El Tribunal Constitucional declaró hoy inadmisible el requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de reforma laboral, por haber sido interpuesto fuera de plazo. Es decir, por una cuestión formal. Este aparente «triunfo» no debe distraer del problema principal: el Tribunal Constitucional es una institución ilegítima y antidemocrática, y debe ser sujprimido.
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El Tribunal Constitucional declaró inadmisible este jueves los dos requerimientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos en contra de la reforma laboral, al considerar que éstos fueron presentados fuera de plazo.
Así lo informó el secretario general del TC, Rodrigo Pica, quien precisó que en la votación se produjo un empate que fue resuelto con el voto de presidente del Tribunal, Carlos Carmona, que rechazó los requerimientos. O sea, igual hubo cuatro «ministros» que votaron al bulto como quería la derecha.
Ahora el gobierno podrá promulgar el proyecto una vez que se realice la revisión de constitucionalidad del propio TC.
Según la ley que regula al organismo, esta instancia puede declarar la inadmisibilidad en dos casos: cuando el requerimiento “no es formulado por un órgano legitimado” y cuando la cuestión se promueva con posteriorioridad al plazo de cinco días tras el despacho del proyecto.
En el marco de la audiencia de alegatos que se realizó esta mañana el jefe de la división jurídica de la Segpres, William García, en representación del gobierno, solicitó declarar inadmisibles los requerimientos señalando que éstos fueron interpuestos fuera de plazo, dado que la Constitución establece que dicha acción sólo se puede realizar dentro de los cinco días posteriores al despacho del proyecto.
En este sentido García enfatizó que el despacho es el momento en que se aprueba el proyecto, lo que ocurrió el 23 de junio.
Asimismo indicó que una vez ingresado un veto presidencial, como fue en este caso, sólo se pueden impugnar la normas contenidas en dicho veto y no otras ya aprobadas, como ocurre con los requerimientos ingresados por la oposición.
Por su parte el representante de los requirentes, el abogado constitucionalista Miguel Angel Fernández, argumentó que el despacho no es el momento cuando el Congreso aprueba un proyecto puesto que para ello se requiere una formalidad legal, que puede ser una notificación, comunicación o publicación. De este modo sostuvo que el despacho ocurrió cuando se ingresó el oficio al Tribunal Constitucional, lo que ocurrió el 28 de junio.
En tanto previo a conocer la decisión del TC,el subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz, llamó a ser respetuosos de lo que resuelva la instancia. «Esta es una etapa procesal de admisibilidad. Este requerimiento puede sentar graves precedentes en las relaciones entre los poderes legislativos, Ejecutivo y el TC. Se produjeron los alegatos y hay que ser respetuoso del Tribunal», afirmó Díaz.
El 3 de julio un grupo de 13 senadores y 38 diputados de oposición presentaron ante el Tribunal Constitucional (TC) dos nuevos requerimientos contra la reforma laboral y pidieron revisar 25 artículos aprobados por el Congreso que consagrarían la titularidad sindical, contrario a lo fallado por el TC el 27 de abril, que prohibió darle exclusividad a los sindicatos para negociar colectivamente.
Ahora la reforma laboral tiene que pasar por un «control preventivo y obligatorio», por contener algunas normas que son de ley orgánica constitucional. Una vez realizado aquello, quedará lista para ser promulgada.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, lamentó el fallo del Tribunal Constitucional que declaró inadmisibles dos requeremientos presentados por parlamentarios de Chile Vamos en contra del proyecto de reforma laboral, pues el organismo consideró que éstos fueron presentados fuera de plazo:
«Lo acatamos pero es un fallo absurdo que contradice la jurisprudencia del tribunal».
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Recordó que en circunstancias anteriores el tribunal ha respaldado el criterio defendido por la oposición en este caso, respecto a que los requerimientos fueron presentados dentro de los plazos legales:
«Se equivocaron, actuaron presionados, no puedo decir que pasó».
Más allá de que el presidente de la UDI se haga el ignorante, pasó algo muy simple: los cuatro «ministros» de la derecha, votaron por la admisibilidad, y los cuatro cercanos a la NM, votaron en contra. En el empate, dirimió el Presidente, Carlos Carmona, de sensibilidad concertacionista.
Sin embargo, no se puede permitir que las leyes de la república, aquellas que son tramitadas por el Parlamento, teórico depositario de la soberanía, sigan dependiendo de un remedo de tribunal, cuyos falos se pueden anticipar en función de la circunstancial correlación política de sus integrantes, designados con lógica binominal.
Por eso, conviene insistir, este resultado puntual no debe servir para seguir legitimando el espurio Tribunal Constitucional.
