El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, operador del Gobierno en el montaje posterior al asesinato de Camilo Catrillanca, y quién, poco después, acusó a los mapuches de estar detrás de los incendios forestales, es propietario de un predio, donde tiene la famosa segunda vivienda, en una comunidad mapuche.
El problema morrocotudo consiste, según parece, en que parte del predio la adquirió el 14 de septiembre de 2012, mientras desempeñaba el cargo de subsecretario del Interior del primer Gobierno de Piñera.
En efecto, según un reportaje del periódico electrónico Interferencia, Surgen más terrenos mapuche de Ubilla: uno de ellos fue comprado cuando ya ejercía como subsecretario en 2012, Ubilla compró en 2009 dos parcelas en territorio mapuche, comunidad Mariano Millahual, ubicada en el sector de Quetroleufu a unos 13 kilómetros de Pucón; sumándole una segunda compra, en 2012, cuando se desempeñaba como subsecretario del Interior en el primer gobierno de Piñera.
Por los diez mil metros/2 en 2009 el actual subsecretario del Interior pagó $10 millones, donde actualmente tiene una residencia en la punta de una colina.
El reportaje agrega que dos meses después que Ubilla dejara el cargo de subsecretario del Interior del primer gobierno de Piñera, creó la Sociedad de Inversiones Quetroleufu Limitada, integrada por el propio Ubilla, su señora y sus cuatro hijos.
La sociedad se creó por escritura pública en la notaria de Armando Ulloa en Lo Barnechea, donde Ubilla aportó dos inmuebles de 5.000 metros cuadrados, por un valor de 5,1 millones de pesos cada uno.
Ambos predios, identificados como “Lote doce” y “Lote catorce” eran propiedad de Rodrigo Ubilla desde 2009, año en que los compró por $5,5 millones cada uno a Guadalupe Moris, al interior de la comunidad mapuche Mariano Millahual.
Entre las operaciones de 2009 y 2012, Ubilla pagó $24 millones por cuatro predios que abarcan poco más de 18 mil metros/2.
De esas cuatro parcelas, dos fueron aportadas por Ubilla a la sociedad que mantiene con su esposa e hijos, denominada Sociedad de Inversiones Quetroleufu, mientras que las otras dos fueron fusionadas en una sola y actualmente se encuentran con dominio vigente a nombre del actual funcionario de La Moneda, como también lo era en 2012, años de la segunda operación.
En ese lugar tiene ubicada su casa de veraneo, la que posee una tasación comercial de 3.430 UF según lo señalado por él en su declaración de intereses emitida en abril de 2018, un mes después de asumir por segunda vez el cargo de subsecretario del Interior.
A patadas con la ley
¿Está prohibido que un alto funcionario del Gobierno, como un subsecretario del Interior, compre tierras al interior de una comunidad mapuche?
No explícitamente, pero el principio de probidad debiera operar como elemento auto-disuasivo; al menos, en un país normal.
Más aún cuando el problema principal consiste en que infringe la Ley 19.253 de 1993; o al menos su espíritu, en tanto apunta a evitar la fragmentación de las tierras indígenas, y la especulación inmobiliaria, cuanto prohibe a los no mapuche adquirir propiedades en dichas tierras.
Hecha la ley, hecha la trampa. Toda ley de la república neoliberal contiene implícitos los suficientes forados para pasar de contrabando la propiedad privada.
De esa manera, Ubilla le compró territorios mapuche a una chilena, que, en virtud del artículo 4° de la misma ley, es considerada indígena para efectos legales, pues al momento de la compraventa estaba casada con el mapuche Jorge Painequir:
«Para todos los efectos legales, la posesión notoria del estado civil de padre, madre, cónyuge o hijo se considerará como título suficiente para constituir en favor de los indígenas los mismos derechos y obligaciones que, conforme a las leyes comunes, emanen de la filiación legítima y del matrimonio civil”.
Guadalupe Moris declaró ser dueña de parte de un predio denominado Lote 127-B1 de 94.781 metros cuadrados, al cual se superpuso la subdivisión que dió origen al predio de Rodrigo Ubilla.
Habría adquirido esas propiedades por virtud de la liquidación de su sociedad conyugal con Jorge Painaquir, en febrero de 2008, quien a su vez los había adquirido mediante una compraventa fiduciaria realizada a Rumaldo Painaquir en 2007.
El artículo 13 de la Ley establece que las tierras indígenas están protegidas y no pueden ser adquiridas de ningún modo, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia.
El reportaje de Interferencia agrega que, el día que Ubilla legalizó la compra de los terrenos en la notaría de Luis Espinoza de Pucón, estaban presentes Guadalupe Moris, Jorque Painequir, y Rumaldo Painequir.
Ambas partes ratificaron la compraventa “declarando extinguidos y a su entera satisfacción” los saldos de precios establecidos en la compraventa de 2007 y la separación de bienes y liquidación de la sociedad conyugal, en lo relativo a los terrenos vendidos a Ubilla, exclusivamente.
El contrato de compraventa, prosigue Interferencia, tuvo varios elementos llamativos.
Primero, la propiedad estaba exenta del pago de contribuciones, característica propia de toda tierra indígena. La vendedora declaró bajo juramento que los inmuebles “son pequeñas propiedades rústicas, de escaso o nulo valor agrícola, que no tributa bajo ningún sistema porque no se han desarrollado actividades productivas en la misma”.
También se estableció que los predios quedarían sujetos a la prohibición de cambiar su uso en función al Decreto Ley 3.516 de 1980, destinado a proteger los terrenos rurales.
Las escrituras señalan que las propiedades se encuentran libres de todo tipo de figuras jurídicas que “pudieran afectar o limitar el derecho de dominio o las facultades de uso, goce o disposición sobre la propiedad. Las partes declaran que el cumplimiento de esta cláusula es elemento determinante en la celebración del contrato prometido”.
Nunca se mencionó en la documentación de compraventa que se trataba de tierras indígenas.
Sin embargo, lo eran.
Tierras protegidas
Llegado el caso, como todo parece indicar, para efectos legales los predios comprados por Ubilla son tierras indígenas por estar al interior de una comunidad que goza de un título de merced vigente desde 1908, registrada ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, como tierra indígena desde 2000; esto es, nueve años antes de la adquisición de Ubilla.
Continúa el reportaje:
«En 1993 entró en vigencia la Ley 19.253 que creó la CONADI, y las normas de protección, desarrollo y fomento de los pueblos indígenas en Chile.
En el título II de la Ley se establecen normas de protección a la tierra indígena y declara que estas son aquellas que -entre otras razones- hayan sido adquiridas mediante títulos de merced, una antigua figura jurídica que data de los tiempos de la colonia.
Además, la ley establece que la propiedad de las tierras indígenas “tendrá como titulares a las personas naturales indígenas o a la comunidad indígena definida por esta Ley”, y en virtud de esta razón las declara exentas del pago de contribuciones territoriales.
El artículo 13 de la Ley establece que estas tierras, “por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta Ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas, ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia”.
Además, esta Ley creó el Registro Público de Tierras Indígenas, en el que se inscriben y acreditan todas las tierras consideradas como tales por la misma Ley.Y en ese mismo registro están incluidos los predios de Ubilla, precisamente por estar estos dentro de la Comunidad Mariano Millahual, cuyo dominio de tierra fue reconocido en 1908 mediante el título de merced 1341.
En 1993 se adjudicaron judicialmente los terrenos a los habitantes históricos del lugar.
De esta partición, Rumaldo Painaquir se adjudicó la hijuela 127, la que fue reinscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Pucón en 1996, y se formalizó como tierra indígena en el Registro Público de Tierras Indígenas en 2000.
En 1996, año en que fue reinscrita la propiedad, la hijuela 127 fue dividida en dos, resultando los predios 127-A y 127-B, el que a su vez se dividió en 127-B1 y 127-B2.
Mientras el Lote 127-A fue permutado con autorización de la Conadi ese año, las tierras correspondientes al lote 127-B se encuentran inscritas actualmente a nombre de Rumaldo Painequir, y de ellas se desprenden los lotes doce y catorce, actualmente de propiedad del subsecretario de Interior.
Ni la división en hijuelas otorgadas por el título de merced que dio origen al dominio mapuche sobre esa tierra, ni la liquidación de la sociedad conyugal mediante la cual Guadalupe Moris adquirió para sí los predios, hacen perder la calidad indígena de la propiedad.
Respaldo oficial
Ello no fue óbice para que el ministro del Interior Andrés Chadwick declarara que, tras una investigación de dos días, el presidente Sebastián Piñera llegó a la conclusión que la compra de tierras al interior de una comunidad mapuche, por el actual subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, había sido “completamente regular y legal”.
Era que no.
Salvo la estafa del Banco de Talca, sobre la que ha sabido mantener un elocuente silencio, es lo mismo que ha dicho Piñera en cada uno de sus inagotables casos de conflictos de interés, negocios turbios, uso de información privilegiada y masivas especulaciones al filo de reglamento.
En ese plano, Ubilla es apenas un alumno aventajado.
Y tal como a Piñera, no solo cabe cuestionarle la faceta jurídica de sus operaciones, protegidas por catervas de los mejores abogados de la plaza, expertos en el arte de dorar la perdiz y consagrar la impunidad de los delitos de cuello y corbata, especialmente los más connotados; sino, y principalmente, la cuestión de la legitimidad, la ética pública comprometida, y el abuso de posiciones de poder.
Conflictos de interés
En la primera faceta, se valió de un resquicio legal para comprar tierras, que según el espíritu de la Ley 19.253, están vedadas para particulares y no mapuches.
Será legal, pero nunca legítimo.
Incluso, puede ser ilegal, puesto que hay evidentes indicios de la presencia del delito de negociación incompatible.
Este se configuraría si una eventual investigación demuestra que adquirió un nuevo paño del mismo predio en 2012, mientras se desempeñaba como subsecretario del Interior del primer gobierno de Piñera.
En ese caso, los bonos de Ubilla tenderían al rápido desplome.
La ética pública abomina los conflictos de interés.
Este torvo asunto los acumula de manera grosera, comportamiento agravado por sus insólitas e irresponsables actuaciones en perjuicio del pueblo mapuche.
Montaje
Está documentalmente probado que fue Ubilla el funcionario de Gobierno designado para interactuar con el mando de Carabineros, durante los días siguientes al asesinato de Camilo Catrillanca. Por de pronto, supo desde el primer día que Catrillanca fue víctima de la aplicación de la fuerza unilateral, no condicionada por enfrentamiento alguno.
Así se lo informó el ex general director del Orden y Seguridad, Christán Franzani, en su declaración del 11 de diciembre pasado, en la que confirma que el ex general jefe de la zona de Control de Orden Público de La Araucanía, Mauro Victtoriano Krebs, le informó por teléfono, apenas producidos los disparos contra Camilo Catrillanca, que no hubo un enfrentamiento.
“Recuerdo haberle consultado a Victtoriano respecto del hecho de haber encontrado armamento en el lugar y él me contestó que no se había incautado armamento”, relató Franzani.
Luego, declaró que esta información al ex general director de Carabineros, Hermes Soto, fue comunicada también a Rodrigo Ubilla:
“Luego de informar a mi general director, a las 18:26, le informé al subsecretario de Interior”.
El ministro de Interior, Andrés Chadwick; el subsecreario Ubilla y el ex director de Carabineros, Hermes Soto, supieron desde el primer momento, por distintas vías, que Catrillanca fue víctima de la aplicación de la fuerza unilateral, aunque la apuesta de las autoridades fue tratar de cambiar esta versión de los hechos, vanamente como se demostró, momento en el cual Chadwick y Ubilla huyeron por la derecha, hicieron mutis por el foro y abandonaron a su suerte al alto mando de Carabineros.
No conforme con perpetrar ese intento que insulta la dignidad del pueblo mapuche, a mediados de febrero pasado, Ubilla subrogó a Andrés Chadwick como ministro del Interior.
En tal condición, sugirió, sin pruebas:
“Algunos de los incendios que se han producido en el último tiempo están asociados al tema de la causa mapuche”.
Al principio ardió Troya, pero la omisión del sistema mediático sacó rápidamente el tema de la pauta.
Potenciales consecuencias
En todo caso, este episodio podría salirle a Ubilla algo más caro que solo por curado.
De entrada, de entablarse denuncia formal ante el sistema judicial, o comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la situación de Ubilla podría quedar asaz comprometida, en la medida en que aparezcan pruebas de que compró terrenos protegidos por la Ley Indígena, el 14 de septiembre de 2012, mientras se desempeñaba como subsecretario del Interior.
De ser así, la evolución del caso podría generar una crisis política de primera magnitud, aunque tampoco se puede descartar que, dada la envergadura del personaje, se mantenga el manto de discreción que lo ha protegido hasta ahora.
Luego, ambas actuaciones de Ubilla han causado indignación en la comunidad mapuche Mariano Millahual.
Entrevistado por Interferencia, el lonko de la comunidad, Gerardo Millahual, manifestó:
“Me parece harto malo que tenga una casa en esta comunidad y que al mismo tiempo esté diciendo todas esas cosas por la prensa. Tendría que saber respetar a la comunidad donde él mismo vive. A él no se le ha hecho nada. No hay quemas, ni nada. Tampoco nadie le ha ido a quemar su casa».
Luego, se refirió al asesinato de Camilo Catrillanca:
“Nunca creí que fuera verdad lo que salió en la prensa sobre la muerte de Camilo. Yo le creo a ese niño que iba con él y no a las autoridades, ni a los carabineros que declararon”.
Respecto a la compra de los terrenos, agregó:
“Yo no le encuentro buena pinta a la compra que hizo, porque son tierras que no se pueden comprar”.
Y ahí reside un potencialmente alto segundo costo.
El 11 de marzo pasado, la comunidad publicó un comunicado en el que exigen discupas de Ubilla, por estigmatizar a los mapuche. Incluso manifestaron intención de acudir a los tribunales de justicia, con la finalidad de que restituyan las tierras indígenas a la comunidad a la que pertenecían originalmente, en virtud al título de merced otorgado en 1908.
Más aún cuando Fernando Sáenz Taladriz, director subrogante de la Conadi, sin perjuicio de declarar que se trató de una «compra legal”, reconoció públicamente, en referencia a Guadalupe Moris:
«Corroboramos los antecedentes que ella no tiene la calidad indígena de acuerdo a los registros que tenemos en Conadi, no solamente por el hecho de casarse con un indígena tiene que serlo, sino que, además, tiene ella que autoidentificarse y realizarse el trámite ante Conadi, situación que no ocurrió”.
Esa declaración podría adquirir decisiva relevancia en un juicio que pretenda demostrar que la compra de casi dos hectáreas de terreno en una comunidad mapuche, de parte del actual subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, para el caso un particular no mapuche, infringe derechos ancestrales consagrados en la Ley 19.253.
