En una de las situaciones judiciales más bizarras de esta interminable transición, el despedido gerente general de SQM, Patricio Contesse, volvió a la carga en el Tribunal Constitucional este jueves, al presentar un recurso de aclaración que aduce que el oficio enviado por Sabas Chahuán al SII, pidiendo los registros contables que le fueron entregados por la compañía minera, contradice la resolución del TC en cuanto a detener las diligencias de investigación. A juicio de Contesse, esa estrategia es una manera de evadir la resolución conocida el martes. Lo que hay en realidad es una estrategia de Ponce Lerou para evadir la investigación del Ministerio Público, inútil por lo demás, porque de una manera u otra, la información se conocerá finalmente. Salvo, claro, que se haya aprovechado todo este tiempo de dilaciones para alterarla o manipularla.
Un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional ingresó el abogado del ex gerente de Soquimich, Patricio Contesse, solicitando que se detenga la entrega de la información contable de la empresa exigida por el Ministerio Público al Servicio de Impuestos Internos.
La exigencia de la Fiscalía se concretó mediante un oficio solicitando la información en un plazo de 48 horas, ante lo cual desde el Servicio de Impuestos Internos afirmaron que harían entrega de ésta.
Lo anterior, en respuesta a la paralización de la investigación ordenada por el TC al Ministerio Público en lo que respecta a la denominada “arista Soquimich”, suspendiendo la realización de diligencias como incautaciones y allanamientos.
El recurso de aclaración fue interpuesto por el abogado de Contesse, Samuel Donoso, y en el documento se acusa al Ministerio Público de eludir “de manera bastante burda” la suspensión del procedimiento por parte del Tribunal Constitucional.
El objetivo del escrito es que “se precise, con los nuevos antecedentes […] el alcance de la suspensión” de las indagatorias.
“La suspensión en los términos que se decretó permite que tal diligencia [del Ministerio Público] no se lleve a cabo hasta que este Excelentísimo Tribunal pueda conocer los argumentos que justifican la acción, así como escuchar los argumentos de las demás partes del proceso penal”, sostiene el texto ingresado al TC, “…. con lo cual elude de manera bastante burda los efectos de la resolución dictada por este tribunal que suspendió el procedimiento precisamente para que el Ministerio Público no desarrollara diligencia de investigación mientras se resuelve la admisibilidad de la acción Constitucional, la cual se funda en que dicho órgano persecutor está desarrollando una investigación por delito tributario fuera de sus potestades legales al no existir ni querella ni denuncia del SII que la justifique, siendo en materia de delitos tributarios dicho servicio el que ostenta la acción monopólica (…) dejando abierta la puerta para que el MP (Ministerio Público) quede facultado para investigar cuando le parezca hechos que solo pueden ser investigados previa acción penal de la víctima, como ocurre en los delitos de acción penal pública, con la grave afectación de derechos que ello implica, no sólo para el imputado, sino que incluso para la víctima”, afirma el escrito presentado hoy.
Y añade: “Más grave aún resulta que una autoridad como el MP, en conocimiento de decisiones de autoridades, en lugar de ser respetuoso de ellas actúe de manera obstinada”.
El clima de sospecha de que habría en marcha una maniobra de vastos alcances para ocultar información que comprometería a políticos tanto de derecha como de la coalición oficialista es lo bastante extendido como para exigir seriedad de todas las instituciones y personas concernidas, de modo que esclarezca la verdad en el plazo más breve posible. De lo contrario, las consecuencias para el sistema político chileno pueden escalar hasta límites imprevisibles.
Navarro: «Tribunal Constitucional paralizó funcionamiento de las instituciones»
Luego de que el Tribunal Constitucional, aceptara el recurso interpuesto por el abogado del ex gerente de SQM, Patricio Contesse, el que paralizó la investigación del Ministerio Público, el senador Alejandro Navarro, aseguró que lo único que se consigue con esto es darle tiempo a Soquimich de «limpiar la escena del delito».
Para el legislador y vicepresidente de la Cámara Alta «esto no es más que una estrategia dilatadora, que busca echar bajo la alfombra todo eventual delito tributario ocurrido para las campañas del año 2009, debido a que la prescripción de estos es el 30 de abril».
El parlamentario señaló que «el Tribunal Constitucional tiene la obligación de resolver antes de esa esa fecha y evitar así que los delincuentes de cuello y corbata instrumentalicen la institucionalidad a su favor».
Para Navarro «lo paradójico es que mientras la ciudadanía clama por más transparencia y que la instituciones funcionen, el Tribunal Constitucional hace todo lo contrario, atando de manos a la justicia».
En ese sentido el parlamentario indicó que «el TC está desestabilizando el funcionamiento de las instituciones, poniéndose por encima de otros poderes del Estado, lo que agudiza más aun la crisis ciudadanía-institucionalidad».
