La existencia de corrupción al interior de Codelco, derivada de la práctica de sostener contratos con partes relacionadas, planteó el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión Investigadora de la Cámara que analiza este caso.
El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió este miércoles a la comisión investigadora de Codelco a complementar la exposición que ya había entregado respecto de los hallazgos detectados por el organismo fiscalizador en la empresa cuprífera, sobre contratos directos con empresas vinculadas a parientes de ejecutivos de la compañía.
Al ser consultado en la instancia del Congreso sobre si hay corrupción en Codelco, Bermúdez respondió que «la corrupción no es sólo el pago de un soborno o una coima, la corrupción también se ve en los casos de nepotismo. Por lo tanto, creo que ahí está la respuesta».
Bermúdez aclaró en su intervención que cuando se da el nepotismo, es decir, privilegiar contratos con familiares por sobre el mérito o condiciones objetivas, como se detectó en Codelco, se puede entender que se está frente a una situación de corrupción.
«Hay visos de corrupción en la empresa. Si uno define la corrupción como el soborno, como el pago de una coima, por así decirlo, evidentemente que nosotros no hemos detectado un vicio de corrupción en ese sentido, pero si uno entiende que la corrupción también se da cuando se privilegian los lazos familiares por sobre el mérito, por sobre la decisión objetiva evidentemente que uno tendría que llegar a la interpretación contraria», detalló el contralor.
Y, si bien reconoció que la auditoría realizada a la minera no tuvo como foco la vinculación política, indicó que esta podría deducirse en al menos uno de los casos estudiados.
El Contralor también fue enfático en impugnar la tesis de la cuprífera en orden a que las normas generales del Estado no le son aplicables y que, para avanzar en dicha línea, se requeriría de una ley interpretativa.
“Lo que nosotros pusimos ahí de manifiesto fue la vigencia de las normas que prohíben la contratación con familiares directos y que nos parece rige a todo órgano del Estado, no solo a una empresa pública, sino que esto también se aplica al Congreso y al Poder Judicial. (…) Para nosotros el ordenamiento jurídico está muy claro, las normas están bien establecidas, no hay ninguna norma que dictar, no hay nada que interpretar porque…y además es de sentido común, no se puede contratar con familiares”, acotó.
Entre los antecedentes ya conocidos de la auditoría a Codelco, se cuentan dos contratos entre la cuprífera estatal – que rondan los 31 mil millones de pesos- y Hatch Ingenieros y Consultores Limitada, cuyo representante legal es Fernando Vivanco, suegro de Francisco Casas Cánepa, gerente de Proyectos de la Vicepresidencia de Proyectos.
Em otro momento de la instancia, que tuvo carácter de secreto, Bermúdez expuso a los parlamentarios parte del informe reservado de la Contraloría en que se detectaron algunos casos específicos, con nombre y apellido, de estos contratos, específicamente uno de carácter político.
Para el diputado Juan Luis Castro (PS), la información aportada permite identificar claras irregularidades, además de una suerte de falta de interés por enmendar situaciones que ya habían sido advertidas en 2005.
“A mi juicio, aquí ha quedado despejado que nunca ha estado presente en el foco la indemnización o los bonos de incentivo a los trabajadores, que en algún momento se sintieron aludidos. No es ese el tema. Aquí el tema son los contratos con vínculos y personas directas. Y en lo reservado, que tuvo también un componente esta sesión, que no podemos revelar, se señalaron, con nombre y apellido, los casos en los cuales hubo vínculos políticos y en los cuales hubo vínculos de consanguinidad o afinidad, en los ejemplos concretos que el Contralor refrendó”, sostuvo el parlamentario.
El diputado Miguel Ángel Alvarado (PPD) también valoró los antecedentes entregados, al tiempo que criticó la permanencia de estas irregularidades en el tiempo.
“Evidentemente que en Codelco hay visos claros de corrupción de un modelo que se ha mantenido por varios gobiernos y como política de Estado también. Con algunos contralores que sí han hecho la labor y otros que no la han hecho. Con un Cochilco que no tiene ninguna musculatura ni ningún diente, solamente hace una descripción y sugiere antecedentes. Lo que está pasando acá es grave y da cuenta de un modelo que se encuentra en situaciones que son mucho más frecuentes de lo que uno quisiera en el país», afirmó.
Gabriel Silber (DC) comentó:
«Lo que tiene que hacer el gobierno es recoger el guante, acá hay situaciones que hay que corregir, contratos que no respetaron normas y leyes vigentes hoy día a las que Codelco debió someterse y lo peor es que el Gobierno simplemente mire hacia el techo y sea condescendiente con lo que ocurrió al interior de esta empresa».
La ministra portavoz de Gobierno, Paula Narváez señaló:
«Primero esperamos conocer con mayor detalle los antecedentes entregados por el contralor, que por cierto de configurarse cualquier irregularidad o ilegalidad tiene que ser investigada y de confirmarse tiene que ser sancionada como la ley lo establece».
Cabe recordar que Codelco acudió a la Justicia para anular parte de la auditoría que hizo Contraloría, pues argumenta que si se le aplica la ley de licitaaciones se verá sometida un «exceso de burocracia».
A su vez, el informe de la Contraloría, que fue sustento del debate en la Comisión, acusó principalmente tres situaciones: uso extensivo del trato directo por sobre la licitación pública; falta al deber de abstención cuando hay intereses particulares de por medio; y la celebración de contratos con familiares, hecho que no solo vulnera las normas generales de la administración pública (limita hasta el tercer grado de consanguinidad), sino las propias regulaciones internas de la empresa (limita hasta el segundo grado).
