Tras el anuncio oficial de la Presidenta Bachelet del ingreso de la reforma a la educación superior al Congreso, rectores de diversas universidades continúan con dudas respecto de algunos aspectos de la iniciativa.
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El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, criticó que «desaparece el aporte fiscal directo. En una minuta que se ha entregado a los parlamentarios en la reunión que hubo en la mañana (del domingo) y en consecuencia hay todavía muchísima información de la que carecemos y no vamos a tener otra oportunidad que cuando se ingrese el proyecto de ley».
Por su parte, su similar de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, sostuvo que «dijo menos de lo que hemos venido escuchando, seguramente pensando en que el país está escuchando y por supuesto no puede entregar más información todavía».
«Me quedo con lo último que señaló y es esta invitación a poder dialogar con altura de miras y no exclusivamente desde un grupo en particular», planteó.
Ignacio Sánchez, rector de la Pontificia Universidad Católica, sostuvo que «era importante que hubiera mencionado qué pasa con el acceso de apoyo a otras universidades de función pública, en ese sentido creo que hubo una omisión bien lamentable y yo espero que en el proyecto de ley se pueda ver, porque hemos dicho que junto con apoyo a las universidades estatales, que es muy necesario, también se requiere apoyar a otras universidades de función pública que están dentro del Consejo de Rectores».
Desde DuocUC, Ricardo Paredes manifestó que «el Consejo Nacional de Educación Técnica pudiera ser una buena idea si se desarrolla adecuadamente, como en la línea de lo que hay en Australia. Es un camino largo, importante, que hay que hacer».
Parlamentarios
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El senador Ignacio Walker (DC) defendió la iniciativa y se mostró optimista de su futuro en el Congreso, indicando que «hemos tenido un trabajo prelegislativo de cinco meses, por lo tanto es lógico que la discusión se dé en el Poder Legislativo».
«Ahí veremos que negociación, debate, acuerdos somos capaces de lograr y yo tengo convicción de que debemos ser capaces de lograr un gran acuerdo en torno a una Ley General de Educación Superior que regirá para los próximos 30 o 40 años», dijo.
La diputada Karol Cariola (PC) señaló:
«Coincidimos particularmente en la necesidad del fortalecimiento de la educación pública y ese objetivo nosotros creemos que no se puede perder en el transcurso del desarrollo del proyecto, o sea, no se puede anteponer las dificultades económicas en relación a los objetivos políticos de poner un proyecto de ley que fortalezca a las universidades del Estado de manera particular, pero que además busque regular y transformar un sistema que para nosotros está fracasado».
Estudiantes calculan que la gratuidad universal se alcanzará en 20 ó 30 años más
Una de las principales críticas que ha recibido hasta ahora el proyecto de ley de educación superior es que no establece un plazo para llegar a la gratuidad universal, sino que ésta dependerá de los niveles de crecimiento económico que tenga el país.
De acuerdo a la iniciativa, para que la gratuidad se extienda al total de los estudiantes de la educación superior, la recaudación fiscal debe alcanzar el 29,5% del PIB tendencial, es decir, ocho puntos porcentuales más de lo que hay ahora.
Si bien el Gobierno y los economistas han declinado entregar una fecha para que esto se concrete, los estudiantes hicieron un primer cálculo y el panorama no es alentador.
La estimación fue realizada por la mesa ejecutiva de la Federación de Estudiantes de la U. de Santiago, Feusach.
Según dijo a Emol su presidente y vocero de la Confech, Patricio Medina, para que se alcance la gratuidad universal «Chile tendría que tener el PIB de Japón».
Para eso, estiman que tienen que pasar 20 ó 30 años:
«Ni siquiera sería para la próxima generación; creemos que no puede pasar tanto tiempo para que la gente esté aguantando endeudada».
Agregó:
«Nosotros entendemos que esto es para los que vienen, pero ya han sido 10 años de movimiento estudiantil y creemos que no podemos esperar 20 o 30 años más». Por eso, los estudiantes critican que el avance de la gratuidad dependa de «los vaivenes del mercado» y plantean que se debe establecer un financiamiento permanente, que provenga de los recursos de la ley reservada del cobre y de más impuestos.
