizarro, “una inequidad que debemos resolver” (05/02/20).
Una encuesta efectuada por Activa Research, efectuada en los últimos días de enero de 2020, mostró que el 79,4% de las personas están porque las FFAA y el resto de la población tengan un sistema previsional igualitario. La misma encuesta reveló que un 79,2% de las opiniones considera que las AFP se deberían eliminar y generarse otro mecanismo.
La aprobación en la Cámara de Diputados se produjo el mismo día en que el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus correcciones a las proyecciones de crecimiento para América Latina y el Caribe entregados en los días de su asamblea semestral de octubre.
Para Chile contrajo su estimación de crecimiento en un elevado 2,1 puntos porcentuales, recortando la proyección promedio para 2020 a solo 0,9%, desde el 3% previsto antes del estallido social. Es el porcentaje de crecimiento más reducido en toda América Latina, que seguirá sufriendo de recesiones en Argentina y Venezuela de acuerdo a la estimación.
Más aún, el recorte de Chile explica en gran parte la menor proyección para toda la región, que se disminuyó en 0,2 puntos porcentuales desde 1,8% a 1,6%.
“Si bien -constató Alejandro Werner, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI-, las causas de las tensiones sociales varían de un país a otro, estas en general -puntualizó- reflejan una insatisfacción con ciertos aspectos de los sistemas económicos y políticos”.
Planteó que en la opinión del organismo internacional, “una prioridad clave hacia adelante es la de reactivar el crecimiento y hacerlo más inclusivo (…), fomentar la competencia será importante para evitar las prácticas monopólicas que pueden perjudicar a los pobres en forma desproporcionada” (30/01/20).
Werner la fundamentó en que “las perspectivas están sujetas a la incertidumbre provocada por las tensiones sociales y las respuestas de política económica ante las demandas sociales”.
El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó que la proyección del FMI “la verdad es que no nos sorprende. Está bastante en línea con las proyecciones que tenemos. Ellos hablan de 0,9% de crecimiento, el Banco Central tiene un escenario central de 1%, nosotros 1,3% el mercado 1,2%, entonces estamos ahí” (30/01/20).
Se trata de una proyección de expansión para el año bastante reducida.
(*) Economista.
Fuente: El Siglo
