Verdaderos pájaros de cuenta resultaron los cinco diputados, que con su voto o abstención, permitieron que el proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales fuera remitido a Comisión Mixta, e incitaron el recurso de la derecha al Tribunal Constitucional. Todos ellos, o han recibido aportes reservados, o han votado en proyectos claves junto a la derecha, o se han servido del cargo para negocios particulares. Este es su prontuario.
Meza, el recalcitrante
El diputado del Partido Radical Socialdemócrata, Fernando Meza Moncada, representa el Distrito Nº 52, de la IX Región de la Araucanía, constituido por las comunas de Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pucón, Toltén, Villarrica.
En junio de 2003, la fiscalía de Temuco realizó una investigación desformalizada contra el diputado Meza, debido a una denuncia de supuesto delito de ejercicio ilegal de la profesión. Meza se tituló como doctor en Medicina en la Universidad de La Habana, Cuba, tras viajar a ese país gracias a una beca otorgada en 1970 por el entonces Presidente Salvador Allende. El título del parlamentario fue validado en España en octubre de 1994.
Sin embargo, según la denuncia, Meza nunca realizó el trámite de reconocimiento, revalidación y convalidación de su título profesional ante la Universidad de Chile, único ente válido para permitir el trabajo de médicos extranjeros en nuestro país. Igual, trabajó como médico en el Hospital de Gorbea desde el año 1997 hasta 2000, cuando se retiró para iniciar su campaña parlamentaria.
En 2011, diputados radicales denunciaron que Meza había negociado la Presidencia de la Cámara con la derecha, a cambio de votos decisivos de los radicales para los proyectos del Gobierno. En esa oportunidad, incluso destacados militantes de este partido acusaron a este parlamentario de pasarlo al Tribunal Supremo del PRSD.
En una carta de esa fecha, firmada por ex ministros, ex subsecretarios y otros ex altos funcionarios radicales señalaron que «la conducta del diputado ya mencionado sólo refleja a nuestro juicio posiciones oportunistas, mezquinas y carentes de valores y principios, dejando indudablemente la huella de que sólo responden a intereses subalternos y personales que en nada comprometen a la línea política del PRSD».
En la práctica, el 6 de agosto de 2013, con el voto de Fernando Meza, el único de la entonces opositora Concertación, el Gobierno de Piñera logró aprobar en general el proyecto de Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público, más conocido como Ley Antiencapuchados, o Ley Hinzpeter. Dos años más tarde, el proyecto fue archivado con más pena que gloria.
En abril de 2013, Meza y el diputado del PPD, Cristián Campos, otro de los que se pareó para no votar el proyecto de aborto en tres causales, presentaron licencia médica para no asistir este jueves a votar la acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer.
En 2016 se negó a recibir a organizaciones sociales contrarias al TPP, aludiendo como única razón simplemente a “convicciones personales”.
Meza es uno de los diputados radicales que impulsa el acuerdo parlamentario con la DC. «El bien superior de la centroizquierda debiera obligar al PR a asumir la responsabilidad de acompañar a la DC si queremos llegar a La Moneda», dijo.
Meza aparece en segundo lugar de los diputados que más han viajado, y por tanto cobrado viáticos, desde 2014. Meza contabiliza 12 viajes y más de 12 millones de pesos en viáticos.
Precisamente, Leonardo Soto de la bancada del PS, acusó a Meza, de haberse negado a subir a un vehículo del gobierno, para concurrir a votar, luego de llegar desde Bogotá, donde el diputado participaba de una cita del Parlamento Andino, junto con Tucapel Jiménez (PPD) y Christian Urizar (PS).
Según Soto, el gobierno, ante la inminente votación, le solicitó a los tres parlamentarios oficialistas, adelantar su regreso a Chile, lo que el trío de diputados efectivamente realizó, aterrizando en Santiago el día jueves por la mañana.
“Llegaron el día jueves a las 08 horas al aeropuerto, se les envía un vehículo desde el gobierno,para poder trasladarlos desde Valparaíso y ya cuando estaban subiendo al vehículo el diputado Fernando Meza manifestó que se iba en vehículo propio, pero la verdad es que nunca llegó a Valparaíso”, dijo Soto.
El parlamentario socialista dijo:
“Estas situaciones no me parecen aceptables. Puedo aceptar que alguien tenga una postura contraria, pero que la diga, que no la oculte ni la eluda“.
Meza se defendió con el argumento de que desconocía que la norma requería quorum, y responsabilizó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, de no haberlo informado correctamente:
“Hasta ese momento yo desconocía que existía una norma de quorum que recién vino a aparecer a úlitma hora del miércoles, por eso estaba pareado, porque sólo se requería quorum simple para aprobar estas tres causales, tres causales con las que yo estoy totalmente de acuerdo, soy médico y he practicado interrupciones del embarazo por decenas, en Cuba, mientras ejercía ahí la medicina. Lo que sucedió es que el ministro Eyzaguirre, con su ineptitud acostumbrada, no comunicó prontamente la existencia de esta nueva norma de quorum calificado en el momento en que debió hacerlo, es decir, el miércoles de manera que el jueves cuando aterricé en Santiago no sólo no conocía esta norma sino que además estaba tranquilo porque estaba pareado y no exigía mi presencia ni mi voto en Valparaíso”.
O sea, a la falta, agrega ignorancia y cobardía.
Cabe consignar que el diputado Fernando Meza aparece recibiendo $8.000.000 en aportes reservados de las empresas pesqueras, según un listado difundida por el senador Alejandro Navarro.
El huaso Pérez
Su correligionario, José Pérez Arriagada, es diputado por el Distrito Nº 47, de la Octava Región del Bío Bío, que comprende las comunas de Alto Biobío, Antuco, Laja, Los Angeles, Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel.
Juanto al diputado Ramón Barros, de RN, Pérez es uno de los dos empresarios agrícolas que integran sin problema la comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.
En esa condición, denunció la posible colusión de las empresas Nestlé y Soprole, con el fin de bajar los precios en la compra del producto, a un promedio de 190 pesos por litro o menos, y fijar luego un alto precio de venta al público, a un promedio de 700 pesos, afectando así a los productores lecheros que en su mayoría se ubican entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, pero también en el Bío Bío, donde él tiene tierras, y en La Araucanía.
En otras palabras, podría configurarse uso del cargo para fines particulares. De hecho, posee acciones en Iansa y en la Cooperativa Agrícola y Lechera Bío Bío, empresa con 346 socios que forma parte del Grupo Bioleche, integrado también por las filiales Insecabio, Biosemillas, Bionutrición y Biocrédito.
También es dueño del Fundo Tolpán Sur, en Los Ángeles, donde opera el Criadero de caballos del mismo nombre. En su página de Facebook detallan algunas de las características del criadero:
“El criadero pone a la venta montas de su potro Santa Isabel Compinche (Rico Raco – Inocencia) potro de grandes condiciones que hoy está entregando hijos de gran velocidad, postura y pegada, también tenemos a la venta algunos productos. Contamos con medialuna para poder mostrar nuestros caballos”.
En el SII aparece que José Pérez se dedica al “cultivo de trigo”, al “cultivo de forrajeros (pasto para alimentar animales) en praderas mejoradas o sembradas”, y al “cultivo de otras oleaginosas”. Sus últimos movimientos tributarios son de 2015.
En 2016, en el contexto de la defensa del rodeo, emprendida por varios diputados de derecha, el propio Pérez y los diputados de la UDI, Pedro Pablo Alvarez y Ramón Barros, no encontraron recurso más creativo que presentarse en el Congreso vestidos de huaso.
En enero del mismo año, Pérez pidió intervención militar para terminar con el «clima de violencia en La Araucanía»:
«Esa sería la mejor manera de acabar con el terrorismo y la impunidad. Tenemos gente que puede colaborar en esto, así como cuando tenemos un terremoto en el norte o un maremoto se recurre al Ejército para que colabore en esto. También se puede recurrir a ellos para que ayuden a poner orden en la Novena región o donde sea necesario».
«Nosotros tenemos un contingente muy importante de militares, tenemos un contingente muy importante de carabineros, pero cuando estamos siendo sobrepasados por estas acciones que enlutan a Chile (…) nosotros tenemos que pedirles a todas las fuerzas vivas que son funcionarios del Estado que se pongan a colaborar en esta materia», concluyó el diputado de la Nueva Mayoría.
En noviembre de 2015, mientras desempeñaba la presidencia de la Comisión de Agricultura, Pérez puso en tabla, y logró aprobar, la prórroga del DL 701 hasta 2018, disposición que subsidia las plantaciones forestales de pino y eucaliptus, y que ha permitido a los grupos Matte y Angelinia una posición monopólica en el sector forestal.
Mientras los diputados Pérez, Barros y Urrutia, pidieron legislar a la brevedad el proyecto «para apoyar a los pequeños productores», el diputado Felipe Letelier reconoció que la prórroga al subsidio debió haber requerido un mayor análisis.
El diputado José Pérez estaba en Sala el día en que se votó el proyecto de despenalización del aborto en tres causales. Sin embargo, aseguró que su decisión de no votar se debió a una «cuestión de honor» por haberse comprometido a mantener un pareo con el diputado de la UDI, Gustavo Hasbún:
«Es una cuestión de honor; aquí se cumplen las palabras o no se cumplen. Yo no puedo dejar de respetar un compromiso con un colega, porque no hacerlo tiene un nombre muy feo, de tal manera que yo tengo que responder por mis posiciones».
O sea, el honorable diputado Pérez cree más importante respetar un «compromiso» con un diputado de la UDI, que apoyar con su voto un compromiso del Gobierno, al que le ha asignado particular importancia. Más de alguien podría decir, no sin razón, «por eso estamos como estamos».
Sea como fuere, el hecho es que el Tribunal Supremo del Partido Radical Socialdemócrata abrió un expediente de oficio contra los diputados José Pérez y Fernando Meza, a los cuales ya les solicitó un informe.
El gato de Campos
El diputado Cristián Campos Jara, del Partido Por la Democracia, representa al Distrito Nº 43 de la Región del Bío Bío, integrado por las comunas de Hualpén y Talcahuano
En junio de 2014 fue formalizado por obtención fraudulenta de dineros fiscales. La acusación remonta al tiempo cuando Campos ejercía como administrador municipal de Hualpén, mientras que la investigación liderada por el fiscal Cristián Paredes, llevaba a esa fecha, cuatro años.
El parlamentario debió pagar más de $ 4 millones al Fisco, por el préstamo y posterior compra de la «casa Ciudadana de Hualpén», donde habría recibido un pago ilegal.
En la campaña parlamentaria de 2013 el diputado Campos recibió $2,4 millones de Blumar, $3,5 millones de Foodcorp, $ millones de Landes y $ 5 millones de Alimentos Marinos; todas estas, empresas pesqueras agremiadas en la Asociación de Industriales Pesqueros del Bío Bío, ASIPES.
A continuación, un párrafo del periódico electrónico regional Resumen:
«Hasta el momento se manejan varios antecedentes sobre el actuar de la industria para la aprobación de la Ley que beneficia a las mentadas 7 familias. Entre estos antecedentes, se conocen correos de los gerentes pesqueros en que se mencionan a diversos congresistas como partícipes de sus círculos de influencia. Clemira Pacheco (de quien se dice está a favor de la renovación de licencias a 10 años), Hosain Sabag y su hijo Jorge Sabag, Cristián Campos, José Miguel Ortiz, Roberto Delmastro; Marta Isasi, Miodrag Marinovic, Pedro Araya y Orlando Vargas, son algunos de los congresitas nombrados en los emails.
Consultado por CIPER Chile acerca del financiamiento de sus campañas políticas, Cristián Campos, Diputado por Hualpén y Talcahuano descartó que hayan sido financiadas por la industria pesquera. El diputado ha señalado en su defensa que votó contra los intereses de las pesqueras, pero como reveló el mismo medio, “lo que sí aprobó el diputado PPD fue un artículo que buscaba que las licencias fueran indefinidas. Y también dijo que sí a la propuesta de que las licencias fueran divisibles, transferibles y transmisibles, lo que permitía a las pesqueras hacer negocios.”.
Es decir, su defensa es cuestionable pues la aprobación de esa normativa fue en directo beneficio de los industriales pesqueros. Campos es Periodista e Ingeniero Comercial de la Universidad San Sebastián, sus primeros pasos en política los dio acompañado de Marcelo Rivera, el polémico edil de Hualpén condenado por fraude al Fisco y cohecho a tres años de cárcel, aunque con el beneficio de la remisión condicional, a la inhabilitación perpetua para ejercer como alcalde y al pago de 32 millones de pesos como devolución de los dineros defraudados. Campos se distanció hace unos años del condenado».
Ver: Pagos irregulares por Ley de Pesca: la bomba que puede estallar en el Bío Bío (https://resumen.cl/articulos/pagos-irregulares-por-ley-de-pesca-la-bomba-que-puede-estallar-en-el-bio-bio).
Chávez: ¿dónde está el piloto?
El diputado Marcelo Chávez Velásquez, del Partido Demócrata Cristiano, fue elegido en el Distrito 45 de la Región del Bío Bío, compuesto por las comunas de Coronel, Florida, Hualqui, Penco, Santa Juana y Tomé.
Acaso su labor legislativa más destacada haya sido un accidente automovilístico, el 13 de junio de 2014, cuando volvó el vehículo que conducía, en San Pedro de la Paz.
Peor aún, se retiró prestamente del lugar del suceso, para evadir la alcoholemia. Testigos declararon que la mujer que lo acompañaba ofreció dinero para que no hablaran. Más tarde desconocidos llegaron hasta el lugar y le sacaron las patentes al vehículo. A raíz del accidente, la fiscalía de Concepción inició una indagatoria desformalizada.
El propio parlamentario reconoció el hecho; dijo que estaba en shock, que unos amigos lo fueron a buscar y como estaba sano se fue a casa. Luego pidió disculpas y aseguró que acataría a la justicia.
Seis años antes, el 4 de octubre de 2008, a las 5.15, dos carabineros hacían su ronda normal por Concepción. De pronto recibieron un mensaje radial que informaba de un accidente en las Violetas con Avenida General Novoa. Los dos funcionarios de verde llegaron a las 5.21. Allí observaron, señala el informe policial, que se encontraba un station wagon Subaru color gris, que había chocado al supermercado “La Estrella”, rompiendo el cerco metálico de 6 metros, la estructura del frontis, las puertas, ventanales y maquinaria. Su dueña avaluó los daños en $ 2.790.000.
En el vehículo no estaba el conductor, pero sí los documentos del vehículo y los del actual diputado Marcelo Omar Chávez Velásquez. En el lugar los carabineros se enteraron que este último había sido trasladado al hospital regional. Eso ocurrió, en menos de siete minutos, supuestamente.
Se dirigieron entonces hasta el centro asistencial. Allí los policías se percataron “de forma inmediata que éste se encontraba en estado de ebriedad, debido al fuerte hálito alcohólico, rostro congestionado, incoherencia al hablar e inestabilidad al caminar”, tal como se lee en el acta de formalización del Ministerio Público.
Chávez Velásquez se sometió voluntariamente a la alcoholemia y -de acuerdo al documento- marcó nada menos que 2.0 gramos de alcohol en la sangre. Nunca fue detenido, sino que fue “citado”.
La Fiscalía del Biobío solicitó el desafuero del congresista, pero la medida fue desestimada por la Corte Suprema.
El fiscal Carlos Palma, lo acusó ante el Juzgado de Garantía de Concepción, en calidad de autor de manejo en estado de ebriedad causando daños, en grado de “consumado”.
El perseguidor penal solicitó una pena de 200 días de presidio, una multa de 5 UTM y la suspensión de la licencia por un plazo de seis meses.
Más tarde, la fiscalía, como suele suceder en casos de este tipo, llegó a un procedimiento simplificado y se decretó ante el mismo tribunal la “suspensión condicional del procedimiento”. En otras palabras no se le aplicaría condena -porque tenía “irreprochable conducta anterior”-, pero debía firmar un año y evitar que lo formalizaran por otro delito. Se sumó además la suspensión de la licencia por seis meses, hecho verificado en el acta de audiencia del 8 de abril de 2009.
Respecto de la huida del 13 de junio de 2014, luego de volcarse, distintos fiscales y abogados consultados explicaron que Chávez Velásquez hizo bien al huir, procesalmente hablando. Lo anterior, porque si se comprobaba que había consumido alcohol, lo más probable es que la fiscalía lo acusara y fuera condenado, debido a la reiteración del hecho.
En el diario La Estrella, Chávez declaró lo hizo para resguardar su salud y que no iba borracho, afirmaciones que fueron desmentidas por Pamela Rivas, testigo del volcamiento:
“Como a las 4:30, nos levantamos y vimos un auto al frente de mi casa volcado. Venía un hombre y una mujer, nosotros desconocíamos su identidad, venían ebrios, era notorio”.
Tras esto, los vecinos intentaron sacarlos por la ventana trasera del automóvil, pero los ocupantes del auto salieron por otra ventana, tras lo cual el diputado “agarró una maleta y se fue unos metros más allá”.
Mientras que su acompañante, según Rivas, al salir del auto les señaló “chiquillos, yo no puedo presentarme así frente a los policías, porque ando con trago y no tengo licencia”.
Por lo que, les habría ofrecido dinero, “yo les pago y alguien se echa la culpa del accidente”.
Uno minutos más tarde, contó la testigo, llegó un auto a buscarlos, pero antes de marcharse, hubo otro hecho que le llamó la atención a Pamela Rivas y a los vecinos de Michimalonco, y es que “fueron a buscar las patentes del auto volcado, las sacaron y se las llevaron”.
Chávez, que obtuvo el escaño pese a salir tercero en las elecciones de 2013, ha tenido frecuentes roces con el Gobierno. Primero, se enfrentó por la ley de Estacionamientos, cunado cuestionó el cobro, puesto que el proyecto, del cual era uno de sus autores, planteaba que no se cobrara por, al menos, dos horas. En la oportunidad, Chávez aseguró que el Gobierno era un defensor de los centros comerciales. “El Gobierno terminó de rodillas a los centros comerciales”, recalcó.
El otro round con el Ejecutivo vino con la creación de la Región de Ñuble, donde expresó su rechazado a la propuesta. A juicio del diputado, la nueva zona administrativa iba en desmedro de la Región del Biobío? -a la que él representa-, por lo que anunció que recurriría al Tribunal Constitucional.
“Con la nueva región, el Biobío pierde frente a Santiago. Vamos a quedar disminuidos, con menos senadores y con menos capacidad de hacer frente a la Región Metropolitana“, puntualizó.
Sabag, el hijo de Hosain
El diputado Jorge Sabag Villalobos, elegido en el Distrito 42 de la Región del Bío Bío, que comprende las comunas de Bulnes, Cabrero, Cobquecura, Coelemu, Ninhue, Ñiquén, Portezuelo, Quillón, Quirihue, Ranquil, San Carlos, San Fabián, San Nicolás, Treguaco y Yumbel, pasará a la historia como autor de una de las frases más dudosamente célebres, entre las sandeces que buscaban torpedear el proyecto de despenalización del aborto en tres causales:
“Miles de niños serán triturados, quemados con ácido o succionados por su deformidad o haber sido engendrado por violación”
Pero no se quedó ahí y dirigiéndose a la ministra de Salud, Carmen Castillo, preguntó:
“¿Qué va a pasar con los órganos de estas criaturas? No queremos tráfico de órganos y no queremos lucro en las clínicas que practiquen abortos”.
Como remate de tanta estolidez, concluyó:
“Pilatos también le preguntó a la mayoría y terminó condenando a un inocente”.
El diputado Sabag fue formalizado en marzo de 2011, por “negociación incompatible”. La Fiscalía de Valparaíso lo investigo por haber usado los fondos destinados a arriendo de su sede parlamentaria para pagarle a una empresa de su padre y que es gestionada por su hermano. La supuesta sede es en realidad la oficina donde se concentran los negocios familiares en Cabrero, ciudad donde el diputado fue formalizado.
En rigor, la familia Sabag es un poder fáctico en la región. Su padre, Hosain Sabag (DC), a la sazón era senador de la región (VIII Norte); él diputado y su tío (hermano del senador Sabag) alcalde. Además, otros familiares tienen posiciones estratégicas: un hermano preside la asociación de canalistas y una hermana es oficial segundo de la Notaría y Conservador de Bienes Raíces de Cabrero. Incluso la Policía de Investigaciones funciona en una casa entregada en comodato por el senador Sabag, ubicada justo a un costado de la oficina que figuraba como sede parlamentaria del diputado.
La disputa comenzó el pasado 7 de enero de 2011, cuando el Ministerio Público pidió audiencia para formalizar a Sabag en el Juzgado de Garantía de Valparaíso.
La investigación de la Fiscalía de Valparaíso determinó inconsistencias en la sede distrital del diputado Sabag. La oficina para la cual la Cámara le entregaba la asignación de arriendo, ubicada en la calle Río Claro 1050 de Cabrero, era en realidad la oficina del aserradero y otros negocios de la familia Sabag. El pago lo recibía mensualmente una sociedad del senador Hosain Sabag y su esposa. Al ser consultado, el diputado dijo en ese momento que su hermano Patricio, gerente de la empresa, distribuía luego el pago entre sus otras sedes.
El senador Sabag aprovechó la tramitación de la Ley de Presupuesto para intervenir indirectamente en el problema de su hijo. El gobierno presentó una glosa –que nadie dice haber pedido, aunque algunos apuntan a Sabag– que especifica que las asignaciones parlamentarias “continuarán siendo de libre disposición”. En la comisión mixta el senador dijo que si ese punto no se aclaraba, todos los parlamentarios podrían ser acusados penalmente por negociación incompatible (la figura que se le imputa a su hijo) y criticó veladamente al Ministerio Público.
En enero, Hosain Sabag volvió a ocuparse del problema y defendió a su hijo en el diario El Sur de Concepción usando justamente el argumento de la misteriosa glosa: “En la Ley de Presupuesto 2010 se dice que estos recursos son de libre disposición y por lo tanto no se puede cuestionar su uso”. A juicio del senador Sabag, el dinero no es de la Cámara sino de cada diputado y además sostiene que parlamentarios sí pueden firmar contratos con sus familiares, a diferencia de las otras autoridades.
Para abreviar el culebrón, en virtud del poderoso lobby familiar, el 19 de agosto de 2011, la Corte de Apelaciones de Concepción, por el estrecho margen de 7 votos a 6 rechazó el desafuero del diputado de la Democracia Cristiana (DC) por el distrito 42, Jorge Sabag, que había solicitado el Ministerio Público para indagar supuestos delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible.
En otras palabras, Sabag quedó en la impunidad.
En julio de 2014, Sabag hizo el ridículo nacional, y también mundial, cuando presentó el proyecto que Modifica Código Penal, para Perfeccionar la Protección de la Dignidad de las Autoridades, que incluía las redes sociales y medios electrónicos, prohibía las amenazas o los insultos a personajes como Presidentes de la República, diputados y personeros de Gobierno y penalizaba los ataques podrían ser en forma «textual o gráfica», por lo que tambié prohibía los famosos «memes» que siempre aparecen en Twitter y Facebook cuando ocurre un hecho noticioso. De hecho, la fugaz legislación se conoció como ley anti meme.
La iniciativa fue ingresada el 3 de julio al Congreso y, en el detalle, buscara castigar con reclusión menor en su grado medio, es decir, penass que penas iban desde los 541 días hasta 3 años y un día de cárcel para los infractores, y una multa de 11 a 15 UTM a las personas que insulten a las autoridades, incluidos los ataques que se realizan por las redes sociales.
A tanto llegó el revuelo, que el propio diputado autor del proyecto de ley, anunció su retiro al día siguiente:
«El proyecto es un error, no me fijé bien en lo que habían redactado mis asesores. Es un error, por lo que no tiene sentido seguir tramitándolo».
Esta respuesta no hizo más que echarle carbón a la hoguera tuitera, cuyos usuarios multiplicaron de forma exponencial las críticas a la moción parlamentaria de Sabag.
Lo mejor de todo es que, como era de esperarse, el propio autor de la ley anti memes, se transformó en víctima de ellos. En Twitter florecieron los memes en su contra, anotando una vez más una victoria a favor de la red social del pájaro azul, y la capacidad de fiscalización del poder por parte de los ciudadanos.
Sabag Villalobos, connotado exponente de los sectores conservadores de la DC, no pierde ocasión de apoyar toda iniciativa que apunte al indulto de los criminales de la dictadura, para lo cual emplea a fondo su patética elocuencia:
Así valoró la propuesta de indultos por razones humanitarias incluida en el documento «Chile, una mesa para todos en el Bicentenario» del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica:
«El sentido del indulto propuesto es superar la antigua ley del talión, la justicia conmutativa que establece una proporción entre el daño causado y la pena aplicada. Lo propuesto va mucho más allá, incorporando la misericordia. Debemos entender que se trata de un tema de alta sensibilidad, un llamado al corazón y que, en este sentido, no pueden haber órdenes de partido, ya que se trata de un tema donde cada uno se encuentra con su conciencia y sus principios. Con ocasión del Bicentenario, este es un llamado al Gobierno y a todo el país para ensanchar el corazón de los chilenos y avanzar en una senda de misericordia. No podemos tener corazones liliputienses, sino hacer un gesto histórico».
En otras palabras, la típica contradicción de los sectores conservadores que se definen como «pro vida»: implacables contra el aborto, permisivos con los violadores de derechos humanos.
Para remate, Sabag recibió $ 12.994.444 en aportes reservados de ASIPES, $ 5.000.000 de ellos de Pesquera Camanchaca.
Flores, el debutante
El diputado Iván Flores García, médico veterinario, fue elegido por primera vez en 2013, para el período 2014-2018. Representa al Distrito N° 53, de la XIV Región de Los Ríos, constituida por las comunas de Corral, Lanco, Máfil, Mariquina y Valdivia. Por tanto, su trayectoria parlamentaria es exigua.
En consecuencia, no deja de llamar la atención que haya recibido $ 49.000.000 de las empresas pesqueras de ASIPES, según la lista de Navarro.
Integrante de la Comisión de Pesca y Acuicultura, ha presentado, o apoyado, proyectos de ley, que según organizaciones de pescadores artesanales, profundizan los perjuicios que les ocasiona la fatídica Ley de Pesca.
Entre ellos, el proyecto que, a pretexto de combatir la pesca ilegal, establece millonarias multas, que los artesanales no podrán pagar, mientras representan caja chicas para las poderosas empresas del sector y el proyecto que fortalece la labor fiscalizadora de Sernapesca, aunque en justicia, también ha apoyado proyectos que los favorecen, como el que prorroga la entrada en vigencia de la obligación de instalar dispositivos de posicionamiento automático en el mar, respecto de embarcaciones pesqueras artesanales, y el que prohibe la pesca de arrastre.
De sensibilidad conservadora, Flores habitualmente despacha críticas contra los gobiernos de Venezuela y Bolivia, a los que califica de «dictadura» o acusa de «totalitarismo.
Respecto al proyecto de despenalización del aborto en tres causales, Flores, que junto a Sabag, fue uno de los dos diputados de la Nueva Mayoría que se opuso, señaló:
“Una mujer violada no está en libertad de pensar”.
Por ahora, estos cinco pasteles están el purgatorio. Pero si la derecha logra su propósito en el Tribunal Constitucional, las mujeres por el aborto, que son la gran mayoría, los van a mandar derechito al infierno.
