por Amílcar Salas O. (*), Camila Vollenweider (**).
A doce meses de haber asumido la Presidencia, Jair Bolsonaro ha dejado al país con menos democracia, más militarización y más neoliberalismo.
Con la misma actitud y tesitura con las que construyó su personaje público, Jair Bolsonaro – en un entrevista de fin de año frente al Palacio de la Alvorada- volvió a la carga: ante la consulta de un reportero acerca de la investigación del Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro sobre el senador Flavio Bolsonaro –uno de sus hijos- el presidente, visiblemente alterado por la pregunta y en su coherente insanía, respondió:
“Usted tiene una cara de homosexual terrible. No por eso te estoy acusando de ser homosexual, si bien no es delito ser homosexual”[i].
Un Bolsonaro de fin de año igual al de siempre.
Ni el ejercicio de la investidura moderó sus dichos; más bien todo lo contrario: respuestas agresivas, dislates o abiertas mentiras, como cuando afirmó en la última rueda de prensa presidencial de hace unos días que “estamos terminando el 2019 sin ninguna denuncia de corrupción”.
Un hecho más que inexacto, siendo que durante el 2019 fueron ganando profundidad procesal, cobertura periodística y conocimiento público las investigaciones que, partiendo de las “rachadinhas” (“mordidas salariales” a empleados) vinculadas a Flavio Bolsonaro, han evidenciado toda una red de contactos que vincula a otros familiares, como el propio Jair, con integrantes de las “milicias” (grupos parapoliciales de Río de Janeiro dedicados a actividades delictivas, entre las cuales debe anotarse el asesinato de Marielle Franco) y otros políticos locales.
Así va quedando clara la “red de corrupción” que compromete seriamente al “clan Bolsonaro”[ii].
Y no ha sido la única denuncia.
También debe mencionarse aquella que pesa sobre el ministro de Turismo –y las candidaturas “fachada” para la captación de dineros públicos- o el caso del gobernador de Roraima, del mismo espacio político del presidente, cuyo proceso en curso puede llegar a ser muy importante para comprender todo el mecanismo fraudulento que se organizó de cara a las elecciones del 2018.
Aunque Bolsonaro diga lo contrario, la corrupción es parte de su Gobierno.
Es que el Presidente brasileño actúa como si estuviera en campaña electoral; de hecho, es uno de los raros casos en los que un mandatario, a menos de cumplirse un año, ya ha planteado que se postulará para la reelección.
Y eso que tiene pocos logros para exhibir: vía libre para la industria de los agrotóxicos, alineamiento de la política exterior con las posiciones estadounidenses, graves denuncias de violencia de género en todo el territorio, profundización del desequilibrio fiscal federativo -agudizando descalabros presupuestarios en algunos estados-, ampliación de las fronteras del desmonte de la Amazonia, empoderamiento de las “milicias” parapoliciales, entre otros éxitos.
Todos estos ítems de la gestión podrían resumirse –como balance del año de gobierno de Jair Bolsonaro- en más militarización, menos democracia y más neoliberalismo.
Más militarización
Hay dos cuestiones envolviendo la “militarización” del gobierno Bolsonaro. Por un lado, la incorporación efectiva (numérica) de militares en las esferas de la administración estatal. Y aquí no se trata tan sólo del presidente o el vicepresidente de la República y los ocho ministros que integran hoy el gabinete: hay más de 2.500 militares repartidos en puestos de gestión y asesoramiento[iii].
Sólo en la Secretaría de Seguridad Institucional hay 1.061 militares, y en la Vicepresidencia, de los 3 que había en alto escalón, se pasó a 65.
Uno de los ministerios que casi dobló en número la participación de las Fuerzas Armadas en niveles de decisión es el de Justicia (de 16 a 28) donde, según una disposición interna, todos los jueves los militares deben presentarse con su uniforma respectivo[iv].
Es un ministerio clave por muchas razones, pero también por el hecho de ser el encargado de la Seguridad Pública, ámbito en el cual ya desde el interinato de Michel Temer la presencia de los militares viene ganando espacio.
En algunos casos, como Medio Ambiente –donde el número de militares en lugares de mando ascendió a 12- hasta podría parecer más razonable el incremento, habida cuenta de que la “defensa de la Amazonia” siempre fue un aspecto central de la propia formación profesional brasileña de los militares (más allá del penoso rol observado en medio de la crisis de incendios forestales de 2019).
Pero donde la actuación parece ser una verdadera intromisión preocupante es en el propio ámbito educativo. En un país como Brasil, con su rica contribución a la formas pedagógicas latinoamericanas –ya desde los años `30 del siglo XX- observar la “militarización de las escuelas” promovida por Bolsonaro es un indicador de la dirección hacia donde quiere llevar su proyecto político.
Si bien el “Programa Nacional de Escuelas Civico-Militares” del Ministerio de Educación está pautado para comenzar su desarrollo durante el 2020 –concentrándose la mayoría de los establecimientos en la región Norte del país- ya durante el 2019 hubo varios estados y municipios que han permitido esta incorporación a la gestión educativa.
Y no se trata tan sólo de gobiernos estaduales afines ideológicamente a Bolsonaro, como puede ser el de Goiás, donde ya hay más de 60 establecimientos cogestionados con los militares y donde, en ciertas escuelas, los “códigos de conducta” consideran como infracción leve el porte de “marcos de anteojos de colores esdrújulos” o “uñas fuera del padrón”, así como tener cabellos teñidos de “forma extravagante”[v]. También hay escuelas cogestionadas en Bahía, entre otros estados, donde Rui Costa – gobernador del Partido dos Trabalhadores – también asumió esta pauta, vaya a saber con qué intereses, mereciendo la crítica de buena parte de su militancia local.
En principio, la delimitación de funciones supuestamente está clara: los profesores civiles asumen la cuestión pedagógica y los militares la gestión del establecimiento. Pero las fronteras se confunden y así lo han denunciado varias organizaciones de defensa de los derechos de niños y adolescentes.
Es que parte del interés bolsonarista está en “desideologizar” la escuela – siguiendo la propuesta del movimiento reaccionario “Escola sem partido”- llevando la institución para el lado militar: desideologizar militarizando.
Se trata de un desdoblamiento de esa buscada “militarización” más profunda de la sociedad, donde se compatibilizan (y esto es bien frecuente en las palabras públicas de Bolsonaro) la portación de armas y el ciudadano, las jerarquías sociales y el orden.
De allí la empatía y conveniencia práctica en el sostenimiento de las “milicias”[vi], como complemento del aumento de las Fuerzas Armadas en el aparato estatal. Así, a los militares cargos y funciones. A las policías (de diversas jurisdicciones y grado, de cuyo ámbito se componen buena parte de las “milicias”, ya sea en retiro o en actividad), el ignominioso indulto navideño[vii] dado hace unos días por parte del presidente, que favorece a miembros de las fuerzas policiales condenados por homicidios, marcando un precedente muy negativo para próximos meses.
Menos democracia
Si ya era difícil caracterizar el funcionamiento del presidencialismo brasileño antes de Bolsonaro, más cuesta tratar de clasificar lo sucedido en el 2019.
Los tres Poderes Públicos del Estado presionándose mutuamente, con muy pocos puntos de equilibrio.
El Congreso modificando y dilatando durante el 2019 los principales proyectos enviados por el Poder Ejecutivo (uso de armas de fuego, reforma de las jubilaciones y “paquete antidelictivo”[viii]) y rechazando el 30% de sus vetos[ix], un promedio muy alto para un primer año de mandato presidencial.
El Poder Judicial reorganizando la agenda política e instalando pautas sobre el funcionamiento del Poder Ejecutivo (como los impactos que tuvo, por ejemplo, la salida de Lula a partir de una nueva jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal o las definiciones acerca de los alcances y funciones del Consejo de Control de Actividades Financieras -COAF-).
El Poder Ejecutivo, utilizando todas las posibilidades comunicacionales a su disposición para desprestigiar públicamente a los otros dos poderes, banalizando sus funciones y criticando a sus integrantes (trabajo realizado en coro por el “clan Bolsonaro”, sobre todo con Carlos y Eduardo).
El mismo Jair, desde mediados del segundo semestre del 2019, ha insistido en varias oportunidades con la necesidad no sólo de reducir el número de parlamentarios del Congreso Nacional sino también modificar los perfiles de los miembros de la Corte Suprema, propuestas que seguramente seguirán siendo levantadas durante el 2020.
La consecuencia de estos choques cruzados: una dinámica institucional cada vez entrecortada, nada previsible, funcional al argumento “antisistema” de Bolsonaro, donde una “excepcionalidad institucional” se vuelva plausible.
No es casual que tanto Eduardo Bolsonaro (actual diputado federal) como el ministro de Economía, Paulo Guedes, hicieran alusión, en diferentes momentos, a que se podría dar un “AI 5” si es que hubiera condiciones para ello (el Acta institucional Nº 5 es un acta de la última dictadura militar brasileña dictada en 1968 que recrudeció el régimen iniciado en 1964, intensificando la represión, cerrando el Congreso y suspendiendo definitivamente todo habeas corpus y cualquier garantía civil, entre otros aspectos).
Que fuera mencionado por dos figuras claves del Gobierno, debería encender ciertas alarmas.
Este contexto institucional también es funcional para una notoria regresión en términos de derechos adquiridos[x], una cierta trayectoria de retroceso en normas y garantías, muchas de rango constitucional, que había comenzado bajo el interinato de Michel Temer (periodo en el que también empezó a descaracterizarse el propio sistema político).
Derechos indígenas cercenados, de salud, de educación, de acceso a la cultura y derechos humanos en general han merecido un trabajo inusitado durante el 2019 –si se compara con los primeros años de otros mandatos presidenciales desde la vuelta a la democracia en los años `80- por parte del Ministerio Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), con pedidos de información, recomendación y solicitudes a diversas áreas del Gobierno y, sobre todo, acciones frente al Supremo Tribunal Federal sobre la constitucionalidad de los decretos y otras medidas dictadas por el Poder Ejecutivo.
Por ejemplo, la insistencia bolsonarista (fue uno de los primeros decretos presidenciales de su gestión) para ampliar las hipótesis de registro, portación y comercialización de las armas de fuego en el país ya mostraba el choque por venir entre Gobierno y derechos, sobre todo en un ámbito sensible como lo es la seguridad pública. De allí en adelante, la degradación ha ido muy rápido respecto de muchas otras protecciones, con algunos matices logrados –sobre todo en lo relativo al nuevo Código Penal- precisamente gracias a esa misma confusión e impugnación (institucional) cruzada entre los poderes.
De consolidarse el pretendido “excepcionalismo presidencial” y/o la tendencia regresiva en materia de derechos del primer año del Gobierno Bolsonaro, el panorama democrático será en adelante poco auspicioso.
Más neoliberalismo
El de Bolsonaro es un Gobierno de profundización neoliberal, habida cuenta de que algunos elementos substantivos de la actual orientación macroeconómica –privatización, reducción del Estado, extranjerización- fueron ya instalados por Michel Temer y por los reordenamientos que los grandes sectores económicos compusieron desde entonces.
En pocas semanas de comenzado el nuevo mandato ya habían sido extintos más 27.500 cargos efectivos en el Estado Federal, bajo el pretexto de “evitar contrataciones innecesarias y el desperdicio de recursos”[xi]. Para el caso, el Ministerio de Salud y el de Educación fueron, como era de esperarse, los más afectados.
La degradación del rango de Ministerio a Secretaría de Trabajo -ahora dependiente del Ministerio de Economía- explica también que ahora cuente con un 32% menos de su presupuesto[xii], perdiendo sobre todo organismos de fiscalización laboral, lo que facilita –y Paulo Guedes, el ministro de Economía, ha sido muy enfático en este punto- la flexibilización de las contrataciones laborales que, en un período todavía de estancamiento económico, distorsiona aún más la pujas distributivas entre trabajadores y empresarios.
Pero el achicamiento del Estado durante el 2019 no se quedó allí: se privatizaron 5 importantes empresas estatales (TAG, BR Distribuidora, Stratura Asfaltos, BB Turismo y Logigas) y se ha anunciado un ambicioso plan para vender definitivamente a privados (algunos casos ya se ha avanzado) 17 empresas estatales en el 2020, entre las cuales se encuentran Correios, Eletrobras, Telebras y la Casa da Moeda[xiii].
Si bien el ritmo privatizador se pensó más acelerado, los bajos precios ofrecidos para algunas empresas (por ejemplo, subsidiarias de Petrobrás), que supuestamente serían parte de un importante ciclo de inversiones -que no ocurrió- enfriaron bastante los propios pronósticos del área económica en materia de otras privatizaciones.
Con un crecimiento económico bajo en el 2019 (alrededor del 1%) la insistencia en los cortes presupuestarios tuvieron consecuencias inesperadas para la propia agenda neoliberal de Paulo Guedes.
Por ejemplo, la agresiva política del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, de recortar recursos y personal del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables), perdiendo buena parte de la capacidad de control medioambienteal que, junto a las condonaciones de deudas para determinadas formas de desmonte ilegal, trajeron efectos casi inmediatos: el desbarajuste de los incendios provocados en la Amazonia[xiv] puso a Brasil en otro lugar para los inversores, a contramano de sus intenciones.
Conclusión: panorama incierto, intensificación de las disputas
Más allá de estos tres retrocesos mencionados (más militarización, menos democracia, más neoliberalismo) hubo también otros datos sobre la escena política brasileña durante el 2019: descontento y malhumor social, y desafección política.
Por diversas razones los respaldos ciudadanos a Bolsonaro han mermado durante todo el año.
Tanto figuras públicas influyentes en la opinión pública (profesionales, intelectuales o youtubers) como representantes políticos y población en general, este 2019 ha sido testigo de un desgranamiento progresivo de su coalición vencedora del 2018, y así lo reflejan los sondeos de opinión: en la última medición, tan sólo un 29% considera a su Gobierno óptimo, mientras que casi el 40% lo encuentran malo o pésimo[xv].
La convocatoria que tuvieron durante el año las movilizaciones organizadas por los apoyadores de Bolsonaro –para reivindicar puntualmente alguna posición del presidente o en respaldo a alguna de sus propuestas- ha sido muy escasa.
Esto tiene que ver también con las características (episódicas) de su coalición electoral. De allí que parte de su actual estrategia sea, precisamente, conformar una escena política donde la “militarización”/menos democracia/más neoliberalismo” le permitan construir un nuevo sujeto político –de hecho se ha ido del partido con el cual llegó a la Presidencia (Partido Social Liberal), proponiendo uno nuevo para el 2020, “Alianza pelo Brasil”- que permita compactar ese casi 1/3 (o menos) de la población que lo sigue sin reparos, y no perder capacidad de movilización social –un elemento que es constitutivo de su tipo de liderazgo político-.
Del otro lado, desde las oposiciones al Gobierno de Bolsonaro, el panorama se va aclarando cada vez más, aunque a un ritmo que debería tomar más impulso.
Este 2019 estuvo marcado, sobre todo en la primera parte del año, por las multitudinarias protestas de los estudiantes universitarios, que salieron en diferentes momentos por cuestiones distintas: por los recortes presupuestarios, por la demora en la elección de los rectores o frente a ciertos dichos de los dos ministros de Educación.
El ministro inicial, Ricardo Vélez Rodríguez, dijo que la población brasileña estaba “incapacitada para ir a la universidad”, que era una cuestión de una “elite intelectual”[xvi]; su sucesor y actual ministro, Abraham Weintraub, no se quedó atrás: según él, el Gobierno debía quitarle el presupuesto “a aquellas universidades que generaran “balburdia” (desorden)[xvii].
También los sindicatos pusieron su protagonismo en las calles durante el 2019 –por reclamos puntuales como la reforma jubilatoria o en la huelga general de junio[xviii]– lo que, sumado a ciertas convocatorias específicas, como el desastre medioambiental del Amazonas, potenciaron las críticas y el malestar frente al Gobierno, estimulando una “onda antibolsonarista” en la sociedad que, si bien no es permanente y mucho menos hegemónica, ensancha la fuerza social de los sectores contrarios al Gobierno.
Recitales musicales transformados en actos políticos e hinchadas de fútbol “antifascistas”[xix] son también parte de ese cuadro social opositor “desde abajo” al que le falta todavía trasladarse “hacia arriba”.
En ese sentido, tal como se comentaba en un artículo anterior[xx], cada vez se vuelve más necesaria una articulación sostenida entre las principales fuerzas políticas progresistas del país con representación parlamentaria, con gestión estadual o municipal, o por lo menos con partes de algunas -Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Democratico Trabalhista (PDT), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Comunista do Brasil (PCdoB)- y una confluencia de este bloque con aquellas oposiciones que, no siendo progresistas, mantienen un perspectiva de defensa del carácter democrático del sistema institucional.
El primer año de gestión de Bolsonaro ha mostrado inequívocamente la dirección hacia dónde llevará su Gobierno.
Este segundo año de mandato que ahora comienza quizás encuentre esa conjunción opositora –sobre todo frente a las elecciones municipales de octubre de este 2020- para revertir ese rumbo.
(*) Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magister en Ciencia Política por la Universidad de São Paulo (USP) y licenciado en Ciencia Política por la UBA. Es profesor en varias universidades nacionales de Argentina, tanto en grado como en posgrado.
(**) Máster en Sociología por la Universidad Autonoma de Barcelona (UAB) y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Argentina. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) y como investigadora del CIETES-UNRN.
Fuente: CELAG
Notas:
[i] https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/20/entidades-de-jornalista…
[ii] https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,bolsonaro-diz-que-governo…
[iii] https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/10/bolsonaro-amplia-presenca-de…
[iv] https://revistaforum.com.br/politica/bolsonaro/governo-bolsonaro-coloca-…
[v] https://www.redebrasilatual.com.br/educacao/2019/11/como-funcionam-as-es…
[vi] https://elpais.com/internacional/2018/11/09/actualidad/1541792913_305509…
[vii] https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/12/23/bolsonaro-assina-indult…
[viii] https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2019/12/25/interna_politica,1…
[ix] https://brpolitico.com.br/noticias/bolsonaro-tem-30-de-vetos-derrubados-…
[x] https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2019/04/em-100-dias-bolsonar…
[xi] https://www.cartacapital.com.br/politica/governo-federal-extingue-275-mi…
[xii] https://www.sindsep-pe.com.br/noticias-detalhe/governo-bolsonaro-promove…
[xiii] https://especiais.gazetadopovo.com.br/politica/painel-das-privatizacoes/…
[xiv] https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/12/salles-muda-politica-ambi…
[xv] https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/12/20/ibope-divulga-pe…
[xvi] https://www.cartacapital.com.br/educacao/em-2019-estudantes-foram-as-rua…
[xvii] https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,mec-cortara-verba-de-univ…
[xviii] https://revistaforum.com.br/global/midia-internacional-destaca-primeira-…
[xix] https://brasil.elpais.com/esportes/2019-12-25/torcidas-antifascistas-se-…
[xx] https://www.celag.org/pueden-recomponerse-las-fuerzas-progresistas-en-br…
