por Hugo Fazio Rigazzi, Manuel Riesco Larraín (*).
El sistema AFP se presenta como mecanismo de ahorro individual donde cada afiliado deposita una parte de sus ingresos durante su vida activa para disfrutar de ellos tras su retiro.
Sin embargo, dicho ahorro se impone de modo forzoso, mediante un impuesto que en la práctica pagan sólo los trabajadores puesto que se recauda mediante un descuento obligatorio por planilla, y se eximen los ingresos por encima del salario de un trabajador calificado.
Sus partidarios reiteran que ha resistido severas turbulencias económicas y políticas sin experimentar desfalcos importantes sino, por el contrario, los considerables activos acumulados han entregado una rentabilidad interesante, pero ésta se exagera al no descontarle las elevadas comisiones y primas embolsadas por los operadores, que absorben la mitad de la misma.
Sin perjuicio de lo anterior se reconoce que, como es obvio, los ahorros acumulados por los afiliados no han resultado suficientes para solventar una pensions adecuadas.
El Estado ha debido morigerar en parte esta deficiencia, que resultaba absoluta para más de la mitad de menores ingresos de los afiliados, mediante el sistema de pensiones solidarias. Sin embargo, la tasa de reemplazo de las pensiones en relación a las remuneraciones imponibles es muy baja para todos, y se deteriora año a año debido a que el monto promedio de las primeras no ha crecido, al tiempo que las segundas han subido a un ritmo considerable.
Para intentar compensar en parte la continuada reducción de pensiones, se ha hecho más estricta la recaudación de este impuesto a trabajadores independientes, y una estrecha mayoría de diputados recién acogió a tramitación una fuerte suba de la tasa del mismo propuesta por el gobierno.
Ante la evidencia que ello tampoco resultará suficiente, ni mucho menos, se presiona adicionalmente por disminuir aún más los beneficios elevando la edad legal de retiro.
Se destaca sin embargo y de modo principal, que los recursos así acumulados han cumplido un papel positivo para la economía del país al incrementar significativamente el ahorro nacional. En efecto, no es necesario ser economista para saber que el ahorro constituye una práctica sana para los individuos e indispensable para la economía, pero sin duda este argumento resulta especialmente atractivo para quienes ejercemos esta profesión.
Ello puede haber contribuido al olvido de aquella norma del contrato social secular que establece taxativamente que la obligación de financiar el ahorro nacional no recae sobre los trabajadores. Quizás, la forma exageradamente abstracta en que hoy se enseña esta distinguida y relevante ciencia social es en parte responsable de este olvido imperdonable.
Una determinada escuela de pensamiento económico caracterizada por su extrema unilateralidad, que estuvo muy en boga hasta la reciente crisis mundial y todavía parece influir en algunos colegas, promovió activamente estas malas prácticas.
Es por ello que quisiéramos invitarles a repasar algunas de las normas y reglas básicas en esta materia que toda sociedad bien constituida debe respetar y que en décadas recientes se han dejado de lado.
Como bien sabemos los economistas, toda sociedad debe abstenerse de consumir parte significativa de su producto anual, que requiere para reponer el desgaste del aparato productivo, modernizarlo e incrementarlo.
Sin embargo, a veces olvidamos que esta obligación no recae sobre todos los ciudadanos por parejo sino debe ser asumida exclusivamente por un sector determinado de la sociedad. Solventar íntegramente el ahorro nacional es el primer deber de las empresas, constituye un deber moral de sus propietarios capitalistas, de terratenientes y otros rentistas, en general de todos quienes derivan sus ingresos no del trabajo sino del excedente de explotación, y del Estado.
En modo alguno constituye una obligación de quiénes viven de su trabajo.
¿Que sucedería si un capitalista propusiera a sus trabajadores financiar inversiones en su empresa recortando los salarios?
Con seguridad rechazarían de plano tal pretensión, señalando con razón que ello es deber exclusivo de los propietarios, quiénes precisamente con esa justificación se apropian las ganancias de la empresa.
Lo mismo sucede con los países. Financiar íntegramente el ahorro nacional es la primera responsabilidad de quienes se apropian aquella parte del producto interno bruto (PIB) que excede los salarios y otros ingresos del trabajo. Cumplir cabalmente este deber constituye una condición esencial para que dicha apropiación sea considerada legítima por los trabajadores.
La esencia del contrato convenido por todas las sociedades conocidas a lo largo de la historia, consiste precisamente en el respeto escrupuloso de aquella parte del producto necesaria para que trabajadores y sus familias, incluidos sus viejos, vivan en condiciones que se consideran mínimamente satisfactorias en cada época, momento y país.
Como se recuerda, en sociedades premodernas ello tomaba la forma del respeto absoluto al tiempo de trabajo que esclavos, siervos o inquilinos, disponían para producir los bienes y servicios que necesitaban para ellos mismos y sus familias, incluidos sus viejos.
Dicho tiempo estaba reglamentado en forma precisa, clara y explícita, tenía lugar en determinados meses del año y se ejercía en tierras que se ponían a disposición de los trabajadores con este propósito.
Emperadores, reyes, nobles y sacerdotes, amos, señores y patrones de fundo, todos ellos conocían bien, que su derecho a apropiarse del resto del tiempo de trabajo era considerado legítimo sólo a condición de respetar estrictamente esta regla básica del contrato social. No siempre lo cumplían, pero rebeliones de esclavos y campesinos se lo recordaban de tanto en tanto.
En sociedades modernas bien constituidas, asimismo, capitalistas, rentistas y todos quiénes viven del excedente de explotación, también el Estado, saben que ello es considerado legítimo por los trabajadores sólo a condición de respetar la regla básica del contrato social contemporáneo: los salarios no se tocan, son sagrados, pertenecen íntegramente al trabajador y su familia, incluidos sus viejos.
Apropiarse parte de los salarios, bajo cualquier forma, constituye un abuso. Romper esta regla es considerado inmoral en las sociedades modernas bien constituidas. No está permitido, por ejemplo, cargar salarios con el pago de intereses usurarios o sobreprecios derivados de monopolios y carteles. Estas prácticas, entre otras similares, son consideradas inaceptables, por lo general son ilegales y severamente sancionadas.
Tampoco corresponde cargar a salarios el financiamiento de los denominados “asuntos del espíritu”, es decir, educación, ciencia, arte y cultura en general. Como se sabe, la civilización y la historia mismas despuntaron recién cuando la productividad del trabajo generó un excedente que permitió sostener este tipo de actividades.
En todas las sociedades posteriores, las mismas han sido siempre mantenidas íntegramente por los Estados y quiénes se apropian de aquella parte del producto que hoy los economistas conocemos como excedente de explotación.
Lamentablemente, algunos países parecen haberlo olvidado en décadas recientes, puesto que han introducido onerosos cobros educacionales a los trabajadores. Lamentablemente, Chile ha incurrido en estas prácticas de modo abusivo. Ahora mismo se discute en el Congreso un proyecto de ley que propone establecer con este objeto un descuento por planilla a los trabajadores con estudios profesionales.
El masivo rechazo a tales políticas es justo.
Forzar a los trabajadores a contribuir parte de sus salarios al ahorro nacional constituye una práctica tan inmoral como las anteriores. Los modestos ahorros de quienes viven de un sueldo y un salario, que reservan para emergencias o adquisiciones onerosas, pueden contribuir en parte menor al ahorro nacional de los países, pero sólo a condición que éste sea voluntario.
Las AFP, en cambio, no son un sistema de pensiones sino de ahorro forzoso, diseñado para desviar, obligatoriamente y a perpetuidad, parte de los salarios hacia un fondo de inversiones siempre creciente. Disfrutan principalmente del mismo los grandes grupos económicos que lo administran y reciben en forma de préstamos y capital accionario.
La única relación que dicho fondo guarda con las pensiones, es que las cuentas individuales en las cuales se registran las cotizaciones de los afiliados sirve como regla de medida, para calcular el monto de los exiguos pagos mensuales en que se devuelve a los trabajadores retirados los asimismo modestos ahorros acumulados a lo largo de su vida activa.
Dichos aportes o pensiones “autofinanciadas” como se denominan en Chile, se financian siempre con las cotizaciones corrientes, sin tocar el fondo acumulado, que por lo mismo sólo crece y no se devolverá jamás.
Todos los economistas hemos escuchado alguna vez el nombre de Franco Modigliani, economista italiano que adoptó la ciudadanía estadounidense tras huir su familia de persecuciones fascistas por su origen judío.
Sin embargo, tal vez no recordamos el gran aporte de Modigliani a la teoría económica que le valió el Premio Nóbel. Así sucedía con quienes suscriben esta carta, hasta que nuestro destacado colega Eduardo Engel se los recordó hace poco, en una conversación en la cual él valoraba el aporte de las AFP al ahorro nacional.
Modigliani demostró precisamente, que un grupo de personas que ahorra durante la primera mitad de su vida y luego desahorra lo acumulado, generan entre todos un fondo que crece siempre; bajo la única condición que su número y/o ingresos sean crecientes.
Este mecanismo resulta indudablemente virtuoso si se participa en el mismo de modo voluntario, puesto que permite a ahorrantes individuales contribuir al ahorro nacional aunque cada uno termine retirando todo lo aportado. Al revés, si se impone a los trabajadores de modo forzoso, dicha contribución se convierte en el abuso de recortar a perpetuidad parte de los salarios para contribuir al ahorro nacional.
Eso es precisamente lo que sucede con el fondo de pensiones AFP. En los últimos doce meses a marzo del año 2019 y expresado en moneda de ese mes, las cotizaciones obligatorias recaudaron 7,3 billones de pesos, mientras lo aportado para devolver a los jubilados el ahorro de toda su vida activa sumó apenas 2,3 billones de pesos, un 32 por ciento de lo recaudado.
De este modo, el impuesto obligatoriamente descontado a los salarios por el sistema de AFP generó un excedente de casi 5 billones de pesos, un 68 por ciento de lo recaudado en el período.
Los administradores del sistema, AFP y Cías de seguros relacionadas, se embolsaron poco más de 1,9 billones de pesos en comisiones y primas netas, cifra del mismo orden que lo aportado a pensiones, y los 3 billones de pesos restantes se registraron en el fondo de pensiones al tiempo que el dinero se transfirió de inmediato al sistema financiero.
Dado que este excedente se genera todos los años, el fondo de pensiones crece indefinidamente, sin perjuicio de los vaivenes bursátiles. Tal como demostró Modigliani, ello ocurre necesariamente porque el número de cotizantes y sus remuneraciones crecen sostenidamente, siguiendo los vaivenes del ciclo económico.
Se han incrementado respectivamente a tasas de 3,2 y 2,6 por ciento anual en promedio, a lo largo de las dos últimas décadas. Mientras sigan creciendo, los excedentes acumulados de cotizaciones aportados al fondo se continuarán acumulando y no serán devueltos jamás.
Ello fue reconocido por nuestro colega Rolf Lüders, con la honradez intelectual que lo caracteriza, en un reciente debate público con el suscrito. Los valores registrados en el fondo junto a sus ganancias permanecerán, en su mayor parte y a perpetuidad, en manos del pequeño grupo de grandes grupos empresariales que reciben el dinero en forma de reiterados préstamos y capital accionario.
De este modo, el diseño mismo del sistema de AFP ha resultado en cargar sobre los salarios parte significativa del ahorro nacional, que el Banco Central ha estimado nada menos que en una tercera parte del mismo, lo cual resulta en una grave e inmoral transgresión del contrato social. Este abuso es resentido y con razón, por los trabajadores que constituyen la abrumadora mayoría de la población.
Es por ello que la consigna “No más AFP, ni Privada ni Estatal”, es justa y tiene acogida en la ciudadanía.
Ello se agrava por el hecho que dicho ahorro forzoso no se traduce en buenas pensiones como siempre se prometió, sino todo lo contrario.
El monto promedio de pensiones “autofinanciadas” alcanzó, en los doce meses a marzo del 2019 y en moneda de ese mes, apenas a 147.739 pesos mensuales por jubilado, equivalentes a un 18,5 por ciento de las remuneraciones imponibles. El magro aporte del ahorro es complementado por el fisco con bonos de reconocimiento y aportes previsionales solidarios, con lo cual las pensiones alcanzaron en el período un promedio de 219.529 pesos por persona, equivalentes a un 27,4 por ciento de las remuneraciones imponibles.
Dicha tasa de reemplazo se reduce cerca de un punto porcentual por año, dado que el monto de las pensiones se ha mantenido en ese nivel, equivalente a 8 UF aproximadamente, con pocas variaciones a lo largo de dos décadas, período en que los salarios imponibles se han incrementado en más de 50 por ciento.
En los últimos doce meses a marzo del año 2019, el fisco gastó 1,1 billones de pesos en suplementar pensiones AFP. Si se agrega lo que el Estado gasta en un número similar de pensiones civiles, solidarias y del sistema antiguo, en pensiones militares, y otras prestaciones previsionales que en su mayor parte son planes de retiro y otros subsidios indirectos al sistema AFP, el gasto fiscal en pensiones se eleva a 8 billones de pesos.
Ellos se suman a los 2,3 billones “autofinanciados” por ahorro, para totalizar un gasto nacional en pensiones de 10,3 billones de pesos, en el período señalado.
Es decir, el fisco financia cerca de cuatro quintas partes de las pensiones que se pagan en el país, mientras la parte financiada con la devolución de ahorros sólo aporta el quinto restante, y a su vez se financia con una parte menor de las cotizaciones corrientes.
Ello significa que en Chile, al igual que en todos los países del mundo, las pensiones se pagan íntegramente con impuestos corrientes, sin tocar un peso del fondo acumulado supuestamente con este objeto. De mantenerse el sistema de AFP ello continuará sucediendo hasta el fin de los tiempos, o al menos mientras se cumpla la condición de Modigliani, es decir, que el número y/o ingresos de los cotizantes sigan creciendo, lo que continuará sucediendo al menos hasta fin de siglo.
El enorme gasto en pensiones del Estado de Chile, que absorbe la quinta parte de su presupuesto, es responsable en buena medida del déficit fiscal corriente que es financiado con endeudamiento. De este modo, Chile incurre en la irracional práctica de endeudar al fisco para pagar pensiones mientras ahorra en un fondo siempre creciente, invertido en inciertos mercados financieros, el grueso del impuesto destinado a pagar pensiones y que en sus niveles actuales puede solventarlas con holgura y de modo sostenible.
Terminar con esta irracionalidad fiscal ha sido el motivo determinante por el cual tras la crisis del año 2007, diversos gobiernos terminaron con los esquemas de capitalización individual, que habían introducido la década anterior bajo presión de las instituciones financieras internacionales. Como es de público conocimientos, gobiernos de países europeos como Polonia, Hungría, Rusia, Bulgaria y Rumania, al igual que Argentina y Bolivia en nuestro continente, recientemente pusieron término o congelaron sus esquemas de capitalización de una parte menor de las cotizaciones previsionales.
La recuperación de este impuesto les permitió reducir significativamente el déficit fiscal —en Hungría disminuyó a la mitad, por ejemplo— y bajar el riesgo país con la consiguiente reducción del costo de endeudamiento, al tiempo que mantuvieron y en algunos casos mejoraron los beneficios previsionales.
La mayoría de estos gobiernos no pueden calificarse de izquierdas o algo parecido sino, por el contrario, hay algunos de derecha y ultraderecha. Los ministerios de hacienda respectivos respaldaron la medida en todos ellos.
En condiciones de déficit fiscal, mantener el ahorro forzoso resulta del todo irracional. En tiempos de holgura fiscal, dicha política se pretendía justificar con el argumento que las ganancias del fondo serían superiores al crecimiento de las cotizaciones, pero ello tampoco es efectivo. La rentabilidad promedio de la cuota del fondo de pensiones desde la creación del sistema de AFP en 1981 ha sido considerable, sin embargo, apenas iguala a la que ha experimentado el índice accionario Standard&Poors 500, que mide la rentabilidad de la bolsa neoyorquina, en el mismo período.
La alta rentabilidad lograda por ambos índices en ese período, del orden de 5,8 por ciento anual en promedio si se expresan en dólares corregidos por la inflación estadounidense, se explica principalmente porque la creación de las AFP en 1981 coincide con una profunda sima del ciclo secular que han evidenciado los mercados financieros mundiales a lo largo de su historia. A lo largo de más de un siglo, en cambio, el precio de las acciones medido por el índice referido ha crecido poco más de 2 por ciento anual en promedio, tasa inferior al crecimiento del PIB.
No podría ser de otra manera, lo que reconocen hasta los inversionistas más respetados como el Sr. Warren Buffet, puesto que en caso contrario ¿de donde saldría el dinero?. En las elegantes palabras de Adam Smith, fundador de la ciencia económica moderna:
“El trabajo anual de toda nación es el fondo que originalmente le proporciona todas las necesidades y conveniencias de la vida que anualmente consume, y que consiste siempre, sea en el producto inmediato de dicho trabajo, o lo que es comprado con dicho producto a otras naciones”.
Ello desnuda el carácter irracional del majadero argumento de las AFP y otras personas, acerca de la supuesta inviabilidad de los sistemas de reparto debido al envejecimiento de la población, el que sería solventado en cambio por el supuestamente mayor rendimiento del ahorro en los mercados financieros.
Es irracional porque supone que los mercados financieros serán capaces de sostener a los numerosos jubilados del futuro, en circunstancias que sólo los trabajadores activos de entonces pueden hacerlo.
¿Acaso desayunarán billetes o el pan que consuman lo sacarán de las bóvedas de las AFP?
Es necesario agregar que el argumento de las AFP no es sólo falso e irracional, sino por añadidura canallesco.
¿No es acaso una canallada azuzar con bombos y platillos a los jóvenes a desviar hacia sus “cuentas individuales” las cotizaciones que hoy pueden con holgura financiar pensiones dignas a sus viejos, con la falsa promesa que la magia financiera les va a proporcionar buenas pensiones en un futuro en que sus propios hijos no podrían hacerlo porque habrá demasiados viejos?
Éstos últimos han sido mantenidos por sus hijos en todas las épocas históricas, nadie más puede hacerlo. Ello constituye un deber moral de las generaciones jóvenes, que al envejecer serán su vez sostenidas por las que les sucedan. Cada una debe mantener a sus viejos en forma digna, sin menoscabo de lo que acostumbraban a lo largo de su vida activa.
Si, en buena hora, aumenta la proporción de viejos, será necesario destinar una fracción mayor de la jornada de los trabajadores activos para producir los bienes y servicios que requieren ¿o acaso se los condenará a una vejez miserable?
El clásico artículo de Paul Samuelson demuestra que a cada generación le resulta no sólo moralmente justo sostener a sus mayores, sino también conveniente como inversión; con la sola excepción de la generación del juicio final.
Felizmente, como demuestran las economías desarrolladas, el rápido incremento de la productividad del trabajo, permite asumir esa mayor carga con jornadas cada vez más breves.
La clásica sentencia de Adam Smith es asimismo la base de los sistemas de pensiones contributivos que se pagan sobre la marcha, es decir, aquellos financiados principalmente con cotizaciones corrientes, descontadas por planilla.
La capacidad de este esquema, que peyorativamente se moteja “de reparto”, para sostener pensiones dignas a proporciones de adultos mayores que más que duplican la chilena, está más que demostrada por la práctica centenaria del mismo en países desarrollados.
Sin perjuicio de ello, no pasa día en que la prensa no publique algún artículo referido a la supuesta “quiebra” de los sistema “de reparto”, lo cual se repite irreflexivamente en países con una demografía muy favorable como la chilena, donde actualmente las cotizaciones recaudadas duplican las pensiones pagadas, como se ha visto.
Como escribe el respetado economista británico John Kay, los agoreros del envejecimiento calculan todo tipo de pasivos sociales insolventes derivados del mismo, casi siempre muy exagerados, ejercicio completamente inútil puesto que éstos se compensan con el compromiso de cada generación de sostener a sus mayores.
El propio Banco Central de Chile, donde trabajan muchos colegas economistas, intervino en la materia hace poco, concurriendo su Directorio con gran despliegue a La Moneda a advertir a la entonces Presidenta Bachelet que si destinaba a “reparto” el alza de 5 por ciento en cotizaciones propuesta por su gobierno, arriesgaba “efectos macroeconómicos negativos y problemas fiscales severos”. CENDA refutó en su oportunidad el estudio correspondiente, señalando que tal conclusión es cuestionable desde el punto de vista moral y político, además de errónea debido a errores metodológicos serios.
La regla de sustentabilidad de dichos esquemas, que la economía chilena satisface con holgura, es sencilla y elegante y se puede formular de la siguiente manera:
Cotizaciones corrientes pueden sostener indefinidamente y sin cambios en sus parámetros, pensiones que se reajustan al ritmo de los salarios, bajo la única condición que el número de adultos mayores crezca un poco menos que el PIB.
Si dicha condición no se cumple, es necesario compensar la diferencia de tasas incrementando moderada y gradualmente uno o todos los parámetros principales de dichos sistemas: tasa de cotización, edad de retiro y proporción de adultos mayores sostenidos por sistemas no contributivos, es decir, aquellos financiados con impuestos generales.
Es lo que han hecho todos los países, cuyos sistema de seguridad social financiados con descuentos por planilla dejan significativos superávit corrientes, que generalmente son utilizados por los respectivos gobiernos que son sus principales deudores.
Un tercio de la deuda pública de los EE.UU., por ejemplo, es con su sistema de seguridad social, es decir, el gobierno le debe a su sistema de “reparto”, quien es su principal acreedor de lejos, y no al revés. Generalmente, dichos excedentes financian parte del gasto en los respectivos pilares no contributivos de pensiones y otras prestaciones sociales, lo que está bien, puesto que un impuesto al trabajo vuelve de este modo íntegramente a familias de trabajadores. En otras partes, como hacían las cajas en Chile, construyeron magníficos edificios que arriendan a los imponentes.
La regla de sostenibilidad referida resulta evidente por sí misma, puesto que si el PIB de un país crece más rápido que el número de adultos mayores, su economía estará cada vez en mejores condiciones para sostener a cada uno de ellos. Lo que es menos conocido es que el número de cotizantes en los sistemas de pensiones sigue el movimiento del PIB en sincronía casi perfecta, a una tasa de crecimiento levemente inferior.
De este modo, si el PIB crece más rápido que el número de adultos mayores, se satisface asimismo la evidente condición requerida para mantener indefinidamente la ecuación entre recaudación de cotizaciones y gasto en pensiones, reajustando éstas al ritmo de los salarios y sin modificar los parámetros referidos: que el número de cotizantes crezca al menos al ritmo del número de adultos mayores.
Chile satisface dicha regla de modo holgado. El número de adultos mayores ha venido creciendo al 3,35 por ciento anual en el último cuarto de siglo, entre los censos de 1992 a 2017, mientras el PIB lo ha hecho al 4,33 por ciento.
Las proyecciones de población muestran que la tasa de crecimiento del número de adultos mayores, que se encuentra en su máximo por estos años, se frenará sensiblemente hasta promediar 2,54 por ciento anual entre 2017 y 2050, tasa que con toda probabilidad será bastante inferior al crecimiento del PIB.
El número de cotizantes en el sistema de AFP, que es la medida más precisa del empleo puesto que se basa en un censo mensual de 10,7 millones de afiliados que en los tramos de edad activa comprenden a toda la población del país, guarda una correlación elevadísima con la evolución del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) publicado por el Banco Central y crece a tasas levemente inferiores, siguiendo ambos las fluctuaciones del ciclo económico.
La regresión estadística entre ambas variables muestra que los primeros explican por sí solos casi todas las variaciones del segundo, en un ajuste estadístico casi perfecto. Sólo en base a dicha información, por ejemplo, CENDA calcula mensualmente su Índice Mensual de Actividad Económica Interna (IMACEI) y puede proyectar el PIB con precisión; aparte de publicar una serie muy precisa de empleo asalariado y su proporción de la población mayor de 16 años, importante indicador internacional.
En base a estas estadísticas, CENDA colaboró en la elaboración de la Propuesta “C” de la profesora Leokadia Oreziak en el informe de la “Comisión Bravo”, la única de las tres allí presentadas que se basa en una completa proyección de ingresos y gastos en pensiones hasta fines de siglo.
Comprueba que el flujo de cotizaciones permite duplicar el monto promedio de las pensiones actuales y jubilar a los cientos de miles que no han podido hacerlo a pesar de exceder la edad legal requerida, especialmente mujeres cuyas pensiones son más bajas.
Las cotizaciones actuales permiten sostener el gasto de las nuevas pensiones, reajustadas al ritmo de los salarios, sin subir el impuesto al trabajo hasta que los grandes empresarios devuelvan a sus legítimos propietarios todo el dinero del fondo de pensiones que se les ha prestado y las compañías de seguros paguen todas las rentas vitalicias contratadas.
Todo lo anteriormente expuesto llama a escándalo por el hecho que el grueso de las cotizaciones forzadas a los trabajadores han ido a parar a manos de un reducido grupo de grandes grupos empresariales, entre ellos los que han participado en la gestión del sistema de AFP. Sus nombres encabezan la breve lista de quién es quién entre las familias más ricas y poderosas del país. Dos de ellos han adquirido notoriedad, además, en un caso por haber sido condenado por financiamiento ilegal de la política y en el otro por enfrentar sus empresas serias dificultades desde hace varios años.
Estos grupos se han apropiado de las cotizaciones de los trabajadores mediante dos formas principales: comisiones y primas cobradas administradores del sistema de AFP y, préstamos y capital accionario invertido en sus empresas por el fondo de pensiones.
Las compañías de seguros relacionadas con el sistema AFP se han venido embolsando en propiedad plena, cada mes y cada año desde que hay registro, casi la mitad de las cotizaciones obligatorias. Las llamadas “primas únicas”, que no son otra cosa que el fondo completo de quiénes contratan las llamadas “rentas vitalicias”, sumaron 3,2 billones de pesos en los 12 meses a marzo del 2019, un 44 por ciento de las cotizaciones del período. Solo seis grandes grupos empresariales se embolsaron en propiedad plena un 80 por ciento de dichos inmensos recursos.
Entre ellos hay dos compañías de seguros estadounidenses propietarias de AFP, y cuatro grupos nacionales que se apropiaron del 50 por ciento de las “primas únicas”, entre los cuales el principal es el grupo PENTA, uno de cuyos propietarios, amigo íntimo del Presidente de la República, viene saliendo de la cárcel donde permaneció un buen tiempo por fraudes tributarios.
A ello se agregan los préstamos e inversiones accionarias del fondo de pensiones. Fundación Sol ha actualizado recientemente el estudio que muestra que buena parte del fondo AFP está a disposición de los mayores grupos empresariales del país, aunque formalmente pertenezca a los afiliados. A febrero del año 2019, sólo 16 grupos empresariales nacionales tienen en su poder dinero de préstamos e inversiones accionarias del fondo de pensiones equivalentes a una cuarta parte del mismo.
Cuatro de estos grupos, que en conjunto concentran más de la cuarta parte de estas inversiones, son a su vez propietarios de compañías de seguros que se han embolsado “primas únicas” equivalentes a una cuarta parte de todas las cotizaciones obligatorias descontadas a los trabajadores desde la creación del sistema de AFP.
En pocas palabras, cuatro grupos económicos nacionales se han embolsado “primas únicas” de rentas vitalicias equivalentes a una cuarta parte de todas las cotizaciones obligatorias en el sistema de AFP desde su creación, y adicionalmente son beneficiarios de una cuarta parte de los préstamos e inversiones accionarias del fondo de pensiones en empresas nacionales.
El grupo empresarial Saieh es el que más dinero ha recibido del sistema de AFP. Era propietario de compañías de seguros que durante su tenencia se embolsaron “primas únicas” de rentas vitalicias por cerca de 3 billones de pesos, y adicionalmente aparece como beneficiario de préstamos e inversiones accionarias del fondo de pensiones por 4 billones de pesos.
Este grupo, que además es propietario de una de las mayores cadenas informativas del país, entró serias en dificultades financieras hace unos años y se vió forzado a traspasar sus negocios de rentas vitalicias a la Cámara de la Construcción, sin embargo sería interesante ver qué proporción de las “reservas técnicas” de dichas compañías continúa invertida en sus empresas.
Agradecemos a nuestros colegas economistas por haber leído esta carta y considerado sus argumentos. Ojalá a muchos les resulten convincentes y se sumen al amplio movimiento por terminar con el sistema de AFP, recuperar las cotizaciones y financiar con ellas pensiones dignas hoy, y sustentarlas hacia el futuro.
Habremos contribuido a reparar la deuda pendiente de nuestra profesión con los trabajadores a este respecto. Adicionalmente, será un aporte para que los trabajadores y la ciudadanía en general recuperen su confianza en el sistema democrático, lo cual es importante para evitar que presten oídos a extremistas inescrupulosos como lamentablemente está sucediendo por estos días en algunos de los principales países del mundo.
Lo que es aún más importante, al terminar con este abuso, la generación de chilenos en edad activa habrá cumplido con el deber moral de mantener dignamente a sus mayores, que es la única garantía que también a ellos sus hijos les den el mismo trato cuando no ya no puedan trabajar.
(*) Cartas que los economistas suscritos, Presidente y Vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, dirigieron a sus colegas economistas del país. Dicha carta, se transcribe a continuación:
Estimadas y Estimados Colegas:
Nos ha parecido oportuno dirigimos cordialmente a ustedes para exponer los principales motivos que, a nuestro juicio, hacen imperioso poner término al sistema de AFP, que fuera impuesto por la dictadura de Pinochet y sostenido por todos los gobiernos que le sucedieron.
Su verdadero carácter queda en evidencia tras casi cuatro décadas de funcionamiento. Aporta apenas una quinta parte del gasto nacional en pensiones, cuyo nivel general es intolerablemente bajo y decrece constantemente en relación a los salarios.
El fisco se ve obligado a endeudarse para aportar las cuatro quintas partes restantes. Al mismo tiempo ha acumulado un fondo siempre creciente que equivale ya a buena parte del producto interno bruto.
Éste se ha conformado a partir de un impuesto a los salarios, pero disfrutan del mismo un puñado de grandes grupos empresariales, que se embolsan por gestionarlo comisiones y primas del mismo orden de lo que aportan a pensiones, y han recibido buena parte del fondo en forma de préstamos y capital accionario.
Ello constituye una inmoralidad social inaceptable que, agravada por su irracionalidad fiscal, son motivos más que suficientes para terminarlo y recuperar las cotizaciones que, en sus niveles actuales permiten con holgura elevar hoy las pensiones a un nivel digno para todos los jubilados, y las pueden sostener hacia el futuro.
También queremos expresarles que, a nuestro parecer, los economistas tenemos al respecto una deuda pendiente con el pueblo chileno que debemos saldar, puesto que nuestra profesión ha jugado un papel no menor en la imposición de este abuso e insensatez fiscal, y su prolongación a lo largo de buena parte de medio siglo.
Confiando que lo siguiente resulte en parte de su interés, les saludan cordialmente,
Hugo Fazio Rigazzi, Presidente.
Manuel Riesco Larraín, Vicepresidente.
Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA
