La diputada comunista Karol Cariola anunció que enviará un oficio de fiscalización al Ministerio del Interior, para averiguar por qué funcionarios de Carabineros ya están practicando controles preventivos de identidad, en circunstancias de que la norma aún no ha sido aprobada por el parlamento.
«Hemos estado recibiendo denuncias, y vamos a hacer algunas fiscalizaciones, porque hay personas que nos han dicho que Carabineros ya está haciendo algunas fiscalizaciones y controles de identidad en la calle sin que este proyecto esté aprobado», afirmó la diputada.
La ex dirigenta estudiantil precisó que «el artículo 85 y el artículo 128 del Código Penal, si bien permiten hacer controles de identidad en situaciones concretas, cuando existe indicio de delito o cuando existe flagrancia en cuanto a un delito, sabemos que este proyecto está en discusión».
Cariola recordó que “el 0,3% de la ciudadanía tiene detenciones pendientes, o sea, estamos haciendo una Ley que nos va a afectar a los 17 millones de habitantes de Chile por un 0,3% que, por lo demás, de esas detenciones pendientes, en su gran mayoría son personas que no se presentaron a declarar a un tribunal como testigos, o son personas que deben pensiones alimenticias, no estamos hablando solo de delincuentes”.
Finalmente la parlamentaria hizo un llamado a la jefa de Gobierno a que recapacite frente a esta iniciativa. “Este es un proyecto que nos separa, que genera distintas visiones en la Nueva Mayoría y no ayuda a construir una verdadera política de seguridad que resuelva los problemas de la gente que siente inseguridad. Nos estamos equivocando, equivocamos el camino, seguiremos sosteniendo que esta ley es injustificada.
El control preventivo de identidad es uno de los elementos polémicos de la Agenda Corta Antidelincuencia y se estima que tiene altas posibilidades de ser aprobado en su tercer trámite en la Cámara de Diputados.
El Gobierno puso discusión inmediata a la Agenda Corta Antidelincuencia, por lo que la Cámara Baja tiene seis días desde hoy para terminar el tercer trámite legislativo, por lo que no puede pasar del martes de la próxima semana para que la Sala lo despache, posiblemente a una comisión mixta, por las diferencias respecto a los cambios que realizó el Senado.
Otro aspecto controversial de esta iniciativa es la norma antiflitraciones, que según el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, restringe su propia labor, por lo que el Gobierno se abrió a la posibilidad de que este punto sea discutido en el futuro, en una ley distinta.
Cariola recordó que “el 0,3% de la ciudadanía tiene detenciones pendientes, o sea, estamos haciendo una Ley que nos va a afectar a los 17 millones de habitantes de Chile por un 0,3% que, por lo demás, de esas detenciones pendientes, en su gran mayoría son personas que no se presentaron a declarar a un tribunal como testigos, o son personas que deben pensiones alimenticias, no estamos hablando solo de delincuentes”.
Finalmente la parlamentaria hizo un llamado a la jefa de Gobierno a que recapacite frente a esta iniciativa. “Este es un proyecto que nos separa, que genera distintas visiones en la Nueva Mayoría y no ayuda a construir una verdadera política de seguridad que resuelva los problemas de la gente que siente inseguridad. Nos estamos equivocando, equivocamos el camino, seguiremos sosteniendo que esta ley es injustificada.
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