Corrupción Extrema, Grosera e Impune: Sodoma, Gomorra… y Rancagua

En Rancagüa, si los corruptos volaran, no se vería la luz del sol. No se salva nadie. Ni curas ni prelados; ni policías ni militares; ni políticos ni empresarios; ni funcionarios públicos ni alcaldes, y lo que es peor, ni jueces ni fiscales.

En las últimas dos décadas, en Rancagua ha acontecido tal cúmulo de delitos e irregularidades de connotación pública, que bien podría ser designada como capital de la corrupción, si a algún listillo se le ocurre proponer ese dudoso premio.

La serie, al menos la que ha alcanzado estado público, se inicia por allá por 1995, con el pago de coimas a destajo para favorecer a la empresa KDM; luego, en 2002; vino el escándalo de las plantas de revisión técnica, conocido como caso coimas, que terminó con la carrera política de los entonces diputados Cristián Pareto y Jaime Jiménez, de la DC, y Víctor Manuel Rebolledo, sin perjuicio de que el diputado Juan Pablo Letelier estuvo encarcelado por casi dos meses, por recibir 18 millones de pesos de parte de un empresario, supuestamente a cambio de gestiones para evitar el revocamiento del permiso de la escuela de conductores Siglo 21 de Rancagua.

Las investigación de esas redes de corrupción condujo poco después a la madre de todos los casos de corrupción del período concertacionista, el caso MOP-Gate, durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el que, de capitán a paje, partiendo por el propio ministro de Obras Públicas, tenían metidas las manos, incluyendo, nuevamente, al hoy senador Juan Pablo Letelier, quién vuelve a emerger en la polémica actual, a propósito de antecedentes, entre ellos, una foto, que lo vinculan a los tres ministros prevaricadores, separados de sus cargos y sometidos a investigación.

Suma y sigue

A continuación vinieron el estallido de los curas pedófilos con su ángulo más grave: el pequeño Cottolengo, en el primer gobierno de Bachelet; las irregularidades en Chiledeportes – nuevamente con Letlier involucrado- y, por cierto, el bullado caso Caval, que a través del ex síndico, Hermann Chadwick Larraín, sobrino del actual Ministro del Interior, presenta conexión con los escándalos actuales que sacuden al ministro Emilio Elgueta y al Fiscal Regional, Emiliano Arias.

Letelier vuelve a ser mencionado en el engaño a los comité de allegados y abuso con trabajadores contratistas.

Luego, comparece la trama gay que involucra al alcalde, Eduardo Soto, el mismo que hoy es investigado por una malversación por varios miles de millones de pesos.

A reglón seguido, emerge la red de pedofilia vinculada a la iglesia católica local; y por si fuera poco, acaban de estallar las irregularidades en el poder judicial local y la red de corrupción y favores donde, aparecen mencionados el senador socialista local y nada menos que -otra vez- el fiscal Abbott, quien acaba de remover del caso de los ministros de la Corte de Apelaciones, al fiscal regional, Emiliano Arias.

Las acusaciones de su subalterno, Sergio Moya, sugieren seguir este caso con atención, pues cuando alguien patea el avispero, lo normal es el sálvese quien pueda.

A cambio de impunidad, o ventajas procesales, mucha información puede pugnar por salir.

El problema, es que ya no se puede confiar ni en jueces ni fiscales.

Por mucho menos, en tiempos bíblicos el Señor destruyó por el fuego las capitales del pecado, Sodoma y Gomorra.

Amén.

Desastre en Rancagua: indagan a fiscal regional por corrupción y emergen redes UDI y oposición

por Jorge Molina Sanhueza, Erik López

El fiscal Sergio Moya soltó una bomba de racimo, en entrevista exclusiva con Radio Bio Bio. Denunció a su superior jerárquico, Emiliano Arias, por delitos contra la probidad e intentar proteger al gobierno de Sebastián Piñera, tratando de rebajar la condena, en el marco del caso Caval, al síndico Herman Chadwick, pariente del ministro del Interior, Andrés Chadwick.

No fue todo. Indicó que Arias intentó evitar la formalización del ministro de la Corte rancagüina Emilio Elgueta.

Además de lo anterior, que el abogado UDI del Ministerio del Interior, Luis Hermosilla, pero en su calidad de litigante particular, se reunió con Arias y él, en el marco de la investigación por malversación por varios miles de millones de pesos que enfrenta el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto.

En dicho encuentro, el fiscal regional le habría indicado que debía tener un trato preferencial con el profesional.

A raíz de estos hechos, que Moya puso en conocimiento del fiscal Nacional Jorge Abbott, la causa le fue quitada a Emiliano Arias y enviada al Ministerio Público Sur.

Producto de las indagatorias llevadas adelante por Moya, también se descubrió un hecho relevante en materia de relaciones políticas que podrían haber influido en la corrupción de los jueces de Rancagua.

Es así:

Elgueta fue compañero de universidad del ex ministro de Justicia, el PRSD José Antonio Gómez, quien además tuvo influencia en el nombramiento de una serie de magistrados y notarios. No es todo. Gómez vive en un condominio en La Reina, donde hay cuatro casas.

En una vive él. En otra su hijo. Otra pertenece a la expresidenta Michelle Bachelet y otra al matrimonio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon. Guinda de la torta: Gómez y Elgueta, son masones.

Inédita investigación

El fiscal Sergio Moya, abrió una investigación por el delito de tráfico de influencias en contra del fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, como también ocultamiento de antecedentes y obstrucción a la investigación.

Eso sin contar la existencia de una decisión de Arias, respecto de una arista del caso Caval, donde fue condenado el exsíndico Herman Chadwick Larraín, para proteger al actual gobierno de Sebastián Piñera.

En medio de todo está la UDI, la oposición y también la Masonería.

La información, entregada por el propio Moya en exclusiva a Radio Bío Bío, se conoce a un día de que el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, resolviera quitarle la indagatoria a Emiliano Arias y enviarla al Ministerio Público Metropolitano Sur.

Escuche la entrevista íntegra:

La decisión del perseguidor penal se enmarca dentro de la indagatoria de la corrupción judicial en el Poder Judicial rancagüino, en particular con la demora -por parte de Arias- en pedir la formalización del ministro del tribunal de alzada de la Sexta Región, Emilio Elgueta.

Según el perseguidor, Arias bloqueó en varias oportunidades dicha solicitud para formularle cargos al magistrado, pero atendido lo irregular de la situación, desobedeció e hizo la petición al tribunal de garantía correspondiente. Por esto Elgueta será imputado el próximo 26 de abril por ilícitos contra la probidad.

“Yo solicité en varias ocasiones, el pronunciamiento de mi superior jerárquico Emiliano Arias para pedir la formalización de Emilio Elgueta. Esa decisión se fue postergando por algunas semanas. No se me decía que sí ni que no.Yo tomé la decisión de pedir la formalización sin esperar el consentimiento de mi superior jerárquico (…) Fue una lentitud (…) ante lo cual preferí obrar y con el riesgo evidente de una sanción administrativa (…)”, dijo Moya.

El perseguidor agregó que hace pocas semana, Elgueta, en una entrevista concedida a El Mercurio, indicó la existencia de una “serie de presiones respecto de él, en torno al nombramiento del fiscal Arias”.

“He estado indagando eso y hay antecedentes que hay que profundizar”, agregó Moya.

La denuncia que Moya presentó ante Abbott, incluyó además el caso Caval, ya que la sala donde se resolvían medidas cautelares era integrada, entre otros jueces de Rancagua investigador por corrupción, por el propio Elgueta. De hecho, es la misma que le otorgó el sobreseimiento definitivo a Sebastián Dávalos Bachelet y le concedió permiso a Natalia Compagnon, mientras era investigada y estaba formalizada, para salir de país a tomar vacaciones

El vínculo no es casualidad. Elgueta fue compañero de universidad del ex ministro de Justicia, el PRSD José Antonio Gómez, quien además tuvo influencia en el nombramiento de una serie de magistrados y notarios.

No es todo. Gómez vive en un condominio en La Reina, donde hay cuatro casas, Una pertenece a este último, otra a su hijo; una tercera es de la expresidenta Michelle Bachelet y otra del matrimonio de Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon.

Guinda de la tora: Gómez y Elgueta pertenecen a la Masonería, de la cual este último fue expulsado hace un par de semanas.

Imagen del gobierno

Al respecto, Moya reconoció que el caso Caval fue una causa “sumamente compleja”. Indicó que en dicho proceso, Arias solo tuvo una intervención. Esta última fue negociar con los abogados Ciro Colombara y Rodrigo Piergentili, quienes patrocinaban al síndico Herman Chadwick.

El acuerdo de juicio abreviado, implicaría que Chadwick enfrentaría solo una sanción de 818 días. La propuesta llegó en diciembre de 2017 al Juzgado de Garantía de Rancagua, siendo rechazada de plano, gracias a la intervención de la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Inés Horvitz, quien criticó duramente los argumentos vertidos por Arias.

Ello atendido a que la pena no se condecía con los delitos cometidos.

En la oportunidad se ordenó la realización de un juicio oral, aunque posteriormente, en un juicio abreviado, se logró que Chadwick recibiera una pena de tres años en libertad vigilada, 200 millones de multa y la inhabilitación de 8 años para ejercer su cargo de síndico, en marzo de 2018.

“Lo que se me indicó en ese momento, es que había que terminar esa arista (…) es que la presencia de este personaje y un eventual juicio oral, podía traer aparejado consecuencias a la imagen del nuevo gobierno. En esa oportunidad el fiscal Arias intenta realizar un procedimiento abreviado (en diciembre de 2017, ad portas de la elección), pero más que eso, el defecto fundamental es que las penas que solicitó el fiscal regional(…) estaban fuera del marco legal, penas que no daban para la estructura de los tipos penales y las penas establecidas por la ley. Le estaban dando penas mucho más bajas. Estos son parte de los hechos que denuncié a la fiscalía nacional”, relató Moya.

Vea la audiencia:

Lo anterior, dijo Moya, podría constituir una eventual “obstrucción a la investigación”.

Otro hecho denunciado por Moya, dice relación con la reciente formalización del alcalde de Rancagua, Eduardo Soto (UDI) por malversación de caudales públicos.

De acuerdo a la versión de Moya, Emiliano Arias también tardó más de lo normal en adoptar la decisión.

Moya agregó haber recibido recibió una serie de instrucciones que serán parte de la investigación, que involucran al actual abogado del Ministerio del Interior, militante de la UDI, pero en su rol de litigante particular, Luis Hermosilla. Eso, además de una llamativa orden de Arias, para devolver celulares y computadores incautados a Soto, sin explicación.

“Se me convocó a una reunión donde estaba el abogado del alcalde, Luis Hermosilla y se me da la instrucción del fiscal regional de que debía estar atento a los requerimientos de ese abogado. Cuestión que me llamó mucho la atención. Luego de aquella reunión que la encontré impropia, pero no constitutiva de ninguna infracción, ya que no me sentí presionado, yo procedí a solicitar autorización judicial para incautar los computadores, los teléfonos e instrumento electrónicos del alcalde, se me dio la instrucción directa del fiscal regional de hacer devolución de esas especies”, continuó Moya.

Según el fiscal Moya, decidió no cumplir la orden de Arias, ya que se trataba de un caso por malversación de 3.500 millones de pesos y ese caso, “surgieron elementos muy delicados que puse en conocimiento del fiscal nacional”.

Debo hacerme responsable, de que hay una cuarta (denuncia), adelantó Moya a Radio Bío Bío.

Sucede que desde el OS-7 de Carabineros de Puerto Montt, llegó en la que se indicaba que una serie de antecedentes habían sido extraídos de la base de datos de la Fiscalía de Rancagua, llegando a manos de un particular. Moya indagó cómo ocurrió el hecho y estableció que la orden para sacar del sistema informático los datos, fue dada por el fiscal Arias. Cuando esos datos llegaron a manos de este último, se indicó, nunca fueron enviados a la Fiscalía Nacional.

Respecto de este punto, el la máxima autoridad del Ministerio Público deberá nombrar a un regional para indagar este hecho, atendido el cargo que ostenta Arias.

Consultado si Arias debiera renunciar a su cargo, Moya indicó: “Esa es una decisión que debe tomar él. No voy pautear a nadie. Tengo los hechos absolutamente respaldados”.
El caso de Chadwick

Uno de los elementos que están detrás de las sospechas sobre el fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, es su actuación en favor del síndico de quiebras Herman Chadwick.

Este último fue condenado a tres años de libertad vigilada en marzo de 2018, por haber obtenido “ventajas” en su rol de síndico, en torno a la venta de los terrenos de la familia Weisner, los mismos que posteriormente vendió Caval, a través de Natalia Compagnón y -esposa de Sebastián Dávalos- junto a su socio Álvaro Valero por más de 9.500 millones de pesos.

Eso sin contar que Chadwick le pagó 415 millones a Juan Díaz, un asesor inmobiliario y operador político de la UDI, por sus gestiones con esas tierras.

El golpe del CDE

Sin embargo, antes de la condena, el escenario era completamente distinto. De acuerdo a los antecedentes que constan en la carpeta de investigación, en diciembre de 2017 Arias negoció con el abogado Rodrigo Piergentili y Ciro Colombara, patrocinantes de Chadwick, para evitar un juicio oral. A cambio, el exsíndico cumpliría una condena de 818 días , pero sin pasar un día en la cárcel.

El acuerdo, permitido por la ley, llegó al tribunal de garantía de Rancagua el 4 de diciembre de 2017 para su refrendación.

Durante los alegatos, la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE) María Inés Horvitz, cuestionó duramente los argumentos esgrimidos por Arias en estrado e indicó que la pena propuesta por la fiscalía, no se avenía con la gravedad de los delitos.

Horvitz solicitó 11 años de prisión efectiva. y el juzgado estimó que atendido el tipo de ilícito y sus alcances, debía resolverse en un juicio oral. En todo caso, en marzo de 2018 Chadwick enfrentó un juicio abreviado, siendo fue condenado a 3 años de libertad vigilada, ocho años de inhabilitación de su cargo y 200 millones en multa.

En enero de 2019, la familia Weisner presentó una demanda contra Chadwick por 7 mil millones de pesos, la que está en curso.

Fuente: Radio Bío Bío

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Fiscal Moya y denuncia a Emiliano Arias: “Se ha usado a la fiscalía para sacar provecho personal”

Luego de la denuncia que presentó en contra del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias por cuatro hechos irregulares, el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua, Sergio Moya, conversó con el diario El Mercurio respecto de los detalles de la denuncia.

El persecutor señaló que realizó la denuncia en estos momentos porque “me preocupaba lo que estaba pasando con las filtraciones y la causa vinculada a los ministros, y en ese sentido yo esperaba que saliera una resolución y la causa se trasladara a otra región, porque veía que podía ser mal utilizado el trabajo que vengo realizando hace cinco años”.

En ese sentido confirmó que algunas de esas filtraciones podrían haber provenido desde la propia fiscalía, aunque evitó referirse a si las mismas podría haber surgido desde el propio fiscal Emiliano Arias.

Respecto de los antecedentes que gatillaron la denuncia en contra de Arias, Moya detalló que “la primera alerta es lo que manifiesta el ministro Emilio Elgueta en una entrevista con “El Mercurio”, en el sentido de que habría recibido presiones para votar a favor de Arias, porque supuestamente existía un acuerdo para que fuera nombrado.

En esa línea agrega que “la causa Caval se manejaría de una manera no tan rigurosa, cuestión que no tuvo lugar porque yo jamás dejé la causa, e hice el trabajo como correspondía; de hecho, Natalia Compagnon fue condenada.

Cuatro hechos denunciados

En la entrevista con El Mercurio, Moya detalla que la primera denuncia tiene su origen en una reunión que sostuvieron Arias, Moya y el abogado Luis Hermosilla, quien en ese entonces representaba al alcalde de Rancagua Eduardo Soto, donde Arias le plantea a Moya que esté atento a los requerimientos del abogado.

Sergio Moya relata que dicha situación “me pareció impropia, porque no corresponde dar un trato preferencial ni a los querellantes, ni a los defensores. Tiene que existir un trato igualitario”, recalcó.

La segunda denuncia dice relación con la única intervención que el fiscal Arias tuvo en la causa Caval. A juicio de Moya, “fue la comparecencia de una audiencia de procedimiento abreviado con Herman Chadwick Larraín. Yo consulto por qué personalmente asumía solo esa audiencia y me manifiesta que hay que resolver pronto la situación de Chadwick, porque no es posible que se mantenga vigente hasta la inminencia que asumiera el nuevo gobierno, con el cual podían asumir familiares como funcionarios importantes del nuevo gobierno”.

Moya detalla que “se hace la audiencia del (procedimiento) abreviado y se tienen penas que no están conformes a la ley, no están dentro del marco penal. La jueza de garantía rechaza ese abreviado, precisamente, porque las penas que se estaban pidiendo eran muy bajas y era imposible dar lugar a aquellas, porque no cuadraban con el Código Penal”.

Las otras dos irregularidades corresponden a una denuncia proveniente de la fiscalía de Puerto Montt, en la que se señala que un sujeto llegó hasta el OS7 de Carabineros en esa ciudad con documentos extraídos desde la base de datos de la fiscalía. Dichos antecedentes fueron extraídos desde la base de datos del Ministerio Público en Rancagua.

Moya, quién en ese tiempo era fiscal jefe de Rancagua, revisó los antecedentes y solicitó declarar a dos personas, la secretaria de Emiliano Arias y un abogado asistente, quienes relatan que habían extraído esa información por encargo del fiscal regional.

“Yo elevo los antecedentes ante el fiscal regional para que los envíe a la fiscalía nacional, y en definitiva se designe un fiscal regional para que lleve la investigación. Esta semana me enteré que esa carpeta nunca fue enviada”, señaló Moya.

Finalmente, la cuarta denuncia tiene relación con “lo que dijo Elgueta, que hubo tráfico de influencias en el nombramiento de él. Por la misma razón era imposible que la causa siguiera acá si esa veta se iba a indagar”, recalcó el fiscal jefe de alta complejidad de Rancagua.

De acuerdo a lo que señala “El Mercurio”, a partir de este lunes, el fiscal Sergio Moya se instalará en dependencias de la Fiscalía Metropolitana Sur, desde donde dirigirá la investigación contra los tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Defensa de Emiliano Arias

Por su parte, el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, se defendió este viernes de las acusaciones y señaló que “yo no cometo delitos, yo persigo delincuentes”.

El persecutor agregó que se enteró por la prensa de los antecedentes y que espera con “urgencia” que se elija un fiscal regional para que pueda demostrar sus inocencia.

“Acá, se da paradójicamente que los antecedentes los está desplegando Sergio (Moya) a través de la prensa… Si Moya tenía antecedentes, debió haber efectuado las denuncias en su momento; pero como nunca existieron, nunca las hizo”, recalcó.

Finalmente Arias señaló que “estoy tranquilo y confiado. Esto debe salir todo bien”, aunque agrega que la noticia ha golpeado con fuerza a la fiscalía de O’Higgins “hay fiscales que están consternados con la noticia”, reconoció.

Fuente: Radio Universidad de Chile

Los protagonistas del «Desastre de Rancagua»: Quiénes son y qué sentencias dictaron los jueces suspendidos

por Consuelo Ferrer

«Insólito, grave, extraño y pocas veces visto». Así consideró el pleno de la Corte Suprema la situación que afecta al Poder Judicial en la Región de O’Higgins, específicamente en la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde fueron suspendidos este jueves otros dos jueces en medio de una investigación por tráfico de influencias que ya tenía a un primer magistrado fuera de sus funciones.

En total, el tribunal cuenta con siete ministros. Quienes hoy están en el centro de la polémica son los jueces Emilio Elgueta, Marcelo Vásquez y Marcelo Albornoz, sumariados por el máximo tribunal desde diciembre de 2018, luego de recibir denuncias por supuestas irregularidades.

La ministra Rosa María Maggi fue designada para investigar el caso y en paralelo a sus acciones el Ministerio Público indaga penalmente los hechos.

Los tres jueces, incluso, fueron expulsados de la masonería.

El primero en ser suspendido fue Elgueta. La Corte Suprema lo confirmó el pasado 27 de marzo, luego de que el magistrado solicitara la reconsideración de la medida.

El juez además está siendo indagado por el fiscal de O’Higgins, Sergio Moya, quien lo formalizará el 26 de abril por enriquecimiento ilícito y prevaricación.

Durante el último trimestre, la fiscalía realizó una serie de diligencias para determinar si el juez realizó presuntos favores a un médico y narcotraficantes de la región.

Una de ellas fue el allanamiento a su oficina, donde se encontraron dentro de un cajón cerrado velas, imágenes y figuras del diablo, las que fueron asociadas a magia negra.

También se llevaron a cabo escuchas telefónicas, las que terminaron por involucrar en la investigación a Vásquez y Albornoz.

Hoy el Ministerio Público mantiene dos causas separadas por el hecho, a cargo de las fiscalías de O’Higgins y la Regional Sur.

El perfil de los jueces

Elgueta comenzó su carrera como juez en juzgados de menores y de letras y llegó a ser ministro de la Corte de Apelaciones en Talca en 2001.

Su traslado a Rancagua ocurrió en 2010, mismo año en que la Corte Suprema lo amonestó por «faltas a la ética».

Además de ese antecedente, el juez fue denunciado por acoso y hostigamientos en 2014. En ese episodio también habría participado Vásquez. Siendo juez de garantía, habría presionado a la mujer que denunciaba a Elgueta por acoso para retirar la acusación,.

El juez hoy es indagado por el fiscal Raúl Guzmán.

En marzo de 2017, Vásquez asumió como presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, cargo que ejerció hasta 2018. Otra de sus polémicas es la del nombramiento de su hija en un Tribunal de Familia de Santa Cruz, que habría sido efectuado por Elgueta.

El ministro vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó este viernes que no se trató de un acto ilegal por tratarse de una suplencia, pero que sí tiene tintes éticos.

El tercer juez es Albornoz, que juró como ministro interino de la Corte de Apelaciones de Rancagua en abril de 2017, luego de haber sido suplente. Se desempeñaba, además, como jefe de carrera en una universidad de la región. Al asumir, Elgueta definió su estilo como una «senda de la sencillez, el conocimiento y del aporte».

En noviembre de 2017 llegó a la terna para el cargo de ministro junto a Sandra de Orué (10 votos) y Álvaro Martínez (6 votos), ambos fiscales judiciales. En su caso, la elección se debió a un sorteo con otro candidato, Pedro Advis. Los dos configuraron un empate con cuatro votos.

La elección fue resorte del gobierno de Michelle Bachelet. Las causas de los magistrados A raíz de las indagatorias, hoy la Fiscalía Regional de O’Higgins pesquisa las resoluciones penales y civiles de 2010 en adelante en las que los jueces hayan tenido participación, entre las cuales se cuentan algunas que fueron emblemáticas en su momento.

En 2016, por ejemplo, el juez Emilio Elgueta formó parte de la Sala que resolvió revocar el arraigo nacional que pesaba contra Natalia Compagnon, quien pedía salir hacia Estados Unidos por motivos «familiares».

Elgueta también participó, junto a Marcelo Vásquez, del sobreseimiento definitivo a su esposo, Sebastián Dávalos, en enero de 2018. El requerimiento había sido rechazado por el Juzgado de Garantía de Rancagua en diciembre, pero el tribunal de alzada acogió la solicitud del ex director del área sociocultural de La Moneda en el marco del caso Caval.

Más recientemente, Marcelo Vásquez fue en encargado de rechazar un recurso de protección interpuesto por la ex académica de la U. de O’Higgins, Karina Bravo, quien fue despedida después de ser evaluada por dos superiores a quienes denunció por acoso laboral.

En su recurso, Bravo aseguró que su despido había sido «arbitrario y extemporáneo» y que carecía de «una debida motivación y justificación», lo que fue rechazado por la Sala.

Por último, Marcelo Albornoz también participó de una sentencia mediática en la que trabajó con Elgueta.

Se trató de la revocación de la prisión preventiva dictada contra Óscar Muñoz, el ex canciller del Arzobispado de Santiago que es indagado por presuntos abusos sexuales contra menores de edad.

La Corte de Apelaciones decidió anular la medida y cambiarla por la de arresto domiciliario nocturno en septiembre de 2018.

Antes de eso, Elgueta y Vásquez acogieron un recurso del obispado de Valparaíso y dictaron una orden de no innovar, lo que paralizó de forma parcial la investigación por presunto encubrimiento de abusos en la Iglesia por semanas.

Fuente: Emol