por Francisco Herreros.
Cuando las policías se autonomizan, o se corrompen, o ambos, el país donde eso ocurre experimenta un dramático deterioro en la calidad del estado de derecho y la convivencia social, muy difícil de ser erradicado, casos de las policías de Argentina, Brasil o México, por mencionar solo algunos.
Es también, lamentablemente, el caso de Chile, cuya policía uniformada militarizada experimenta ambas anomalías de manera progresiva, al punto de que amenazan con transformarse en prácticas generalizadas.
Primordial responsabilidad recae en gobiernos aquiescentes y pusilánimes, que tienen al orden público como primera razón de Estado, por encima de cualquier derecho ciudadano, de suerte que la resultante es, siempre, la autonomización policial, la violación masiva de derechos humanos y la impunidad de los dispositivos represores.
De esta guisa, el ministro del interior, es menos el jefe político de la policía que su agente de marketing y relaciones públicas, dispuesto a justificar lo que sea.
Y qué puede decirse de un Presidente que le declara la guerra a su propio pueblo, y que no pierde oportunidad de agradecer la «abnegación» y «sacrificios» del personal policial, o de un general director que atropella impunemente el estado de derecho, al declarar que no va separar a ningún funcionario que sea juzgado o sumariado, aunque lo obliguen.
A lo mismo conduce la complicidad manifiesta de una casta política encuadrada dentro del partido del orden, uno de cuyos principales bastiones es el poder policial.
Eso explica que, a 79 días de la mayor rebelión social de la historia del país, las únicas legislaciones aprobadas en el Congreso, relacionadas directamente con la crisis, sean la agenda de seguridad de Piñera y el cepo constitucional; en momentos en que la encuestología muestra que la aprobación del Parlamento frisa el 3,2%, mientras que la de Piñera oscila en torno a los cinco puntos porcentuales.
Es cierto que, de un lado, la presión constante del Chile movilizado ha amenazado con desbordarlos, mientras que la errática conducción del Alto Mando a cargo del general Mario Rozas, los tiene paranoicos, perplejos y estresados, pero eso no justifica en modo alguno la tendencia de agredir primero y preguntar después, no ya a quienes les oponen frente, o a los que cometen delitos, sino a simples ciudadanos sorprendidos en faltas administrativas, o a cualquier transeúnte que se atreva a levantar la voz contra el abuso policial.
Los siguientes registros, obtenidos por ciudadanos armados de teléfonos móviles, demuestran que la situación ha llegado a límites inaceptables.
Es necesario unirse en torno a la demanda de la reestructuración policial.
De no hacerlo ahora, después puede ser demasiado tarde.
Violenta detención por mal estacionamiento
En redes sociales circuló un vídeo que muestra la detención de parte de la policía uniformada a dos ocupantes de un auto, en el sector de Avenida San Martín en Viña del Mar. .
Es cierto que el vehículo estaba mal estacionado, en doble fila, y que, según el parte policial, sus tripulantes se negaron a ser empadronados.
Incluso, podría concederse que hayan insultado al personal policial.
Pero nada justifica la violencia del procedimiento.
Mientras tres funcionarios reducen al conductor y lo esposan en el suelo, una funcionaria de Carabineros, evidentemente fuera de sí, golpea a la acompañante, identificada como Javiera Paz Villatoro.
Era tanto el descontrol de la funcionaria, que la víctima, atónita, preguntaba si se trataba de una broma.
El resultado neto es que la pareja fue formalizada por «maltrato de obra a carabineros», y a la mujer, además, se le imputaron cargos de «falta de respeto a la autoridad»y «ocultación de identidad».
El fiscal Guillermo Sánchez agregó que la carabinera «resultó con lesiones de carácter leve que están constatadas en la asistencia pública».
Ambos quedaron en libertad y citados para el próximo 10 de febrero, a un juicio simplificado.
¿Y los funcionarios que incurrieron en manifiesto abuso policial?
Bien, gracias.
A través de un comunicado, Carabineros informó que iniciará la investigación de rigor, para esclarecer los hechos, y aplicar las medidas administrativas que correspondan:
«Todo procedimiento policial tiene un antes, un durante y un después, motivo por el cual se iniciará un proceso investigativo para establecer cómo ocurrieron los hechos que aparecen en las imágenes y conforme al mérito de los antecedentes y al resultado de la investigación, se aplicarán las medidas administrativas disciplinarias si correspondieren».
Cabe señalar que hasta la fecha, no se conoce un solo caso de funcionario policial sancionado por alguna de las flagrantes violaciones de los derechos humanos de las que el país ha sido testigo; las que para Piñera, el alto mando y la casta política, solo son «excesos» y «casos aislados».
Policías sicópatas
Parece que no les basta con el arsenal represivo de guanacos, zorrillos, gases lacrimógenos, agua contaminada, escopetas con balines o perdigones y bastones anti-disturbios.
El vídeo muestra funcionarios de Fuerzas Especiales utilizando hondas.
Y evidentemente, disfrutan al hacerlo.
Energúmenos como estos no pueden tener lugar en una institución policial que desarrolla su trabajo en contacto cotidiano con la población civil.
Cualquier dato sobre la identidad de estos sicópatas, canalizarlo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para la denuncia que corresponde.
Brutal agresión a menor con síndrome de Down
El siguiente vídeo tampoco tiene relación con la protesta social.
Según el relato de los testigos que lo grabaron, Carabineros ingresan a un recinto privado, de donde sacan a un joven, al que golpean con salvajismo.
Interviene una vecina, a la que patean de manera inmisericorde, al punto que debió ser trasladada en ambulancia a un hospital.
Su hijo, con síndrome de Down acudió en su defensa, y los policías arramblan con él.
Un monstruoso descriterio, por decir lo menos.
Aunque el joven hubiera sido sorprendido en flagrancia, la policía no puede ingresar a un domicilio sin orden judicial, para detener a nadie, ni menos agredir a quienes intenten impedirlo.
Carabineros no puede quejarse después por las consecuencias del odio que está sembrando a diestra y siniestra por su desorbitada concepción del orden público.
Amedrentan con arma a dos mujeres
Acá hay otro ejemplo de lo que significa potenciar a una institución descontrolada, con mayores atribuciones, tales como la ampliación del control de identidad, gracias al senador Felipe Harboe del PPD, y a los diputados DC Miguel Angel Calisto, coautor de la iniciativa, Gabriel Ascencio, Daniel Verdessi, Joanna Pérez, Gabriel Silber, Jorge Sabag, Pablo Lorenzini, Manuel Antonio Matta y José Miguel Ortiz.
Dos carabineros, de apellidos Sanhueza y Pino, deciden fiscalizar a un vehículo con dos mujeres y dos menores en su interior, por el solo hecho de estar escuchando la canción El Paco Vampiro.
No conformes con agresión de palabra y amenazarlas con un arma, les requisan el vídeo, el que proceden a borrar, lo cual es patente y flagrantemente ilegal.
Gracias, señores parlamentarios del partido del orden; ¿están durmiendo mejor?
Insulto a transeúnte por su contextura física
Aunque pareciera de tono menor, el siguiente vídeo representa el epítome de una policía descontrolada y desviada de su función profesional.
El hecho ocurrió en Parque Bustamante.
Una mujer se desplazaba en bicicleta, y sin que mediara provocación alguna, un funcionario que viajaba en un vehículo policial, la insultó a través del altavoz, por su contextura física:
“Guatona… guatona culiá fea”.
Carabineros informó que se inició la consabida investigación interna para esclarecer la situación y, si el hecho constituye una falta, se aplicarán las consabidas sanciones administrativas pertinentes.
Contraloría señaló en su cuenta @ContraloritoCGR que es “improcedente” la actitud del funcionario policial:
“Muchas veces los funcionarios/as recibimos insultos en oficinas a atención, lo que claramente no corresponde, pero eso no nos da el derecho a insultar de vuelta”.
Si el Chile movilizado no le pone coto al abuso policial, nadie lo hará por él.
Hay que empezar por precisar los términos.
Carabineros no son la «autoridad».
Son solo funcionarios de uniforme cuya misión consiste en preservar el orden público, dentro de las normas del estado de derecho, y proteger a la ciudadanía, no vejarla, insultarla o agredirla.
