El ex ministro de Economía Pablo Longueira y el ex subsecretario de Pesca Pablo Galilea, ambos del Gobierno de Sebastián Piñera, están siendo investigados por las Fiscalías Centro Norte y de Valparaíso tras una denuncia por el otorgamiento de permisos de pesca a supuestas «embarcaciones de papel» del grupo Angelini.
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La denuncia -a la que tuvo acceso El Diario de Cooperativa- apunta a naves acreditadas por la Dirección General de Territorio Marítimo y de Marina Mercante de la Armada que fueron reconocidas como «inexistentes» por el organismo (Ver documento). Estas pertenecen a la empresa Orizon -ex Iquique Guanaye-, cuyo director es Roberto Angelini Rossi.
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Según la acción que investiga el Ministerio Público, la empresa del Grupo Angelini utilizó los denominados «barcos de papel» -Colomba III y Colomba IV- para conseguir cuotas de extracción de especies marinas.
El caso surgió tras una demanda civil que interpuso Ricardo Díaz Arellano, un marino mercante que al comprar la embarcación Zuidester IV detectó que el permiso de extracción estaba asociado a otras naves.
El abogado querellante en esta causa, Manuel Rojas, relató a El Diario de Cooperativa que tras solicitar a la Armada conocer detalles de estos permisos, la Dirección de Marina Mercante respondió «por oficio que no es posible emitir certificado de dominio ni número de matrícula de estas naves -Colomba III y Colomba IV- por cuanto no figura en sus registros. Es decir, estas naves nunca se construyeron».
Por su parte, Díaz explicó que el permiso de pesca fue traspasado a Iquique Guanaye, del Grupo Angelini.
La empresa fusionó su filial South Pacific Korp con la Pesquera San José -de la familia Lecaros Menéndez- creando en 2010 Orizon cuyo 60 por ciento quedó en manos de Angelini, el actor más relevante de la industria en término de capturas.
Una demanda por 12 mil millones de pesos
El demandante Ricardo Díaz agregó a El Diario de Cooperativa que, entre 2013 y 2014, presentó una demanda civil en la que pedía una indemnización por daños y perjuicios por 12 mil millones de pesos, la que fue rechazada en el 17° Juzgado Civil de Santiago.
Si bien el fallo en primera instancia estableció los delitos, no estuvo de acuerdo con el monto de la indemnización.
Díaz apeló y en la Corte Suprema fue rechazada, de forma definitiva, la causa civil.
Las autoridades investigadas
El caso pasó entonces a una acción penal ante la Fiscalía de Valparaíso, donde se presentó una querella contra Galilea y otros funcionarios de la Subsecretaría de Pesca.
Asimismo, ante la Fiscalía Centro Norte se presentó otra acción penal donde se apunta a la eventual responsabilidad del otrora ministro de Economía Pablo Longueira (Ver documento).
En estas causas se investigan los delitos de prevaricación administrativa en contra de Galilea y Longueira mientras que también se indaga la prevaricación judicial en el caso de los ministros de la Corte Suprema que confirmaron el fallo adverso en la justicia civil.
Esto debido a que los querellantes apuntan a que el ministro Guillermo Silva es primo de la esposa de Roberto Angilini, pese a lo cual no se inhabilitó (Ver documento).
Esta causa está en conocimiento del gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet que solicitó los antecedentes al Ministerio de Economía, cartera que aún no ha dado respuestas al igual que la Subsecretaría de Pesca como tampoco la empresa Orizon.
El Diario de Cooperativa se comunicó con la Armada que, al ser consultada por el caso, manifestó que no tiene en sus registros las naves en cuestión.
Fuentes de Orizon, en tanto, afirmaron a Cooperativa que no tienen «nada que decir» respecto a las causas judiciales puesto que no van dirigidas en contra de la empresa del Grupo Angelini.
Sobre los permisos de extracción, la compañía remarcó que se rigen por el Decreto Supremo 64 de 1992 del Ministerio de Economía, que autoriza y establece los requisitos que se deben cumplir en lo relativo a naves en construcción, que tenían como fin sustituir una nave ya autorizada en el ámbito pesquero y que hubiera sufrido algún siniestro. Ésta, al ser reemplazada, quedaba despojada de su autorización de pesca.
«Modus operandi»
El abogado querellante en el caso, Manuel Rojas, sostuvo que no sólo Orizon realiza esta práctica, sino que es un «modus operandi» que también ocupan otras navieras
Según el abogado, hasta hoy existen «76 naves que supuestamente se construyeron y se pusieron operativas», sin embargo «no es así de acuerdo a lo que informa la Armada de Chile».
Se estima que el 50 por ciento de la extracción anual de biomasa marina está en manos de las pesqueras industriales gracias a esta forma de conseguir permisos de extracción.
Los marinos mercantes acusan que estas prácticas han provocado «miles de millones de dólares de defraudación». (Foto: Agencia UNO)
Carta a Bachelet
El 5 de julio pasado, Díaz -junto a otros marinos mercantes- envió una carta dirigida a la Presidenta Michelle Bachelet en la que exponía la «situación tan devastadora que se avecina en un corto plazo, que pondrá en duda la institucionalidad del Estado».
Allí, el marino mercante remarca que estas prácticas llevan ya «más de 16 años» realizándonse y que involucra a «altos funcionarios de Gobierno, de forma directa e indirecta, como también a los otros dos poderes Legislativos y Parlamentario».
En la misiva, a la que tuvo acceso El Diario de Cooperativa, los marinos mercantes calculan «en miles de millones de dólares de defraudación».
«No queremos corrupción, la detestamos y sabemos que usted también», expone la carta en la que le piden a la Mandataria que el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se haga parte en la querella.
La respuesta llegó el 1 de agosto desde Presidencia donde la coordinadora Carmen López dice a los marinos mercantes que «la señora Presidenta no puede pronunciarse ni intervenir en las resoluciones o causas que son conocidos por dicho organismo (Consejo de Defensa del Estado) puesto que ello vulneraría la autonomía constitucional que le compete».
«Similar situación se presenta con las materias que se encuentren en conocimiento de los tribunales de justicia», agrega la respuesta que recibieron desde La Moneda en la que «sugiere» a los remitentes «esperar el pronunciamiento de las instituciones mencionadas».
Presidencia, eso sí, confirma que solicitaron un «análisis y estudio de los antecedentes enviados por usted al gabinete del señor ministro de Economía, Fomento y Turismo y a la Dirección Nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), quienes en el marco de sus facultadas y competencias les brindarán una respuesta directa».
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Fuente: Radio Cooperativa
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