Al igual que sucedió al término de su primer gobierno, la Presidenta y sus ministros están elevando las manos al cielo celebrando un “gran acuerdo nacional” con la derecha con el objetivo de entregar una cantidad de recursos públicos sin precedentes, más de un billón de pesos, sin rendición de cuentas, a las universidades privadas, especialmente a las que lucran.
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Como no les bastara que la mitad del presupuesto de educación superior presentado estuviese destinado a créditos y becas, es decir al “subsidio a la demanda” que ha sido la esencia de la política educacional de todos los gobiernos desde 1990, la derecha forzó al gobierno a la ignominia de regalar algunos miles de millones adicionales a las privadas bajo chantaje de llevar al “tribunal constitucional” la glosa de gratuidad, la cual más allá de sus defectos es la única política efectiva de transformación de este sector y que en el presupuesto alcanza apenas a un tercio de los recursos totales.
Nada impedía que el gobierno destinase todos los recursos de créditos y becas a gratuidad, lo cual hubiese permitido extenderla de inmediato a más de dos tercios del estudiantado de educación superior, más de 800 mil alumnos que cubren los nueve primeros deciles de ingreso familiar.
En lugar de eso han ampliado por igual los recursos a gratuidad y créditos agregando 200 mil millones de pesos adicionales a cada partida respecto del 2016, aparentemente siguiendo la política de “dejar contentos a todos”.
Ello resulta tanto más impresentable cuanto es de público conocimiento que tal propuesta fue acordada en un cenáculo íntimo que reúne a los ministros respectivos, los parlamentarios más vociferantes en la materia y los principales lobbistas de las privadas que más lucran, quienes ejercen el oficio de modo ilegal puesto que no están inscritos como tales sino que fungen de autoridades “académicas” con sueldos multimillonarios sin tener otro antecedente que su amistad estrecha con las autoridades que distribuyen los fondos públicos, todos ellos correligionarios en dos partidos de gobierno.
Se equivocan profundamente quienes presentan este acuerdo como un logro. Al revés, representa la abdicación de la voluntad reformista y así es percibido por la ciudadanía. Así lo han entendido también varios parlamentarios, como el senador Urresti que ha declarado “no estoy disponible para apoyar un proyecto que genera una contrarreforma” o el senador Quintana que ha dicho que “el Gobierno pasó del realismo sin renuncia derechamente a renunciar… ha traspasado la «línea roja» al entregar recursos a establecimientos que lucran” y el senador Montes, quien ha “lamentado la falta de fuerza y convicción de nuestro gobierno de jugarse por el cambio en educación superior”.
Al igual que sucedió el 2010 y nuevamente en las recientes municipales ello conducirá con seguridad al rechazo ciudadano en las elecciones venideras. Con toda razón pues ¿con qué autoridad van a pedir a un pueblo cada vez más indignado que confíe nuevamente en una coalición a la que eligió con abrumadora mayoría parlamentaria con la promesa de hacer reformas y finalmente renunció a hacerlas?
Hay que enmendar rumbos de inmediato.
Del gobierno no se puede esperar nada mientras continúen los actuales ministros en las carteras que fijan la política educacional. Ellos explícitamente han “entregado la pala” de las reformas y ya han anunciado que buscarán el mismo tipo de “acuerdo nacional” en la nueva ley de educación superior, que concita un rechazo general.
Hay que corregir asimismo las actitudes falsamente elitistas que pretenden una reforma educacional “de macetero”, reducida a las solas universidades estatales, que hoy se encuentran jibarizadas a menos de un quince por ciento de la matrícula.
Evidentemente hay que fortalecerlas y hacerlas crecer, pero ello no se puede hacer a costa de enfrentarlas a todo el resto, es decir, al 85 por ciento de quienes estudian y trabajan en instituciones de educación superior, a quienes se abandona a la continuidad de las fracasadas políticas de autofinanciamiento en base a créditos y becas.
La presión deberá provenir de autoridades, académicos y estudiantes de todas las instituciones de educación superior acreditadas, demandando unidos un Nuevo Trato de parte del Estado basado en el esquema de gratuidad, que deje atrás la política seguida hasta ahora de forzarlos a autofinanciarse vendiendo servicios educacionales a los estudiantes.
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Esta es la verdadera causa de la crisis más que el mal comportamiento de tales o cuales actores que por cierto también los hay en educación superior como en cualquier tipo de actividades.
Además es una política que refleja un comportamiento inmoral desde el punto de vista social, puesto que pretende cargar el sustento del sistema de educación superior a los salarios de los que viven casi todas las familias de los estudiantes de todos los deciles de ingresos, en circunstancias que en todas las sociedades civilizadas tal responsabilidad corresponde a las élites, que para eso se apropian del excedente que en el caso chileno además representa más del 55 por ciento del producto interno bruto, en circunstancias que los salarios representan apenas un 35 por ciento del mismo.
Puede ayudar al salvataje del gobierno y su coalición que se levanten cuanto antes candidaturas presidenciales que con decisión, libertad y claridad, planteen la necesidad de retomar y profundizar el curso reformista.
Dicha promesa solo será creíble de parte de quienes pertenezcan a la coalición de gobierno si éste acoge esa voluntad y en el último año de su mandato nombra un gabinete decidido a impulsar desde ya las reformas comprometidas para este periodo y las que se han dejado pendientes para el próximo.
De todas estas medidas, la primera debe consistir en redestinar a gratuidad todos los recursos de “ayuda estudiantiles” en el presupuesto de educación superior.
