El letargo de los 30 años de transición pactada a la democracia no fueron suficientes para zanjar los problemas fundamentales del país, herencia directa de casi 17 años de dictadura militar.
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Las contradicciones inherentes de un sistema neoliberal probado, en que los resultados macroeconómicos arrojaron cifras exitosas, no se compadece con la agudización de la injusticia social en términos de inequidad flagrante consolidada durante los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, que habiendo logrado algunas mejorías en el plano social: previsión social, acceso a la salud, disminución de la pobreza, en ningún caso se planteó reducir la injusticia creada por la distribución de los ingresos, que cada vez fue superior e incompatible con un sistema de repartición de la renta del país, que fuese más de acuerdo a los intereses de la mayoría.
Muy por el contrario, las privatizaciones alcanzaron verdaderos records creando una riqueza insospechada en manos de algunos grupos económicos en detrimento del conjunto de la población.
La aplicación de una política económica de clase en favor de las oligarquías, como es sabido, no se hizo sólamente en el plano financiero sino acompañada de una vasta y sostenida operación comunicacional con carácter ideológico evidente que ayudaron a consolidar la dominación político-económica, social y cultural de una clase en el poder, en contra de los desposeídos.
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El precio pagado por los chilenos es altísimo si se considera el grado de desmovilización, de pérdida de la conciencia de sus intereses, de la existencia de leyes laborales y represivas tendientes a aplastar la organización de las masas y de la represión ejercida sistemáticamente por el Estado frente a las reivindicaciones de los trabajadores y estudiantes principalmente, agregándose la persecución racista al pueblo Mapuche frente a todas sus reivindicaciones ancestrales y legítimas, reconocidas incluso por organismos internacionales.
Cabe decir que en dos ocasiones, relatores especiales de la ONU se han pronunciado en favor de las demandas de los pueblos originarios en el territorio chileno.
Sin embargo, lo que se ha desencadenado –y ahora con mayor fuerza- es la violencia de Estado como método de « apaciguamiento » de las tensiones sociales. Ya en el pasado los liceanos fueron duramente reprimidos por atreverse a reivindicar una educación más justa y socializada, alejándose de los parámetros financieros que la rigen.
Hoy en día, vuelven a salir a la calle a protestar contra la privatización de la educación y la respuesta que reciben son palos y lacrimógenas sin que medien diálogos y acuerdos propios a una democracia de verdad.
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Pero lo más patético sigue siendo la encarnizada razón de Estado contra los Mapuches. Sus reivindicaciones dicen relación con la demanda del cese de la aplicación de la ley antiterrorista instaurada en tiempos de la dictadura militar (que se aplicó durante todos los gobiernos de la Concertación) ; poner término a la injusta medida de juzgar los mapuche en tribunales civiles y militares a la vez, doblando las penas, lo que es en sí una aberración jurídica; cumplimiento y respeto de la Convención 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas; desmilitarización de la Araucanía, su territorio de origen, en el fondo, reconocer la existencia del pueblo mapuche con sus valores culturales y de propiedad territorial que hoy están libradas indiscriminada y abusivamente a las grandes empresas forestales y energéticas.
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Esas son las paradojas del Estado chileno, 30 años de recuperación de la democracia e incapaz –por opción política- de interesarse por los suyos, por el pueblo, por los que sufren en Chile. A ellos se les aplica el doble rasero, la zanahoria no basta, prefieren el garrote con el fin de estigmatizar a un pueblo y criminalizar sus luchas. Lo insoportable salta a los ojos y los ciudadanos del mundo debemos movilizarnos imperativamente para denunciar estos atropellos básicos a la condición humana.
Decir BASTA a la violencia encubierta bajo forma de «orden» u otras patrañas, La conciencia universal no debe permitir estas fechorías institucionales que operan en toda impunidad, en circunstancias que el propio Estado chileno ha firmado diversos tratados y convenciones relativos a la defensa de los derechos humanos, que no respeta. Cabe decir que sólo en el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo cuatro asesinatos de mapuche.
Fuente: Primera Piedra
