A falta de argumentos, y sumida(s) en la confusión, la(s) oposición(es) se ha(n) aferrado a la ilusoria sensación de inmovilismo y «sequía» legislativa del gobierno, y así lo ha ventilado por los módicos medios a su alcance.
Como «jab» de izquierda, pase; pero no es un argumento ganador.
En los hechos, el Gobierno ingresó entre el martes y el miércoles de esta semana 35 urgencias legislativas en 24 horas. De ellas, cuatro correspondieron a discusiones inmediatas (tres días de debate), 11 con urgencias suma (15 días) y el resto fueron urgencias simple (30 días).
Hay que tener sumo cuidado con algunas de ellas, por cuanto profundizan el modelo neoliberal, o bien, representan un giro autoritario, que restringe derechos.
Son los casos del Estatuto laboral para jóvenes; en el primer apartado, y de la Ley de Migraciones, en el segundo.
Al mismo tiempo, emitió contundentes señales de que está en vísperas del enviar el proyecto de contra-reforma tributaria, orientado a suprimir la leve progresividad de la reforma tributaria del gobierno de Bachelet, y rebajar los impuestos a las empresas, y el proyecto de la mini reforma al sistema de pensiones, que eleva la cotización individual y aumenta el gasto público, al incrementar el pilar solidario, mientras deja inmodificada la apropiación empresarial del ahorro de los trabajadores.
La arremetida del Ejecutivo llegó en pleno debate sobre el alcance de la actividad legislativa impulsada por La Moneda en el Parlamento, mediante la presentación de urgencias.
La controversia se había originado cuando Piñera pidió a los parlamentarios ponerse a trabajar en los proyectos, mientras solicitaba, en las comisiones, aplazar su debate.
La oposición insistió en la denominada sequía legislativa, de parte del Ejecutivo; mientras el Gobierno reclamó una actitud obstruccionista de la misma. .
En ese escenario, se puso discusión a los proyectos para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro; al que modifica la Ley 20.845 de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la Región Metropolitana (tómbola); cohecho, y el que termina con la discriminación que impide a la mujer contraer segundas nupcias.
La Segpres aseguró que la ofensiva legislativa no respondió a la controversia con el Congreso, si no que el ingreso de urgencias estaba planificado desde antes de la reciente semana distrital.
Estas presentaciones permitirán al Gobierno -según se explicó- hacer un monitoreo a los proyectos priorizados y saber así si efectivamente se ponen o no en tabla, lo que corresponde a la otra de las discusiones surgidas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente del Senado, Carlos Montes (PS), y el ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel, son las autoridades que, de cierto modo, le han puesto rostro a la divergencia, al defender los puntos de vista de la Cámara Alta y del Gobierno, respectivamente.
Ambos dialogaron en el Senado sobre el próximo ingreso del proyecto de Integridad Pública, el que contiene disposiciones para normar, entre otras, las asignaciones parlamentarias.
El presidente del PS, senador Álvaro Elizalde, y el subsecretario de la Segpres, Claudio Alvarado, fueron parte del encuentro.
A lo anterior se añadió una reunión de Blumel con el senador Francisco Huenchumilla (DC), quien preside la comisión de Constitución. El ministro también tuvo otra bilateral con la senadora Carolina Goic (DC); además de solicitar conversar con Yasna Provoste (DC). Parte del comité democratacristiano ha sido contradictor de la estrategia legislativa del Ejecutivo.
A las tratativas de Blumel se añadió un inusual despliegue de ministros en el Congreso.
Fueron siete los secretarios de Estado que estuvieron tramitando proyectos: de Justicia, Hernán Larraín; de Salud, Emilio Santelices; Economía, José Ramón Valente; Educación, Gerardo Varela; Agricultura, Antonio Walker, y de la Mujer, Isabel Plá, fueron parte de los integrantes del gabinete a los que se les observó recorrer los pasillos y comisiones del
Estas son las urgencias presentadas por el Ejecutivo:
Discusión inmediata
1. Modifica la ley 20.248, para facilitar la transformación de las entidades pedagógicas y técnicas de apoyo a personas jurídicas sin fines de lucro.
2. Modifica la ley 20.845, de inclusión escolar, en cuanto a la entrada en funcionamiento del sistema de admisión único para la Región Metropolitana.
3. Termina con discriminación que impide a la mujer contraer segundas nupcias.
4. Cohecho.
Urgencia suma
5. Estatuto laboral para jóvenes.
6. Aumento subvención Sename.
7. Indicación sustitutiva sobre imprescriptibilidad a los delitos sexuales cometidos contra menores.
8 . Otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública.
9. Modifica el artículo 12 de la ley 18.290 de Tránsito, en lo relativo a la licencia profesional.
10. Modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias.
11. Violencia en el pololeo.
12. Crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil.
13. Reforma constitucional para promover igualdad entre mujeres y hombres.
14. Ley de Migraciones.
15. Reforma integral al sistema de adopción.
Gobierno enviará reforma tributaria entre julio y agosto
En medio del debate generado por el volumen de la agenda legislativa impulsada por el Ejecutivo en sus primeros meses de administración, en las últimas semanas el gobierno lleva adelante un trabajo silencioso para instalar dos de sus proyectos emblemáticos en el Congreso y lograr un acuerdo que permita que la reforma tributaria y a las pensiones se transformen en ley.
La idea es que los cambios al esquema impositivo se estén aplicando en la Operación Renta 2019 y, por ello, en el Ejecutivo señalan que iniciaron un trabajo prelegislativo con personeros del oficialismo y de la oposición.
Asumiendo que no cuentan con la mayoría parlamentaria en ninguna de las dos cámaras, los ministros encargados de los temas ya están tendiendo puentes con distintos actores protagónicos de la oposición.
La Moneda espera tramitar con celeridad la reforma tributaria, la que enviará al Congreso en los próximos 60 días, para tenerla aprobada en la Sala de la Cámara antes de la presentación del Presupuesto 2019.
Si Hacienda cumpliera el plazo máximo comprometido para enviar el texto tributario, en septiembre, tendría poco tiempo para discutirlo, por cuanto en ese mes sólo habrá dos semanas legislativas y a partir de octubre empieza la discusión del proyecto de Presupuestos, que debe ingresar a trámite a más tardar el día 30 de septiembre, y cuya discusión se extiende hasta noviembre, donde participan los mismos diputados y senadores de la Comisión de Hacienda que deberán revisar los cambios tributarios.
Otro punto que ya está zanjado es que “por nada del mundo” los personeros se referirán a esta iniciativa como “reforma a la reforma”, “contrarreforma” o algo similar, para atenuar el componente político de que se estaría revirtiendo la reforma de Michelle Bachelet.
Es por ello que el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, siempre se encarga de precisar que se trata de una modernización que apuntará a dar mayor certeza jurídica e institucional.
En consecuencia, es obvio que se trata de lo primero.
El ministro ya comenzó a conversar con sectores de Chile Vamos y de la oposición.
Sin embargo, el presidente del Senado, Carlos Montes, señala que no lo han invitado a ninguna conversación previa:
“El trabajo prelegislativo se hace cuando se tiene una propuesta y hasta hoy no hay nada. Todo el mundo, incluso en la derecha, esperaban que el gobierno a esta altura tuviera los proyectos enviados”.
Es más, adelantó el rechazo a cualquier intento de reintegrar el sistema, el corazón de la propuesta:
“Tenemos un acuerdo con la Cámara de que no estamos por reintegrar, ellos quieren echar abajo el sistema actual y nosotros no”.
En el gobierno saben que el PS y el PC estarán en una posición más dura, y por eso apuntarán a la DC, al PRSD y al PPD.
“Dada la composición de fuerzas en el Congreso, tenemos claro que cualquier iniciativa debe suponer algún ganancial para la oposición, de forma tal que puedan habilitar un discurso ante su gente, creo que el gobierno lo tiene claro y está trabajando en esa dirección”, aseguró el diputado Patricio Melero (UDI).
El senador Andrés Allamand (RN) agregó:
“No existiendo una coalición opositora corresponde conversar individualmente pero de forma institucional, es decir a través de las directivas con los distintos partidos. En esto no basta con conseguir un voto o algunos aislados, se requiere acuerdo con bancadas”.
La división opositora se refleja en la distancia entre las palabras de Montes y el jefe de bancada de la DC, Matías Walker:
“Por nuestra parte está la mejor disposición en Hacienda para trabajar y tramitar el proyecto tributario, estamos disponibles para discutir y llegar a acuerdo. Y de hecho el que se junte con el Presupuesto sería una buena oportunidad para enlazar la recaudación con el destino de los recursos”.
