Los cálculos varían. El presidente Juan Manuel Santos reconoció que desde la firma del Acuerdo en el Teatro Colón habían asesinado 33 excombatientes, a los que deben sumarse el homicidio de otros dos el martes pasado en Peque, Antioquia, y 12 de sus familiares; sin embargo, las Farc aseguran que son 36 exguerrilleros y 13 allegados muertos.
El mandatario explicó que hasta el momento se han implementado 112 esquemas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, para brindar seguridad a 123 integrantes del nuevo partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común que estarían en alto riesgo.
Pero no ha sido suficiente para detener las acciones que parecerían hechos aislados, pero al sumarse evidencian la grave problemática para los que dejaron las armas.
¿Cuál es la magnitud?
El exterminio es una preocupación constante de Farc. El recuerdo de lo que ocurrió con la Unión Patriótica, UP, hace tres décadas, aparece recurrentemente, y el aumento de excombatientes asesinados reportados cada semana hace que reclamen por protección.
El movimiento señaló en un comunicado que “ve con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición siga haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política al nuevo partido surgido de la transformación de las Farc”.
Por esta razón hicieron un llamado al Estado y a las autoridades competentes a pronunciarse frente a los “sistemáticos asesinatos” y “tomar medidas para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la UP”.
Consuelo de tontos
Sin embargo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que los esfuerzos del Ejecutivo están dando resultados:
“Si comparamos con lo que ocurrió con los excombatientes de los grupos paramilitares que se desmovilizaron como consecuencia del proceso de paz adelantado entre el 2004 y el 2006, según el hoy vicepresidente de la República (Óscar Naranjo), que para esa época fungió como director Nacional de la Policía, cerca de 700 excombatientes fueron asesinados durante el año posterior a la desmovilización, en este caso la cifra de los excombatientes de las Farc asesinados ha sido menor: no supera las 50 personas”.
Así se eligen los protegidos
El ministro Rivera explicó que las personas a quienes se les otorgan esquemas de protección son seleccionadas por una comisión mixta integrada por cinco delegados del Gobierno Nacional y cinco de las Farc, por lo que ese partido político participa en igualdad de condiciones al Ejecutivo a la hora de determinar el riesgo.
Aseguró, además, que varias de las víctimas no contaban con ninguna medida especial de protección, como es el caso de Wilmar Asprilla Allim y Ansel de Jesús Montoya Ibarra asesinados en Peque, porque las Farc no lo solicitaron.
Ya las autoridades manejan hipótesis sobre ambos homicidios. Según el general Carlos Rodríguez, comandante Región 6 de Policía, sostuvo que al parecer serían miembros del Clan del Golfo, también conocidos como “los Urabeños”, quienes perpetraron el ataque, lo que habría ocasionado diferencias dentro de esa organización criminal.
No obstante, las investigaciones son lentas. Según el informe de la Presidencia, solo cuatro de 40 casos determinados están en juicio, el resto se mantienen en indagación o investigación.
Es importante resaltar que esta semana llegó a la oficina del partido Farc un panfleto supuestamente enviado por el Clan del Golfo en el que amenazaban a los exguerrilleros y a las sedes políticas. El Gobierno prometió seguridad y aún no se ha establecido la veracidad del papel.
Farc pide frenar asesinatos de desmovilizados y activistas políticos
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC, denunció y rechazó el doble homicidio de sus militantes activos Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, ocurrido en la zona urbana de Peque, en el occidente de Antioquia, cuando preparaban actividades de proselitismo político.-
Los voceros de este denunciaron que “han sido objeto de constante persecución por parte de fuerzas armadas que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido asesinados”.
“Pidieron a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera diligente la muerte de nuestros ex combatientes y militantes, pues hasta el momento se desconoce los responsables de esta grave vulneración.
Y a la Procuraduría General de la Nación para que analice los incumplimientos y la falta de acción de los funcionarios públicos encargados de la seguridad de esta población”.
En sus redes sociales, Iván Márquez escribió: “Que gobierno haga algo para frenar el asesinato de excombatientes de FARC. Con los 2 compañeros tiroteados anoche en Peque, sumamos ya más de 30 muertos, luego de la firma del Acuerdo de Paz. Acordamos dejar las armas para participar en política, no para que nos maten uno a uno.
El exnegociador de paz Pastor Alape también recordó que “140 líderes sociales y 47 integrantes de la comunidad fariana han sido asesinados (34 excombatientes y 13 familiares). Más los dos camaradas de anoche en Peque Antioquia, da un total de 36 excombatientes y 13 familiares asesinados”.
Sicarios atacaron a balazos y asesinaron a dos desmovilizados de las Farc en el municipio de Peque, Antioquia, mientras preparaban actos de proselitismo político en ese municipio, como parte de las aspiraciones del partido de las Farc hacia la Cámara de Representantes.
Comunicados de las FARC
Con sumo dolor e indignación recibimos la noticia del asesinato de dos de nuestros camaradas en el municipio de Peque, en el Occidente antioqueño. Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya se encontraban en este municipio realizando un encuentro con la comunidad y preparando una reunión para impulsar la campaña del candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia Wilman de Jesús Cartagena Durango.
La comunidad denuncia que a las 11 de la noche se escucharon varios disparos en un parqueadero, por lo que la Policía acudió al lugar donde encontró sin vida a los dos excombatientes. El candidato a la Cámara, por motivos personales no pudo asistir a la reunión, hecho que lo salvó de ser también asesinado. Desconocemos los responsables de esta grave vulneración a la paz.
Wilmar y Ángel eran militantes activos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Eran hombres comprometidos que estuvieron en constante lucha por la construcción de una Colombia más justa y en paz. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos.
Las y los excombatientes de las FARC-EP e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han sido objeto de la constante persecución por parte de actores armados que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz y generar temor y zozobra de quienes hoy creemos en el camino de la reconciliación, pues a la fecha más de 30 excombatientes han sido asesinados.
Vemos con preocupación que la cultura de eliminación física de la oposición política siga haciendo carrera en Colombia, y que no se cumpla con brindar garantías de seguridad para el ejercicio de la política al nuevo partido político surgido de la transformación de las FARC.
Cumpliendo con lo pactado en La Habana, venimos realizando reuniones y encuentros con las comunidades con el objetivo de socializar nuestra propuesta política. Hacemos un llamado al Estado colombiano y a las autoridades competentes a pronunciarse frente a los sistemáticos asesinatos no sólo de nuestros camaradas, sino también de líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos, y tomar medidas para que no se repita un genocidio político como lo ocurrido con la Unión Patriótica.
Además es necesario, de manera urgente, dar cumplimiento al Acuerdo de Paz en sentido del desmonte de las estructuras paramilitares.
¡Que la paz no nos cueste un muerto más!
Medellín, Antioquia 17 de enero de 2017
