Las aguas de Aysén no están tranquilas. Por lo menos en lo que respecta al litoral. En una acción coordinada, las corporaciones Codesa y Costa Carrera, la filial Aysén de Codeff, comunidades indígenas, Oceana, Terram, Greenpeace y Geute se hicieron parte en el proceso que declara 35 nuevas áreas aptas para la acuicultura en dicho territorio protegido del mar austral.
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Esta mañana un grupo de particulares y agrupaciones sociales y productivas de Aysén concurrieron hasta las oficinas de la Subsecretaría de Pesca, en Puerto Aysén para presentar un escrito con observaciones de forma y fondo a la resolución fechada el 7 de abril de este año, mediante la cual el organismo decretó 35 nuevas áreas aptas para la acuicultura en la reserva nacional Las Guaitecas.
Se trata del primer paso, de corte administrativo, que apunta a una serie de vicios de forma y fondo vinculados con la declaratoria.
“La Subsecretaría de Pesca yerra en varios temas fundamentales respecto de las exigencias legales que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura en estas materias. Entre ellos que no se puede pretender continuar desarrollando una actividad tan contaminante como la acuicultura en una reserva nacional que no cuenta con un plan de manejo que determine la compatibilidad de esas actividades económicas con su labor primordial, que es la conservación de sus atributos ambientales” explicó en la ocasión uno de los firmantes, Erwin Sandoval.
Agregó que existe un requisito legal previo para la zonificación del borde costero de Aysén que tampoco se ha cumplido y es el referido al establecimiento de una franja marina mínima de resguardo, con el fin de excluir el desarrollo de cultivos intensivos o extensivos de especies hidrobiológicas exóticas.
Además en el informe técnico sobre el cual se basó la resolución de la Subpesca “se incumplen requisitos legales mínimos, ya que no se hace referencia alguna a la utilización del territorio por comunidades indígenas, ni a caladeros de pesca, zonas de navegación y un gran número de materias que están reguladas en la ley y que el organismo ha omitido por completo con estas 35 nuevas áreas apropiadas para la acuicultura”, indicó Sandoval.
La resolución de la Subpesca se sustenta en las 41 AAA que fueran aprobadas en agosto de 2015 por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC), en una irregular sesión que generó fuertes críticas por parte de organizaciones y de sus propios integrantes.
Para la representante de la Cámara de Turismo en dicha instancia, María Eugenia Gómez, la forma en que opera la comisión está orientada al interés de la salmonicultura.
“Lamentablemente las organizaciones privadas, sean ONGs o la Cámara de Turismo, no tenemos un espacio y una representación numérica dentro de la CRUBC que permita que se tomen las decisiones que correspondan con respecto al uso de los recursos”.
En este sentido recordó que “normalmente en la votaciones siempre hemos visto una alineación total del gobierno, sin embargo en la justificación de las votaciones o en los temas que se están estudiando existe un alto consenso con respecto de los perjuicios y de las condiciones que van agravando y perjudicando el uso del borde costero”.
Para Mónica Nahuelquín, de la comunidad indígena Nahuelquín Delgado y originaria de la Isla Traiguén en el litoral aysenino, “estamos siendo perjudicados directamente por las salmoneras porque la depredación que están haciendo con la alimentación y el desecho que va quedando la absorben las especies nativas que nosotros capturamos. Es necesario darle un atajo a esto para que no sigan depredando el mar”.
Desde Puerto Aysén, Rodrigo Vergara puntualizó sobre la salmonicultura que “sabemos las consecuencias nefastas que trae para el medio ambiente y los ecosistemas marinos, flora y fauna. Las empresas salmoneras ya mostraron su realidad, su modus operandi, las condiciones que dan a sus trabajadores. Es más de una década de evidencias de resultados nefastos. Que hoy en día quieran volver no nos parece grato porque sabemos a lo que vienen, sabemos que es más de lo mismo y queremos manifestar nuestra postura porque la gente merece saber lo que está ocurriendo”.
Participan en la impugnación las corporaciones para el Desarrollo de Aysén y Costa Carrera, Codeff Aysén, las comunidades indígenas Nahuelquín Delgado y Puwapi, la Cámara de Turismo de Coyhaique, además de los integrantes de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero Marcia Nahuelquín, Ilsie Wolf y María Eugenia Gómez.
A ellos se sumaron los vecinos de Puerto Aysén Hugo Díaz Márquez, Glenda Aldunate Vergara, Rodrigo Vergara Palma, Soledad Zamorano Pérez y Erwin Sandoval Gallardo. El día previo ingresaron un escrito similar en la sede central de la Subpesca en Valparaíso las organizaciones nacionales Terram y Geute, e internacionales Greenpeace y Oceana.
Ahora la Subsecretaría de Pesca tiene 60 días para resolver, luego de lo cual quedan las instancias judiciales en el caso de no ser acogidas y subsanadas las observaciones.
Denuncias por daño ambiental
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“La acción de hoy es consecuencia de la invasión de las salmoneras en la reserva nacional Las Guaitecas. Hemos estado hace años haciendo presentaciones en la Contraloría al respecto y aún no hay una respuesta definitiva con relación a instalar este tipo de industrias en un área silvestre protegida, cosa que a nuestro entender no puede ser” señaló Peter Hartmann, quien también firmó la presentación.
Explicó que en el último tiempo han descubierto que a lo menos 10 salmoneras que ya están instaladas en el sector “no están respetando su resolución de calificación ambiental y están produciendo un fondo anaeróbico (sin oxígeno), por lo tanto hay un tremendo daño ambiental”.
Estos antecedentes han servido de base para las casi 50 presentaciones por daño ambiental ingresadas en los municipios de Aysén y Cisnes, existiendo incluso “algunas que están en las cercanías del parque nacional Isla Magdalena y tres en el santuario de la naturaleza de Quitralco”.
En el caso de lo segundo ya se realizó una presentación ante el Consejo de Monumentos Naturales, en tanto que en el de la afectación de las áreas silvestres protegidas se hará lo propio ante la Corporación Nacional Forestal.
