Durante sus 17 años como dictador Pinochet acumuló un patrimonio que la justicia avaluó en US$21,3 millones. Pero parte de su fortuna la invirtió en propiedades que sólo han aumentado su valor y que según expertos consultados, hoy valdrían unos US$ 28 millones. A eso hay que agregar US$3,1 millones que la familia de Pinochet obtuvo de ventas inmobiliarias, US$5 millones en depósitos que están embargados y US$5,4 millones cuyo destino es desconocido.
El futuro de gran parte del patrimonio de Pinochet depende del desenlace del Caso Riggs, que podría entregarlo al Fisco o a sus herederos.
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El verdadero valor de la fortuna que acumuló Pinochet
Pedro Ramírez
A diez años de la muerte de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, el monto real de la fortuna que logró acumular y ocultar el dictador en el extranjero, sigue siendo un misterio.
El Caso Riggs, el juicio que investigó el origen de esa fortuna, cerró en mayo de 2015 con una “verdad judicial” que debe ser corroborada por la Corte Suprema: el patrimonio acumulado por el dictador asciende a US$21,3 millones, de los cuales US$17,9 millones habrían sido obtenidos ilegalmente.
Pero esa es solo la “verdad judicial”. Además de las hebras que conducían a la participación de Pinochet en las comisiones de compra y venta de armas y que nunca se investigaron debidamente, existe otra área gris que desmiente el monto final de esa fortuna.
CIPER investigó el cuantioso patrimonio inmobiliario que adquirió Pinochet con dineros mal habidos y los que heredó a su familia, y descubrió que su valor real asciende actualmente a $18.914 millones (unos US$28 millones).
Detrás de una maraña de transacciones y sociedades aparecen nuevos personajes y montos que sorprenden.
La cifra corresponde a la suma de las tasaciones comerciales de 26 propiedades que fueron adquiridas con fondos cuyo origen está en parte en los “Gastos Reservados” de los que se apropió Pinochet siendo jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército.
Todas esas propiedades siguen registradas a nombre de Pinochet, de sociedades que creó en paraísos fiscales, o de algunos de sus familiares directos.
Y hay más. Porque el cálculo de la fortuna que Pinochet heredó a sus descendientes, debiera considerar el producto de la venta de nueve inmuebles que CIPER rastreó.
Esos inmuebles, enajenados por su familia, fueron adquiridos con fondos fiscales malversados (“gastos reservados”) o bajo sospecha de provenir de comisiones por compra y venta de armas en las que participó el dictador.
Los registros revisados por CIPER en diferentes conservadores de bienes raíces indican que las ventas de esas nueve propiedades suman un valor nominal de $2.101 millones, cifra que equivale a unos US$3,1 millones.
Ese monto actualizado arroja $2.747 millones (US$4 millones).
Solo contabilizando los valores inmobiliarios corregidos, la fortuna se amplía.
Pero hay más. Porque habrá que agregar próximamente la cifra total que obtuvo la viuda del general, Lucía Hiriart, de los bienes que el Estado cedió a CEMA Chile, institución que ha vendido parte de ese patrimonio de origen fiscal en, al menos, $6.300 millones (cerca de US$9,3 millones).
En el juicio que investiga los bienes de CEMA de los que se apropió ilícitamente quien fuera su única presidenta desde 1973, Lucía Hiriart (93 años) fue citada a declarar en los próximos días. A la venta de inmuebles cuyos montos fueron a destino desconocido, se agregan ahora otros dineros de CEMA que fueron entregados a Lucía Hiriart para solventar sus gastos en Londres cuando el dictador fue detenido en esa ciudad (1998).
La fortuna de los Pinochet Hiriart no está compuesta únicamente por inmuebles. También hay más de US$5 millones (unos $3.350 millones) en depósitos y vale vista del Banco de Chile, del Banco Estado y del BankBoston que la justicia mantiene bajo embargo. Si el fallo del Caso Riggs –que ya entró en su recta final– es favorable a la familia del dictador, todos esos dineros pueden volver a sus manos.
La sentencia del Caso Riggs fue dictada en mayo de 2015 por el ministro Manuel Antonio Valderrama, quien condenó a seis oficiales en retiro por malversación de fondos (desviar “gastos reservados” para el uso personal de Pinochet) y ordenó el “comiso” (entrega al Fisco) de 24 propiedades, tres vehículos y de los ya mencionados instrumentos bancarios por US$5 millones (vea el detalle de los bienes en comiso). El fallo está siendo revisado por la Corte de Apelaciones, donde según pudo comprobar CIPER, ya se encuentra en etapa de acuerdo (vea la sentencia completa del ministro Valderrama).
Además, la investigación judicial determinó que los ingresos totales de Pinochet entre 1973 y 2003 sumaron más de US$21,3 millones y que el 84% de esa cifra no tenía justificación: US$17,9 millones. Así, el patrimonio con aval en sus ingresos legales alcanza a US$3,4 millones, que corresponde a la suma de todos los ingresos del general (US$1,4 millón en cifras nominales) y de los eventuales intereses que este último monto le pudo generar (los que se calculan en unos US$ 2 millones).
La tarea de establecer el volumen total de la fortuna que quedó a disposición de los herederos de Augusto Pinochet topa con un duro escollo: de todos los recursos que circularon por las cuentas y sociedades del general, la investigación judicial aún no encuentra rastro del destino de US$5,4 millones.
EL MISTERIO DEL FUNDO EN MELIPILLA
Entre las operaciones inmobiliarias oscuras y desconocidas realizadas por Pinochet, está la compra y venta de un enorme fundo ubicado en el cruce Las Arañas, en San Pedro de Melipilla. El Fundo Lincoyán, de 150 hectáreas, fue adquirido en 1989 por su hijo Augusto Pinochet Hiriart. Las escrituras indican que el hijo del dictador pagó $37 millones al contado.
Aunque Pinochet Hiriart declaró que el dinero provenía de una de sus cuentas en Estados Unidos, el que fuera auditor del Ejército, Juan Romero, aseguró en el juicio del Caso Riggs que en realidad el fundo lo pagó su padre, quien era el propietario real. En una de sus confusas declaraciones, el propio Pinochet Ugarte dijo que él lo había comprado y que luego con el dinero de su venta había adquirido Los Boldos.
Como había problemas con la hipoteca, Pinochet hizo gestiones ante el entonces gerente general del Banco del Estado para arreglar el problema. Y luego le pidió a Juan Romero que creara una sociedad para traspasárselo. En 1990, la Sociedad Agrícola Santa Gemita fue inscrita por el coronel (r) de Inteligencia del Ejército, Yosip Uros Domic Bezic, el abogado Gastón Navarrete Morales, y el analista de sistemas Raúl Francisco Rivas Pinto. Fue una sociedad pantalla, pues el verdadero dueño era Pinochet.
Romero afirmó que también participaron en Santa Gemita otras personas de confianza del dictador: Hernán Novoa Carvajal, Osvaldo Hiriart y su nieto Hernán García Pinochet, quien era el destinatario real del fundo y asumió como gerente general.
Santa Gemita compró el fundo de Melipilla en enero de 1991 en $30 millones, según la escritura. Fue el mismo Juan Romero quien aclaró que ese fue solo un monto nominal, pues no hubo pago real. En diciembre de 1992, la sociedad vendió el Fundo Lincoyán a Inversiones Fernández Limitada por $71,5 millones.
Los 26 inmuebles adquiridos con fondos que están bajo investigación fueron tasados a petición de CIPER por una de las más reputadas oficinas del rubro inmobiliario, cuyos profesionales pidieron mantener en reserva sus identidades. La tasación se efectuó mediante un software al que se ingresan los roles tributarios de las propiedades y que considera diversos factores de mercado, especialmente las ventas en sitios aledaños.
De estas 26 propiedades, 23 están bajo embargo en el Caso Riggs, porque aún figuran a nombre del general y de dos sociedades –Belview y Abanda– que él mismo ordenó crear y cuyas matrices se constituyeron en paraísos fiscales.
Hoy, a diez años de la muerte de Pinochet y a 12 de que se descubrieran sus cuentas ocultas, las tasaciones comerciales de 23 inmuebles bajo embargo alcanzan un monto global de $4.936 millones (cerca de US$7,3 millones). En esta suma CIPER no incluyó un fundo en la comuna de Lago Ranco, aunque también está en la nómina de los bienes embargados, porque no hay información concluyente sobre su tasación actual. Ese predio fue adquirido por Pinochet en $22 millones en 1992 y actualmente tiene un avalúo fiscal de $60,8 millones.
LAS COMPRAS DE BELVIEW
Los US$17,9 millones que acumuló y ocultó Pinochet en el exterior, y cuyo origen no pudo justificar en la investigación del Caso Riggs, constituyen uno de los principales hallazgos en la indagatoria de ese juicio. Fue entonces que cayó bajo la lupa de Sergio Muñoz, uno de los jueces investigadores más acuciosos, el millonario pozo de los “Gastos Reservados” que el dictador tuvo a su disposición como jefe de Estado y comandante en jefe del Ejército.
El exhaustivo cruce que hizo el primer ministro en visita del Caso Riggs entre las cuentas de los oficiales que estuvieron a cargo de esos fondos, y las que Pinochet mantenía en el exterior, permitió descubrir la fórmula que utilizó el general para sacarlos del país y luego ingresarlos e incrementar su patrimonio.
Los traspasos desde las cuentas de los oficiales que manejaban los dineros de la Casa Militar –y también los de la Secretaría General del Ejército– a cuentas que Pinochet abrió en el exterior, fueron cayendo en cascada. Y si bien hubo muchas compras y montos cuyo destino final no se pudo precisar, al final los peritajes llegaron a una cifra de los montos malversados: US$6,4 millones.
Seis altos oficiales del Ejército fueron condenados por esta arista del Caso Riggs, a cuatro años de libertad vigilada por malversación de caudales públicos provenientes de los “Gastos Reservados”. Pinochet fue sobreseído, pero no por ser inocente de este desfalco, sino porque murió mientras el juicio se desarrollaba.
Los oficiales condenados por el ministro Valderrama (apelaron al fallo), son: Jorge Ballerino, Ramón Castro Ivanovic, Gabriel Vergara Cifuentes, Sergio Moreno Saravia, Juan Mac Lean y Eugenio Castillo Cádiz. Todos tuvieron a su cargo cuentas en el Banco Riggs en las que se depositaron fondos destinados a “Gastos Reservados” de la Comandancia en Jefe del Ejército y de la Casa Militar.
Un peritaje de académicos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que analizó las cuentas bancarias que abrieron nueve personas (todos jefes de la Casa Militar y secretarios privados de Pinochet) fue clave para el fallo de Valderrama.
Determinar en qué uso Pinochet los dineros cuyo origen no pudo justificar durante el juicio, fue otra de las aristas de investigación del Caso Riggs. En los hallazgos quedó plasmada la impronta de dos jueces que hoy integran la Corte Suprema: Sergio Muñoz y Carlos Cerda.
Una parte de los dineros defraudados al Fisco por el dictador fue traspasada a Belview International Inc., una sociedad que Pinochet creó en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas y que convirtió en su principal vehículo para la compra encubierta de inmuebles. Las operaciones inmobiliarias de la familia Pinochet Hiriart se incrementaron cuando en agosto de 1991 se inscribió en Chile una subsidiaria: Belview Internacional.
Desde su constitución en Chile, Belview fue el epicentro de maniobras dolosas, pues su capital inicial se pagó con US$100 mil provenientes de fondos públicos, depositados por Sergio Moreno Saravia, entonces secretario general del Ejército, quien a su vez los recibió de José Miguel Latorre, a esa fecha secretario personal de Augusto Pinochet.
La escritura de constitución de Belview Internacional fue descubierta en 2004 por la revista Siete+7. Allí quedaron para la historia los dos nombres que sirvieron de pantalla a Pinochet para su sociedad encubierta: Óscar Aitken Lavanchy, entonces albacea de Pinochet, quien suscribió el 99% de las acciones; y Axel Buchheister Rosas, quién figuró con el 1%. Aitken declaró que Belview se constituyó en Chile con el objeto de realizar negocios inmobiliarios y “facilitar la asignación hereditaria” de la familia Pinochet. Un eufemismo de su verdadero fin: eludir el impuesto a la herencia.
El 9 de agosto de 1991, tres días después de su constitución en Chile, Belview inició su tarea: le compró un departamento en Reñaca al ex director de la CNI, general (r) Hugo Salas Wenzel, condenado en 2007 por el asesinato de 14 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Operación Albania. Belview pagó $28,3 millones por el departamento ubicado en el edificio Los Maitenes (Reñaca). En 1998 lo vendió en $42 millones, al ahora senador Francisco Chahuán (RN).
A esa primera compra de 1991, le seguirían otras 11 transacciones inmobiliarias realizadas por Belview en su afán de “facilitar la asignación hereditaria”:
En 1994, Belview compró un departamento, de propiedad de Lucía Hiriart, ubicado en General Gorostiaga Nº 509 (Ñuñoa), en $40 millones y lo vendió tres años más tarde (1997) en $28 millones.
También en 1994, Belview adquirió la parcela Los Boldos, propiedad de Augusto Pinochet, para venderla dos años después (1996) al mismo Pinochet, pero esta vez junto a su esposa y sus cinco hijos.
En 1995, Belview compró dos departamentos en Iquique, en avenida Playa Chipana Nº 2040, los que uniría para convertirlos en su residencia en una de sus ciudades favoritas. El N° 602 le costó $75,2 millones, y el N° 603, $47,4 millones. En total, la operación le significó un desembolso de $122,6 millones. Cuatro años más tarde, se utilizó nuevamente Belview para una transacción en ese mismo edificio: en 1999, le compró a Pinochet en $65 millones el departamento 601, el mismo que el general había adquirido en 1995.
En 1997, Belview compró en $55 millones el departamento 401 de calle Las Nieves Nº 3850 (Vitacura), propiedad de Lucía Hiriart. Seis años más tarde (2003), lo vendió en $40,7 millones ($15 millones menos) a la sociedad Cornwall Overseas, también relacionada con negocios de Pinochet en el extranjero y administrada por Óscar Aitken.
En 1997, Belview compró el departamento 402 de avenida Kennedy Nº 9962 (Vitacura), en $34 millones.
Y, finalmente, en 2003 adquirió el departamento 31 de calle Bartolomé de Las Casas Nº 1747 (Vitacura) en $54 millones, una tercera parte de su valor comercial.
ABANDA FINANCE Y GLP LIMITED
Belview no fue la única sociedad alojada en un paraíso fiscal a través de la cual Pinochet y su familia utilizaron dineros del Estado de Chile (“Gastos Reservados”) para realizar operaciones inmobiliarias en su beneficio. Abanda Finance fue constituida en 1997 también en Islas Vírgenes Británicas por Óscar Aitken, por mandato de Augusto Pinochet.
Dos años después de su creación (1999), Abanda compró otro departamento en Reñaca para Pinochet (con bodega y tres estacionamientos). Por el departamento 301 del Edificio Torremolinos V (Las Golondrinas Nº 1169), se pagaron $214,8 millones.
Un día antes de adquirir el nuevo departamento en Reñaca, Abanda Finance recibió una transferencia de US$400 mil desde otra sociedad que Pinochet había creado en Islas Vírgenes: Eastview Finance. El 15 de noviembre de 1999 Abanda recibió la remesa enviada a Chile por Monex Agencia de Valores. Con esos US$400 mil –que al cambio de la época equivalían a unos $218 millones– se pagaron los $214,8 millones que costó el departamento en Reñaca.
Ese es el único movimiento que registró la cuenta de Abanda cuando se inició la investigación del Caso Riggs, en 2004. En su fallo, el ministro Valderrama asegura que la finalidad de estas transacciones fue “encubrir al verdadero propietario de los inmuebles”.
El entonces albacea Aitken admitió ante el tribunal que Abanda fue creada “para resguardar los bienes del señor Pinochet, encomendados al abogado Ambrosio Rodríguez”. Y afirmó que el dueño de Abanda era Belview, es decir, Augusto Pinochet Ugarte. Por lo mismo, dijo, el departamento de Reñaca debía considerarse como otra propiedad de Belview.
En sus largos interrogatorios, Óscar Aitken debió reconocer las hebras que llevaron a descubrir una tercera sociedad de Pinochet en el extranjero y que él mismo administraba: GLP Limited. “Con fondos del orden de US$6 millones se suscribió un contrato de inversión en Lehman Brothers a nombre de la empresa GLP”. De ese monto, dijo, se enviaba regularmente una cantidad a Pinochet, a su esposa y a sus cinco hijos. Aitken le adjudicó a su eficiente manejo del dinero –a través de la compraventa de valores e intereses que ganaba GLP– el incremento de los dineros que Pinochet ocultó en dicha sociedad.
En GLP Limited, Aitken actuó con un mandato de fideicomiso y debía entregar mensualmente los fondos que se repartían entre Pinochet, su esposa y sus hijos. Por esa función y por su rol de albacea y asesor en las otras sociedades que Pinochet creó en el exterior, algunas de ellas relacionadas con venta y compra de armamento, Aitken era un asiduo visitante de la residencia de los Pinochet Hiriart en Los Flamencos. Sobre cómo ejercía Pinochet el control sobre esas inversiones, Aitken afirmó ante el juez:
“El general requería que las conversaciones se realizaran a solas, para que su cónyuge no tomara conocimiento en detalle de sus inversiones. Y, en el evento que la señora Lucía permaneciera en el living cuando le rendía cuentas, me hacía un gesto o me decía que el tema lo veríamos después, ponía término a la audiencia y me citaba para conversar en el inmueble que ocupaba la Agrupación de Seguridad, en calle Málaga”.
En su sentencia, el ministro Valderrama estableció que “la malversación de caudales públicos” realizada por los seis oficiales condenados en el Caso Riggs, dio paso “a abrir cuentas en el extranjero que permitieron hacer traspasos de los dineros del erario nacional, con los que un tercero, también funcionario público (Pinochet) , compró propiedades, abrió sociedades, solventó gastos de su familia y abrió sociedades fiduciarias, como la sociedad GLP Limited, cuyos dineros se entregaban a los familiares de Augusto Pinochet”.
De allí que la gran casa en Lo Barnechea que compró Jacqueline Pinochet en 2003, con dineros provenientes de GLP, debe ser considerada parte del patrimonio acumulado ilegalmente por la familia. Pese a ello, no fue incluida en el embargo.
En sus movimientos financieros, GLP Limited utilizó una cuenta del Banco de Chile en Nueva York y otra de corretaje en Lehman Brothers, ambas abiertas en noviembre de 2002. Un año después, parte de los fondos que allí ocultó Pinochet, sirvieron para comprar la casa de calle Los Trapenses Nº 4122 (Lo Barnechea), por 11.562 UF ($195,8 millones de esa fecha). Era julio de 2003 y el inmueble se inscribió a nombre de Jacqueline Pinochet Hiriart y de sus hijos: María José y Constanza Martínez Pinochet, y Sofía y Jaime Augusto Amunátegui Pinochet.
Hicieron un buen negocio: en 2012 la casa de Los Trapenses se vendió en 18.000 UF ($406 millones a la fecha). La venta se hizo poco antes de que la hija menor de Pinochet contrajera por cuarta vez matrimonio, con Jorge Castaño Tasville.
GLP repartió fondos entre los Pinochet Hiriart desde octubre de 2002 hasta julio de 2004. Augusto Pinochet recibió US$ 265 mil, la misma cantidad obtuvo Lucía Hiriart, mientras que cada uno de sus hijos recibió US$75 mil. En total, se repartieron US$905 mil, cantidad a la que se suma un retiro extraordinario que hizo el general por US$232 mil.
LAS JOYAS DE LA CORONA
Han transcurrido diez años desde que el dictador falleciera y la decisión que dejó a Los Boldos fuera del embargo que pesa sobre los bienes adquiridos por la familia Pinochet con fondos no justificados, es un triunfo que los Pinochet Hiriart han sabido aprovechar.
Una de las joyas inmobiliarias del dictador se salvó del brazo de la justicia, porque ya no figuraba a su nombre cuando se inició el Caso Riggs.
El campo de Los Boldos, de 51 hectáreas, está ubicado cerca de la Hacienda Bucalemu, que fue propiedad del Ejército hasta hace muy poco, y aledaño a Rocas de Santo Domingo. Allí se construyeron cuatro casas, una capilla (donde se supone están las cenizas de Pinochet), jardines, parque y un bosque maduro de eucaliptus de alto valor comercial que cubre gran parte del terreno. Su tasación comercial actual alcanza a los $13.414 millones (unos US$19,8 millones).
Fue una gran inversión si se considera que el general lo compró en 1994 en $34 millones y que la casa que se hizo para él fue construida por suboficiales del Ejército en horas de servicio. Así lo consigna en su fallo el ministro Valderrama:
“En Los Boldos, Augusto Pinochet hizo construir una casa de 472,19 mts2, cuyo costo a la época, alcanzó los $184 millones, valiéndose para ello de personal destinado a la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, durante su jornada de servicio público”.
Originalmente, la propiedad quedó a nombre de Lucía Hiriart, pero en régimen de sociedad conyugal. Solo meses después de la compra, la parcela fue vendida en $80 millones a la subsidiaria chilena de una sociedad creada en Islas Vírgenes por Pinochet: Belview International. Dos años después, en 1996, Belview la vendió en $84 millones a Pinochet, a su esposa y a sus cinco hijos, en partes iguales. Así, burlaron el pago del impuesto a la herencia.
En 1999, detenido en Londres y acosado por el embargo que intentaba imponerle el juez español Baltasar Garzón, Pinochet liquidó su sociedad conyugal. La operación, ejecutada por el abogado Ambrosio Rodríguez, adjudicó a Lucía Hiriart la séptima parte de Los Boldos que pertenecía a su marido (ver liquidación de la sociedad conyugal). Así, ella quedó con dos séptimos de la parcela y cada uno de sus hijos con un séptimo. Y lo más importante: el nombre del general fue borrado de las escrituras de la propiedad.
Quienes conocen la trama interna del Caso Riggs, afirman que fue precisamente la liquidación de la sociedad conyugal lo que hizo que el entonces ministro en visita del caso, Sergio Muñoz, decidiera dejar a Los Boldos fuera del embargo. Y ello, porque al no figurar ya Pinochet como propietario, era muy plausible que la corte echara abajo los embargos, sembrando con ello dudas sobre la solidez de su investigación.
La liquidación en urgencia de la sociedad conyugal dio sus frutos. En 2015 la viuda y sus hijos “vendieron” Los Boldos a varios nietos de Pinochet en $61 millones, muy por debajo de la tasación comercial. Una operación que, por su diseño y montos, buscaría eludir el impuesto a la herencia. Y también, dejarla a salvo de las demandas tributarias en curso o de eventuales demandas civiles por el enriquecimiento del general a costa de recursos públicos.
Otro de los bienes que la familia Pinochet logró dejar fuera del embargo, es uno de los tres terrenos que componían El Melocotón (Cajón del Maipo), donde Pinochet construyó una casa de descanso en 1983. Ese paño, tasado en $233,9 millones, fue cedido por Pinochet en diciembre de 2002 a uno de los hijos de su hija Lucía, Hernán García Pinochet, supuestamente en pago de una deuda. En la escritura respectiva, la cesión se justificó con el argumento de que Hernán García Pinochet se habría desempeñado desde 1988 como “administrador y supervigilante” de los inmuebles de El Melocotón, sin recibir las remuneraciones adecuadas.
Los que no se salvaron del embargo fueron los otros dos paños de El Melocotón y cuyas tasaciones comerciales actuales suman $3.276 millones. A pesar de la medida judicial, la familia obtiene de allí una renta mensual, ya que los arrienda a la Universidad San Sebastián. En la residencia secundaria que ocupó por años Pinochet, la USS instaló su Centro de Montaña.
La tercera joya inmobiliaria de la familia que la liquidación de la sociedad conyugal salvó del embargo, es la casa que el matrimonio Pinochet Hiriart construyó en La Dehesa, en calle Los Flamencos. Esa residencia, la última que ocupó el matrimonio, fue adjudicada a Lucía Hiriart en esa liquidación. Los cuatro paños de terreno originales –que sumaron 3.300 m2– fueron comprados por Pinochet entre 1989 y 1990 por un total de $71 millones.
El boom inmobiliario de La Dehesa hizo que la inversión se convirtiera en una pequeña fortuna: en 2014 Lucía Hiriart vendió el inmueble de Los Flamencos en $1.351 millones. La viuda se trasladó a un departamento en el sector de Valle del Monasterio, también en La Dehesa, por el que pagó $329 millones.
El año pasado, la viuda de Pinochet “vendió” el departamento en el cual vive a cinco de sus nietos en apenas $120 millones. La transacción es una de las últimas piezas del salvataje exitoso de la herencia del dictador.
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Fuente: CIPER Chile
