por Roberto Pizarro.
¡Cómo han cambiado los tiempos!
Hasta hace poco, con la autoridad de las palabras del presidente Ricardo Lagos, se sostenía que las instituciones funcionaban. Era una suerte de afirmación republicana.
Con el retorno a la democracia se creía que nuestro país volvería a una completa normalidad. No ha sido así. Ahora, todo se vino abajo, y de forma acelerada. Las instituciones ya no funcionan y varias se han corrompido.
En estos días, le correspondió al Instituto de Estadísticas y Censos (INE). Nadie imaginó que las estadísticas también podían ser objeto de corrupción.
Los demócratas no evaluamos, en toda su dimensión, la trascendencia que tendrían las arbitrariedades de Pinochet.
Los 17 años de dictadura habían cambiado completamente el país. Tampoco, se entendió que el neoliberalismo trascendía lo estrictamente económico y tenía una ineludible dimensión cultural, con el predominio del sálvese quien pueda. El interés individual había dejado en el olvido la solidaridad que caracterizó a nuestra sociedad en el pasado.
Pocos imaginaron que el pinochetismo nos heredaría la deshonestidad, la corrupción y el engaño, y que se instalarían como componentes de la vida cotidiana.
Nos equivocamos. Los demócratas, aceptamos las condiciones que el pinochetismo impuso a la transición; la Constitución de 1980, entre otras cosas. Ahora estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando con la permanencia de un sistema económico concentrador y lleno de desigualdades, pero también con la generalización de la corrupción y el deterioro de las instituciones republicanas.
Las privatizaciones truchas de la dictadura favorecieron el enriquecimiento de un nuevo tipo de empresarios. José Yuraseck, Julio Ponce Lerou y Roberto de Andraca, se sacaron la lotería con las compras a precio vil de las empresas públicas, gracias a sus vínculos familiares y a servicios oscuros prestados a Pinochet. Yuraseck se quedó con las empresas eléctricas, Ponce Lerou se apropió de Soquimich y De Andraca se quedó con la Compañía de Aceros del Pacífico (CAP).
De empleados públicos pasaron a ser jerarcas de las principales empresas del país. Nace así una lumpen burguesía, similar a la que ha enriquecido en Rusia y en China gracias a sus oscuras relaciones con el poder político.
La Concertación no quiso, no está claro si por temor o negligencia, cuestionar las privatizaciones tramposas. Y tampoco se atrevió a modificar el sistema de las AFP y de las Isapres, negocio capturado por nóveles empresarios inescrupulosos, como los dueños de Penta.
Aceptamos ese sistema y no exigimos, desde la primera hora, modificar ese atraco a ancianos y enfermos que significaban estos mecanismos financieros.
Algunos dicen que la Constitución y el sistema binominal lo impedían. Otros, especialmente a los economistas, no les disgustaban las AFP e Isapres y, en general, se mostraban contentos con el sistema económico que habían instalado los Chicago boys, con el apoyo de las armas de Pinochet.
Ello explica que el exministro de Hacienda Eduardo Aninat, y miembro del Cieplan, no tuviera complejo alguno en asumir la presidencia de la asociación de Isapres. Como tampoco la tuvieron otros exministros y superintendentes de la Concertación que se incorporaron a los directorios de Isapres y AFP´s.
La captura de economistas y políticos por las grandes empresas se extendió a la banca y a otras actividades.
Los vasos comunicantes entre política y negocios han dañado la política y han acentuado la corrupción del empresariado.
Más grave aún, ha sido el financiamiento ilegal de la política (incluidas facturas falsas) y las iniciativas empresariales para obtener leyes favorables a sus negocios. Aquí aparece, en primer lugar, el yerno de Pinochet, Ponce Lerou y también los dueños de Penta.
Y, como en el mundo económico hay que competir, aunque sea de manera desleal, se agregó la corruptela de empresarios tradicionales, como los de Corpesca, del Grupo Angelini, entre otros.
Los primeros financiaron campañas políticas, pagaron gastos corrientes de algunos partidos y también entregaron recursos a fundaciones ligadas a la política. El grupo Angelini y otros empresarios, ligados a la pesca, financiaron parlamentarios para conseguir una legislación que los favoreciera.
Así las cosas, la imagen de políticos y empresarios inicia su deterioro. Pero, aumenta su gravedad, con la extensión a otras instituciones.
En efecto, el Sistema de Impuesto Internos (SII) opta por no querellarse contra aquellos que financiaron la política y eluden impuestos, mediante facturas falsas. Sobornos y fraude al Fisco y sin embargo no hay querellas o, en otros casos, el tiempo pasa y hay sobreseimiento.
El SII, que tuvo gran valoración nacional y reconocido prestigio internacional, ha caído en la más completa de las desgracias.
El sálvese quien pueda neoliberal, junto a la corrupción de empresarios y políticos, se ha convertido en una avalancha que ha arrastrado a las instituciones armadas, hasta ahora el Ejército y Carabineros.
El denominado caso Milicogate involucra, a la fecha, a 584 militares. Compromete a los altos mandos en fraudes con la Ley Reservada del Cobre para la compra de armas, así como el desfalco de fondos mediante la compra irregular de pasajes para viajes, entre otras trampas.
El Pacogate, descubierto más tarde, ha sido calificado como “el caso más grande de fraude al fisco” en la historia del país: donaciones que nunca llegaban a destino, regalos a funcionarios, dineros extraviados, favores personales y una serie de actos de corrupción. La investigación ya cuenta con más de 130 uniformados imputados.
La corruptela militar y de Carabineros es muy grave e inédita en el país. Por años, Carabineros había sido la institución más valorada de Chile. Se ha ido a pique en el respaldo ciudadano debido a los fraudes, junto a la falsificación de pruebas para inculpar a mapuches en delitos y al lamentable caso del asesinato del comunero Camilo Catrillanca.
Pero esto sigue. Para que hablar de la iglesia y los evangélicos, cuya corruptela tienen particularidades nacionales, pero sobre todo una dimensión global.
Sin embargo, lo que no podemos eludir es la corrupción en el Poder Judicial.
Tres jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua están siendo investigados por tráfico de influencias en favor de familiares, junto a prevaricación en los casos de un médico, negociante de psicotrópicos y de un narcotraficante.
Sin embargo, la fiscalía denunciante, entra en crisis y los fiscales Moya y Arias inician demandas cruzadas, cuestionando sus respectivos comportamientos en los casos Caval y sobre carabineros en Operación Huracán.
Y, ahora, la falsificación de datos del IPC en el INE agrega un desastre más al que significó el censo del 2012.
La alteración de las cifras del IPC afecta a todas las unidades económicas del país y sobre todo coloca en cuestión la credibilidad del INE. Gravísimo, ya que nuestras autoridades, así como empresarios y economistas siempre han sido autocomplacientes con las cifras macroeconómicas, el buen crecimiento y la baja tasa de inflación.
Ahora, con la alteración de los datos, crecerá la incertidumbre. Las estadísticas fueron corrompidas por funcionarios corruptos.
El sabotaje informático tiene un objetivo incierto. Lo dice el ministro de Economía, ese que no lee novelas. Pero, según algunos, se trataría del interés de algunos funcionarios del INE por complacer las expectativas del mercado y reducir así los cuestionamientos ya estaba siendo criticado por las cifras de empleo.
Grave.
Cuando los funcionarios del sector público no mantienen su independencia y se subordinan a los operadores del mercado le hacen un flaco favor al Estado y al país.
Las instituciones no funcionan en el Chile actual. La dictadura militar no había sido un interregno, sino ha modificado los fundamentos de nuestra sociedad.
La democracia no ha sido capaz de reponer las instituciones republicanas. No funcionan o están en crisis profunda y la política no ha sido capaz de recuperarlas.
El INE es una prueba más de ello.
Fuente: Pressenza
