por Francisco Herreros.
Ante la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza los alcances de ese acuerdo, el Ministro de Economía, José Ramón Valente, afirmó que si se compara la situación previa a 2013, el actual contrato presenta mejoras que le permite a Chile acceder a un buen negocio.
Por su parte, Sebastián Sichel sostuvo que la Corfo está impulsando mejoras institucionales para hacer valer las cláusulas del acuerdo y evitar cualquier lesión para el país.
Así, con la participación de Valente, y del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, se inició el ciclo de audiencias y el trabajo efectivo de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados encargada de analizar los alcances del acuerdo entre esta institución pública y Soquimich (SQM), para la explotación del litio en el Salar de Atacama.
Como neoliberales militantes, Valente y Sichel propalaron en la comisión aquellas cifras, datos y argumentos que mejor se acomodan al interés empresarial.
Por ejemplo, ¿que sentido tiene la comparación con la situación anterior a la de 2013, cuando SQM atropellaba impunemente el contrato firmado con SQM durante el Gobierno de Aylwin, que ya era un desastre para Chile?
Esa era la posición inicial del entonces Vicepresidente de CORFO, Eduardo Bitrán, antes de que, después de cuatro años de litigio, se rindió al poder del dinero, se dio una extraa vuelta de carnero, y firmó el impresentable contrato, que hoy respaldaron Valente y Sichel en la Cámara de Diputados, el mismo que prorroga la concesión de la explotación del litio del Salar de Atacama a SQM, hasta 2030.
¿Por que establecer la comparación con la peor de las situaciones posibles, y no extraer las debidas lecciones del pésimo negocio para Chile que representó la segunda desnacionalización del cobre?
¿Por qué no hacer la comparación con lo que podría ganar Chile, no solo en recursos netos, por cierto muy superiores a los supuestos US$10 mil millones que, teóricamente, dejará la extensión del contrato con SQM, si no también en perspectivas de desarrollo, en caso de que decida explotarlo el Estado, como por lo demás establece la actual Constitución, misma que parece no tener potestad cuando perjudica el interés privado?
Sin embargo, no lo harán, como en su momento no lo hizo Bitrán, por la sencilla razón de que son neoliberales convencidos de que al Estado hay que marginarlo de la actividad económica, no por eficiencia económica, como pretextan, sino por un prejuicio ideológico no avalado ni por los datos, ni por la realidad.
De hecho, Valente agregó ante los diputados de la comisión:
«Chile tiene que aprovechar la ventana de valor que presenta el litio a nivel internacional y atraer recursos a través de su explotación, tanto para las comunidades afectadas como para el país en su conjunto».
Como disciplinado neoliberal, no trepida en mentir y engañar a la opinión pública.
El sabe que las comunidades, agrupadas en el Consejo de Pueblos Atacameños, y las organizaciones socio-ambientales del Salar, se opusieron -y se oponen- terminantemente a la presencia de SQM en el salar, y que los supuestos beneficios para el país se reducen a impuestos desproporcionadamente bajos -que además empresas como SQM, evaden y eluden con facilidad, por la incapacidad de la institucionalidad nacional encargada de la supervisión- y a una módica oferta de plazas de trabajo, contraída por la conjunción entre tecnología y baja complejidad del proceso de extracción primaria.
Como economista, no puede ignorarlo; pero como neoliberal, no puede reconocerlo, de forma que ante los diputados afirmó que, como Gobierno, se vieron involucrados en el tema cuando el contrato ya estaba hecho y en etapa de toma de razón en la Contraloría, sin perjuicio de agregar:
«Pensar hoy en qué se pudo haber hecho mejor cae en la ciencia ficción»; razón por la cual valoró el tenor del acuerdo:
«Si usted me pregunta si este contrato es una mejor situación para el Estado de Chile y para los chilenos respecto de lo que tenía antes de que se empezara a negociar esto, que fue el 2013, sin duda que esto es una mucho mejor condición de la que se tenía antes de 2013. Entonces, en ese plano y contestándole de esa forma, sobre la base de algo concreto, la respuesta es sí».
A su turno, Sebastián Sichel, acompañado del equipo legal de la Corfo, expuso la historia del proceso de explotación del litio y la relación entre la Corporación con Albemarle y SQM, donde el último hito fue el acuerdo alcanzado en enero pasado entre esta última y la Corfo, que puso fin a la disputa por discrepancias en los contratos de arrendamiento y proyectos relacionados a la explotación de litio en el Salar de Atacama.
Según informó Sichel, el nuevo convenio pasa por definir la adquisición de activos en el salar; la instalación de auditores externos y veedores ambientales, hasta 2030; promover un incentivo al valor agregado; nuevas rentas de arrendamiento; aumento en la cuota de litio, puesto que se les pide ser más eficiente en la extracción de litio de la salmuera; un aporte de I+D; y la constitución de un Instituto del Litio.
Minucias, frente a lo que puede obtener el país haciéndose cargo de la explotación del litio de modo autónomo, como puede ser la Empresa Lacional del Litio, a semejanza de CODELCO.
Bastaría para demostrarlo, una comparación entre lo que CODELCO ha dejado para el país desde su creación en 1971 (US$ 120 mil millones) contra menos de la mitad en impuestos que ha dejado el conjunto de la minería privada, a pesar que, desde fines de la década de los 90, la duplica en producción.
Pero, ya se sabe, los neoliberales son incorregibles, y no hay argumento capaz de penetrar su obstinada caparazón ideológica,
Luego, frente a consultas de los diputados, explicó que cualquier incumplimiento contractual requiere necesariamente pasar por el tribunal arbitral y que el Estado está obligado a los acuerdos que allí se determinen.
«No hay otra forma jurídica de poner término al contrato por ninguna de las causales aquí expuestas y eso es relevante cuando uno ejerce la profesión, porque este es el tribunal al cual se sometió la competencia estatal (…). Es el árbitro quien propuso las bases de conciliación, otra vez, independiente de cómo se haya llegado a ellas y, por lo tanto, el Estado se obliga con la suscripción del contrato, perdón, con la suscripción de las bases del acuerdo con el árbitro. De ahí surge la obligación estatal. La participación del Consejo de Defensa del Estado y de la Contraloría son hechos posteriores».
Una vez más altera los hechos. El árbitro al que alude Sichel es el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que de independiente e imparcial tiene tanto como en su momento pudo tenerla el Tribunal del Santo Oficio, o se se prefiere, la Sagrada Congregación de la Romana y Universal Inquisición.
Más honesto habría sido Sichel, si en lugar de invocar el arbitraje de un organismo no jurisdiccional, que resuelve conflictos entre particulares, hubiera epelado al artículo 24 de la actual Constitución, inciso 6 y siguientes regula la explotación y comercialización de los recursos mineros, en los siguientes términos:
«El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales, no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas».
Sin embargo, prefirió quedarse con la doctrina de la soberanía reducida, introducida por José Piñera, cuando fue ministro de minería durante la dictadura, con su nefasta definición de concesión plena, que obliga al Estado a pagar millonarias indemnizaciones, en caso de expropiación.
Así, aseveró que, en caso de querer cambiar esa condición, igual el Estado está obligado al pago de las indemnizaciones que surgen de la suscripción del contrato y que podrían llegar, si por ejemplo se tratara de una expropiación o de una de solicitud de arbitraje no fundado, de montos por 24 mil millones de dólares, que corresponde al valor de ganancia neta que se generan los contratos para el Estado.
Aparte de la renuncia a la soberanía, implícita en el argumento, es además una falsedad que da por hecho un fallo adverso, en circunstancias de que en cualquier tribunal arbitral se podría demostrar con suma facilidad la ilegitimidad de los contratos firmados entre CORFO y SQM, tanto en dictadura como en los gobiernos de la Concertación, más aun con el reguero de incumplimientos de la empresa de Ponce Lerou.
Más que guardianes de los intereses de Chile, Sichel y Valente parecen ser parte del equipo de abogados defensores de SQM.
Si tiene poco sentido polemizar con los neoliberales ¿significa que información como esta va a fondo perdido?
De ninguna manera. Los defensores del interés nacional deben aprehender y difundir argumentos como los aquí expuestos, para ir convenciendo a los chilenos, de que la solución definitiva y de largo plazo consiste en no votar por los representantes de la derecha, el empresariado y el neoliberalismo.
La pedagogía de Allende tardó 50 años en transformarse en acción política, vale decir, la nacionalización del cobre, publicada el 16 de julio de 1971.
No es seguro que la estabilidad política, económica y social del país resista otros 50 años de saqueo de nuestras principales riquezas, en nombre del dogma neoliberal.
De hecho, terminadas las exposiciones de Sichel y Valente, se desarrolló un amplio debate sobre diversos temas relacionados con la explotación del litio, principalmente la necesidad de avanzar hacia una explotación del litio vinculada a una mayor actividad productiva en el país.
Más claro, echarle agua.
