por Ignacio Pirotta.
El gobierno de Jair Bolsonaro tiene una clara impronta militar. Tanto él como su vicepresidente pasaron por las Fuerzas Armadas. ¿Qué representan los militares en el gobierno? ¿Cuál es la percepción de la sociedad sobre los hombres del orden? ¿Son la imagen de la antipolítica y la anticorrupción?
Algo está claro: su participación activa en la política pone en juego los valores democráticos.
El gobierno de Jair Bolsonaro tiene una clara impronta militar. Además de ser él mismo capitán retirado (en 1988), su vicepresidente Hamilton Mourão es general retirado recién en marzo de 2018. Un tercio del gabinete es de origen militar. Y, para colmo, más de 100 cargos de segundo y tercer nivel jerárquico pertenecen a alguna de las fuerzas militares.
Esta masiva participación en el gobierno por parte de los militares ha llamado la atención de la opinión pública dentro y fuera de Brasil. Aún sin enunciarlo, es evidente que la recurrencia del tema en la opinión pública se debe a la propia naturaleza de las Fuerzas Armadas y la relación de estas con la democracia.
En particular la cuestión de la subordinación de las Fuezas Armadas al poder civil, requisito del respeto de la soberanía popular y la democacia. Además de esta participación masiva en el gobierno de Bolsonaro, los militares vienen incrementando su participación en la política brasileña desde el impeachment contra Dilma Rousseff.
Estas tendencias van en sentido contrario a la transición democrática brasileña, aún en curso después de 33 años.
Siete de los veinte ministros son de origen militar (cinco del Ejército y dos de la Aeronáutica).
Entre ellos, se destacan los estratégicos ministros de Gobierno, Seguridad Institucional, Secretaría General de la Presidencia, Infraestructura, Defensa, Minas y Energía y Ciencia y Tecnología. También el titular de la Controladuría General de la Unión, de rango ministerial, pertenece a las fuerzas.
Los militares tienen, además, presencia en otros ministerios, por ejemplo en Justicia y Seguridad, cuyo ministro es Sérgio Moro, pero donde la Secretaría de Seguridad Pública se encuentra a cargo de un militar.
Existe una extendida presencia militar en Educación, Medio Ambiente, en el Ministerio de la Mujer,Familia y Derechos Humanos (presiden la Fundación Nacional del Indio, que tiene a su cargo la delimitación de tierras indígenas), entre otros cargos estratégicos. Con menor presencia en el Ministerio de Economía, cuyo titular es el liberal Paulo Guedes, los militares limitan su presencia estratégica al ente que administra la zona franca de Manaos y a la participación de ese ministerio en empresas estatales como Petrobras y Serpro (de tecnologías de la información).
A pesar del desafío que los militares en el gobierno representan para la democracia, la primera cuestión que debe tenerse en cuenta es que en su inmensa mayoría los militares que ocupan cargos en el gobierno se encuentran retirados. Es decir que no se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, sino de funcionarios con paso por la institución.
Esta diferencia al mismo tiempo que es crucial no invalida los temores que produce la participación militar, sobre todo habida cuenta de la historia de la región. Cabe preguntarse hasta qué punto dicha diferencia entre militares de la activa y retirados es significativa y hasta dónde llegan los vínculos actuales entre militares en el gobierno y Fuerzas Armadas.
Esa cuestión, así como la referente a la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la política brasileña desde 2016 son la parte más compleja del análisis sobre la relación de los militares (en general) con el gobierno de Jair Bolsonaro y la democracia brasileña.
En primer lugar es imprescindible comprender los motivos por los cuales el 54% de los brasileños eligieron una fórmula 100% militar que prometía abiertamente llenar de militares al gobierno. Históricamente la imagen de los militares en la sociedad brasileña es muy buena y gozan de un alto índice de confianza.
Así lo demuestran diferentes investigaciones y sondeos de opinión, situando a las Fuerzas Armadas como una de las instituciones en la que los brasileños más confian. Por ejemplo, en junio de 2018 y a cuatro meses de las elecciones, según el Instituto Datafolha el 78% de los brasileños confiaba en las Fuerzas, siendo la institución con más confianza.
En cambio, el Congreso Nacional, con un 67% de desconfianza, era la institución peor vista.A pesar de 21 años de dictadura (1964-1985) las Fuerzas Armadas brasileñas no sufrieron un fuerte desprestigio a diferencia de lo que sucedió por ejemplo la Argentina.
En parte ello se debe al carácter menos represivo de la última dictadura brasileña así como su modelo desarrollista que propició el crecimiento económico conocido como «el milagro brasileño».
Por otro lado, no ha existido suficiente ejercicio de la memoria respecto a la dictadura y los juicios a los represores han sido inviabilizados a pesar de los 434 muertos y desaparecidos.
La bibliografía sobre las Fuerzas Armadas y su relación con el poder civil describe un alto nivel de autonomia para aquellas. En el marco de esa autonomía es que persiste el culto al golpe de 1964 al interior de las Fuerzas, que fuera motivo de polémica reciente por la decisión de Bolsonaro de que estas conmemoren el golpe.
Ese culto a la intervención militar de 1964 expresa la mentalidad de los militares respecto a su propio rol en el país. Los militares brasileños se sienten en última instancia guardianes del orden interno.
Esa autopercepción es la que impulsó el golpe y también quedó en parte plasmada en la Constitución de 1988, en su artículo 142 que establece:
«Las Fuerzas Armadas, constituidas por la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, son instituciones nacionales permanentes y regulares, organizadas en base a la jerarquía y la disciplina, bajo autoridad suprema del Presidente de la República, y destinadas a la defensa de la Patria, a la garantía de los poderes constitucionales y, por iniciativa de cualquiera de estos, de la ley y el orden».
Mediante ese artículo la Constitución prevé que las Fuerzas se destinen a la seguridad interna. Reglamentado en la Ley Complementar 97 de 1999, es el Presidente quien debe autorizar las misiones denominadas de Garantía de la Ley y el Orden (GLO). Según el Ministerio de Defensa entre 1991 y 2019 hubo un total de 135 GLO´s, la más importante fue la tuvo lugar en Río de Janeiro y que finalizó en diciembre de 2018. Tal como afirmaron los analistas Brigagão y Proença, la recurrencia de las intervenciones militares representa un uso de las Fuerzas Armadas en defensa de las seguridad pública mucho más fluido y cotidiano de lo que los términos constitucionales determinaban.
De modo que las Fuerzas no sólo se sienten garantes del orden, como dejan ver frecuentes declaraciones de los propios militares, sino que también se les atribuye ese rol constitucionalmente. El poder civil hace uso del mismo con frecuencia.
Esto habla de la importancia otorgada a las Fuerzas Armadas más allá de la función de defensa ante amenazas externas. Así, las Fuerzas gozan de gran credibilidad y tienen protagonismo en la vida institucional del país. Esos son los trazos históricos de la relación entre la sociedad brasileña y sus militares.
Los efectos de la relación entre los militares y la política se evidencian en la crisis político-económica de Brasil, que se inicia con las protestas de junio de 2013. El efecto de esa crisis ha sido producir un movimiento en sentido contrario a la transición democrática iniciada en 1985. Esto es, el empoderamiento de los militares y una participación cada vez mayor en la vida política que indefectiblemente debilita la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Militares retirados ingresaron a la política de manera masiva en las elecciones de octubre pasado, no solo de la mano de Jair Bolsonaro -aunque sí mayormente-, sino en una diversidad de partidos políticos. Fue el contexto de crisis el que abrió la posibilidad para una participación masiva de los militares en las elecciones de 2018, dada la relevancia asumida por muchos de ellos en ese marco.
En primer lugar, las ideas de rectitud y disciplina imperantes en las Fuerzas se traducen en una percepción de honestidad. En el país de la Lava Jato la institución militar representa la honestidad frente a la corrupción de la política. Ese contraste también viene reflejándose en las series de sondeos de opinión que relacionan la democracia con mayores niveles de corrupción. El Lava Jato -la investigación de corrupción más grande de la historia de Brasil y en la que los principales partidos brasileños quedaron involucrados-, se tradujo en una gran desconfianza en los políticos y los partidos.
A ello se sumó la crisis económica y una sociedad que, desde junio de 2013, expresa demandas por mejores servicios públicos que hasta el presente no han sido resueltas. Los niveles de desconfianza permiten hablar de crisis de representación. Ante esa crisis los militares aparecen como la encarnación del discurso de la antipolítica y como contrapunto a la corrupción.
Ese es el propósito declarado por Bolsonaro: los militares están allí para garantizar que no habrá mal manejo de los fondos públicos, cosa que los políticos no podrían garantizar.
Otro elemento simbólico muy importante ha sido el nacionalismo. La derecha brasileña se apropió del discurso nacionalista y de los símbolos patrios (camiseta del seleccionado incluida). Desde 2016, con las manifestaciones pidiendo el impeachment a Dilma Rousseff y, en modo general, protestando contra la corrupción política, la derecha brasileña ha hecho del verdeamarelo su color «partidario».
Bolsonaro presentó su candidatura, no como una candidatura partidaria sino «de Brasil». Se conjugaron allí la antipolítica y el nacionalismo.
La incorporación de los militares, por lo tanto, refuerza el componente nacionalista que ha sido distintivo de los sectores sociales de clase media y alta movilizados desde 2016. Se trata en verdad de una nueva aparición del nacionalismo conservador descrito por la filósofa Marialena Chauí con el nombre de verdeamarelismo.
En el campo de lo simbólico, los militares también representan «el orden». En una sociedad con las crisis mencionadas existe una sensación de caos. Incluso hoy, con la prisión (y posterior liberación) de Michel Temer -presidente hasta hace pocos meses-, se recrudece esa sensación.
Sin embargo, la representación del orden que implican los militares tiene más sentido cuando se repasan las cifras de violencia: los últimos datos oficiales de 2016 muestran una tasa de 30,33 homicidios violentos cada 100 mil habitantes. Participes en la seguridad interna con las GLO´s, los militares se posicionan como expertos para combatir la problemática de la violencia y restablecer el orden.
La participación de los militares en el proyecto de Bolsonaro -sobre todo durante la campaña- refuerza las ideas de anticorrupción y antipolítica, a la vez que recrudece el nacionalismo y proyecta la idea de orden. La singular fuerza de esas ideas en la actualidad proviene de la situación de crisis que atraviesa el país desde mediados de 2013 y profundizada desde fines de 2014 con el inicio de la crisis económica y la Lava Jato.
Ya en el gobierno se hizo evidente que Bolsonaro recurre a los militares también por falta de partido propio y escasez de cuadros para la gestión. Si bien Bolsonaro fue electo por el Partido Social Liberal (PSL), solo ingresó a este partido minúsculo en enero de 2018. No hay una pertenencia real de Bolsonaro al PSL. De hecho, luego de la salida de Gustavo Bebianno de la Secretaría General de la Presidencia, se comenzó a especular con que el presidente podría crear un nuevo partido.
En verdad la relación entre el PSL y Bolsonaro es la propia de un partido de alquiler. Además, los políticos conservadores que habitan las filas del PSL no tienen experiencia y, en muchos casos, tampoco formación. Ministros que fueron convocados desde otros partidos tampoco demuestran cumplir un perfil técnico que Bolsonaro intenta privilegiar.
Los militares aprecen así como los mejor preparados, con formación tanto dentro como fuera de las Fuerzas, y ocupan los cargos con un perfil técnico. Las excepciones son Paulo Guedes (Economía),Sérgio Moro (Justicia y Seguridad) y Tereza Cristina (Agricultura).
Puede decirse que los militares en el gobierno de Bolsonaro conforman un grupo por tener cohesión a partir de su procedencia y por poseer una dinámica de tal y dos liderazgos claros. A incios de 2018 se comenzaron a organizar las candidaturas de militares y en ese armado tuvo centralidad el general Augusto Heleno, hoy ministro de Seguridad Institucional y principal asesor del presidente fuera del circulo que componen sus hijos.
Heleno además coordinó al grupo de militares que elaboró un proyecto de gobierno a pedido de Bolsonaro, grupo que antes de las elecciones llegó a reunirse diariamente en Brasilia. Augusto Heleno fue invitado a ser el vicepresidente de Bolsonaro pero su partido, el Partido Republicano Progresista, no quiso aliarse con el actual presidente.
Entonces, Bolsonaro recurrió a Hamilton Mourão que, por ser el vicepresidente, se constituye hoy en el otro liderazgo de los militares. A su vez, los militares constituyen un grupo dentro del gobierno en tanto son algo diferente de Bolsonaro y lo perciben como un político con pasado militar y no como «un militar» más.
Pero a todo esto hay que agregar un análisis cualitativo del poder militar en el gobierno. El status del que gozan los militares se puede reflejar en tres hechos.
El más importante es la fuerte gravitación que estos tienen sobre la política exterior.
El veto a la instalación de una base norteamericana en territorio brasileño (incluso cuando fue anunciada por el presidente), la oposición al traslado de la embajada brasileña a Jerusalém y la fuerte intervención en la crisis venezolana, donde el vicepresidente Hamilton Mourão tuvo un rol destacado moderando la postura brasileña, son los principales episodios de esa injerencia militar en un área sobre la que formalmente no tienen control.
El traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalen aún está abierto y mientras los aliados evangelistas y los antiglobalistas presionan para que se haga efectivo, militares y ruralistas resisten la medida.
El estatus del que gozan los militares con el nuevo gobierno también ha quedado plasmado en el proyecto de reforma previsional de estos. En contraste con el proyecto para los civiles, la reforma para los militares contempla una recomposición salarial y, además, ha sido formulada con fuerte participación de estos por medio del Ministerio de Defensa.
Esa reforma a medida de los militares es resistida por el Congreso y se constituyó (después de la falta de articulación política) en el principal escollo de la reforma previsional.
A la situación actual de los militares en el gobierno (en su amplia mayoría retirados), vía decisiones del Poder Ejecutivo y con la legitimidad de las urnas (cabe recordar que no sólo la fórmula era 100% de procedencia militar, sino que además prometían incorporar a los militares en la gestión y así lo hicieron) debe sumársele lo que desde 2016 viene sucediendo en relación a la política y las Fuerzas Armadas.
Esto es, una creciente participación de los millitares en la política y el debate público en el marco de la crisis política.
Esa participación se mostró particularmente intervencionista en ocasión del juzgamiento del pedido de hábeas corpus para Lula da Silva en abril de 2018 y que, de haber sido favorable, hubiera significado un paso importante en la posibildad de que quien estaba primero en las encuestas de intención de voto pudiera efectivamente presentarse.
También cuando en diciembre de 2018, una decisión del Supremo Tribunal Federal habilitó por unas horas (fue revocada el mismo día) la posibilidad de la liberación de Lula. En esa ocasión el Comando de las Fuerzas se reunió para «analizar la situación».
Además, las Fuerzas Armadas apuntalaron al gobierno de Michel Temer desde el inicio y sobre todo luego de las crisis por corrupción que lo debilitaron seriamente. Son hechos que muestran la creciente injerencia de las Fuerzas Armadas y los militares en general en la vida política brasileña (más allá de sus funciones específicas relacionadas a la defensa), injerencia en parte legitimada con el voto popular.
A 33 años del fin de la dictadura, Octavio Amorim Neto afirma que Brasil se encuentra aún en el proceso de transición democrática. Fortalecer la supremacia civil sobre los militares y apartar a éstos de los procesos de toma de decisiones en materias ajenas al área de defensa son las tareas que la atual etapa de transición democrática requiere.
En ese sentido la elección de Bolsonaro significa, para el autor, un impasse que abre la posibilidad de retrocesos.
El 29 de marzo pasado en un acto con empresarios en Manaos, el vicepresidente Hamilton Mourão se refirió al gobierno brasileño como una democracia liberal en un mundo en el que ese modelo político se encuentra en crisis.
Sin dejar de ser una democracia liberal, lo cierto es que el fenómeno Bolsonaro es resultado de la crisis de representación, o de lo que Manuel Castells denomina «ruptura entre gobernados y gobernantes».
La llegada de los militares al poder, como encarnación de la antipolítica y de una autoridad moral que los políticos no tendrían, tendrá implicancias para la vida democrática.
Incluso si se tomaran por válidos los presupuestos de que los militares poseen la honestidad y la vocación de servicio que no tendrían los políticos, y si se les otorgara que tienen las mejores intensiones y una mejor formación que los políticos profesionales (incluyendo al propio Bolsonaro), resultaría evidente que el masivo desembarco de estos en la política ha sido imprudente y representa un riesgo para la democracia.
Esa participación masiva de los militares afectará tarde o temprano el proceso de subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y fomentará la politización de los cuarteles.
Resta saber hasta dónde llegará el proceso y cuáles serán las consecuencias para la democracia brasileña.
Fuente: Nueva Sociedad
