por Eduardo Contreras.
Las 811 páginas de la sentencia de fecha 30 de enero de 2019 de la causa judicial rol N° 7.981 – B, dictada por el Ministro Alejandro Madrid, dan cuenta de modo completo y riguroso de los fundamentos de hecho y de Derecho en los que se apoya la condena a varios de aquellos que fueron inculpados en la querella inicial.
Como se sabe, los condenados por la muerte de Eduardo Frei son Patricio Silva Garín, médico, a diez años de presidio mayor en su grado mínimo, en calidad de autor; Luis Becerra Arancibia, chofer del ex presidente y que se desempeñaba a la vez como informante de la CNI a siete años de presidio mayor en su grado mínimo como coautor; Raul Lillo Gutiérrez, ex agente civil de la CNI, a idéntica pena y también en calidad de coautor; Pedro Valdivia Soto, médico, a cinco años de presidio menor en su grado máximo, en calidad de cómplice; Helmar Rosenberg Gómez, tanatólogo, a tres años de presidio menor en su grado medio en calidad de encubridor.
Podrá discutirse si debió establecerse que se trató de un homicidio calificado, podrá considerarse bajas las penas y sobre todo, que no se condenó a todos quienes fueron responsables. En efecto, hay elementos para estas consideraciones.
Sin embargo y pese a todo, lo sustantivo es que ha quedado en claro, una vez más, el carácter terrorista de la dictadura de Pinochet.
Es decir, digámoslo más claramente, hablamos de la dictadura de la derecha chilena impuesta por el gobierno norteamericano de la época. Cualesquier duda respecto de estas afirmaciones, recomendamos leer, por ejemplo, los informes Church e Hirschey del propio Senado de los EEUU de Norteamérica o revisar en tribunales el expediente rol N° 12. 2013.
La del juez Madrid es una sentencia que invita a una reflexión no sólo jurídica, sino sobre todo política. Porque Eduardo Frei no sólo había sido senador, Presidente de la República, sino además una figura de carácter internacional y respetado por los gobiernos del mundo.
Bastó que asumiera, como en efecto ocurrió, un papel de alto liderazgo de la protesta social, y de unificador de la oposición más allá si se trataba de sectores que habían apoyado o formado parte del gobierno del presidente Allende y de la Unidad Popular o de sectores que habían sido opositores al régimen de izquierda, pero que no toleraban la permanencia de una dictadura tan brutal como la que asumió el control del Estado tras el golpe de 1973.
Al igual que en el caso del asesinato de Tucapel Jiménez y otros, no se trataba ya de asesinar sólo a los militantes comunistas, socialistas o del MIR. El terrorismo era total y no se toleraba a nadie que no se inclinara humilde ante el todopoderoso Augusto Pinochet.
Una reflexión indispensable es respecto del mérito indiscutido en la búsqueda y logro de la verdad de doña Carmen Frei Ruiz Tagle.
Quienes hemos tenido el privilegio de conocerla podemos dar testimonio de su adhesión plena a la causa democrática, su lucha incansable por la verdad, no sólo respecto del crimen de su padre, de su respeto por las luchadoras de las agrupaciones de familiares de víctimas de la tiranía, cualesquiera fuera su filiación política.
Las 183 páginas de su libro “Magnicidio: la historia del crimen de mi padre” no son sólo un aporte a la investigación del caso sino un testimonio concreto del valor de quienes, como ella, han luchado durante tantos años contra la mentira, la cobardía y el olvido que caracteriza a los sectores reaccionarios de este país. Es decir, a la derecha chilena en todas sus variantes.
No puedo dejar de mencionar a este propósito a don Eugenio Ortega, quien fuera en vida el esposo de doña Carmen. Un hombre sencillo, cordial, de una grandeza moral y de una capacidad política formidables.
Fue él quien nos convocó hace ya muchos años dada nuestra condición de abogado de derechos humanos; nos facilitó antecedentes acerca del homicidio de Frei Montalva, su suegro. Y nos hizo ver las semejanzas que unen a ese crimen con el del asesinato del poeta Pablo Neruda en 1973.
Ambos crímenes en la misma Clínica Santa María, el mismo piso cuarto y hasta enfermeras y médicos que, pese a la diferencia de época, se encontraban trabajando allí. Pero también la similitud de métodos.
No dispararon contra ellos, trataron de hacer aparecer como si fueron muertes naturales. Cuando en rigor lo que era natural era que una dictadura como la chilena no soportaría la existencia de personalidades capaces de influir con fuerza en la ciudadanía.
Fue a través de Eugenio que contactamos al ilustre doctor chileno Cristian Orrego que hace muy poco falleció en El Salvador y que tanto aportó al esclarecimiento de estos crímenes.
Pero fue también con Eugenio que redescubrimos los elementos que unen a fuerzas políticas que, aunque de distinto signo ideológico político, están motivadas por similares convencimientos éticos y morales en favor de una vida mejor para los pueblos.
Al punto que hasta junto a otras destacadas figuras de distinto terreno político produjimos un Acuerdo de consenso que fue reconocido por las dirigencias respectivas.
Lo he traído a colación simplemente porque sin esa fuerza moral de Carmen Frei y de Eugenio Ortega, no estaríamos en este instante revisando los centenares de páginas del fallo del caso Frei.
Pero claro, es sólo sentencia de primera instancia. No podemos prever qué sucederá en segunda instancia, es decir en la Corte de Apelaciones, ni menos cuando el expediente llegue a la Corte Suprema.
Y lo decimos abiertamente en un momento de la historia en que algunas sombras se proyectan de nuevo en las relaciones entre Política y Derecho.
No es casual, por ejemplo, que a poco de asumir su segundo mandato el presidente Piñera, el mismo personaje que fuera orador central de ese acto en apoyo a Pinochet cuando el dictador estaba detenido en Londres, se haya comenzado a decretar indultos contrarios a las normas nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, o la presentación de un proyecto que permita a los criminales culpables de las más brutales violaciones a los derechos humanos cumplir las condenas en sus casas particulares y no en prisiones.
Ni son casuales algunos fallos del tribunal constitucional en materia de DDHH.
Tampoco debe dejarse pasar un reciente encuentro en el palacio de La Moneda entre Sebastián Piñera y varios miembros de nuestra Corte Suprema.
La propia convocatoria presidencial a los magistrados no es usual dada la clara separación que establece la Constitución respecto de las funciones y atribuciones cada uno de los órganos del Estado. Pero además, como se señaló en información de prensa no desmentida, en ese encuentro Piñera habría criticado y pedido explicaciones a los miembros del tribunal superior por algunos fallos relativos a la responsabilidad del Estado.
Esperemos que nada altere la continuidad del caso Frei.
En su resguardo no le faltará fuerza a doña Carmen Frei y con ella estaremos todos quienes defendemos los derechos humanos.
Fuente: Radio Cooperativa
