Un nuevo informe emitido por la Contraloría General de la República dejó al descubierto injustificados pagos a funcionarios de la Municipalidad de La Pintana, que además de ganar sueldos como personal de planta eran contratados por el alcalde Jaime Pavez para prestar servicios a honorarios.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Contratos a honorarios cubrían labores ya desempeñadas por funcionarios municipales en sus respectivos cargos de planta. No se exigía que los trabajos paralelos se realizaran fuera del horario laboral, ni había control de que los mismos se cumplieran.
La investigación especial Nº 52-2016 se inició luego de una denuncia de la concejala Claudia Pizarro por eventuales irregularidades en el pago de cuantiosos montos a empleados de la autoridad edilicia en una de las comunas más vulnerables del país.
El ente contralor detectó que 16 contratos a honorarios, vinculados a 8 de los 20 funcionarios sometidos a fiscalización, no especificaban los trabajos encomendados y mencionaban vagamente, en algunos casos, prestación de “apoyo a labores operativas extraordinarias”.
Por otro lado, se verificó que cuatro de los contratos no incluían cláusulas para establecer que la ejecución de lo convenido se diera fuera del horario laboral normal, como lo exige Contraloría en casos de personal de planta que también desarrolla funciones a honorarios.
La Contraloría constató además que 13 funcionarios denunciados por la concejala Pizarro fueron contratados para desempeñar las mismas labores que les correspondía hacer en el ejercicio de sus cargos. En otras palabras, se les pagaba dos veces por el mismo trabajo.
Los contratados para desarrollar labores propias de su ocupación municipal son: Luis Olmedo Veguer, encargado de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinados a la comuna; Óscar Cuevas Naves, de la Dirección de Tránsito; Porfirio Araya Muñoz, Eduardo Oñate Aguayo y Pedro Vergara Torres, encargados de emergencias; Luis Idalsoaga Moya, Juan Miranda Mora y Daniel Riveros Orellana, de la Dirección de Gestión Ambiental; Iris Seguel Pardo, Mónica Jara Parada y Kuisy Avendaño Avendaño, de Desarrollo Comunitario; Luzmira Moreno Guerrero, de Recursos Humanos; y Marcia Pozzo Díaz, periodista.
Una falta de concordancia entre las horas registradas por algunos prestadores de servicios y el dinero que se les canceló fue otro punto abordado en el informe.
Analizados los registros de asistencia de los funcionarios Luis Idalsoaga Moya, Juan Miranda Mora y Daniel Riveros Orellana, el órgano descubrió pagos insuficientemente acreditados por un monto superior a 200 mil pesos, afirmando que no se cumplió con la totalidad de las horas convenidas en los acuerdos.
El documento agrega que los descargos del alcalde Pavez no fueron suficientes para explicar las omisiones en el sistema de control de asistencia de la corporación municipal.
En su respuesta al pre-informe de revisión, Pavez había sostenido que las observaciones fueron corregidas y los contratos cuestionados no serán renovados este 2016.
Sin embargo, Contraloría estimó que, al tratarse de hechos consolidados, corresponde mantener lo observado y disponer medidas para que las irregularidades no se vuelvan a repetir. El cumplimiento de esto último será revisado en posteriores auditorías.
Finalmente, la guinda de la torta de la fiscalización se la llevó el funcionario Rafael Vargas Caverlotti, militante PPD que integra la planta directiva de la municipalidad como Subdirector de Administración y Finanzas.
La Contraloría objetó una prolongada comisión de servicio que el alcalde del mismo partido autorizó a Vargas Caverlotti para “coordinar proyectos con el gobierno central”. Fue decretada desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2015, pero luego se prorrogó inexplicablemente hasta fines de diciembre del mismo año.
Lo anterior contravino el Artículo 73 del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que fija el máximo de duración de tres meses para las comisiones de servicio.
<script async src=»//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js»></script>
<!– Banner Articulos –>
<ins class=»adsbygoogle»
style=»display:block»
data-ad-client=»ca-pub-2257646852564604″
data-ad-slot=»2173848770″
data-ad-format=»auto»></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
Fuente: El Ciudadano
