Más de 40 cuarenta antecedentes previos, entre investigaciones de Contraloría y denuncias de medios de comunicación, revelan que el millonario fraude en Intendencia de Carabineros, por el cual están acusados cerca de veinte altos oficiales y suboficiales de Carabineros, no es una excepción sino una práctica habitual, debido a la inexistencia de mecanismos de control. Una rémora de los tiempos de la dictadura, que de tiempo en tiempo emerge en todas las ramas de las FF.AA. y ambas policías.
Corrupción en Carabineros: Las Más de 40 alertas que Nadie Quiso Escuchar
Gabriela Pizarro, Nicolás Sepúlveda, Catalina Albert
Aunque el alto mando fue elogiado por la transparencia con que manejó el fraude recién descubierto, nada se ha dicho por la falta de reacción ante más de 40 alertas que recibió desde 2010 sobre irregularidades internas. Compras con sobreprecio, sueldos con asignaciones indebidas, anomalías en la adquisición de vehículos, licitaciones dirigidas y fraudes en la construcción de cuarteles, son parte del menú que descubrieron decenas de inspecciones de Contraloría y reportajes de CIPER.
La jefatura reforzó las unidades que manejan más recursos y les puso oficiales de inteligencia, pero no fue suficiente.
El robo a las arcas de Carabineros –hasta ahora cifrado en al menos $8 mil millones– no debió causar sorpresa en el alto mando. Aunque la jefatura policial informó el fraude con una transparencia que le granjeó elogios, nada ha dicho sobre su propia responsabilidad por no haber actuado más enérgicamente tras conocer más de 40 alertas que en los últimos siete años revelaron graves irregularidades en el manejo de los fondos institucionales, desorden en las cuentas y fallas en los sistemas de fiscalización.
Un total de 39 inspecciones de la Contraloría General de la República y 11 investigaciones periodísticas de CIPER mostraron estas falencias. En la mayoría de los casos, los responsables al mando siguieron sus carreras en nuevos puestos o se vieron obligados a dejar las filas, pero sin perder los beneficios del retiro. Los informes de la Contraloría fueron despachados con copia al Ministerio del Interior, cartera que tiene autoridad para intervenir en Carabineros, pero que en los últimos cinco años, pese al cúmulo de irregularidades denunciadas, nunca lo hizo.
Una evidencia de que en todos esos años el alto mando no protegió debidamente el patrimonio fiscal es que un oficial que hoy figura en la red que se apropió de los $8 mil millones, ya en 2012 había sido identificado por CIPER como uno de los involucrados en una compra de generadores eléctricos con sobreprecio, operación que según el Consejo de Defensa del Estado provocó un perjuicio fiscal de $928 millones. El comandante Ramiro Martínez Chiang integraba entonces la jefatura del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Tras la publicación de CIPER, Martínez Chiang fue llamado a retiro. Pero la investigación interna de la policía no advirtió sus vínculos con el gigantesco fraude que ya entonces estaba en marcha y que recién ahora se ha conocido. Un oficial que cuenta con la confianza del actual general director de Carabineros, Bruno Villalobos, señaló a CIPER que Martínez Chiang recibió depósitos con dinero del fraude cuando ya había dejado la institución, razón por la cual no fueron detectados sus nexos con la red cuando se le investigó por la compra de los generadores.
La misma fuente reveló que el general Villalobos no ha recibido críticas del gobierno porque desde que asumió la jefatura, en 2015, impartió órdenes para intervenir las unidades donde CIPER y la Contraloría habían detectado manejos irregulares y corrupción.
Esto, según la misma versión, habría provocado que los desvíos de dinero del millonario desfalco se detuvieran, de acuerdo con la investigación interna de Carabineros, a fines de 2015. En todo caso, si esa fue la fecha en que el fraude terminó de ejecutarse, aún no está claro por qué la investigación de la Fiscalía se inició recién en octubre de 2016.
Según la versión que se maneja en Carabineros, para evitar la corrupción en las unidades policiales que gestionan más recursos, el alto mando hizo varios movimientos estratégicos. El primero fue la creación de la Dirección de Compras Públicas, a fines de 2014, la que centralizó los procesos de licitaciones.
Al asumir Bruno Villalobos como general director, se elevó el rango del Departamento de Cuarteles, que dependía de la Dirección de Logística, y se convirtió en la Dirección de Abastecimiento e Infraestructura. Esta nueva dirección está encargada de la construcción de cuarteles. Este movimiento fue la respuesta a un fraude que involucró más de $365 millones en la reposición de cuarteles en Aysén.
Villalobos también impulsó la separación del Departamento de Remuneraciones –epicentro del fraude de los $8 mil millones– de la Dirección de Finanzas. Actualmente, las remuneraciones están a cargo de un general inspector, quien a su vez es supervisado por el subdirector de Carabineros.
Villalobos proviene de las filas de Inteligencia de la institución y tras asumir como general director destinó personal de inteligencia a varios departamentos que manejan recursos millonarios. Es lo que ocurrió en la Dirección de Compras Públicas, donde asumió como jefe de gabinete el coronel René Ureta Toledo (quien hace una semana fue ascendido a la Dirección de Finanzas, en reemplazo del general Flavio Echeverría, quien fue separado del cargo por su responsabilidad de mando en el desfalco). Villalobos también instaló en el Departamento de Bienestar a un comandante de inteligencia a cargo de la supervisión de las viviendas fiscales y los créditos habitacionales.
Las alertas que Villalobos tuvo en cuenta para hacer esta serie de cambios, fueron variadas y todas de alto calibre. En octubre de 2013, un año después del episodio de los generadores eléctricos revelado por CIPER, la Dirección de Logística adquirió 29 carros blindados en US$3,5 millones. Los vehículos venían con serias fallas de seguridad y blindaje, lo que impidió su uso inmediato y motivó indagaciones por el riesgo de corrupción en esa compra.
El desorden en los gastos de la policía seguía dando campanadas de alerta. Un tercer reportaje de CIPER advirtió en 2015 que se compró un sistema para pinchar teléfonos por US$3,3 millones que presentó fallas. Un año después de su adquisición seguía sin funcionar y Carabineros, en vez de exigir al proveedor que se hiciera cargo, asumió a su costo las reparaciones.
Quien firmó el contrato de esa compra fue el general Marcos Tello Salinas, en ese momento Director de Logística. El episodio no significó una mancha en su hoja de vida: actualmente es el subdirector de Carabineros.
Las alarmas no solo fueron encendidas por investigaciones periodísticas. En los últimos cinco años la Contraloría General de la República realizó 39 auditorías a Carabineros. Hace una semana, cuando estalló el escándalo por el robo de dinero en la institución, el órgano fiscalizador elaboró una minuta en la que acusó que el desorden había sido avisado a tiempo:
“En tales fiscalizaciones (la Contraloría) ha detectado irregularidades en materia de remuneraciones, pagos al personal, adquisiciones de radiopatrullas, mantención y repuestos de vehículos, reposición de retenes o cuarteles, compras de equipos computacionales, pago de remuneraciones a profesores en academias policiales, préstamos habitacionales, aspectos contables, uso de vehículos, uso y mantención de aeronaves policiales y procesos de compras de insumos, entre otros”, señaló la minuta elaborada por la Contraloría.
CIPER revisó 34 informes sobre Carabineros que están disponibles en la página de la Contraloría, emitidos entre 2010 y 2016, y pudo refrendar las numerosas irregularidades detectadas. Por ejemplo, en un análisis realizado en 2015 a la Dirección Nacional de Logística se constató que entre 2012 y 2015 no se realizaron auditorías internas a las compras de esa sección; se detectó un contrato por US$1 millón para la compra de motos de tránsito que no fue publicado en el portal de Compras Públicas; aparecieron diferencias entre facturas y egresos por $82 millones y se denunció la omisión de información a la Contraloría por compras que sumaban $892 millones. Era solo una muestra.
En otra investigación de diciembre de 2015 la Contraloría dio cuenta de serias irregularidades en la construcción de cuatro retenes en Aysén: se realizaron pagos a una constructora por $365 millones sin verificar el avance de las obras. Además, se devolvió una boleta de garantía por otros $19,3 millones, a pesar de que esos trabajos no fueron terminados por la constructora. Finalmente, Carabineros firmó contratos directos con un tercero para habilitar los retenes. En este caso dos oficiales terminaron formalizados y detenidos por su eventual responsabilidad.
Otras auditorías dieron cuenta de desorden e irregularidades en el área de remuneraciones, unidad en la que finalmente se produjo el gigantesco fraude ahora revelado. La Contraloría detectó la práctica irregular de pagar asignaciones específicas a todos los funcionarios de una región, a pesar de que no les correspondieran. Esta era una fórmula institucionalizada para abultar las remuneraciones y si se hubiese investigado a fondo lo que ocurría en esta unidad, probablemente el fraude actual se habría detectado antes.
Los informes de Contraloría también están plagados de pequeñas faltas: oficinas de Carabineros contratando TV cable premium con fondos fiscales, un mayor presionando a particulares para contratar a su propia empresa de seguridad, altos mandos utilizando vehículos policiales y funcionarios para sus mudanzas particulares, una esposa de un general recorriendo el río Calle Calle en una lancha institucional y un mayor utilizando carros policiales para ir a dejar a sus hijos al colegio. Una cultura de fraudes menores y granjerías que fueron tierra fértil para incubar la manga ancha que dio paso a la corrupción en gran escala.
LAS MILLONARIAS COMPRAS DEL TIC
El ex comandante Ramiro Martínez Chiang es uno de los 17 carabineros que el pasado domingo 12 de marzo entraron esposados a la audiencia en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Pero no era la primera vez que se encontraba en el banquillo de los acusados.
Ramiro Martínez Chiang
En 2012, CIPER documentó en una serie de reportajes las millonarias irregularidades en las compras y contratos del Departamento de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Carabineros (TIC). Martínez Chiang fue el jefe de Infraestructura de este departamento entre 2010 y 2012, e intervino en compras millonarias de productos con sobreprecio (vea el reportaje de CIPER “Millonarias irregularidades en las compras de una unidad clave de Carabineros”).
Por este caso, Martínez Chiang ha sido investigado en la causa que originalmente llevó el fiscal José Morales y que actualmente tiene en sus manos el fiscal Marcelo Carrasco, aunque no ha sido formalizado, según consignó una nota de Emol del pasado viernes 10 de marzo.
Solo entre enero y diciembre de 2011, la empresa Mellafe y Salas, gracias a un convenio marco con Carabineros, facturó más de $2.850 millones en productos con sobreprecio para el TIC.
Una de las compras más grandes se gestó a comienzos de 2011. Martínez Chiang, junto a tres funcionarios, recibió a dos ejecutivos de Mellafe y Salas en las oficinas del TIC. El objetivo del encuentro era entregarle a la empresa detalles de las próximas compras. El resultado: Mellafe y Salas tuvo tiempo para inscribir en el convenio marco el modelo de los generadores eléctricos que licitaría Carabineros y así adjudicarse la compra inicial de 295 unidades. La empresa cobró más de $2,3 millones por cada generador, a pesar de que en el mercado se vendían por la mitad de ese valor.
Mellafe y Salas recibió cerca de $700 millones en esa transacción, una cifra que después aumentó cuando la institución le solicitó 367 generadores más. Una posterior querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) concluyó que esa venta habría provocado un daño a las arcas públicas avaluado en $928 millones.
La investigación del periodista de CIPER Gustavo Villarrubia a las compras del TIC, que sumó seis reportajes publicados entre 2012 y 2014, también dio cuenta de otros proveedores privilegiados por relaciones de amistad, “contratos de palabra” y sobreprecios, que burlaron todos los controles internos entre 2008 y 2011.
Tras la primera publicación de CIPER en febrero de 2012, la institución anunció una investigación interna. El jefe del TIC en esos años, el coronel Iván Cortés, fue trasladado a la Prefectura Norte de Santiago. En junio de ese año se descubrió que Mellafe y Salas le había pagado un viaje a Japón a un funcionario del TIC con conocimiento de la jefatura. Al funcionario se le solicitó la renuncia y el coronel Cortés fue “llamado a retiro voluntario” (vea el reportaje “Los sobreprecios y contratos de palabra que provocaron la salida del tercer hombre de Carabineros”).
Pero a los generales en la línea de mando del TIC, nadie les pidió explicaciones.
Los directores nacionales de Logística en los años en que se produjeron estas compras del TIC fueron los generales Aquiles Blu Rodríguez y Eduardo Muñoz Poblete. Ambos se acogieron a retiro en 2012. Lo mismo ocurrió con el Director de Finanzas, Iván Whipple, que dejó el puesto para que asumiera Flavio Echeverría Cortez, el general que encabezó durante casi cinco años la estructura donde se incubó el actual fraude que remece a la institución. Echeverría ahora pasó a retiro sólo por su responsabilidad al no haber advertido el robo y continúa al margen del puñado de oficiales que enfrenta a la justicia por el fraude.
La investigación de CIPER en el TIC apuntó a otro general responsable: Gerardo González Theodor, director de Planificación y Desarrollo entre 2007 y 2011. Desde ese puesto, González Theodor tuvo bajo su mando al TIC, hizo acuerdos de palabra con la empresa Mellafe y Salas para armar la nueva Central de Comunicaciones de Carabineros, saltándose el conducto regular, y monitoreó telefónicamente los contratos del departamento con Héctor Alegría Melo, un proveedor muy cercano al general que había sido acusado de estafa y presentaba un amplio historial de causas judiciales (vea el reportaje “Claves de la web de Carabineros y base de datos del personal policial en manos de un estafador”).
En 2011 González Theodor fue ascendido a Inspector General y a fines de 2012 se acogió a retiro con un desahucio de $82 millones y una pensión vitalicia de $2,9 millones mensuales.
El fiscal designado en ese momento para investigar estos hechos al interior de Carabineros fue el general Julio Pineda Peña. Según testimonios recogidos por CIPER, Pineda no entrevistó a ningún general y se encargó de que el nombre de González Theodor no quedara en las actas, a pesar de que fue mencionado por subalternos. Desde 2016 Pineda es director nacional de Personal.
CARROS BLINDADOS, MOTOS Y RADIOPATRULLAS
No solo en el TIC se descubrieron irregularidades. Entre 2013 y 2015 CIPER continuó publicando investigaciones sobre dudosas compras bajo la Dirección de Logística.
En diciembre de 2011 el Director de Logística, Eduardo Muñoz Poblete, firmó un contrato por US$ 3,5 millones para adquirir 29 carros blindados a Automotores Gildemeister. Los vehículos entregados por la compañía tenían serias fallas de seguridad y no estaban blindados como lo exigían las bases técnicas (vea los reportajes “Carabineros gasta US$ 3,5 millones en carros blindados que tienen serias fallas de seguridad” y “Director de Logística de Carabineros confirma fallas de carros blindados que costaron US$ 3,5 millones”).
Dos altos oficiales firmaron la recepción de los carros y el certificado de que todo estaba conforme: Carlos Carrasco Hellwig y Jorge Rojas Langer. En 2012 Carrasco Hellwig y Rojas Langer eran directores de Personal y Logística, respectivamente. Ambos continuaron ascendiendo. En 2013, Carrasco asumió como Inspector General y Rojas mantuvo su cargo como director nacional de Logística. En 2014, Carrasco se transformó en el segundo hombre de Carabineros, asumiendo como subdirector, y Rojas lo reemplazó como inspector general, quedando en el tercer lugar de la jerarquía. En 2015 Rojas Langer se acogió a retiro.
Otro carabinero involucrado en la millonaria compra de los carros con fallas de seguridad es Jorge Garrido Díaz. Su firma quedó estampada en la orden de compra que pagó los US$ 3,5 millones a Automotores Gildemeister el 25 de diciembre de 2011. De esa forma, la millonaria adquisición se selló en medio del relajo por la celebración de Navidad. El nombre de Jorge Garrido ya había aparecido en el radar de CIPER durante la investigación por las compras del TIC, pues era cercano al general que tenía el mando sobre ese departamento, Gerardo González Theodor.
Tras un incendio que destruyó el computador de González Theodor en octubre de 2012, distintos testimonios recogidos por CIPER indicaron que el aparato siniestrado contenía información sobre compras del TIC y acerca de millonarias adquisiciones de equipos con sobreprecio para el Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior. Este último caso, revelado por CIPER días antes del incendio, provocó la renuncia del ex fiscal que dirigía el plan, Alejandro Peña, quien hoy actúa como abogado defensor de carabineros involucrados en el fraude (vea el reportaje “Ministerio del Interior licita equipos para detectar drogas y paga cerca de 400% de sobreprecio”).
Las revelaciones de CIPER sobre las compras del Plan Frontera Norte también provocaron la renuncia de otro ex fiscal que trabajaba para el Ministerio del Interior, Felipe Baeza, quien se habría entendido en muchas de esas compras directamente con Jorge Garrido Díaz, subdirector de Gestión, Control y Adquisiciones de Carabineros en ese momento.
Cuando se creó la Dirección de Compras Públicas en Carabineros, Garrido Díaz asumió como jefe de gabinete de su director, Jorge Vidal Varas. Actualmente, Garrido figura como director de Zona de Tránsito y Carreteras en la Región Metropolitana.
Otra compra irregular denunciada por CIPER se gestó en noviembre de 2013. A través de una licitación privada, Carabineros le adjudicó a la empresa Mipoltec la contratación de un sistema para pinchar teléfonos en US$ 3,3 millones, destinado al OS-7. Pero cuando Carabineros lo instaló, no funcionó (vea el reportaje “Carabineros pagó US$ 3,3 millones por equipo para “pinchar” teléfonos: lo instaló y no funcionó”).
Mipoltec era propiedad de Jorge Lorca, quien solo 10 meses antes de vender el sistema de escuchas se desempeñaba como técnico informático a cargo de efectuar la mantención de equipos que Carabineros había comprado a la empresa Tecnodata. Esta última fue la que en 2012 fue investigada por la venta con sobreprecios equipos para el Plan Frontera Norte.
Este contrato con Mipoltec es el que fue firmado el 5 de marzo de 2014 por el general Marcos Tello Salinas, hoy general subdirector.
LAPIDARIOS INFORMES DE CONTRALORÍA
El pasado martes 7 de marzo, un día después de que se conoció el millonario fraude que sacude a la policía uniformada, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, dictó la clase inaugural del año académico 2017 de la Escuela de Carabineros.
–Hoy un periodista decía “¿y dónde estuvo la Contraloría?”, a propósito de las irregularidades que se han detectado y que se han puesto a la luz pública en esta institución. La Contraloría en estos últimos cinco años había hecho 39 auditorías en Carabineros. Muchas de ellas con consecuencias, con denuncias al Ministerio Público, otras con sumarios, otras con ningún problema. Pero la Contraloría sí había hecho su trabajo. Pero si se fijan, este es un trabajo muy ingrato. Porque a lo mejor esas 39 auditorías (…) tuvieron un efecto disuasivo, pero no fue total –sostuvo Bermúdez, según una cita publicada por El Mercurio.
Ante el contralor, en las primeras filas del auditorio, estaba el alto mando policial y el ministro del Interior, Mario Fernández.
CIPER solicitó a la Contraloría la copia de los 39 informes que esa institución declaró haber hecho a Carabineros antes de que estallara el fraude de los $8 mil millones. La respuesta fue que no estaban disponibles. Por ello, buscamos en la información pública de la web de la Contraloría, donde encontramos 34 informes finales de auditoría o investigaciones especiales realizadas a Carabineros, entre 2010 y 2016. Prácticamente todas estas inspecciones de la Contraloría detectaron desórdenes o, derechamente, faltas a la probidad. Varias de estas prácticas estaban institucionalizadas, como lo comprobaron los fiscalizadores de la Contraloría.
Así ocurría, por ejemplo, en la Región de Los Ríos, donde todos los funcionarios recibían como parte de su sueldo la gratificación especial de riesgo, correspondiente a un 10% del salario no imponible. Según la Contraloría, ese beneficio solo corresponde otorgarlo a los funcionarios “que se desempeñen en misiones de emergencia peligrosas de excepción”. Sin embargo, en esa región todos los efectivos vieron incrementadas sus remuneraciones mes a mes.
La investigación del órgano contralor (revísela aquí),
de junio de 2014, da cuenta de cómo en la misma región otros 23 carabineros recibían la “asignación de máquina” sin cumplir con los requisitos establecidos en el reglamento: trabajar exclusivamente frente a la pantalla de un computador.
La misma práctica fue detectada en 2014 por otro informe del órgano contralor respecto de la Dirección Nacional de Personal en la Región Metropolitana: desde 1993 se otorgaba a todo el “personal de fila” la asignación de riesgo, bajo el nombre de “Asignación Zona Metropolitana”. La Contraloría no calculó los dineros irregulares pagados a todo el personal desde 1993, pero sin duda la cifra es gigantesca (revise aquí el informe sobre la Dirección Nacional de Personal, de marzo de 2015).
Dentro de su programa anual de fiscalización, la Contraloría revisó las compras de vehículos hechas por Carabineros durante 2014. La sumatoria de irregularidades fue abultada: se adquirieron 30 radiopatrullas Dodge antes de que fueran tramitados los actos administrativos que aprobaban el pago, es decir, primero se hizo la compra y luego el papeleo para que pareciera una operación en regla: según la Contraloría esta práctica generó un déficit presupuestario de US$124 mil.
En este informe sobre compras de vehículos, también se detectaron otras anomalías: el contrato para la compra de 63 motos de tránsito a Williamson Balfour Motors, por US$1 millón, no fue publicado en Mercado Público; garantías de contratos no fueron registradas en la contabilidad; en los últimos tres años (2011–2013) no se habían realizado auditorías por parte de la Contraloría Financiera interna; diferencias entre facturas y egresos por $82 millones, y omisión de información entregada por la Dirección Nacional de Logística a la Contraloría sobre compras de vehículos que sumaban $892 millones: 30 radiopatrullas, un camión transportador de explosivos y dos mini buses (revise aquí el informe de Contraloría).
Otra investigación especial realizada a la jefatura de Carabineros de la Región de La Araucanía (de septiembre de 2016) da cuenta de las presiones del mayor de la 7ª Comisaría de Villarrica, Jaime Valenzuela Anders, para que particulares contrataran una empresa de seguridad que es de su propiedad. El notario de Villarrica, Francisco Muñoz Flores, declaró que luego de sufrir varios robos el mayor Valenzuela Anders le recomendó contratar los servicios de su empresa. Lo mismo hizo con el administrador de obra del Condominio La Puntilla, Cristián Salvo Córdova.
El informe de Contraloría (revíselo aquí) señala que solo se alcanzó a firmar el primer contrato, con el notario de Villarrica, por $1,5 millones mensuales. Luego de que estallara públicamente el caso, el mayor figura con un traslado: en diciembre de 2016 asumió como comisario de la 1ª Comisaría de Curicó.
En junio de 2014 la Contraloría emitió un informe sobre irregularidades denunciadas en la 15ª Comisaría de Buin, en la Región Metropolitana. Se comprobó que en 2012 el mayor Ignacio Núñez Soto, utilizó vehículos policiales para trasladarse a diario a su casa y para ir a dejar a sus hijos al colegio. Carabineros lo sancionó con un “llamado de atención”. El informe de Contraloría dejó constancia de que las hojas de ruta de los vehículos de esa comisaría no siempre registraban las firmas de autorización, ni el origen ni destino de los viajes, lo que implica que los hechos “dan cuenta de una falta de fiscalización y de vigilancia de los vehículos de Carabineros de Chile“.
La misma falta de control sobre el uso de los vehículos policiales se detectó en un informe de julio de 2013 sobre la V Zona de Carabineros (Región de Valparaíso). En ese documento la Contraloría señala: “Para los vehículos de comando asignados al uso de los oficiales generales, oficiales superiores, oficiales jefes o jefes de otros servicios de la institución, la citada repartición no elabora una hoja de ruta que permita verificar el correcto uso de tales bienes fiscales, lo que también da cuenta de falta de control sobre los mecanismos para gestionar tales registros” (vea ese informe aquí).
En enero de 2016 la Contraloría emitió un informe sobre la Academia de Ciencias Policiales (Acipol). Ahí detectó que el ex director de la Academia, Marcello Palavicino Lasarte, se auto contrató como docente y emitió dos boletas por su participación en un seminario (por poco más de $2 millones en total, pero una no se habría cobrado). El 4 de septiembre de 2015 fue trasladado como jefe a la Oficina de Informaciones de la Región Metropolitana. El informe dio cuenta, además, del pago de poco más de $7 millones a profesores que no tenían carga académica. También se cuestionó el pago de $7,4 millones a 20 docentes, ya que algunos recibieron más dinero que el correspondiente a sus horas de clases (revise aquí el informe sobre la Acipol.
El coronel Palavicino Lasarte fue llamado a retiro el año pasado, según informaron a CIPER en la oficina de comunicaciones de Carabineros. Actualmente, aparece como gerente de la Consultora de seguridad MAP, donde se destaca “su trayectoria de más de 31 años en Carabineros”.
Los informes de Contraloría están plagados de otras irregularidades que no involucran montos millonarios pero que sí dan cuenta de la falta de control al interior de comisarías y oficinas de Carabineros. En julio de 2016 se emitió un informe que investigó una denuncia sobre mal uso de bienes fiscales para beneficio particular del mayor Richard Gutiérrez Lamilla. Se pudo comprobar que el uniformado utilizó un camión fiscal, a un cabo y a 15 alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros para una mudanza particular.
La misma investigación chequeó la utilización de una lancha por parte de la cónyuge del general Pedro Larrondo Borsotto, quien recorrió el río Calle Calle para visitar las localidades de Niebla y Corral, para difundir las actividades de la Corporación de Ayuda a la Familia de Carabineros. La Contraloría dictaminó que eso no correspondía, ya que se trataba de una corporación privada.
FRAUDE EN LOS CUARTELES DE AYSÉN
Uno de los mayores hechos de corrupción detectados por la Contraloría se dio en el proceso para reponer cuatro retenes en la Región de Aysén (Villa Ortega, Coyhaique Alto, Isla Huar y Lago Castor). La investigación de la Contraloría fue publicada en diciembre de 2015, justo antes de que la Fiscalía tomara las riendas del caso y llevara a dos ex funcionarios policiales a prisión preventiva.
El informe del órgano contralor dio cuenta de cómo se pagaron dineros a la Constructora CGM sin supervisar el avance de las obras. Los retenes nunca fueron terminados por esa empresa. El informe del órgano fiscal también detectó que se había devuelto una boleta de garantía a la misma constructora, por $19,3 millones, sin chequear la existencia de un acta de entrega del retén de Villa Ortega.
La Contraloría concluyó que el servicio solventó obras cuya existencia no fue acreditada, por un monto de $365 millones. También constató que se aceptó una recepción provisoria del retén de Villa Ortega, a pesar de que existían partidas no ejecutadas (pero ya pagadas). Recién 533 días después de vencida la fecha de entrega del retén de Villa Ortega se puso término anticipado al contrato. Debido a esto se firmaron tratos directos con la Constructora Grossman, para que se terminaran las obras.
Para identificar a los funcionarios responsables se ordenó un proceso disciplinario, el que se acumularía al sumario administrativo que ya se había iniciado. Se estableció que el coronel Félix Flores Santis y el ex coronel Christian Bustos Morgado no ejercieron un control jerárquico permanente sobre los hombres a su cargo (vea acá el informe de Contraloría).
En septiembre de 2016 el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en prisión preventiva a Christian Bustos Morgado y al ex mayor César Rojas Gaete, luego de acusarlos por fraude al Fisco, cohecho y negociación incompatible. La tesis de la Fiscalía es que los dos se habrían concertado para adjudicar de manera irregular la licitación. También fueron imputados el representante legal de la Constructora CGM, Cristián Gutiérrez, y el inspector técnico de obras de Carabineros, Francisco Pizarro. Ambos quedaron con arresto domiciliario total.
Por el cúmulo de irregularidades descubiertas por la Contraloría en los últimos cinco años, el comunicado que el órgano fiscalizador emitió apenas se conoció el enorme robo que ahora investiga la justicia fue un duro golpe para el alto mando. La declaración no solo detalló que sus informes dieron pie a “sumarios, denuncias penales y correcciones de procedimientos”. También recordó que sus auditorías “permiten ir acotando las áreas de riesgo”. De esta forma, dejó en evidencia que las áreas de riesgo en Carabineros estaban muy claras y que las correcciones, si las hubo, fueron insuficientes.
Fuente: CIPER
