Dentro de los próximos días, el Grupo de Análisis de Coyuntura y Tendencias” del Instituto de Ciencias Alejandro Lipschütz (ICAL), presentará el libro Un Año del Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas, un trabajo colectivo de análisis, que abarca un período de catorce meses, entre marzo de 2018 y mayo de 2019.
En vísperas de la primera cuenta pública del segundo período de gobierno de Sebastián Piñera, estamos en condiciones de adelantar el prólogo, a la espera del lanzamiento, posterior al cual lo distribuiremos en su versión final.
En la elaboración del trabajo, el grupo contó con la participación de de invitadas e invitados en diversas temáticas relevantes de la actualidad nacional e internacional.
El objetivo del grupo, que continua llevándose a cabo, consiste en auscultar la gestión del gobierno del Presidente Sebastián Piñera y producir informes periódicos de coyuntura y tendencias junto a documentos temáticos.
Para el efecto, el equipo de análisis se vale de diversas metodologías de investigación, tales como revisión de literatura, discusión política grupal, observación participante en manifestaciones populares, eventos políticos, sociales y culturales, actividades académicas y análisis de encuestas, entre otras.
Una conclusión importante apunta a que la derecha persigue sentar las bases para prolongarse en el poder más allá del gobierno de Piñera, a partir de un brutal proceso de
contra-reformas dirigido a desmontar y destruir los logros y avances a favor del pueblo llevados a cabo por el gobierno de la Nueva Mayoría en los ámbitos tributario, laboral y educacional, y de la democratización del país, principalmente.
Esto, por la vía de la reproducción de la ideología neoliberal, sustento principal de la modalidad extrema de acumulación y concentración de capital, con su correlato de neoliberalismo patriarcal reaccionario, inaugurado después del golpe de estado de 1973.
El intento por derrumbar las reformas y reposicionar al neoliberalismo, que ha cursado fundamentalmente por vía de hacer una ‘finta’ al Parlamento con el llamado al espectro político de participar de cinco Acuerdos Nacionales (por la infancia, por la seguridad ciudadana, por una salud oportuna y de calidad para todos, por la paz en la Araucanía y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza durante los próximos ocho años), no se ha logrado ni tiene visos de lograrse.
Pareciera que sólo la cooptación de sectores opositores, tales como la Democracia Cristiana y el Partido Radical, podría contribuir a ese propósito, en un escenario internacional en el que una tendencia reaccionaria con expresiones fascistas se ha situado temporalmente en Latinoamérica, con el soporte de la administración Trump, aunque en el marco de una tendencia general a la declinación del poder hegemónico global del gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar del empeño de Piñera, los ‘porfiados hechos’, acompañados por el desorden de las políticas de gobierno, como el desmantelamiento de la política exterior multilateral y la exclusión de Chile del pacto migratorio de la ONU; los fenómenos políticos y sociales acontecidos, como la ola feminista y la represión en la Araucanía; los ‘errores no forzados’, el nepotismo, el desprestigio de las instituciones, los intentos por la unidad de la oposición ante la dispersión de ella y, el gris panorama de la economía, todos asuntos que fueron seguidos con acuciosidad por el grupo de trabajo, demuestran que las expectativas de Piñera han sido superadas por la realidad, y que sólo se han quedado en promesas incumplidas.
Ante este cuadro, este escrutinio del período sugiere que la movilización social constituye el eslabón principal para el desarrollo de una mayor organización del pueblo y la profundización de la conciencia social ciudadana en esta fase de la lucha de clases, y para empujar una nueva expresión de la unidad social y política del pueblo en la lucha por la democracia y la justicia social en Chile.
La rearticulación de la izquierda, el debate por la unidad del progresismo contra la derecha y el fascismo, y el rol del Partido Comunista en ello, se constituirían en condición sine qua non de la lucha contra hegemónica por la justicia social, la equidad y un desarrollo sustentable para Chile.
Por lo tanto, podemos decir que este libro, que aparece a pocos días de la cuenta pública del presidente Piñera, se constituye en un maciza cuenta y análisis de lo acontecido en este primer año de gobierno. Sin duda, una gran contribución a la lucha social e indispensable material de estudio para el debate nacional.
Prólogo: Un Año de Gobierno de Piñera: Tiempos Mejores, Promesas Incumplidas
El gobierno de la Nueva Mayoría
El 11 de marzo del 2018, Sebastián Piñera asumió por segunda vez la Presidencia de la República, interrumpiendo las reformas de carácter histórico que impulsaba el gobierno de la Nueva Mayoría, que abrieron grietas al modelo neoliberal y rompieron con un prolongado periodo de estabilidad del modelo neoliberal heredado de la dictadura, logrando espacios de mayor democracia, bienestar y justicia social.
Entre otros avances, se estableció un sistema electoral proporcional y se aprobó la elección universal de los gobernadores regionales, se avanzó en normas de probidad y transparencia y en el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos originarios.
El impulso a la gratuidad y la calidad de la educación pública revolucionó el sistema educacional basado en el lucro, se gravó a los grandes ricos, se aprobó una reforma laboral que fortaleció los derechos de los trabajadores y se desarrolló un proceso constituyente en el que participaron más de 200 mil chilenos. Se creó el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se aprobó la despenalización del aborto por 3 causales, el Acuerdo de Unión Civil y la ley contra la violencia de género.
El gobierno de la presidenta Bachelet instaló palancas para un crecimiento económico con empleo y políticas sociales en favor de la mayoría de los chilenos, fortaleciendo Codelco y Enami, avanzando una política nacional sobre el litio, dando un gran salto en el desarrollo de ERNC, e impulsando una reforma legislativa que define el agua como bien nacional de uso públic0, privilegiando su uso para consumo humano. Se elaboró además un proyecto de reforma de las pensiones que establece un sistema mixto, tripartito, con un componente solidario y de reparto.
La Nueva Mayoría fue la tercera experiencia de participación de los comunistas en el gobierno, y tuvo como factor común con otros procesos de cambios, la construcción de amplias alianzas y convergencias democráticas, el desarrollo de la movilización social, el establecimiento de acuerdos programáticos, y la ampliación y fortalecimiento de la izquierda.
Aunque hubo insuficiencias y errores, los comunistas consideramos que nuestra participación en el gobierno de la Nueva Mayoría permitió empujar, en medio de una fuerte confrontación con la derecha, la concreción de banderas históricas de lucha, contenidas en el programa de la candidatura presidencial de Gladys Marín en 1999 y en las 5 exigencias a Michelle Bachelet en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2005.
La victoria de la Nueva Mayoría en 2013 fue resultado del crecimiento de las luchas populares y de la convergencia opositora, que se expresó en las elecciones municipales del 2008, luego en un pacto electoral Concertación-PCCh para las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2009, rompiendo la exclusión de los comunistas en el Parlamento, y finalmente en la constitución de la Nueva Mayoría, que elaboró un programa común, levantó una candidatura presidencial y una lista única parlamentaria y de consejeros regionales.
La convergencia democrática tuvo el rechazo de un sector habituado a gobernar con la derecha. Edgardo Boeninger, artífice de la transición pactada, se manifestó en 2008 como acérrimo opositor a los pactos con los comunistas. En su opinión, si ganaba Piñera el 2009, habría una mayoría opositora confrontacional, con mayor razón si llegaban al Congreso los comunistas, que empujarían a posiciones más radicales. Aconsejó al PDC que en esa situación debía negociar y alcanzar acuerdos con la derecha, recomendación seguida al pie de la letra por un sector de la DC y de la Nueva Mayoría durante el primer gobierno de Piñera, luego en el de la Nueva Mayoría, y hoy en este segundo gobierno de Piñera.
Al ingresar al gobierno, los comunistas sabíamos que estaría en disputa. La resistencia y obstrucción del sector conservador-concertacionista a las reformas dentro del gobierno, tuvo como sus más caracterizados exponentes a Jorge Burgos y Rodrigo Valdés.
El sector conservador DC ayudó a la victoria derechista al decidir una candidatura presidencial propia que dividió a la Nueva Mayoría, hizo campaña a favor de Piñera y/o contra Guillier, y después de la derrota electoral dijo haber pagado muy caro la alianza con el PC.
En cambio, el dirigente DC Nicolás Mena, ex subsecretario de Justicia y actual director de la Fundación Chile 21, señaló con honestidad que “dirigentes importantes DC generaron un clima de desarticulación interna en la Nueva Mayoría, de confusión y desorden, que perjudicaron la imagen del gobierno”, y agregó que “no hubo ninguna izquierdización. Sí había sectores DC que nunca quisieron las reformas anunciadas en ese programa (…) La DC, en su base, es mayoritariamente progresista y nuestra pérdida de aceptación ciudadana es porque no cuidamos ese electorado progresista. Lo perdimos porque la gente nos asoció un montón de veces con los poderosos y dejó de percibimos como un partido cercano a los más necesitados”.
Es sabido que las decisiones de la DC siempre estuvieron presionadas por la derecha chilena, y por la DC alemana e internacional, que abominan de los acuerdos con los comunistas. Una alianza de este tipo fue vetada en Italia por el gobierno de Estados Unidos al comenzar la Guerra Fría, y cuando hubo indicios de su recomposición en la década del 70, los norteamericanos movieron los hilos del asesinato de Aldo Moro, dirigente DC que estaba a favor de la alianza DC-PC. También se conoce que la DC internacional apoyó el golpe de estado de 1973 en Chile, y que hoy alberga a partidos de derecha como el PP de España, y RN y la UDI en Chile.
Los hechos mostraron que en la DC existe un sector que se siente más cómodo en alianza con la derecha que con la izquierda. Para Genaro Arriagada, la DC corría el riesgo de transformarse “en la quinta rueda del carro de una alianza marcada fundamentalmente por la izquierda. Y con la izquierda se convive, pero no puede haber subordinación”. El senador Patricio Walker declaraba que prefería tener menos diputados pero “sin transar principios fundamentales”, es decir, sin el PC en un futuro gobierno.
Antecedentes y pilares de la segunda victoria de Piñera
La victoria de Piñera en 2017 hunde sus raíces en la salida pactada de la dictadura, acordada entre la Concertación, la dictadura y el gobierno de Estados Unidos, que impuso la exclusión de los comunistas y la permanencia política del dictador. La derecha, en lugar de disminuir su caudal electoral después del plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, lo aumentó en los años posteriores debido a la política de consensos con la derecha. Ya en 1989, la votación de la oposición antidictatorial pudo ser mayor si hubiera concurrido con una lista única a la elección, pero la DC se opuso y su veto anticomunista se mantuvo hasta el 2009, a pesar que el PC propuso reiteradamente listas unitarias para disminuir la sobrerrepresentación de la derecha.
Los gobiernos de la Concertación mantuvieron el sistema binominal, la Constitución pinochetista, y la impunidad para los crímenes dictatoriales, y el cogobierno con la derecha contribuyó además al distanciamiento ciudadano de la política, haciendo crecer la abstención electoral.
En 2016, Andrés Allamand afirmó que había surgido un nuevo alineamiento político, distinto del que existía desde el plebiscito de 1988. Ahora el «partidor de aguas» ya no era democracia versus dictadura, sino «partidarios y detractores del contenido de la transición y la modernización de Chile», y llamó a Chile Vamos a “prepararse para gobernar con nuevos aliados”, agrupando “las fuerzas de quienes creen que, a partir de 2014, Chile equivocó el rumbo”.
Las elecciones municipales de octubre de 2016 significaron un revés político-electoral para la Nueva Mayoría y su gobierno debido a los hechos de corrupción, al insuficiente cumplimiento gubernamental de las reformas comprometidas y la falta de solución a problemas apremiantes como salud, educación y seguridad pública.
En 2017, eran evidentes los numerosos hechos de corrupción que involucraban a Piñera: Exalmar, su negocio en Perú mientras cursaba el juicio de La Haya; sobornos para instalar LAN en Argentina; las “empresas zombis” que compró para ahorrar miles de millones en impuestos. Alguien consideró que estas “habilidades” de Piñera para ganar dinero eran positivas, pero el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, estimó que, siendo una de las obligaciones de un gobierno recaudar impuestos, ¿cómo podría esa “habilidad” para rebajar impuestos ser útil en el gobierno de un país?
Sin embargo, la derecha hábilmente logró el “empate”, facilitando su objetivo algunas situaciones de corrupción que involucraban a políticos de la Nueva Mayoría, entre ellos al hijo de la presidenta.
La segunda victoria de Piñera obedeció a variados factores, pero lo más gravitante fue que la derecha supo interpretar los anhelos y esperanzas de un sector ciudadano que percibió que sus sueños de consumismo y de crecimiento individual estaban en peligro si era elegido Guillier, imponiéndose un electorado que percibe el empleo como entrada al consumo y no como un derecho que dignifica su vida.
Al mismo tiempo, se confirmó la existencia de un importante número de votantes con alta sensibilidad mediática, cercano al 20%, que votó en las últimas tres elecciones por los candidatos que planteaban una alternativa “ciudadana y diferente”. El 2009 fueron 1.405.124 votos para Enriquez-Ominami, el 2013 fueron 1.389.557 personas que votaron por Enríquez-Omínami y Parisi, y en 2017 fueron 1.336.622 personas que votaron por Beatriz Sánchez en la primera vuelta.
También influyó el demagógic0 concepto de “derecha social”, cuyo promotor, el senador Juan Manuel Ossandon, señaló que “tan importante como el crecimiento económico es la cuestión social (…) a la derecha social le preocupa también (…) que el crecimiento llegue a todos”, y confesaba que “no podemos asegurar que todos los que votaron por Piñera lo hicieron por rechazo al gobierno de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, al temor de que el Frente Amplio formara gobierno o a la adhesión a Chile Vamos (…) Hay otro Chile (…) que vive sumido en temores, inseguridades y desesperanzas. Ese es el país de la mayoría de los chilenos”, y llamaba a continuar con las banderas de la derecha social para prolongar el gobierno.
Que el concepto de derecha social tuvo un propósito demagógico y oportunista, lo mostró el propio Ossandon con su regreso a una inequívoca defensa del gobierno, después de haberlo criticado duramente durante la campaña. Pero la “derecha social” muestra asimismo la incidencia de las reformas y conquistas sociales del gobierno de Bachelet en el cuadro político.
Tal como van hoy las cosas, es difícil que la “derecha social” perviva. Ya es una contradicción que el presidente sea conspicuo representante de la “derecha económica”, y conociéndolo, no renunciará a su naturaleza. Si hurgamos en la historia de la oligarquía chilena, solo encontraremos episodios que ilustran su carácter retrógrado y conservad0r, siempre contrapuesto al progreso.
De otra parte, la derecha y Piñera se esforzaron para instalar la idea que la desaceleración económica fue resultado de las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría, y que para volver a crecer, la derecha debía volver al gobierno.
Iván Weissman, periodista de El Mostrador, develó que la promesa de Piñera de “volver a crecer y crear empleos” era anacrónica, porque antes la economía creció por el boom de exportaciones mineras, pero en el nuevo escenario repetir tales indicadores era imposible.
De otro lado, la pretensión de Piñera de arrogarse la representación y defensa de la clase media ha sido rebatida por el historiador Marcelo Casals, por ser absolutamente contradictoria con el modelo económico que Piñera encarna, y con el contexto histórico en el cual la clase media emergió y se fortaleció en Chile.
En el periodo que va desde el Frente Popular a la Unidad Popular, el Estado diseñó leyes e instituciones en favor de la clase media, pero la dictadura militar y el modelo neoliberal las destruyeron, y paralelamente, los servicios estatales de educación, salud y previsión, que eran entendidos como derechos ciudadanos, fueron entregadas al libre juego del mercado. Con la llegada de la democracia en 1990, la profundización de la desigualdad y la destrucción de la vieja clase media siguió su curso. Un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD Chile, (“Desiguales. Orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile”, junio de 2017), indica que el 33% del ingreso que genera la economía chilena lo capta el 1% más rico de la población, y que Chile siempre se ha distinguido por una elevada desigualdad socioeconómica, que ha variado en intensidad y carácter a lo larg0 del tiempo. En el siglo XX se observan las mayores fluctuaciones: mientras en las primeras dos décadas las clases altas aún conservaban un predominio político, económico y social casi sin contrapeso, entre 1930 y 1973 hubo un proceso de creciente democratización, en que las desigualdades se moderaron. Luego la dictadura militar impuso cambios políticos y económicos que derivaron en nuevas y significativas desigualdades.
El segundo gobierno de Piñera
La burguesía financiera criolla asociada al capital transnacional resintió profundamente el debilitamiento de su hegemonía. Se tomaron muy en serio el cuestionamiento ciudadano al gran empresariado, el aumento de la lucha social y política, la constitución de una amplia convergencia democrática, la llegada de la Nueva Mayoría al gobierno y la realización de reformas estructurales que hasta ese momento había logrado contener.
Aunque su poder abarcaba todas las esferas, la Nueva Mayoría en el gobierno desestabilizó su hegemonía, haciéndole la situación intolerable. Entonces se jugaron por tener el control absoluto del poder del Estado, incluido el gobierno, para relegitimar socialmente el modelo, reinventarlo en una nueva fase, y resolver su objetivo principal que siempre es elevar sus ganancias.
Así lo prueban los proyectos de reforma tributaria, Ley de Presupuesto 2019, reforma a las pensiones, y el Plan Impulso de Araucanía, cuyo elemento común es beneficiar a los más ricos del país, asimismo las iniciativas de flexibilización laboral, y la intención de arrasar con las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría y prolongarse más allá de un solo periodo.
El gobierno lanzó sus 5 acuerdos nacionales: por la infancia, por la seguridad ciudadana, por una salud oportuna y de calidad para todos, por la paz en la Araucanía, y para alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza, buscando cooptar a sectores de la Concertación que añoran el cogobierno con la derecha, y que nunca estuvieron de acuerdo con las reformas.
La DC y otros sectores respondieron al llamado, pero los anuncios y medidas del gobierno indican que, más que buscar diálogo y acuerdos, quiere imponer sus políticas, incomodando así a quienes optaron por integrar las comisiones convocadas. Otros hechos han contribuido a un cierto aislamiento del gobierno de los sectores opositores, como la situación de la Araucanía y la renuncia a suscribir el Pacto Migratorio de Naciones Unidas.
Al mismo tiempo, en estos 10 meses de gobierno se han desarrollado numerosas batallas reivindicativas y políticas que cuestionan las políticas del gobierno, y buscan avanzar en la convergencia y unidad de los partidos políticos opositores, intentando superar la dispersión existente y los entendimientos parciales como la Convergencia Progresista, que se estrellan contra la exigencia de amplia unidad opositora que se expresó categóricamente en la multitudinaria concentración del 5 de octubre, conmemorando el 30º aniversario de la victoria del NO en 1988, fruto de la lucha democrática del pueblo.
Han surgido pronunciamientos unitarios desde regiones y desde las juventudes políticas opositoras de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, una mayoría DC se pronuncia por la convergencia con el PCCh, como lo manifiesta el senador Francisco Huenchumilla, y Carmen Frei, vicepresidenta de la DC, llama a concretar un programa común de la centroizquierda.
Se llevó a cabo la Marcha Nacional de la Coordinadora No+Afp´s, las movilizaciones contra la contaminación ambiental en Quintero y Puchuncaví, el paro de los trabajadores portuarios de Valparaíso, el Paro Nacional de la CUT, apoyado por los presidentes de los partidos opositores, con movilizaciones en todo el país, en Santiago con una marcha de 100.000 personas. Se acordó la coordinación entre la CUT y la Coordinadora No+Afp.
Asesinato y crisis política
La lucha opositora tuvo un punto de inflexión con la reacción al asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca, perpetrado por el Comando Jungla de Carabineros y el aval del gobierno, que despertó la indignación y la protesta del pueblo mapuche y de todo el país, y la solidaridad internacional, detonando con ello una grave crisis política en el gobierno.
Del encuentro mapuche realizado el sábado 1° de diciembre en la comunidad de Temucuicui, surgió una declaración de 5 puntos leída por Marcelo Catrillanca, que exigió desmilitarizar la Araucanía y la retirada inmediata del Comando Jungla, el establecimiento de una comisión de verdad histórica sobre la ocupación del territorio, y un llamado a todo el pueblo mapuche a seguir implementando y desarrollando la desobediencia, realizando diversas movilizaciones en el wallmapuche y en todo el territorio chileno.
El gobierno sufrió un duro golpe, como lo revela la brusca caída en la aprobación de Piñera y sus ministros. La encuesta CEP de octubre-noviembre marca un 39% de desaprobación y solo un 37% de aprobación. Debió renunciar el intendente de la novena región, el gobierno declaró el retiro del Comando Jungla de la novena región, el Director General de Carabineros renunció, aunque no voluntariamente, junto a otros 10 generales, y la oposición exige también la renuncia del Ministro del Interior, al cual un amplio sector de la oposición quiere acusar constitucionalmente y que el gobierno asuma su responsabilidad política.
Después de las contundentes movilizaciones de la “tercera ola feminista”, esta movilización significa un salto de calidad y un punto de viraje de las luchas contra el gobierno de derecha. La interrogante ahora a si se podrá traducir en perspectivas de avance del conjunto de la lucha en el plano organizativo, político y de la presencia de la izquierda y del PC, pues si bien hay propensión a movilizarse, la tendencia a organizarse no es tan alta.
No llegaron los tiempos mejores
El gobierno muestra incertidumbre y confusión respecto de la economía, pues los datos económicos del segundo semestre desmienten sus publicitados anuncios de mayor crecimiento y creación de empleos. El Banco Central indicó que la economía creció solo 2,8% en el tercer trimestre, y que las proyecciones de crecimiento a futuro serán más moderadas y “no vamos a ser inmunes a los schocks externos”. Andrés Solimano, Doctor en Economía del MIT y ex director del Banco Mundial, ha señalado que en diciembre el Informe de Política Monetaria del Banco Central arrojó un 4% de proyección de crecimiento para este año, y que en 2019 podría ser menor, lo cual da cuenta que no vienen tiempos mejores.
Paralelamente hubo alzas de productos básicos y numerosos despidos de trabajadores: Se cuentan más de 2.500 en el sector público, los gremios empresariales declararon que se pueden ver afectados 60.000 empleos al entrar en regimen la reforma previsional, y anunciaron desempleo en el agro por las lluvias. Ha habido además una fuerte ofensiva empresarial para flexibilizar la ley laboral, y el gobierno anunció un proyecto para suprimir la indemnización por años de servicio.
La tercera encuesta Criteria sobre prosperidad económica, encargada por el Instituto Igualdad y realizada entre el 22 y 29 de noviembre, indica que un 76% de las personas cree que no se han cumplido las proyecciones económicas del gobierno, y esta cifra asciende a 83% entre los jóvenes de 18 a 24 años. El 71% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que se esté cumpliendo la promesa de “tiempos mejores”, un 34% avala la explicación favorita del gobierno de atribuir las pálidas cifras de la economía chilena a los problemas de la economía mundial, y solo el 26% cree que se está recuperando el empleo. El 80% cree que el gobierno está beneficiando a las grandes empresas y el 64% piensa que con Piñera ha aumentado el endeudamiento de las familias, el 47% de ellas está en mora, y ésta llega al 56% en el sector D.
Preocupado por el curso de la economía, el gobierno convocó a un foro de especialistas en La Moneda, en el cual el economista Nouriel Roubini reafirmó su pronóstico de crisis económica para 2020, y de ralentización en 2019. Defendiendo su gestión económica, Piñera reconoce que “la distribución del crecimiento puede no estar bien”, mientras para Allamand el error del gobierno fue instalar que la promesa de tiempos mejores iba a tener resultado inmediato.
Crisis en las FF.AA. y Carabineros
Al mismo tiempo, se ha venido desarrollando una crisis profunda en las FF.AA. y de Orden. Además de los antecedentes sobre Carabineros vinculados al asesinato de Camilo Catrillanca, la encuesta Cadem indicó que la aprobación a Carabineros bajó a su mínimo histórico, desde el 67% en octubre al 39% el 23 de noviembre, y el rechazo subió a un 55%, al sumarse al asesinato de Catrillanca el llamado Pacogate, que desfalcó a las arcas fiscales más de 28.000 millones de pesos, y la Operación Huracán, que montó y manipuló pruebas para incriminar a 8 comuneros mapuches de atentados incendiarios. Tras el retiro de 20 generales, incluido el ex Director General Bruno Villalobos, detenido como cómplice de torturas durante la dictadura, estuvo la reciente salida del general Christián Franzani, Jefe de Orden y Seguridad.
En el Ejército, el Comandante en Jefe, Ricardo Martinez, se reunió con 900 oficiales en el Aula Magna de la Escuela Militar, y también realizó otro encuentro con suboficiales, revelando en su alocución que hay oficiales que trafican armas para bandas de narcos, y pidió defender con dientes y muelas el sistema previsional de las FF.AA. Al concurrir a la Comisión de Defensa de la Cámara, dijo que impulsaría una reflexión en el Ejército sobre lo ocurrido en los últimos 50 años, y que un Ejército no puede ser considerado ni de derechas ni de izquierdas.
El presidente del PC, Guillermo Teiller, quien no compartió que se le pidiera renunciar por sus dichos, apoyó y pidió ser partícipes del proceso de reflexión, desde el asesinato de Schneider, los actos de corrupción de hoy, pasando por el golpe de estado, la presencia de militares en el gobierno de Allende, las violaciones a los derechos humanos, porque es necesario cambiar la idea que la derecha es la única que tiene cercanía con el Ejército.
La crisis en las FF.AA. cursa cuando emerge en el país un sector fascista-pinochetista, que aprovecha los errores del gobierno para llevar agua para su molino, y que está presente y actúa al interior de las FF.AA. y Carabineros. Este sector se ha manifestado en la candidatura presidencial de José Antonio Kast, que obtuvo un 8% en las elecciones, y la constitución de su partido Acción Republicana; en la derechización de Chile Vamos, reconocida por ellos mismos; en la agresiva conducta del sector derechista del mundo evangélico; en la ofensiva de impunidad para los violadores de derechos humanos, las entrevistas y el lanzamiento del libro de Alvaro Corvalan; los saludos al triunfo del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil. El hecho más grave fue el homenaje a Miguel Krassnoff Marchenko en la Escuela Militar, que confirma que en las FF.AA. permanece la ideología pinochetista debido a que no se modificó su sistema de financiamiento, no se prohibieron las fotos de Pinochet en los recintos militares, no se modificó la enseñanza de los jóvenes cadetes. Solo se iniciaron débiles e insuficientes reformas, que están a medio camino.
Llamar a retiro al Director de la Escuela Militar y al hijo de Krassnoff no es suficiente. La Doctrina de Seguridad Nacional debe ser erradicada, y deben establecerse, como en todo el país, ramos y cátedras sobre memoria y derechos humanos, y otras medidas que castiguen la apología de la dictadura.
La historia enseña que las condiciones para la emergencia del fascismo aparecen cuando un régimen capitalista percibe una amenaza para su estabilidad, al enfrentar al ascenso de la lucha popular. Se genera entonces una ruptura de los sectores de clase dominantes con sus representantes políticos tradicionales, y se buscan fórmulas y/o figuras políticas que les permitan mantener su orden y ganar tiempo para reorganizarse políticamente y crear una fuerza y un liderazgo político más duradero y seguro.
En Chile en los años 60, como respuesta al ascenso del movimiento popular, surgieron organizaciones fascistas y paramilitares como Patria y Libertad, el Comando Rolando Matus y otros que, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, impulsaron la violencia terrorista y la desestabilización que finalmente desembocó en el golpe de estado y en la dictadura militar.
Por eso la consigna del No Hasta Vencer que planteó el PC en 1988 conserva plena vigencia, pues la mantención de la Constitución de 1980, y la persistencia de los esfuerzos para lograr la impunidad, exigen avanzar a una democracia plena, con una nueva Constitución.
Más lucha y unidad
En la oposición crece la tendencia a la convergencia, pero se mantiene la conducta de un sector de la ex Nueva Mayoría a restarse de este proceso, particularmente en el caso de la DC y el PR. En opinión del PC, son partidos que han elegido una especie de camino propio que muchas veces no permite que el conjunto de la oposición pueda ponerse de acuerdo, y actuan apoyando al gobierno.
Los comunistas sostienen reuniones con todos los sectores, con el objetivo de construir una correlación que derrote a la derecha y a la oligarquía, y establezca un camino democrático sin regresiones, hacia un Estado de derechos y una nueva Constitución Política. En ese camino se van obteniendo avances, como la constitución de una coordinación conformada por el PC, el PRO y el FRVS, que impulsan la unidad amplia de la oposición.
En ese sentido, resalta la decisión del PC de levantar una candidatura presidencial propia que iría a primarias del conjunto de la oposición, lo que reafirma la actitud de independencia política del Partido frente a la persistente actitud obstruccionista de la unidad desde el mismo sector que ayudó al triunfo de Piñera, y puede ser un factor contribuyente a la amplia unidad opositora que se necesita para derrotar a la derecha.
También como parte de este camino, cobran mucha relevancia los trascendentales logros que surgen desde las comunas conducidas por alcaldes comunistas. Entre otros muchos, es el caso de la Desaladora Popular de La Ligua, el Centro de Diálisis y las iniciativas a favor de los adultos mayores en Diego de Almagro, así como las realizaciones impulsadas por el alcalde Daniel Jadué de Recoleta, entre ellas la Farmacia y la Optica Popular, los programas Salud en tu Barrio y Escuela Abierta, y recientemente la Universidad Abierta.
La envergadura de estas realizaciones son una contribución al buen vivir de la ciudadanía de esas comunas, y al mismo tiempo, al salirse del acotado esquema del modelo neoliberal, marcan una perspectiva llena de desafíos en la lucha por transformaciones democráticas y de justicia social en todo el país, más aún cuando la próxima medición político-electoral son las elecciones municipales y de gobernadores regionales.
¿La historia se repite?
Cuando llegó Piñera al gobierno en 2010, fue incapaz de hacerse cargo de las demandas populares y de deshacer sus ataduras con la dictadura de Pinochet, y en poco tiempo se produjeron cambios políticos significativos que condujeron al triunfo de la Nueva Mayoría.
Transcurrid0 casi un año del actual gobierno, todo apunta a que nuevamente prime en la derecha su carácter reaccionario y antipopular, opuesto al cambio, y defensora de un pasado injusto.
Con vistas al desafío de la izquierda y los sectores progresistas y democráticos del país, de desplazar a la derecha del gobierno, importa revisar críticamente las experiencias históricas recientes, y en particular la equivocada tesis del sector conservador de la oposición sobre la legitimidad de la alternancia en el gobierno con las fuerzas políticas de derecha.
Los sectores oligárquicos han controlado por décadas el gobierno, el Parlamento, los órganos de justicia, las FF.AA., los medios de comunicación, a través de alianzas derechistas o con otros sectores políticos que también están por mantener el sistema. Surgen así caras nuevas y cambian las fuerzas políticas en el gobierno, pero sin cambiar lo sustancial del sistema político y económico. Sin embargo, cuando los candidatos presidenciales de las fuerzas democráticas y progresistas ganan las elecciones y/o se mantienen en el gobierno por más de un periodo, la derecha los acusa de dictaduras que se eternizan en el poder, como con Evo Morales en Bolivia, y Rafael Correa en Ecuador.
En los años 90 y parte de la década del 2000, los partidos de la Concertación cogobernaron con la derecha, y la alternancia en el gobierno llegó a considerarse un hecho normal, en el marco de un cierto equilibrio global en el ejercicio del poder. Por eso, al triunfar Piñera el 2009, algunos dirigentes de la Concertación hablaron de una “afortunada” expresión de alternancia. Boeninger, por ejemplo, estaba más preocupado de neutralizar la llegada de los comunistas al Parlamento. A comienzos de 2017, Guillermo Garretón declaró que prefería perder en las elecciones, a ganar para no saber qué hacer en un país complicado, y Nicolás Eyzaguirre afirmó que el triunfo piñerista era “símbolo de madurez de la democracia”.
En cambio, el empeño transformador del gobierno de la Nueva Mayoría debió enfrentar la oposición desestabilizadora de la derecha y los poderes fácticos del gran empresariado y las transnacionales, al igual que en otros países de América Latina en que gobiernan o han gobernado fuerzas progresistas y de centroizquierda.
La conclusión es que es plenamente legítimo y democrático que las fuerzas progresistas y de izquierda que han logrado articular una mayoría político-electoral y ganar el gobierno, se planteen como objetivo ser también mayoría en el Parlamento y en la generación, composición y funcionamiento de todos los organismos e instituciones del Estado.
Presentar este objetivo como totalitario y antidemocrático es una actitud engañosa, pues las fuerzas políticas que representan al gran empresariado normalmente han detentado o detentan la totalidad del poder estatal.
Breve anexo
Los hechos acontecidos entre diciembre y marzo de 2019 confirman las tendencias antes señaladas.
Después del fracaso del plan intervencionista del 23 de febrero en Venezuela, aumentó el rechazo a la injerencia externa y el respaldo a la idea del diálogo y solución política. El Grupo de Lima debió declarar el 25 de febrero que la vuelta a la democracia «debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el amparo de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos y sin el uso de la fuerza».
Además, queda más claro que la situación de crisis en ese país se intensifica con el bloqueo y la desestabilización impuesto por Estados Unidos, que incluye ahora acciones de sabotaje y terrorismo al sistema eléctrico, y el intento de coordinación institucional de los gobiernos derechistas de la región a través de la reunión realizada en Santiago para instalar el Prosur.
Por otra parte, el gobierno de Piñera se esfuerza por llevar adelante sus contrarreformas tributaria, previsional, laboral, intentando reeditar su fracasada agenda de diálogo con los partidos opositores. Respecto del proyecto de reforma del Código de Aguas, prepara una indicación sustitutiva que cede los derechos de agua a perpetuidad, desvirtuando el sentido del proyecto en discusión en el Congreso. Sobre los aluviones en el norte y los incendios forestales en las zonas centro y sur del país, la reacción del gobierno fue tardía, privilegiando Piñera su agenda intervencionista en Venezuela.
Se agrava la crisis en las FF.AA. y de Orden, sin que el gobierno ataque el fondo del problema, que requiere cambios que reestructuren el funcionamiento de las FF.AA., erradiquen la Doctrina de Seguridad Nacional y subordinen los institutos armados al poder civil.
Todos estos hechos hacen crecer el repudio al gobierno. La encuesta Cadem de la tercera semana de marzo ha registrado la cifra de desaprobación más alta del mandato de Piñera: un 50% de los chilenos desaprueba la gestión de Piñera y solo el 37% la aprueba. Es ilustrativa también la pifiadera masiva a Piñera en el Estadio Nacional durante el concierto de Paul Mccartney.
Pero sin duda lo más distintivo del último tiempo ha sido la explosión de movilizaciones sociales del mes de marzo, la primera de las cuales fue la multitudinaria conmemoración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, tanto en Santiago como en regiones, caracterizada por su amplitud y por su diversidad social y política. Junto a ello se han desarrollado movilizaciones de pobladores reclamando el derecho a una vivienda, una gran manifestación del pueblo mapuche en Temuco, está en desarrollo el Congreso Nacional de los Usuarios de la Salud, el 24 de marzo se realizó en Santiago un gran concierto por la paz y contra la injerencia extranjera en Venezuela, convocado por artistas y organizaciones juveniles, y el 31 de marzo una nueva y gran movilización contra las AFP.
También han sido hechos destacados la carta del senador Huenchumilla al PDC, en la que pide que ese partido se defina claramente como partido opositor al gobierno (Emol, 2 marzo). La Junta Nacional de la DC, realizada posteriormente, ratificó su condición de partido opositor, pero “con vocación de diálogo”. El Frente Amplio por su parte anunció de delinear criterios programáticos básicos para articular la coordinación con la ex Nueva Mayoría.
Estos hechos configuran la perspectiva de un cambio de calidad en la lucha de los sectores populares y en el accionar opositor.
El presidente del PC ha declarado que estamos más optimistas que hace tres meses en relación a la convergencia opositora: hubo acuerdo para la presidencia de la Cámara, que ahora tiene contenido político, hay una suerte de frente común ante el proyecto tributario, y se está llegando a consensos respecto a la reforma de pensiones.
