La Ley de Presupuestos de 2017 aumentó en un 18 por ciento los fondos del Crédito con Aval del Estado, llegando a los $706 mil millones, cifra comparable a los $748 mil millones destinados a la gratuidad, que incorpora a 240 mil jóvenes. Sin embargo, parlamentarios de Nueva Mayoría solicitaron reducir los pagos por CAE a la banca privada.
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«Vamos a pedir que se disminuyan los montos asociados al Crédito con Aval del Estado (CAE), pero, por sobre todo, pensando en los nuevos postulantes, en los jóvenes que van a empezar a postular a ayudas estudiantiles», anunció ayer la diputada Camila Vallejo, quien a igual que otros parlamentarios oficialistas reaccionó al aumento en un 18 por ciento al presupuesto asociado a este préstamo para 2017.
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«Creemos que ahí debe haber un mecanismo de financiamiento alternativo, un Fondo Solidario ampliado a instituciones privadas u otro mecanismo que no esté asociado a la banca privada y que permita una alternativa real mientras no llega la gratuidad a sus instituciones», reparó la legisladora comunista.
«Nos parece que es una provocación el aumento del 18% del CAE, porque no va en coherencia con lo que se establece en el programa de gobierno ni con lo comprometido por parte del Ejecutivo en materia de financiamiento estudiantil», insistió.
En esa misma línea, el senador PS Carlos Montes dijo que «hay que empezar a detener el CAE como sea, empezar a rebajarlo, todo lo que se pueda hacer hay que hacerlo en ese sentido. Es un mecanismo que es carísimo y que tiende a beneficiar a universidades e instituciones técnicas que no son las mejores calificadas».
Sin embargo, Montes hizo reparos a la idea de la bancada de diputados comunistas: «El CAE está establecido por ley y cambiarlo a esta altura es muy complejo, al menos para el Presupuesto 2017».
De todos modos, dijo, «hay que pensar en un mecanismo para rebajarlo».
En tanto, el senador PPD Jaime Quintana declaró que «es la hora de comenzar a terminar con el CAE, lo que deberá ser analizado en la Ley de Presupuestos y en el proyecto de ley de educación superior. Los argumentos que le dieron origen hace 10 años, de expansión de la cobertura, ya no tienen validez y, por el contrario, han distorsionado el sistema de educación superior”.
«Los $ 705.000 millones que el Estado tiene proyectado destinar al CAE en 2017 constituye una clara perversión del financiamiento de la educación superior. Esta cifra, que representa cerca de US$ 1.000 millones, está destinada a la recompra y pago de intereses a los bancos, en desmedro de la inversión en educación pública y estatal universitaria», acotó Quintana.
Alberto Robles, presidente de la Comisión de Educación, hizo hincapié en que reducir el presupuesto del CAE «es un tema que hay que evaluar bien, dependiendo de cómo quede el tema de gratuidad para 2017».
«El CAE finalmente sigue siendo una herramienta para algunos alumnos que no tienen cómo estudiar. Entonces, va a depender de cómo quede la glosa», concluyó.
Desde el Ministerio de Educación, jefa de Educación Superior, Alejandra Contreras, respondió;
«Todavía un universo importante de estudiantes sigue sólo con este beneficio; más del 50% de la matrícula está en instituciones privadas y ellos tienen acceso básicamente al CAE, más que a becas o la gratuidad».
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Ley de Presupuestos aumenta recursos del CAE dejándolo con un monto similar a la gratuidad
Pese a ser uno de los instrumentos más cuestionados en el marco de la reforma de la educación superior, el Crédito con Aval del Estado (CAE) ocupará un 36 por ciento (un tercio) de las platas asignadas para este segmento universitario.
La Ley de Presupuestos de 2017 aumentó en un 18 por ciento los fondos del crédito, llegando a los $706 mil millones. La cifra es equivalente a los $748 mil millones destinados a la gratuidad, que incorpora a 240 mil jóvenes.
Al respecto, la diputada PPD Cristina Girardi comentó: «El CAE no puede ocupar un tercio del presupuesto de educación superior, porque esas platas van, fundamentalmente, a las instituciones privadas… Me parece de la peor calaña».
Propuso entonces que, de no eliminar el CAE, se debe «reducir la entrega de créditos para 2017, al menos hasta que no se tenga en la reforma un sistema de financiamiento».
En esa misma línea, la vocera de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Camila Rojas, aseguró que este presupuesto «da cuenta de las prioridades del Gobierno y de Hacienda. Seguimos entregando vastos recursos fiscales a los bancos y a los dueños de las instituciones, cuando esa plata debería ir a la educación pública».
«El crédito debe mantenerse junto a la gratuidad, pero con perfeccionamientos, dando una tasa cero de interés, mejorando el sistema de contingencia al ingreso y flexibilizando su acceso, para que llegue hasta el noveno decil, además de dar incentivos al pago y sacar al sistema bancario», dijo por su parte Romilio Gutiérrez (UDI) de la comisión de Educación de la Cámara.
En tanto, Mario Venegas (DC) dijo que partidario «de que el crédito se regule de mejor manera, para acabarlo tal como está hoy. Hay que buscar una fórmula de un crédito más barato, contingente al ingreso y que sea cobrable».
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Ena von Baer (UDI), integrante de la Comisión de Educación del Senado, declaró: «Este tema se debe discutir en serio dentro de la reforma al sector (…) mientras no exista una mejor alternativa para los estudiantes de bajos recursos, en instituciones con gratuidad».
«Esto perjudica a la educación superior, y por eso muchas personas dicen que el crédito se paga dos veces: lo costean las personas y el Estado», afirmó Fulvio Rossi.
