La totalidad de las grandes compañías pesqueras de la Región del Bio-Bio deberán entregar información contable acerca del financiamiento que han realizado a políticos en momentos de campañas electorales y mientras además se legislaba la Ley Longueira, entre los años 2009 y 20013.
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Esto luego que el el Cuarto Juzgado de Garantía, con fecha 21 de octubre, autorizara al Servicio electoral a levantar el carácter secreto que tienen ese tipo de donaciones campañas electorales.
Entre las empresas investigadas están Pesquera Biobío, Blumar S.A., Enapesca S.A., Alimar, Bahía Coronel, Landes S.A., Camanchaca S.A., Camanchaca Pesca Sur S.A., Cannex S.A., Foodcorp S.A., Congelados del Pacífico, Mar Profundo, Itata S.A. y El Golfo, además de las patronales Asipes y Sonapesca.
La investigación la realiza el fiscal Julio Contardo, y la jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong -ambos a cargo del caso Corpesca y su arista Asipes.
Según el diario La Tercera, el requerimiento de los fiscales detalla que el Ministerio Público pide “todos aquellos antecedentes relativos a los aportes de carácter público, reservado y/o donaciones en calidad de aportes reservados”, agregando que esto se solicita “en relación a las campañas electorales entre los años 2009 y 2013, incluyendo elecciones parlamentarias y primarias, remitiendo -en caso afirmativo- el detalle de dichos aportes, tales como montos, fechas y receptores”.
La diligencia se suma a otra que los persecutores también solicitaron al Servel en septiembre y que se relaciona con los aportes reservados que pudieron haber recibido cinco políticos de la Región del Biobío.
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Esa vez se buscaba conocer los aportes reservados que pudo haber recibido el ex diputado UDI Sergio Bobadilla, así como los diputados Cristián Campos (PPD), Jorge Sabag (DC), Clemira Pacheco (PS) y Enrique van Rysselberghe (UDI). Al igual que en otras oportunidades, el Servel respondió que para levantar la reserva necesitaba una autorización judicial.
En tanto, hace algunas semanas el Ministerio Público obtuvo autorización del tribunal para incautar información de la oficina y domicilio del presidente de Asipes, Luis Felipe Moncada.
