Mucho se ha hablado sobre la participación ciudadana en estos días. Y es que la alta abstención en las últimas elecciones municipales da mucho para reflexionar respecto del debilitamiento de los mecanismos tradicionales de representación, y por lo tanto de la necesidad de repensar el carácter de nuestra democracia y las formas de relación entre el estado y la sociedad.
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A pesar de que todos los sectores políticos hablan de la importancia de la participación ciudadana, en los últimos 20 años no han sido muchos los esfuerzos por superar el estado actual de la participación en Chile, caracterizado por mecanismos institucionales de baja intensidad, no resolutivos y de carácter instrumental (orientada al cumplimiento de metas).
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Uno de los pocos esfuerzos realizados fue la promulgación el año 2011, luego de 7 años de discusión legislativa, de la ley 20.500 que regula la participación en la gestión pública y la asociatividad civil. Sin embargo, a 5 años de su promulgación, aún no se logra implementar completamente, y sus escasos resultados hicieron que a principios de este año se conformara un nuevo consejo asesor presidencial, esta vez sobre participación ciudadana, para proponer cambios a la normativa actual.
Este consejo (denominado Consejo Nacional de Participación Ciudadana) ha realizado variados esfuerzos por recoger diferentes opiniones y propuestas sobre el tema. Se han realizado foros de debate con centros de pensamiento (en los cuales ha participado nuestro Instituto), audiencias con distintas organizaciones sociales y actores de la sociedad civil, consultas virtuales y diálogos ciudadanos en todas las regiones de Chile, además del propio debate que se ha generado en su interior.
A dos meses del término de su funcionamiento (según el decreto que lo creó, tiene duración hasta enero de 2017), ya hay un borrador consolidado con un diagnóstico bastante crítico sobre la participación ciudadana en Chile (que sin duda compartimos), y algunas propuestas que a nuestro juicio van en buen camino para promover y profundizar la participación.
En primer lugar, se propone una nueva institucionalidad para la participación, con la creación de una Subsecretaría de Participación Ciudadana dependiente de la SEGEGOB, y manteniendo el funcionamiento del Consejo Nacional para la Participación Ciudadana. Ambas instituciones se relacionarían de manera recíproca, aunque la propuesta es otorgar más poder y facultades al Consejo que a la Subsecretaría, cuestión que no compartimos.
También se propone otorgar más facultades a los COSOC ministeriales y comunales, algunas de carácter vinculante, además de democratizar sus elecciones (en muchos ministerios son elegidos a dedo). Y por otro lado, elaborar un solo reglamento de participación ciudadana para todos los ministerios y servicios, lo cual es un avance ya que busca unificar el concepto de participación que actualmente es entendido y llevado a la práctica de diferentes formas de acuerdo a la visión de cada servicio.
Se busca también incorporar nuevos mecanismos de participación ciudadana a los ya establecidos, como los presupuestos participativos, a nivel comunal y regional. Para eso, los órganos de administración del Estado dispondrán de un ítem en el presupuesto público para financiar estos y otros mecanismos de participación ciudadana. Y el incumplimiento de los mecanismos de participación obligatorios establecidos por ley será considerado una grave falta administrativa.
A nivel municipal, se busca que el COSOC tenga un rol más protagónico en las políticas de participación local. En este mismo ámbito, los municipios deberán contar obligatoriamente con una ordenanza municipal de participación ciudadana para todos sus instrumentos de gestión comunal (PLADECO, Plan Regulador, Presupuesto). Además, se propone que el alcalde deje de presidir el COSOC, cumpliendo esta función un miembro del consejo electo por sus pares. Las elecciones de los COSOC comunales se realizarían al mismo tiempo en todo el país.
Finalmente, y recogiendo los resultados de la etapa participativa del proceso constituyente, el consejo propone incorporar en nuestra Constitución mecanismos de democracia directa como las consultas, referéndum de autoridades y leyes, plebiscitos, iniciativa popular de ley, etc. Como forma de incorporar la participación ciudadana de una manera realmente incidente y eficaz.
La verdad es que estos esfuerzos y estas propuestas no son nuevas. En muchas de las instancias antes nombradas se repiten las mismas propuestas y los mismos actores que llevan años intentando incidir en distintos espacios para modificar la institucionalidad y mejorar la participación ciudadana en Chile.
Sin embargo, es muy probable que todo quede nuevamente en nada. A pesar del entusiasmo del Consejo y sus integrantes, hasta el momento no hay ninguna claridad respecto a los resultados de las propuestas que emanarán de ese espacio. El objetivo de las propuestas es transformarlas en un proyecto de ley que modifique los marcos institucionales de la participación. Sin embargo no hay interés del ejecutivo hasta el momento por llevar a cabo ese proceso. Y desde el parlamento tampoco se ven actores políticos interesados en empujar las propuestas desde el legislativo.
Es muy paradójico que un gobierno que se ha propuesto como objetivo terminar con la desigualdad a través de grandes reformas, no ponga el acento en la participación ciudadana.
No solo como una forma de dinamizar esas reformas, sino también porque la participación ciudadana tiene sentido cuando es también una herramienta de integración social (participan sectores tradicionalmente postergados de la política). Sobre todo pensando en una ciudadanía que hace años viene exigiendo una redefinición de las reglas del juego, y copando espacios no institucionales de participación (movilizaciones, paros, asambleas).
Las trabas institucionales a las propuestas del Consejo pueden ser muchas. Sin embargo, tampoco debemos pensar que la única salida a la crisis de participación en Chile es la institucional. La experiencia dice que no basta solo con hacer modificaciones al marco normativo para solucionar un problema político. Desde el mundo social también surgen respuestas frente a esta crisis, y el aumento de la participación por fuera de las vías institucionales da cuenta de aquello. Ambos esfuerzos no son excluyentes, y es responsabilidad tanto de la sociedad política como la sociedad civil el superar el estatus actual desconfianza mutua para avanzar hacia una democracia participativa que ponga el acento en el protagonismo popular como método de fortalecimiento del sistema democrático.
(*) Director Área de Desarrollo Social y Participación. ICAL
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Fuente: ICAL
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