Son miles los estudiantes afectados por los créditos universitarios y muchos aseguran estar cansados de que la única opción sea postular solo a rebajas de intereses, por lo que reclaman que el avance de la gratuidad debiera incluir una manera de reparar la situación de miles de deudores, especialmente los que tienen créditos con bancos. La diputada del PC cree que el Gobierno debiera tener la opción de eliminar el polémico crédito.
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Juan Pablo Rojas, del movimiento Deuda Educativa, adelantó que empezarán a presentar demandas colectivas contra los bancos en que están los créditos que consideran más abusivos frente a la dificultad que han tenido para reunirse con las autoridades de Gobierno.
«Desde hace tres años hemos tratado de acercarnos al Ejecutivo, hemos buscado entablar un diálogo, hemos presentado de forma muy responsable y siguiendo el conducto regular, cartas al Ejecutivo, pero lamentablemente no hemos sido escuchados», dijo Rojas.
«Cuando el domingo, a través de cadena nacional, conocemos las palabras de la Presidenta Bachelet, esperábamos que sí incluyera algo en relación a solucionar la grave problemática que ocasionan los créditos para la educación superior, particularmente el CAE y el Corfo», añadió.
En tanto, para la diputada del PC e integrante de la comisión de Educación, Camila Vallejo, el Gobierno debiera tener la opción de eliminar el CAE.
«El único crédito en el que se ha tratado de trabajar es el crédito Corfo, pero sin embargo el CAE, el crédito fiscal, han tenido problemas con los egresados y muchas familias que en vez de mejorar sus condiciones de vida después de haber estudiado, la verdad es que las empeoraron», manifestó la diputada.
Vallejo aseveró que «no puede ser que el Estado, por las complejidades legales, jurídicas o financieras, no quiera tocar el CAE, crédito que como lo inventó el Estado chileno y un Gobierno en particular».
La Reforma Educacional sí contempla eliminar el lucro en el nivel superior por lo que los parlamentarios siguen revisando si hay espacios, en esta iniciativa, para que -a pesar de todo- se pueda abrir una ventana para que las instituciones puedan finalmente obtener ganancias.
Para el diputado Giorgio Jackson, la prueba de que se cumpla con lo comprometido es que salga del país el grupo Laureate, controlador de la Universidad Andrés Bello:
«Acá no puede haber espacio para letra chica, no puede haber espacio para que una vez hecha la ley esté hecha la trampa y vamos a hacer todas las propuestas necesarias no para que se mantenga el status quo, sino para que exista un cambio en la regulación y que la prueba de blancura sea que empresas como Laureate se vayan del país».
«Si esas empresas se quedan en el país con universidades significan que están lucrando todavía y al mismo tiempo tenemos que preocuparnos de que esos estudiantes no queden abandonados, porque no se puede repetir la misma situación de la Universidad del Mar», recalcó.
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Consultada sobre el CAE, la ministra de Educación Adriana Delpiano en una entrevista con el periódico La Tercera, explicó que se transformó en una mala palabra por la participación de la banca en este crédito.
En esa línea, la secretaria de Estado añadió:
«El Gobierno estudia una fórmula distinta, con responsabilidad estatal respecto de quién otorga el crédito o no»,
