El Colmo de los Tiempos Mejores: Piñera Sube las Contribuciones y No Paga las de su Casita del Lago

En países normales, desde el punto de vista de la democracia, por mucho menos han echado a presidentes. Resulta que una de las primeras medidas de su gobierno Piñera rebajó las contribuciones de los sectores acaudalados, e incrementó en la misma medida, las de sectores medios.

Lo que no se sabía entonces, es que Piñera, en virtud de su ojo clínico para detectar oportunidades y resquicios jamás ha pagado contribuciones por su predio de veinte hectáreas en el lago Caburga, o más bien lo ha hecho de modo simbólico, y en todo caso encubierto.

El 1° de enero de 2018, en las postrimerías del gobierno de bachelet, el Servicio de Impuestos Internos fijó en $33.264.460 el monto de avalúo exento de Impuesto Territorial para los predios no agrícolas destinados a la habitación, y en $180.149 el monto de la exención de pleno derecho para los predios no agrícolas, a que se refieren los incisos segundo y cuarto del artículo 2° de la Ley N° 17.235, respectivamente.

De otra parte, fijó en $118.801.629 el monto señalado en la letra c) del artículo 7° de la Ley N° 17.235, para las propiedades no agrícolas destinadas a la habitación.

No bien pisó el La Moneda el gobierno de Sebastián Piñera rebajó los cambios a las contribuciones de los bienes raíces no agrícolas que realizó la administración de Michelle Bachelet a través de un decreto supremo en enero pasado.

El lunes 2 de abril, el ministro de Hacienda Felipe Larraín anunció con bombos y platillos la medida, ocasión en que subrayó que ella iba principalmente en beneficio de la clase media.

Así, rebajó el 9,75% propuesto por Bachelet a un 9,33% (es decir, en un 0,42%) la tasa que deben pagar el tramo de viviendas cuyo avalúo se ubique entre $33 y $118 millones, mientras que se rebajó de un 1,138% a 1,088% (es decir, un 0,5%) el porcentaje a pagar por las viviendas que superan el último monto.

La razón por la cual esta medida beneficia a quienes más tienen está relacionada con las tasas que debía pagar cada tramo en la propuesta de la Nueva Mayoría en contraste con la decisión del gobierno.

Con las tasas propuestas con Bachelet una casa avaluada en $45 millones debía pagar $115.050 y con la de Piñera $110.094, es decir, se ahorra casi 5 mil pesos.

En contraste, el beneficio aumenta para las propiedades con mayor avalúo: en el caso de una propiedad cuyo monto alcance los $500 millones, con la propuesta de la Nueva Mayoría pagaría $8.891.959, y con la del gobierno, $8.505.188, es decir, se ahorrará $386.770.

Pero eso no es todo ni lo principal.

La medida del gobierno cambió el criterio para establecer el avalúo fiscal, el cual consideró el comportamiento del mercado inmobiliario; la inversión pública; la infraestructura vial y el uso del suelo; entre otros aspectos.

El balance neto es que un millón 200 mil nuevos pequeños y medianos propietrarios deberá pagar contribuciones.

Las contribuciones se pagan cuatro veces al año, en abril, junio, septiembre y noviembre, y aplican tanto para predios agrícolas como no agrícolas.

Los fondos que se recaudan se distribuyen de la siguiente forma: entre el 35% y 40% de los fondos obtenidos van para la municipalidad correspondiente, y el porcentaje restante va directo al Fondo Común Municipal (FCM), que es la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos.

En cálculos del diputado Giorgio Jackson, la fórmula del gobierno de Piñera le va a costar US$190 millones al año, a los municipios más pobres, por concepto de menores ingresos.

O sea, la característica finta de Piñera: con la izquierda, simula beneficios para los sectores medios, y con la derecha, rebaja los ya de suyo menguadísimos impuetos que pagan los supermillonarios del país, incluyendo, por de pronto, al propio autor de la medida.

La medida fue objeto de acerbas críticas de la oposición.

El alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC), señaló:

«Con esta decisión, el gobierno vuelve a transitar por el camino de profundizar las insoportables asimetrías que los municipios más pobres”.

El el diputado Giorgio Jackson (RD), replicó:

“No es cierto que esta medida vaya en ‘beneficio directo de la clase media o jubilados’, sino que favorece con creces a los sectores más ricos del país“.

«La recaudación de 2017 permitió a municipios contar con US$1.900 millones, recursos que en su mayoría se destinaron al Fondo Común Municipal (FCM). Por eso, al reajustar las tasas justo lo necesario para que el aumento fuera un 10% más, la recaudación para municipios –sobre todo los más pobres– aumentaría en aprox US$190 millones”, agregó.

A su turno, el presidente de la DC, diputado Fuad Chahín, comentó:

“El Presidente es un zarracatín, una persona que está acostumbrada a estar ahí en el límite, de sacar pequeñas ventajas. Me parece simplemente una picantería lo de Caburgua y estas trampitas para no pagar las contribuciones. No tiene ninguna necesidad de hacerlo“.

Pero más allá de estas críticas, Piñera estaba pasando piola con el cambio del cálculo de las contribuciones, obviamente un globo sonda, un ensayo general, de la contra-reforma tributaria hasta que una denuncia de Patricio Herman, presidente de la organización Defendamos la Ciudad reveló que Piñera jamás ha pagado contribuciones por su predio en el lago Caburga, tema desplegado por el periódico electrónico El Dínamo.

La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, farfulló las habituales explicaciones y justificaciones de la conducta predadora de Piñera; en este caso, el pasmoso bulo de que la casita del lago de Piñera, no paga contribuciones, porque todavía no tiene el certificado de recepción de obras municipal:

«El Presidente lleva años haciendo todos los trámites de regularización de la propiedad frente a la Municipalidad de Pucón».

«Se ha ido avanzando con los proyectos individuales, como el del alcantarillado, el agua potable, y todavía falta el proyecto de gas para poder obtener la recepción definitiva de esta vivienda», precisó.

Con imperturbable cara de palo, agregó:

«Cuando se obtenga esta recepción definitiva, entonces recién se pueden comenzar a pagar las contribuciones».

Es más, concluyó con su mejor estolidez:

“Faltan algunos trámites para realizar la recepción municipal, por lo que, cuando ello ocurra, se pagarán las contribuciones con efecto retroactivo”.

O sea, la ministra pretende hacernos creer que Piñera, la pistola más rápida del mercado financiero, se ha tomado 30 años para regularizar la situación fiscal de su predio vacacional favorito.

Cuesta entender por qué, con una fortuna calculada en US$2.500, Piñera recurre a estas pilatunadas, que le pueden salir muy caras políticamente, como ciertamente es el caso, para ahorrarse unas cuantas monedas.

Según Herman, la propiedad obtuvo su primer permiso de construcción el año 1988, por una superficie de 698 metros cuadrados, el que se amplió en 2003 para 228 metros cuadrados adicionales.

Agregó:

«Si bien es cierto se han tramitado estos permisos, falta lo más importante de todo, que es el certificado de recepción final de la obra; por lo tanto, esa es una magnífica vivienda clandestina“.

Más allá de la arrogante jactancia del partido del orden, el sistema de democracia representativa limitada que impera en el Chile de la república neoliberal, es tan débil e incompleto, iunque no tiene un mecanismo que permita revocar el mandato de autoridades que saquen partido de la ley para su propio beneficio, como hace Piñera con tanta frecuencia como inimitable destreza.

Casa en Caburgua: el lío con las contribuciones que Piñera arrastra hace casi 30 años

por Camilo Carreño

El 2 de abril de 1993, el por esos días senador Sebastián Piñera inscribió a su nombre una propiedad de 20 hectáreas a las orillas del Lago Caburgua, en la Región de La Araucanía.

El terreno fue adquirido de manera oficial el 21 de abril de 1989 a raíz de una compra de derechos hereditarios acordada en 1987, y actualmente funciona como uno de los lugares de descanso que el Presidente posee en Chile.

En febrero, esta propiedad generó controversia a raíz de la concesión marítima de 800 m2 que en ese lugar consiguió Piñera, tramitación que comenzó en 2011 durante su primer gobierno. Todo esto, con el apoyo de diversas autoridades subordinadas a La Moneda y al Ministerio de Defensa que lideraba el senador Andrés Allamand (RN).

Por los cientos de metros cuadrados construidos en 20 hectáreas de terreno, Piñera paga cerca de 500 pesos en contribuciones. Por su lado, la ex Presidenta Michelle Bachelet posee un sitio de 5 hectáreas, con construcciones «clandestinas», por el que paga cerca de $80 mil.

Pero esta no es la única polémica.

Según pudo comprobar El Dínamo, a raíz de una consulta a la Dirección de Obras Municipales de Pucón (DOM), el terreno de 200.000 m2 ha accedido a cuatro permisos de edificación otorgados a nombre de Piñera. Sin embargo, ninguna de estas autorizaciones tramitó la Recepción Definitiva de obras lo cual ha impedido el avalúo del Servicio de Impuestos Internos. Con esto, se configura una evasión de contribuciones que se arrastra por cerca de 30 años.

Permisos de edificación

El primer permiso de edificación se otorgó el 11 de agosto de 1988, a raíz de una autorización de la Seremi Minvu de la IX Región. En dicho documento, se especifica que la superficie del inmueble que se pretendía construir corresponde a 698 m2 y que el arquitecto a cargo sería Cristián Boza Díaz, conocido amigo de Piñera.

En 1994, se otorgaron otros dos permisos. El primero, del 11 de noviembre, tuvo por objeto la regularización de 24,35 m2 de construcción. El 6 de diciembre, en tanto, se otorgó un certificado para la edificación de un nuevo inmueble de 217,5 m2.

El permiso más reciente corresponde al 26 de septiembre de 2003, y consiste en una “modificación-ampliación” de 228,19 m2, el cual, de forma errónea, cataloga la propiedad como “urbana”, siendo que es “rural”, tal como ratificó la DOM de Pucón.

Construcciones no regularizadas

Junto con la existencia de los permisos de edificación, El Dínamo pudo comprobar que ninguno de los inmuebles emplazados en la propiedad de Piñera cuenta con la Recepción Definitiva, trámite administrativo que es de exclusiva responsabilidad del propietario y que la ley exige para que las construcciones puedan ser habitadas.

Sin esto, la edificación puede ser catalogada como “clandestina”.

Así fue informado por la propia DOM de Pucón a raíz de una solicitud vía Ley de Transparencia realizada por El Dínamo (ver documento adjunto).

En concreto, según el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), “ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total”.

En tanto, respecto de las sanciones asociadas a esa irregularidad, el inciso final del mismo artículo añade:

“Sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20°, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el Alcalde, a petición del Director de obras Municipales”.

Mientras que el citado artículo 20 indica:

“Toda infracción a las disposiciones de esta ley, a su ordenanza general y los instrumentos de planificación territorial que se apliquen en las respectivas comunas, será sancionada con multa, a beneficio municipal, no inferior a un 0,5% ni superior al 20% del presupuesto de la obra, a que se refiere el artículo 126 de la presente ley. En caso de no existir presupuesto, el juez podrá disponer la tasación de la obra por parte de un perito o aplicar una multa que no será inferior a una ni superior a cien unidades tributarias mensuales”.

“Todo lo anterior es sin perjuicio de la paralización o demolición de todo o parte de la obra, según procediere, a menos que el hecho sea constitutivo de delito o tenga una sanción especial determinada en esta ley o en otra. La municipalidad que corresponda, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo respectiva o cualquier persona podrán denunciar ante el Juzgado de Policía Local correspondiente, el incumplimiento de las disposiciones aludidas en el inciso anterior. La denuncia deberá ser fundada y acompañarse de los medios probatorios de que se disponga”, se agrega.
Desactualización del avalúo fiscal

En su declaración de Patrimonio e Intereses, el Presidente Piñera informa respecto de su propiedad en Caburgua, la cual, como se señala en los permisos de edificación, posee el ROL 132-8 de Pucón.

Según los registros del SII, el terreno de 20 hectáreas que posee diversos inmuebles de varios cientos de metros cuadrados, está avaluado en un total de $12.482.329 (primer semestre de 2019). Además, el monto que se considera para el pago de impuestos/contribuciones, es de $255.844.

La evidente desactualización del avalúo fiscal, y por lo tanto del monto que debería pagar Piñera por su lugar de veraneo, se debe a que el SII no ha conocido formalmente de las nuevas construcciones instaladas en el lugar. Esto, ya que nunca se otorgó la Recepción Definitiva.

Prueba del desfase en la información que posee el SII, es que en los antecedentes que registra del bien raíz aún aparece como titular la antigua propietaria, cosa que se repite en los registros que maneja la Tesorería General de la República.

A juicio del arquitecto Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, “estamos ante una situación en extremo bochornosa, demostrativa del desorden existente en la institucionalidad de Vivienda y Urbanismo, lo que debe hacer recapacitar con urgencia no solo al ministro Cristián Monckeberg del ramo, sino a todos aquellos ministros, partiendo por el de Bienes Nacionales, Felipe Ward y de Agricultura, Antonio Walker, que se relacionan directamente con la materia”.

Contribuciones de 500 pesos

Según los registros disponibles en la plataforma digital de la Tesorería General de la República, entre 2009 y 2017 figuran cerca de 40 pagos de contribuciones asociados a la propiedad del Presidente en Lago Caburgua (ROL 132-8).

El último de estos corresponde al 30 de noviembre de 2017 por $531. Igual monto que se repite en el pago de septiembre del mismo año y que no varía significativamente en los periodos anteriores.

El pago más alto se registra en diciembre de 2016, ocasión en el que Mandatario tuvo que desembolsar poco más de $10 mil.

Revisa aquí la copia de la inscripción de la propiedad y el certificado de vigencia: