La comisión unida de la Cámara de Diputados que indaga irregularidades en pensiones otorgadas por la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, Capredena y la Dirección de Previsión de Carabineros, Dipreca, ofició al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que evalúe enviar a la justicia los más de 600 casos de pensiones que exceden el tope legal de 60 UF, detectadas hasta la fecha en ambas cajas, las que ocasionan al Estado una pérdida de mil millones de pesos al año.
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El presidente de la comisión, Leonardo Soto (PS), informó que recibió dos oficios, uno de Dipreca y otro de Capredena, que informa que en el período 2006-2016, 592 funcionarios de Gendarmería y 36 civiles de las FF.AA. recibieron jubilaciones sobre las 60 UF.
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Ayer hubo una sesión donde estuvieron invitados el contralor, Jorge Bermúdez; el director de Dipreca, Jaime Gatica, y el vicepresidente ejecutivo de Capredena, Cristián Rojas.
El contralor explicó en detalle las razones legales para rechazar las jubilaciones de Gendarmería. Habló de un tercio de los 433 casos que están en esa situación, aunque el oficio de Dipreca señala que son 592 en diez años.
Informó que en estos momentos hay 11 recursos de protección en tribunales en contra de la medida. Y advirtió que de acogerse alguno, habrá contienda de competencia que deberá dirimir el Tribunal Constitucional, en caso de ocurrir en un juzgado de primera instancia, o el Senado, si es en un tribunal superior, porque la Contraloría tiene la decisión autónoma y exclusiva de la toma de razón de estos decretos.
También reveló que hace un mes enviaron al Ministerio Público los antecedentes del sumario interno que ordenó al interior del organismo fiscalizador para verificar posibles responsabilidades funcionarias en el otorgamiento de pensiones por sobre las 60 UF, en circunstancias de que desde 1995 hay un dictamen que establece la ilegalidad de estos montos.
Asismismo, Bermúdez descartó buena fe de parte de la ex subdirectora operativa de Gendarmería Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade, al tramitar su pensión en Dipreca.
En esta instancia, admitió que Contraloría tomó razón de esa jubilación solo cinco días después de que él asumió el cargo y con un fin de semana de por medio:
«Esa pensión no era imponible en Dipreca, sino que en AFP, en el régimen normal y dado que eso lo había dicho expresamente la Contraloría y lo había notificado a la interesada, nosotros no podemos seguir presumiendo la buena fe».
Agregó:
«Esa pensión se cursó a fines del 2015, el día 22 de diciembre. Yo asumí en la Contraloría el día 17 de diciembre a las 14:00 horas bajo mi responsabilidad y es por eso que ordenamos que se hiciera la invalidación y ordenamos también este sumario. ¿Implica esto responsabilidad penal? Es imprudente si yo lo dijese, pero sí pusimos los antecedentes a cargo de quien le corresponde determinar eso y hacer la investigación, que es el Ministerio Público». .
Durante su exposición, el contralor explicó el marco normativo de las pensiones en la institución penitenciaria, señalando que los funcionarios en Gendarmería -por norma general- deben cotizar en el sistema de AFP, salvo los oficiales y vigilantes que están en Dipreca y algunos profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares que fueran destinados en forma permanente a prestar servicios en una «unidad penal», definición que está a criterio del director nacional.
Además, Bermúdez recordó que hay un sumario interno en el organismo para determinar por qué se tomó razón de la pensión de Olate y otras pensiones por sobre el tope legal de 60 UF (1.573.440 pesos) y confirmó que hace ya un mes los primeros antecedentes de esa investigación fueron enviados también a la Fiscalía de Alta Complejidad.
De otra parte, el contralor estimó el Estado pierde cerca de 1.000 millones de pesos anuales al pagar pensiones que superan el tope legal de 60 UF (1,5 millones) en las Fuerzas Armadas y Gendarmería tras analizar las cifras de los últimos seis años.
En su exposición Bermúdez detalló que un tercio de 433 pensiones están por sobre lo que estipula ley, lo que se ha definido en la opinión pública como «jubilazos».
Respecto a cuántas son las pensiones en gendarmería pagadas irregularmente y cuánto daño representan, el contralor declaró:
«Solo este daño el Estado dejaría de perder o de pagar debidamente 1.000 millones de pesos o casi 1.000 millones de pesos producto de la aplicación de la ley. ¿Cuánto se pagó hacia atrás? Eso solo lo vamos a saber cuando esté totalmente claro cuáles son los excesos. Por ejemplo, de las 433 pensiones que se han cursado en estos seis años, nosotros calculamos que más o menos un tercio están sobre el tope, que corresponden a las del año pasado».
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Situación de ex subsecretario de Aviación
Bermúdez fue consultado por el aumento de pensión del ex subsecretario de Aviación Raúl Vergara, quien subió de casi un millón a más $5 millones 200 mil, al reliquidar su pensión, tras ser subsecretario.
Respecto si es legal lo ocurrido, el contralor respondió «yo diría que no».
Y cuando le preguntaron por la situación del ex general Patricio Franjola, ex auditor de la FACh, quien recibe $6.806.725, dijo que las interpretaciones para alcanzar ese número «son un ejercicio abusivo del derecho».
Sin entrar en el fondo de los antecedentes, Bermúdez señaló:
«Probablemente, y esto es solo una intuición, esto es solo simplemente algo que podría haber ocurrido, es que esta persona haya hecho lo que se denomina una reliquidación de la pensión y, por lo tanto, que haya podido optar a esa mejor pensión».
Agregó que «podría darse ese supuesto y habría que ver si efectivamente esa persona ha estado o no en el régimen de remuneraciones de Fuerzas Armadas todavía o estaba en el régimen de escala única de sueldos, en cuyo caso habría que ver si eso era legal o no, que yo diría que no».
«En un régimen de reparto en ninguna parte del mundo hay pensiones de 10 mil dólares ni de 5.000 dólares. Por lo tanto, sin ver ninguna ley, a uno le tiene que llamar la atención. Si se pagan pensiones de ese nivel, evidentemente no solo hacen quebrar el sistema, sino que probablemente un ejercicio abusivo del derecho», concluyó
Vergara recibe la quinta pensión más alta de la institución que, según las cifras entregadas por Capredena, llega a los 5.229.070 pesos.
Vergara, otrora jefe de gabinete del general Alberto Bachelet hasta el golpe de Estado, recibía una jubilación cercana al millón de pesos cuando la Presidenta lo nombró en 2006 como subsecretario de Aviación. Así, como funcionario del Ministerio de Defensa, el ex oficial de la FACh volvió a cotizar en Capredena y al dejar su cargo en el Gobierno de Bachelet en 2010 pudo reliquidar su pensión con el sueldo que recibía como subsecretario.
Al ser consultado por esta situación, Vergara explicó:
«La pensión que recibo es un millón más baja de la que se señala y es lo que corresponde al reglamento».
El presidente de la comisión investigadora de los «jubilazos» en las Fuerzas Armadas, Leonardo Soto (PS), comentó que se está en presencia de un problema sistémico que se da entre civiles en instituciones uniformadas y que a última hora reciben un aumento de sueldo que les permite incrementar injustificadamente sus pensiones, como el caso de Myriam Olate, ex esposa del diputado Osvaldo Andrade.
El diputado Soto ejemplificó con «una kinesióloga que trabajaba en Capredena, María Verónica Forestier, hija de un general del alto mando de las Fuerzas Armadas por muchos años, que ganaba 80 mil pesos mensuales, más algunas prestaciones como kinesióloga y aparece jubilando con una pensión vitalicia de más de tres millones de pesos».
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El parlamentario socialista también dio el ejemplo de «la ex directora de Capredena, la señora de apellido Ewing Pinochet, hermana de un ex alto mando de las Fuerzas Armadas, que tiene una pensión sobre cinco millones de pesos y era una abogada que además administraba el sistema previsional» y remarcó que «esta situación es bastante extendida y yo diría que sistémica».
