La Fiscalía Regional de Magallanes confirmó el arresto de los últimos dos de los 17 oficiales carabineros con órdenes de detención por su presunta participación en un fraude al interior de la institución, por un monto de once mil millones de pesos.
Hasta este sábado, 15 de los involucrados habían sido detenidos tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país, tras las órdenes emitidas por el fiscal Eugenio Campos.
Los nuevos dos arrestos se concretaron durante la noche de este sábado y, así, las 17 personas pasarán a control de detención durante la tarde en el Octavo Juzgado del Centro de Justicia de Santiago.
«En esa audiencia se van a discutir tanto las pretensiones de la Fiscalía, en cuanto al lugar de detención, a la forma de traslado y el plazo para formalizar», dijo el abogado Alejandro Peña, representante del ex teniente coronel Mauricio Saldaña, uno de los principales implicados en el caso.
En la instancia, «las defensas tienen las atribuciones para poder plantear las distintas estrategias y posturas para que, en definitiva, resuelva el tribunal, lo que va a suceder en los próximos días», adelantó el defensor de Saldaña, que se encuentra detenido en la 33ª Comisaría de Ñuñoa.
Posteriormente, los detenidos serán trasladados este lunes a Punta Arenas para su formalización.
La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, destacó:
«A nosotros nos parece que las diligencias muestran que esta es una investigación que se está llevando adelante con mucha seriedad, con mucha celeridad. Eso, creemos, es el mejor antídoto para poder enfrentar cualquier acto de corrupción en las instituciones que deben dar confianza y seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas».
En una sesión de la Comisión de Seguridad del Congreso realizada el viernes 10, que incluyó una parte con carácter reservado, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, sostuvo ante los parlamentarios que en la indagatoria administrativa que lleva adelante Carabineros habría al menos 50 funcionarios involucrados con algún grado de responsabilidad y que se proyecta que el fraude pueda superar los $ 11 mil millones.
Algunos de ellos, precisó la autoridad, tendrían sanciones menores, pues no se trataría de participación directa, sino que su responsabilidad recaería en falta de control y fiscalización. El general director comprometió, en todo caso, “sanciones a todos”.
La fiscalía ha destinado gran parte de su labor al análisis patrimonial de los destinatarios de dinero, pero principalmente de quienes son sindicados como los organizadores de lo que sería denominada “la mafia de la intendencia”.
Villalobos comentó en la sesión reservada que había una operación muy bien montada al interior del Departamento de Intendencia y en la que estaban involucrados todos los escalafones. Agregó que se sospecha que los mandos superiores, responsables de las líneas de control y fiscalización interna, también estaban en “la mafia”, según la denominó, lo que impidió que se detectara a tiempo y que operara al menos desde el 2011 hasta el 2015.
Villalobos agregó que los involucrados fueron muy cuidadosos en el gasto de los dineros.
A grandes rasgos, lo que ocurrió fue que oficiales desviaron altas sumas de dineros fiscales hasta cuentas personales de funcionarios de carabineros, dinero que se usó para compra de propiedades, vehículos y depósitos.
El giro de dinero se justificaba como una asignación al funcionario, y luego se aseguraba que había una equivocación y que se devolvería dicho monto, lo que al final no ocurría.
Los hombres claves, según lo que han arrojado el sumario y la investigación penal, serían liderados por el coronel Jaime Paz Meneses, quién siempre tuvo una labor ejemplar, representando a la institución en discusiones presupuestarias en el Congreso.
Su esposa es también oficial y dependiente del mismo Departamento de Intendencia. Sólo algunos han reparado que poseía un inmueble y una parcela en Buin que no se condecían con el estilo de vida de un uniformado de su rango.
Paz Meneses, en conjunto con el comandante Héctor Nail Bravo, Francisco Estrada Castro y el teniente coronel Pedro Valenzuela San Martín serían sindicados por los oficiales receptores de dinero como el núcleo duro tras las maniobras defraudatorias.
La policía que trabaja con los fiscales lo hace bajo la hipótesis de si todos ellos podían autorizar las millonarias transferencias a los uniformados con el desconocimiento del general Flavio Echeverría, hasta ahora la autoridad de mayor rango marginada de la institución por el escándalo.
El modo de operar, reveló Saldaña en su declaración administrativa, en su caso fue que ante la precariedad económica que vivía por un cáncer que le detectaron a su esposa en 2010 y la posterior enfermedad de una de sus hijas, recibió la ayuda de un teniente coronel de la intendencia.
Este organizó colectas para ayudarlo y luego de eso, en 2013, le habría pedido a cambio un favor: prestar sus cuentas bancarias para recibir depósitos millonarios. Cada vez que recibía el dinero, al día siguiente emitía un cheque a su nombre por el 90% de la transferencia y sacaba el dinero en efectivo, el cual debía devolver al oficial.
La colaboración de Saldaña ha sido vital y esto lo destacan los ex fiscales Vinko Fodich y Alejandro Peña, quienes asumieron esta semana su representación.
“Lo importante es que la fiscalía distinga que nuestro cliente es el último eslabón, y que no puede tener igual responsabilidad que los mandos altos que organizaban estos hechos”, dijo Fodich. Su socio, en tanto, sostuvo que “le hemos dicho al fiscal Campos que estamos a su disposición para colaborar, porque esa es la postura del ex oficial, quien presentó su renuncia voluntaria a Carabineros tras declarar en el sumario, la que no fue aceptada”.
La versión del ex uniformado en el sumario apunta a otro miembro del grupo de la Intendencia de Carabineros. Se trata del teniente coronel Robinson Carvajal Leiva, quien renunció a la institución en 2015.
En el entramado que indaga la fiscalía y que se entregó como antecedente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) el viernes 10 existiría la eventual participación también de civiles, aunque sería un grupo minoritario.
Las entregas de dinero en efectivo a los líderes del fraude habrían sido ejecutadas en bolsos negros, en estacionamientos e, incluso, sostienen algunos receptores, en la propia Escuela de Carabineros.
La fiscalía pesquisa una transacción de hasta $80 millones en efectivo y persigue la ruta de estos dineros.
En junio de 2013, la revista institucional de Carabineros publicó una nota titulada “Asesoría y $ustento” (sic) a la labor operativa. En un extenso reportaje, aparecen fotografías del coronel Paz, el teniente coronel Valenzuela y el entonces general Echeverría, quienes daban cuenta de su labor en la institución manejando un presupuesto de $ 792.694.915.000, de los cuales el 78,47% estuvo destinado para el pago de remuneraciones.
Las sospechas de la defraudación está en estos dineros, algunos destinados a viáticos y bonos, pero también en los presupuestos anuales. Una vía era que cuando un carabinero era dado de baja, el monto de su remuneración seguía alojado en esa partida, pudiendo un tercero retirarla sin levantar sospechas.
“El personal de Orden y Seguridad no puede dedicarse a estas materias, porque se distrae de su objetivo central, mientras que el oficial de finanzas asesora de cerca la gestión operativa, por lo que necesita tener conocimientos y un perfil que le permitan aportar valor agregado a los servicios (…). Somos expertos en el área financiera y económica, ahí está nuestro compromiso”, sentenció Echeverría en la referida publicación institucional al destacar su propia labor.
