Caso Penta Llega a su Fin con Condenas Irrisorias

Después de dos años y medio de investigación, empieza a caer el telón sobre el bullado caso Penta. Aparte del breve período de prisión preventiva de cinco de los imputados, entre ellos los dueños del «holding», Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, nadie más conocerá la cárcel en este caso, y lo más probable es que termine en juicios abreviados, como ya ocurrió con Jovino Novoa.

En los hechos, hoy la fiscalía ofreció juicio abreviado a Hugo Bravo, ex gerente general del grupo Penta, cuya confesión judicial desató la avalancha contra los principales ejecutivos del otrora próspero grupo económico, el cual quedó dechada para el próximo 21 de febrero.

Esto fue comunicado al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago luego que Bravo fuera formalizado por soborno por los 42 millones de pesos que se le pagaron al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner entre 2010 y 2012.

La audiencia donde se le comunicaron los cargos se realizó a través de una videoconferencia, puesto que Bravo está en precario estado de salud.

Mano Blanda

El ex subsecretario de Minería del Gobierno de Piñera, Pablo Wagner, la sacó barata en el caso Litio: pagará 1 millón de pesos en tres cuotas para no ir a juicio oral, luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía para la suspensión condicional del procedimiento. .

Wagner era indagado por haber presuntamente favorecido a SQM en la licitación para la explotación del litio mientras él era subsecretario. El ex UDI ya había sido formalizado por el delito de falsificación de instrumento público, tras comprobarse que las actas habían sido falsificadas para que dicha minera participar en el proceso en 2012 sin cumplir con los requisitos establecidos.

Pablo Wagner y quien fuera su asesora, Jimena Bronfman, no podrán ejercer ningún cargo público durante 18 meses y cada uno pagará 1 millón de pesos que irán en donación a Bomberos y Techo Chile.

La mano blanda de la justicia -en contraste de lo dura que es cuando se trata de imputados mapuche- se advirtió también en el caso de las esposas de los dueños del holding de empresa Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Ménez, acusadas de delito tributario por emisión de boletas falsas, por un monto de $ 450 millones cada una.

Si bien fueron formalizadas, no se les impuso medidas cautelares, con motivo del breve plazo para que concluya la investigación, el próximo 4 de marzo.

Una vez concluída ésta, la fiscalía debe decidir si ofrece juicio abreviado a los ahora 14 imputados, incluyendo las damas mencionadas, o los lleva a juicio oral.

El juicio abreviado ofrecido a Hugo Bravo, cuya culpabilidad no es menor a los dueños de Penta, entrega una señal clara de la dirección que tomará la Fiscalía.

Hace un tiempo atrás, el fiscal Manuel Guerra ya lo anticipaba:

«Va a depender de las circunstancias atenuantes que se configuren. No hemos descartado nunca nada y la forma de llegar a procedimientos abreviados en estos casos es que se configuren al menos tres atenuantes. Hay algunas atenuantes que son objetivas, y que se les ha reconocido en el proceso, como en la misma formalización que es la irreprochable conducta anterior».

Agregó:

«Para nosotros la colaboración sustancial es un elemento relevante para tomar decisiones. Somos partidarios de adoptar algún tipo de salida alternativa al juicio oral, en la medida en que haya colaboración sustancial por parte de los imputados».

Otro motivo que permite suponer el procedimiento abreviado es la baja penalidad que en Chile tienen los delitos de cuello y corbata. Los tres principales imputados antes mencionados -Bravo, Délano y Lavín- tienen un pronóstico de pena que, considerando  atenuantes- los deja en escenario de juicio abreviado, puesto que ninguno excedería los 5 años y 1 día, en caso de ser condenados en un juicio oral.

De ser así, sólo siete de los 14 imputados en el caso habrán pasado algún período de prisión preventiva: Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner, Marcos Castro e Iván Alvarez, este último funcionario del Servicio de Impuestos Internos.

En arresto domiciliario total quedaron Manuel Antonio Tocornal y Hugo Bravo, este último por razones de salud.

Con arresto domiciliario nocturno quedó Juan Martínez Céspedes, funcionario de impuestos internos, y con firma semanal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval.

Hasta la fecha, en el caso Penta hay dos condenados en juicio abreviado: Jovino Novoa y Edgard Mauricio Pinto Meneses.

Juicio abreviado

El juicio abreviado es una alternativa al Juicio Oral. Supone un acuerdo entre el imputado y el fiscal del Ministerio Público, en virtud del cual el primero acepta expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes de la investigación que la fundan y consiente en someterse a este procedimiento, y el segundo solicita la imposición de una pena que no exceda de cinco años.

En virtud de este acuerdo, y siempre que cumpla con los requisitos legales, el juicio se desarrolla directamente ante el Juez de Garantía, quien en su sentencia condenatoria no puede imponer una pena mayor a la solicitada por el fiscal del Ministerio Público.

En el marco de la indagatoria por el caso Penta, Jovimo Novoa, ex subsecretario de la dictadura, el ex parlamentario y ex presidente de la UDI, se conviertió en el primer condenado y sentenciado por el financiamiento irregular de campañas, en el curso de esta arista.

La condena a Novoa

El tribunal de impuso una pena de tres años remitidos, tiempo en el que deberá firmar en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, además del pago de una multa. En cambio, se le eximió de las costas del proceso.

La sentencia del Octavo Juzgado de Garantía fue la siguiente:

1. «Se condena a Enrique Manuel Jovino Novoa Vásquez, ya individualizado y sancionado como autor de delito tributario (…) a sufrir la pena única de tres años de presidio menor en su grado medio, más la suspención legal de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, más la multa del 50% de los impuestos defraudados, y que se determinaron en la suma de $15.318.298 y que le corresponderá la cantidad total de $7.659.149. Asimismo, queda condenado al pago de 5 UTA, correspondientes al valor determinado al periodo sancionado de 2013».

2. Se le concede la pena sustitutiva de remisión condicional de la pena, por el término de 3 años. Novoa deberá presentarse al Centro de reinserción social correspondiente a su domicilio, dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quede firme y ejecutoriada la presente sentencia.

3. Se autoriza a Novoa Vásquez a pagar la multa y demás sanciones pecuniarias en 10 cuotas mensuales iguales, mensuales y sucesivas, los últimos 5 días de cada mes, a contar del mes siguiente a aquél en que quede firme y ejecutoriada la presente sentencia.

4. En su oportunidad, gira ese cheque a favor del Fisco,  por los montos certificados, autos y con cargo a la boleta con depósito judicial número 25920, de fecha 5 de junio pasado.

5. Se exime al condenado del pago de costas, toda vez que aceptó el procedimiento abreviado, con el consiguiente ahorra de recursos al Estado.

Los cargos formulados por la Fiscalía

Estos son los hechos narrados por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena en su acusación fiscal:

El primer sustento  para la acusación que presentó la fiscalía el viernes pasado en contra de  Novoa, está separado en dos acciones: una denuncia del SII, de octubre de 2014 y una querella en febrero de 2015. En ellas se identificaban a varias empresas y representantes legales, entre las que estaba Penta y Jovino Novoa. Se le acusaba a Penta de registrar y contabilizar como gastos boletas de honorarios falsas de Teresa Riera, Carlos Lira e Ignacio Tenicier.

De ahí se desprende uno de los delitos que le acusó la Fiscalía a Novoa, en su calidad de representante legal de Inversiones y Mandatos S.A.: la incorporación de 17 boletas de honorarios ideológicamente falsas emitidas por Teresa Riera Rawlins y Nicole Sotomayor Chamorro, que después fueron presentadas maliciosamente en las declaraciones de impuestos de cinco años tributarios. Por eso a este delito la Fiscalía le atribuye el carácter de reiterado. Los documentos respaldaban el traspaso de dinero de Penta a Novoa para el financiamiento ilegal de campañas políticas. El monto de las boletas era de $42.241.853 y el perjuicio fiscal ascendió a $15.318.298.

Pero, en mayo de este año, vino otra querella, directamente dirigida a él: el SII denunciaba la facilitación de seis facturas exentas y tres boletas ideológicamente falsas a Empresas Penta S.A., Inversiones Penta 3 e Inversiones BanPenta 2. Esto ocurrió en 2013 y los documentos  tributarios fueron extendidos por servicios inexistentes que jamás se realizaron. Fueron confeccionados siguiendo las instrucciones de Novoa, por montos previamente acordados con Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El total alcanza los $33.611.111.

El origen: la confesión de Bravo

La trama  se empezó a desentrañar con las declaraciones de los imputados y testigos que fueron presentados por el Ministerio Público el viernes pasado, como fundamento para la acusación. El primero fue Marcos Castro Sanguinetti, contador de las empresas Penta y formalizado por la causa, que declaró en agosto de 2014 y lo que dijo fue clave: que siempre había existido ayuda del grupo Penta a algunos candidatos políticos.

Dijo que Lavín y Délano lo decidían y que Bravo era el encargado de implementar esos pagos, normalmente con facturas o boletas. También agregó otro detalle: “En una ocasión Hugo Bravo me comentó que se le estaba poniendo las iniciales de los candidatos detrás de las facturas o boletas, como ayudamemoria para él, pues la boleta que se extendía era de otras personas y no de los candidatos”.

Un mes después, el 10 de septiembre, el mismo Hugo Bravo se encargó de ratificar la versión del contador. Fue el primero en nombrar a los candidatos a los que se financiaba, y entre ellos mencionó a Ena Von Baer, a quien recuerda que se le dieron cerca de 30 millones para su campaña en Santiago y 40 o 50 para que usara en el sur.

Dice, además, que fue Jovino Novoa quien la llevó a hablar con Délano y Lavín, para pedir esos fondos. “Ambos hablaron conmigo y me dijeron que había que pagarle seis millones mensuales. Estos se hacía con boletas de honorarios no recuerdo de quién, y al reverso yo anotaba las iniciales E.V.B”, dijo ese día.

En otras de las facturas, emitida por Inversiones y Mandatos, aparecía “J.N.”. “Anoté con mi letra, que reconozco, ‘J.N.’, que significa Jovino Novoa, que siempre conseguía facturas de esa empresa, incluso en las campañas anteriores en que se colaboró. No hubo ningún servicio que se prestara a Empresas Penta S.A., sino que era un aporte a la campaña de Ena Von Baer, que en su momento concurrió personalmente con Novoa a hablar con Délano y Lavín”.

El “auspicio” de Penta

Las visitas también las recuerdan dos secretarias de Penta, que prestaron declaración seis días después. Milén Isabel de Lancón, que trabajaba directamente con Bravo, recuerda además que a ese dinero empezaron a llamarle “auspicio” para los candidatos y que los documentos llegaban en sobres cerrados, dirigidos expresamente a su jefe. “Decían ‘personal’, por lo que yo no los abría. Iban dirigidos a Hugo Bravo, que después me los pasaba a mí. Una vez que los abría eran boletas de honorarios o facturas. Una vez que los mandaba a tesorería, la persona que los había traído –que era un auxiliar que no conocía– se iba”.

El auxiliar era Raúl Fuentes, que trabajaba como junior en la oficina Guerrero y Olivos, el estudio jurídico de Novoa. Él era el encargado de retirar los cheques y llevar los sobres. Dos de las personas que habían emitido las boletas también trabajaban en el estudio. El primero es Carlos Jorge Lira, que llegó como procurador judicial. Dice que prestaba servicios directamente para Novoa y que, si emitió esa boleta por más de dos millones de pesos a nombre de Empresas Penta S.A., fue porque Novoa se lo dijo. “A Penta no le he hecho ningún trabajo. El dinero por los servicios prestados a Jovino Novoa lo recibí yo y no lo devolví a sociedades relacionadas con él”, dijo en octubre de 2014, cuando prestó declaración. Del servicio prestado, dice, no se acuerda exactamente, pero cree que debe haber sido asesoría respecto a asuntos inmobiliarios.

El talonario

La segunda involucrada es Teresa Riera Rawlins, que organizaba eventos y hacía servicios de catering en el estudio hasta 2003. Sobre las boletas, fue enfática en aclarar que no correspondían a ella. “Yo no la extendí ni tampoco presté servicios para Penta, ni menos percibí el monto líquido de los dineros que ahí parecen”, dijo sobre una boleta de dos millones y medio. “No la extendí, no es mi letra y mi firma está falsificada”. Las boletas de Riera aparecen tanto en las personales de Novoa como en las que hizo a través de Inversiones y Mandatos S.A.

El misterio lo resolvió Cecilia Ibañez, que era administradora del estudio. Ella tenía en su poder un talonario de boletas de Riera y, cuando renunció, se lo entregó a Bernardita Chamorro. “Me dijo que las guardara y emitiese algunas si don Jovino las necesitaba”, explicó Chamorro en su declaración en noviembre de 2014. “Paulatinamente el señor Novoa me solicitaba emitir boletas, dando instrucciones verbalmente, informando los datos de emisión –como monto, fecha, glosa– y emitiéndose siempre a la empresa Inversiones y Mandatos. Yo sólo confeccioné una a Penta”, dijo. Por estar en el control de la emisión, la Fiscalía le otorgó la calidad de “autor” a Jovino Novoa.

De las 17 boletas de Inversiones y Mandatos, no todas pertenecían a Riera. También aparece otra figura: Nicole Sotomayor Chamorro, la hija de Bernardita Chamorro, quien emitía además las boletas de Riera. Cuando se citó a declarar a Sotomayor, usó su derecho a guardar silencio. También se le citó al SII, pero no compareció. En cambio envió un escrito, diciendo que esos servicios eran de carácter consensual y nada constaba por escrito. Jovino Novoa dijo después que a veces ella ayudaba a su madre y que por eso le pagaban a honorarios. Las boletas superaban los dos millones de pesos.

La confesión de Novoa

Novoa también confesó, en su declaración del 3 de noviembre pasado, luego de guardar silencio en dos ocasiones. Aclaró que conocía a Délano y Lavín hace treinta años y aceptó que en 2013 les pidió apoyo.

“La suma acordada con Délano fue de 30 millones de pesos. Yo le dije en esa oportunidad que tenía un trabajo bastante intenso en mi circunscripción. Los dineros se recibieron a través de Inversiones y Mandatos, y yo los incorporé a mi patrimonio. Me dijo que el detalle lo viera con Hugo Bravo”.

Después explica el plan que trazaron:

“Se emitieron facturas a empresas del grupo Penta por Inversiones y Mandatos, que no daban cuenta de servicios prestados, si no que eran por este acuerdo. Las facturas eran por 25 millones. Además le envié una boleta de Carlos Lira que era por dos millones 500 mil y una boleta de Teresa Riera también por 2 millones 500 mil. Ninguna de esas personas trabajó para Penta”.

Sobre Ena Von Baer, admitió que una vez la acompañó a la oficina de Carlos Délano para presentarse:

“En esa reunión, no estoy seguro, pero le puedo haber mencionado a Délano que Ena Von Baer era una persona a la que valía la pena apoyar, tanto en ideas como con fondos”, y dijo además que aconsejar a los empresarios sobre los candidatos en los cuales había que invertir era algo que venía haciendo hace años, también a través del Servel.

Pero Novoa hace una diferencia que se contrapone con lo que declaró Hugo Bravo y con las iniciales que iban detrás de las boletas:

“Lo que tengo claro es que el dinero que yo recibí del grupo Penta no estaba destinado a Ena Bon Vaer”. Dice que esos recursos los utilizó para instalar un callcenter: cuarenta líneas telefónicas en la UDI para movilizar a los electores de su zona en la primaria presidencial del 30 de junio, donde se elegía al candidato del sector entre Pablo Longueira y Andrés Allamand.

Dice que contrató a cerca de cien personas por cuarenta días, a las que les pagaba alrededor de siete mil pesos, más los ocho millones que usó para asesorarse en la instalación del callcenter. “No hay documentos que den cuenta de esos pagos, pero sí hay testigos que pueden dar fe de esto”, dijo.

La Fiscalía levantó, a través de tribunales, el secreto bancario y encontró transferencias a Von Baer por cinco millones de pesos desde su cuenta personal en mayo de 2013 y por dos millones desde Inversiones y Mandatos en diciembre.

“Fue para ayudarla, pues se trasladaba al sur para la campaña senatorial. Se trasladó con su familia, con sus hijos. Yo le había pedido que asumiera ese desafío y me sentí obligado a apoyarla”.

En el mes de la primera transferencia, Von Baer le pidió ayuda a Délano.

“Ocurrió después de haber hecho el aporte a Ena. Yo no vinculé ambos aportes. No tienen relación los dineros que yo le aporté con los dineros que Délano me entregó a mí. No tuve tampoco ninguna participación en la solicitud que ella le hace a fin de año por deudas de campaña”, dijo.

El otro condenado del caso Penta

El fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, acordó un segundo procedimiento abreviado en el denominado caso Penta, que persigue presuntos delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de la política.

En efecto, el trato fue pactado con la defensa de uno de los ejecutivos vinculados al grupo Cruzat, Edgard Mauricio Pinto Meneses, encabezada por el abogado Henán Gamboa Velasco

El acuerdo estableció la aceptación por parte del imputado de los hechos por los cuales fue formalizado el año pasado, a cambio de una rebaja en la pena. Estos tienen relación con contratos a futuro o «Forward», que habrían sido datados en una fecha anterior a la real con el fin de producir una pérdida o utilidad artificial para evadir impuestos y de esta forma pagar bonos a ejecutivos.

De acuerdo a los antecedentes, dichos contratos se habrían celebrado durante los años 2009 a 2014 entre las empresas Penta y la empresa CB, del Grupo Cruzat, específicamente entre Hugo Bravo -gerente del holding en ese entonces- y Pinto Meneses.