Luego de que el próximo ministro de Economía, José Ramón Valente, no descartó que el proyecto minero y portuario Dominga pudiera ser “rescatado” durante el próximo gobierno, la actual autoridad ambiental se mantuvo firme en la posición de rechazo de la iniciativa.
El proyecto de US$ 2.500 millones fue objetado por el Comité de Ministros en agosto del año pasado. Dominga pasará a un proceso de conciliación entre Andes Iron, propietaria de la iniciativa, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que representa al Consejo de Ministros, ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta.
Tras reunirse con el presidente electo Sebastián Piñera en Lago Ranco, Valente dijo que consideraba que el proyecto Dominga “es interesante” y que “lo que tiene que ocurrir ahora es que siga los cauces institucionales que le quedan, que está en el Tribunal Ambiental, y ver si es que pudiese ser rescatado”.
El ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, quien encabezó el Comité de Ministros que en votación dividida le bajó el dedo a Dominga, declinó entrar en polémica con Valente. Y más allá de que el futuro ministro encontrara que el proyecto “es interesante”, envió un claro mensaje al futuro gobierno: mantenga el rechazo.
“Nosotros tenemos nuestra posición clara con respecto al proyecto y por tanto vamos a mantenernos con esa posición hasta el final y eso no cambia el hecho que hoy día el proyecto tenga falencias en su evaluación ambiental.
Así que hay que continuar la evaluación tal cual lo ha dicho el ministro de Economía futuro, de que hay que continuar los cauces institucionales”, explicó Mena.
“Para nosotros el acuerdo que es aceptable es que se mantenga su rechazo, porque el hecho esencial no se corrige. El proyecto tiene una línea de base deficiente y por tanto esto no se parcela ni se negocia, sino que más bien se resuelve en la evaluación ambiental cualquier problema de línea de base y por tanto el proyecto no podría ser aprobado”, agregó.
Según Mena, si pudiera prosperar la conciliación a favor de Dominga aún la autoridad ambiental podría recurrir a instancias judiciales posteriores.
La ministra de Minería, Aurora Williams, coincidió en que lo dicho por Valente “es la opinión del futuro ministro, pero nosotros no vamos a opinar sobre ese tema (…) el proyecto en nuestra gestión fue evaluado y ahora continuará el proceso que corresponda dentro de la institucionalidad”.
Los caminos legales
En el Tribunal Ambiental, el gobierno es el reclamado, porque la autoridad fue la que rechazó el proyecto y lo que está apelando la empresa en esa instancia es que ese rechazo es injustificado e ilegal, explicó Eduardo Correa, del estudio Vergara Galindo Correa, que no participa del proceso.
Los abogados internos del Servicio de Evaluación Ambiental son los que defienden a la autoridad en este tipo de juicios y los que participan directamente. Por su parte, la empresa Andes Iron, dueña del proyecto, tiene sus propios abogados y el principal es Patricio Leyton, del estudio Ferrada Nehme.
“El tribunal puede llamar a la conciliación y ver si existe o no acuerdo. Si no existe, el proceso sigue y el tribunal debe decidir si darle la razón a la empresa o a las autoridades. Ante eso, se puede realizar un recurso de casación ante la Corte Suprema y, si bien no es común, eventualmente la Corte Suprema podría abrir un proceso similar de acuerdo”, dijo Correa.
