por Alicia Gariazzo.
Con la mala memoria que nos caracteriza ya nadie habla de la Nueva Constitución. El Gobierno anterior comenzó con mucho empuje este cambio, ya que es cada vez más imperioso contar con un marco legal que ordene a nuestro Estado fiscalizar, controlar y proteger.
Los últimos años han demostrado que hemos sufrido una avalancha de colusiones, estafas y distintas formas de depredación que han afectado al patrimonio público y con mayor intensidad a los chilenos más vulnerables.
La Constitución del 80 pretendía dar el máximo de libertad a la empresa privada para que el país se desarrollara. Se suponía que estas no necesitarían fiscalización por estar guiadas por las leyes de la competencia perfecta lo que llevó a que los privados no solo monopolizaran los medios de producción, sino que también se hicieran cargo de los medios de comunicación, correos, cárceles, puertos, carreteras, salud, jubilaciones y hospitales.
De esta forma, la fiscalización del Estado desaparece en Chile y también el poder de sus instituciones. Por restricciones, tanto de presupuesto para la contratación de personal idóneo, como de las facultades establecidas por la Ley.
La Dirección del Trabajo (DT) hace años que viene demandando del Ministerio de Hacienda presupuesto para contratar más inspectores del trabajo. El Gasto Público, como porcentaje del PIB en Chile es de un 22,4%, mientras el promedio de este gasto en los países de la OCDE es de 43,9%.
Hace muy poco el nuevo Contralor reclamaba no poder cumplir con la fiscalización que se le exigía por carecer de personal. No existe fiscalización del trabajo infantil, pese a que Chile ha firmado todos los convenios pertinentes con la OIT. Solo podría fiscalizar a un prostíbulo que tuviera menores contratados y para llegar a ello tendría que contar con una denuncia.
Cuando la DT logra fiscalizar, la ilegalidad encontrada culmina en el cobro de una multa que los empresarios pagan continuando con las mismas prácticas por las que fueron multados. Una empresa de 30 mil trabajadores paga solo tres veces lo que paga una de 5 trabajadores, aunque el capital de la empresa grande sea 500 veces mayor.
Las Inspecciones del Trabajo no tienen efectos correctivos en la faena y la empresa conoce regularmente y con antelación la ocurrencia de las inspecciones. La Cámara de Diputados, que debe fiscalizar por ley, no tiene ningún poder efectivo en el ejercicio de dicha facultad. Las comisiones investigadoras no pueden obligar a privados a responder a sus citaciones, solo los funcionarios públicos están forzados a asistir.
Las conclusiones e informes elaborados por estas comisiones jamás son escuchados por los organismos involucrados y ni siquiera son publicados. Si se publicaran las conclusiones, a lo menos la opinión pública podría darse cuenta de que los diputados trabajan mucho más de lo que se cree, pero el sistema presidencialista extremo los hace desaparecer de la generación de conocimiento.
El Estado chileno es pobre. Sus mayores ingresos provienen del IVA, es decir, el impuesto que pagan en mayor proporción los menos ricos. En Chile no se paga impuesto a las utilidades, ni un verdadero royalty por la extracción de recursos.
La desigualdad lleva consigo la vulnerabilidad tanto en los pobres como en los ricos, porque también la sociedad necesita llenarse de formas de represión para proteger la riqueza. La inseguridad en el trabajo y los bajos salarios, acompañados por la ostentación de la riqueza y la publicidad llamando al consumo y al endeudamiento, estimulan la búsqueda del dinero ilegal.
Pese al silencio de los políticos, todo Chile sabe que las poblaciones populares están asoladas por el microtráfico. Hasta profesores del Sename aparecen vendiendo drogas a los niños internos El dinero ilegal explica el alto consumo, especialmente de los más jóvenes en la industria de la entretención. Ya los días jueves están todos los bares del país llenos.
Pero también el sobreendeudamiento generalizado juega un papel fundamental.
Ya hay casos de suicidios por deudas y han aparecido programas sensacionalistas en la televisión acerca de deudores. Los modelos de negocios de los dueños del retail no se refieren a metas de ventas, sino, impúdicamente, al número de plásticos que deben entregar a los sectores C3 y D para recuperar la inversión.
Es evidente que el negocio está en el dinero prestado cobrando intereses usureros a los más pobres, al punto de que los grupos más poderosos han terminado ampliándose a bancos y compañías de seguros. Es conocido también que los vendedores reciben mayores comisiones por vender a crédito.
Ello explica su insistencia para que el consumidor reciba una tarjeta. También aumentan sus ganancias con repactaciones arbitrarias que a veces ni siquiera negocian con los deudores, como ocurrió en el caso de La Polar.
La mayoría de los jóvenes está endeudada por sus estudios y por el alto costo de vida en las zonas urbanas a las que deben desplazarse desde sus ciudades de origen para estudiar. Este gasto es alto aún para familias de ingresos medios. Generalmente, este sobreendeudamiento termina con embargos, el paso a formar parte de las listas de deudores morosos de Dicom lo que impide obtener trabajo y los lleva a graves crisis familiares.
En el Siglo XXI ha aumentado la vulnerabilidad, aunque nuestra vulnerabilidad básica proviene de nuestro modelo de desarrollo no sustentable basado en la exportación de recursos naturales no renovables, cuyas ganancias pasan directamente a los bolsillos de empresas privadas en su mayoría extranjeras.
Ello se vuelve grave cuando estos recursos naturales se agotan, como ocurrió en el caso del salitre en los años 30 y como ya está ocurriendo con la pesca y la industria forestal.
Somos más vulnerables, porque ha aumentado la crueldad en el mundo actual comparada a la del siglo XX. Las nuevas formas de daño al ser humano, quizás son solo equiparables a las ejercidas por colonizadores y esclavistas, como bien relatara Mario Vargas Llosa en El Sueño del Celta.
En los años 60 habría sido inconcebible imaginar prácticas tan aberrantes como el asesinato de personas para extraer sus órganos y venderlos para trasplantes. O el uso que se hace hoy de la mujer. Traficadas cuando niñas para prostitución infantil, luego para la reproducción y el comercio de sus hijos y, finalmente, para la producción de órganos.
Por otra parte, la Cuarta Revolución Industrial sobrellevada sin creatividad por parte de los gobernantes es otra fuente de gran vulnerabilidad. Esto es, la disminución de fuentes de trabajo que implica la tecnología digital.
Ya se ha venido produciendo en puertos, minas, en la agricultura, en la industria extractiva y en todos los servicios. En todos estos sectores se combina la tecnología digital con el trabajo precario.
Las nuevas tecnologías significan un adelanto maravilloso para la humanidad, pero sus impactos requieren de la protección de Estados creativos para convertir los cambios en una ganancia para todos y no solo en la desgracia de muchos. Por lo tanto la necesidad de protección por parte del Estado es aún mayor y la forma de enfrentar la nueva situación exige un Estado fuerte apoyado en una Constitución que lo respete.
Las necesidades de los más vulnerables serán cada vez mayores por el desempleo que ya está subiendo a más del 7%, el aumento de la longevidad con un número creciente de viejos que dadas sus pensiones miserables dependerán cada vez más de hijos desempleados o sobreendeudados.
Todo ello multiplicará las necesidades de los más pobres, los discapacitados y los enfermos. No cabe duda que necesitamos una Nueva Constitución que establezca como preocupación fundamental la protección de niños, salud y desempleo.
La educación debe planificarse de acuerdo a las nuevas necesidades de la estructura productiva; no puede dejarse a los designios del mercado.
Con un mejor Estado se podrá definir y diseñar estrategias atractivas que involucren a la población y que consideren los problemas señalados, impulsando la participación ciudadana y la solidaridad.
La creación del Ombudsman debería establecerse en la Nueva Constitución. Debería haber un Defensor del Pueblo masculino y una Defensora del Pueblo femenina a nivel nacional y parejas equivalentes en cada región.
El Estado debería financiar solo los gastos administrativos, pero tanto los Ombudsman como sus asesores deberían ser trabajadores voluntarios, seleccionados por antecedentes, no por partido político. Quizás deberían contar solo con una ayuda para transporte y colación por unas cuatro horas diarias. Ello podría constituir un buen lugar de trabajo y solidaridad para ancianos y desocupados con conocimiento de la realidad social.
Las tareas de la clase política son inmensas. Es posible que dentro de poco debamos comenzar la lucha por la jornada de 6 horas. Quizás ello podría impulsarse primero en las instancias estatales administrativas, dado que la mayor parte de los trámites se están haciendo crecientemente on line.
Hay que abrir un camino de acuerdos, dialogar y autocriticarnos, ahora que no nos separa la guerra fría y que aparentemente nadie está dispuesto a defender rígidamente planteamientos extremos.
Necesitamos unir muchas mentes y muchos corazones para avanzar y protegernos entre nosotros mismos de la vulnerabilidad que seguirá aumentando.
Fuente: El Mostrador
