por Grupo de Análisis de Coyuntura.
La cuenta pública presidencial del 1º de junio, realizada en medio de protestas fuertemente reprimidas, confirma categóricamente que con la derecha no llegaron ni llegarán tiempos mejores para los chilenos.
En un largo discurso lleno de populismo, demagogia y llamados al diálogo y la unidad, que le echa la culpa de los problemas al escenario internacional, a lo hecho por el gobierno anterior y al supuesto obstruccionismo de la oposición, prometió obras que durarán décadas si se llevan a cabo, y reiteró su propósito de arrasar los logros y avances conseguidos por el gobierno de la Nueva Mayoría.
En relación al proyecto de reforma previsional, Piñera planteó que los pensionados deberían elegir como se administra el fondo de cotizaciones adicionales, desconociendo la idea del ente estatal, que según la DC fue parte del acuerdo con el gobierno.
Ello llevó a que Gabriel Ascencio, jefe de la bancada DC dijera que con ello se rompe la posibilidad de acuerdos.
La idea de legislar fue apoyada por la DC y el PR, y llevó al jefe de bancada y al presidente de ese partido a sacar al diputado Raúl Soto de la presidencia de la Comisión de Trabajo de la Cámara por votar en consecuencia con el acuerdo previo de las bancadas opositoras.
Ello despertó la solidaridad con el diputado Soto de parte de los demás opositores integrantes de la Comisión y de las bases de ese partido, además del apoyo de los diputados Víctor Torres y Mario Venegas, quienes acusaron una actitud profundamente autoritaria y antidemocrática del presidente de su directiva, que es capaz de dialogar con el gobierno pero no con parlamentarios de su partido.
La promesa de crecimiento económico también se la llevó el viento. Piñera anunció que 2019 será un año difícil y que se crecerá entre un 3% y un 3,5%, aunque Vitorio Corbo señala que será entre 2,8% y 3,2% (La Tercera, 2 junio).
Los optimistas pronósticos del gobierno ya habían sido contradichos por Alfonso Swett, presidente de la CPC, que dijo que “crecer el 2018 al 4% y tener un primer trimestre al 1,8%, la verdad es que la percepción actual es que estamos peor que el año pasado” (Emol, 7 mayo).
Confirmando esos dichos, las ventas minoristas cayeron 6,5% en abril, su décima contracción en línea (El Mercurio, 1º junio), y los diputados de RN Sofía Cid, Miguel Mellado y Francisco Eguiguren, advirtieron que la depreciación del peso debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, generará alzas en los combustibles, transporte y algunas importaciones (Emol, 1º junio).
La gota que rebalsó el vaso fue el anuncio de un proyecto de reforma constitucional para reducir el número de diputados a 120 y de senadores a 40, además de limitar la reelección de diputados, senadores y alcaldes en los territorios donde ejercen, medida que había sido pedida expresamente por la UDI que fuera anunciada en la cuenta.
Ello significa retroceder al sistema binominal que dejó la dictadura, y que costó largos años modificar, recién se logró bajo el gobierno de la Nueva Mayoría. Sin duda el avance en pluralismo y democracia que significa el sistema más proporcional es percibido por la derecha como un factor que amenaza su deseo de prolongarse en el poder.
Aunque lamentablemente también hay algunos opositores que se sentirían más cómodos con el binominal, y que hoy se manifiestan de acuerdo con el retroceso, incluyendo algunos del Frente Amplio –como los diputados Miguel Crispi y Pablo Vidal- que fueron elegidos, entre otras cosas, gracias al nuevo sistema electoral vigente en la actualidad (El Mercurio, 2 de junio).
En el fondo, quieren volver al antidemocrático sistema ideado y legado por la dictadura de Pinochet, y preservado por los gobiernos de la Concertación, por más alusiones que se hagan al mayor gasto fiscal, que se resolvería muy fácilmente si se redujera la dieta de los parlamentarios, ministros y otros altos funcionarios, como lo han propuesto reiteradamente el PC y otros sectores políticos.
Piñera además planteó como primera prioridad la seguridad pública y el combate al narcotráfico, aunque es poco lo que se ha hecho al respecto.
Además va quedando cada vez más claro que hay una relación entre el narcotráfico y el lavado de dinero que pasa por operaciones reservadas de los bancos, y que contarían con la complicidad de ciertos círculos de poder. Se trata una vez más de justificar la represión.
Nada dijo del cambio curricular, que implica que los alumnos de 3 y 4 medio tendrán el ramo de Historia y Geografía como ramo electivo, lo cual ha despertado un amplio y transversal rechazo, incluyendo los Premios Nacionales de Historia y otros intelectuales, que rechazan el “propósito que busca conquistar la hegemonía sobre los usos sociales de la memoria y de los saberes históricos, despojando de estas competencias a quienes más lo necesitan”, y llaman a organizarse y movilizarse para “resistir el ataque contra la historia, la memoria y el pensamiento crítico y emancipatorio” (El Mostrador, 27 mayo).
La realidad contradice la promesa de crear más empleos. Entre los numerosos ejemplos están el cierre de la empresa Agrícola Campillay en Huasco, que deja 600 trabajadores desempleados (Emol, 28 mayo), y el aumento del índice nacional de desempleo a 6,9% en el trimestre móvil febrero-abril (Emol, 31 mayo).
Junto al Estatuto Laboral Juvenil, se impulsa un proyecto de flexibilidad laboral, apoyado por el ex ministro Rodrigo Valdés y otros, que supuestamente significa libertad del trabajador para acomodar horarios y dejar tiempo libre en la semana, pero en la práctica significa más trabajo y peores condiciones laborales.
El alcalde de Recoleta en cambio, ha aplicado en su Municipio la propuesta de la diputada Camila Vallejo, que reduce a 40 horas semanales la jornada laboral para 751 funcionarios.
En cuanto a los salarios de los trabajadores, un estudio de la Fundación SOL aparecido en abril, elaborado a partir de la Encuesta Casen 2017, revela que el 54,3% de los trabajadores gana menos de $350.000 mensuales, el 74,3% gana menos de $500.000, y solo el 16,1% gana más de $700.000 líquidos (4 mayo).
Es coincidente el Informe Mensual de Cotizantes del Seguro de Cesantía y del Sistema de Pensiones de marzo de 2019, entregado por la Superintendencia de Pensiones, que indica que la mitad de los chilenos perciben por contrato $543.000, pero con los descuentos previsionales –salud y AFP- terminan recibiendo $450.000.
En el rango más bajo hay 1,5 millones de personas que gana menos de $400.000 brutos, y alrededor de 450.000 cotizantes que ganan casi 2 millones de pesos (Emol, 28 mayo).
La inseguridad laboral llega hasta los trabajadores con mejores remuneraciones, como en el caso de los trabajadores del cobre de Chuquicamata, cuyo proceso de reconversión productiva significará desvincular a unos 1.700 mineros de planta, que aumentan en unos 4.500 al contar a los trabajadores del subcontrato.
Es por ello que los sindicatos 1, 2 y 3 de Chuqui, que están actualmente en proceso de negociación colectiva, rechazaron la última oferta de la empresa y aprobaron la opción de huelga, insistiendo en que más allá de un bono, demandan tener participación en las decisiones sobre el proceso de reconversión, y mantener la atención de salud para los trabajadores que serán desvinculados.
Sube el costo de las cuentas de luz en Santiago y otras ciudades, a pesar que la más ligera llovizna produce prolongados cortes de luz. Los municipios de Recoleta, Quilicura, Macul, Cerro Navia y La Ligua notificaron a Enel que pasarán a ser clientes libres y no regulados, primer paso para la creación de una Asociación de Municipios Libres y para licitar los consumos eléctricos ahorrando un 30% (El Siglo, 4 mayo).
Piñera habló de medidas que formarían parte del programa Clase Media Protegida. En relación con ello, es pertinente reiterar en primer lugar la definición de clase media del economista Andrés Solimano, que abarca a los individuos que están entre el tercer y noveno decil, y distingue entre “clase media baja”, del tercer al sexto decil, y una “clase media alta”, del séptimo al noveno decil (Elites económicas, crisis y el capitalismo del siglo XXI, Fondo de Cultura Económica).
Es decir, la clase media baja es un segmento vulnerable a caer en la pobreza debido a pérdida de empleo y bajas de salarios, sobreendeudamiento y encarecimiento del crédito, y enfermedades catastróficas, discapacidades y otras situaciones relativas a la salud.
La definición viene como anillo al dedo para Chile. En segundo lugar, en las propuestas de Piñera no hay medidas nuevas ni de fondo que vayan dirigidas a resolver el sobreendeudamiento en que se debaten los chilenos que están en esos segmentos, y las otras situaciones que describe Solimano.
Entre los anuncios está una reforma a la salud, y el mejoramiento de la calidad de la educación, en cuyo acápite no se menciona la gratuidad de la educación pública, solo se reiteran los criterios represivos a través de la ley de Aula Segura y el respaldo a la revisión de mochilas y otras medidas similares.
La política exterior del gobierno, que tradicionalmente se abría hacia el multilateralismo, ha virado hacia una total subordinación al gobierno de Estados Unidos, lo cual se manifiesta vergonzosamente en la política intervencionista hacia Venezuela, alineado en el Grupo de Lima.
La burda agresión verbal de Piñera en su discurso contra el gobierno de Venezuela, calificándolo como dictadura corrupta, no solo avergüenza a la diplomacia chilena, sino que hace más patente la falta de autoridad moral del presidente.
La derecha que gobierna con Piñera fue sostén de la dictadura de Pinochet, y sigue avalando sus crímenes, y su gobierno está sumido en la corrupción y el nepotismo. La empresa de Cristobal Piñera, hijo del presidente, ha obtenido 250 millones en contratos del gobierno, y formó parte, incluidos los dos hijos del presidente, de la gira a China y de los contactos con empresarios de ese país.
La empresa de la nuera de Chadwick cerró dos contratos por trato directo con Ministerio de la Mujer (EM, 24 mayo).
En general, el gobierno de Piñera ha sido un paraguas y un estímulo para la corrupción en todos los ámbitos, y para la falta de sanciones.
Lo confirman la investigación a los alcaldes de Los Andes, Cabildo y San Felipe, por tráfico de migrantes, junto con un funcionario de la Cancillería ya formalizado. Se ha conocido que el sueldo mensual del Conservador de Bienes Raíces de Santiago asciende a 700 millones de pesos.
Por su parte, el diputado Leonidas Romero, de Chile Vamos, ha dicho sobre el diputado Durán de RN (hijo del obispo de la Iglesia Evangélica también acusado de lo mismo) que “es un acto de corrupción recibir un sueldo de parte del padre con los diezmos que le entregaban y contratar asesorías verbales a la mamá de la secretaria por más de 7 millones”.
El gobierno de la derecha ha agudizado la crisis de la institucional estatal, en las FF AA y de Orden, Poder Judicial, etc., además de la crisis en las Iglesias, tanto la Católica como la Evangélica -en una debido a los abusos sexuales, en la otra por la corrupción.
Según una encuesta de la Facultad de Gobierno de la UDD, el 81% de los chilenos cree que las instituciones están en crisis, y las iglesias y los políticos son los peor evaluados (EM, 12 mayo)
Las encuestas registran una pérdida sostenida del apoyo popular. Fracasan las iniciativas de diálogo con la oposición, aunque la DC se sigue prestando para aprobar los proyectos de ley de Piñera. La idea de la derecha social inventada por el senador Ossandon fue abandonada a corto andar, hoy la levanta Felipe Kast en la versión de crear una nueva Concertación, pero con “ideas de centroderecha”.
El Barómetro de la Política CERC-Mori, encuesta aplicada entre el 4 y 19 de mayo, (El Mostrador, 27 mayo), alerta que entre abril de 2018 y mayo de 2019 se desplomó la confianza en las instituciones de manera inédita desde 1990.
La aprobación al gobierno cayó a 27%, 17 puntos menos que en abril de 2018 (44%), agregando que “en un contexto tan negativo de la política, con una coyuntura internacional negativa, este gobierno no tiene muchas posibilidades de mejorar su posicionamiento…”
Las FF.AA. cayeron 21 puntos (33%), Carabineros 17 (32%), el Poder Judicial 18, el Ministerio Público tiene solo un 17% de confianza, y las partidos políticos se ubican en apenas 5%. La Iglesia llegó a 8% de confianza.
La percepción que este gobierno será peor que el primero aumenta 21 puntos, y aumenta de 38% a 58% la percepción que el país va en dirección equivocada. En la clase alta, el 50% cree que vamos en la dirección correcta, mientras en la clase baja el 68% estima que el país va en la dirección equivocada.
Sobre los políticos con más futuro, Lavín se encuentra con 31%, Beatriz Sanchez 21%, José Antonio Kast un 16%, Giorgio Jackson un 15%, y Felipe Kast un 13%.
Ante todos estos fenómenos, la derecha se desespera y recurre a la represión contra el pueblo y al anticomunismo. Acosa de manera permanente a los vendedores ambulantes, reprime a los estudiantes y liceanos que manifiestan sus reclamos, expulsa migrantes, impulsa la rebaja de la edad para el control de identidad, la revisión de mochilas en los liceos, y se plantea el toque de queda en algunos municipios para los menores de 14 años aduciendo el consumo de drogas y alcohol.
Recién se ha sabido que el general colombiano Oscar Naranjo, famoso en el enfrentamiento a la guerrilla, viene a Chile a contribuir en modernizar la seguridad pública, en una nueva versión del Comando Jungla (El Mercurio, 1º junio). Crece el anticomunismo, es agredida y amenazada la diputada Carmen Hertz por su defensa de los derechos humanos.
Todo ello ha llevado a Amnistía Internacional a señalar en su último informe sobre Chile que ha empeorado la situación de los derechos humanos, citando como ejemplos “la decisión del gobierno de no avanzar en el proceso constituyente iniciado (…) las expulsiones de migrantes” (Emol, 31 mayo).
La Consulta Indígena ha sido un pretexto para modificar la Ley Indígena en lo referido a que los comuneros puedan subdividir y dar paso a la concentración de tierras por los latifundistas y las empresas forestales, sin embargo es público y notorio que esta fue un fracaso debido a la baja participación y el gobierno debió suspenderla.
Es evidente que Piñera gobierna sin ambages a favor de los intereses del gran capital y la gran burguesía financiera aliada con el capital transnacional de la cual forma parte.
Lo evidencian sus “modernizaciones”: la reforma tributaria, la reforma laboral y el proyecto de reforma previsional.
Si bien es cierto se confirman cada vez más los pronósticos de recesión económica mundial, en lo que un factor importante es la guerra comercial entre Estados Unidos y China; sin embargo el marco de fondo es el agotamiento del modelo, y la evidencia de que las políticas neoliberales no dan solución a los problemas y demandas de los sectores populares.
