Con el poder político que le daban los nutridos sobornos que distribuía generosa y transversalmente en la clase política binominal, SQM legislaba en favor de sus intereses. Más allá de los patéticos gimoteos de inocencia de Longueira, así está suficientemente establecido respecto al modo como se tramitó la Ley de Royalty Minero de Piñera, más conocida como Ley Contesse. Ahora se conoció un procedimiento básicamente idéntico, relativo a un Decreto Supremo que modificó el Código Minero, con amplias ventajas para SQM, como se verá a continuación.
Soquimich redactó parte del Decreto Supremo de Piñera que modificó reglamento de Minería
Ivonne Toro Agurto
Soquimich intervino en el año 2010 en la modificación al Reglamento del Código de Minería, proponiendo al exsubsecretario, Pablo Wagner, el articulado para el uso de los GPS en los procesos de medición del sector. La modalidad usada es similar a la que se aplicó en la ley de Royalty. Si bien la normativa benefició a toda la industria, para Soquimich implicó un beneficio adicional: con más de 2.500 juicios en la última década con el Grupo Errázuriz, la mayoría por superposiciones, la normativa permite evitar a futuro estos pleitos.
Desde la compañía precisan “la propuesta de modificación al reglamento del Código Minero es una recomendación para incorporar las nuevas tecnologías disponibles”, mientras que exautoridades del Gobierno de Piñera defendieron que la compañía interviniera en la redacción.
El 15 de julio del año 2010, el entonces subsecretario de Minería, Pablo Wagner, le envió un breve mail a su jefe de gabinete, el actual diputado UDI, Juan Antonio Coloma:
“Aceptada: Matías Astaburuaga, SQM”.
Cuatro días después de este mensaje, se inició en el ministerio de Minería un nutrido intercambio de correos entre el entonces fiscal de la entidad, Franco Devillaine; la experta en derecho minero del Sernageomín, Adriana Pérez; y Wagner para modificar el Reglamento del Código de Minería e incorporar el uso de GPPs para la medición de hitos y linderos en pertenencias mineras sobre la base de lo que denominaron la “propuesta de Soquimich”.
Se trata de un documento, al que tuvo acceso The Clinic Online, de tres páginas donde se redacta el Decreto Supremo y que contiene algunas anotaciones escritas a mano.
El texto quedó reflejado, con pequeñas modificaciones, en el reglamento que firmó el exPresidente Sebastián Piñera y su entonces ministro de Minería, Laurence Golborne.
Se trata de una forma de operar similar a la que usó SQM en la ley de Royalty, cuando Astaburuaga redactó el artículo transitorio para incorporar a las mineras nacionales, propuesta que envió el exgerente Patricio Contesse al entonces senador Pablo Longueira.
La incorporación de GPS, según recuerdan autoridades de la época, era fundamental para modernizar el sistema y adecuarlo al desarrollo tecnológico, lo que permitía a la industria disminuir los costos y tiempo de tramitación de la constitución de concesiones mineras.
El asunto ya había sido abordado por el primer Gobierno de Michelle Bachelet. En las postrimerías de este mandato, se había enviado un oficio, el 326 del 4 de febrero de 2010 que contenía propuestas al respecto, varias de las cuales también fueron incorporadas en el DS de Piñera.
Se trataba, en paralelo, de un área sensible especialmente para Soquimich, que ha tenido en la última década cerca de 2.500 litigios con el Grupo Errázuriz, principalmente por superposiciones, es decir, por el reclamo de ambas empresas de pertenencias mineras en el mismo territorio y la “desaparición” de los pilares que permiten acreditar quién es el dueño. “En suma, se cambiaban unos a otros las señales y luego se llevaba el tema a tribunales”, relata un personero que conoció el debate.
La demarcación vía GPS, aunque no permite solucionar pleitos previos, evita a futuro estos costos adicionales que implican años de juicios y, en algunos casos, la paralización de faenas.
La política pública de geoposicionamiento se terminó zanjando el 26 de julio de ese mismo año y en ella, según la investigación realizada por The Clinic Online, Soquimich jugó un rol crucial.
Ello porque los mail de medidados de julio dejan en evidencia que parte de la ley fue redactada desde Soquimich, tal como ocurrió con el Royalty, aunque esta vez con una diferencia crucial: funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera, uno de ellos un exsubsecretario, sí estaban al tanto de que la propuesta pertenecía a una de las partes incumbentes. Y a nadie eso le pareció extraño.
Más aún, según el informe Shearman & Sterling, que determinó riesgos de soborno de la compañía a políticos por parte de SQM, Wagner es uno de los personeros que recibió cuatro pagos asociados. Sin embargo, según el abogado de Wagner, Gonzalo Medina, los nuevos antecedentes no inciden en la situación procesal de su cliente. “No lo complica en nada, porque no existen pagos a Wagner, lo cual está debidamente demostrado en la carpeta de investigación. Esa propuesta de SQM no tiene ninguna implicancia en términos jurídico penales y no se vincula en modo alguna a un ilícito o irregularidad”, aseveró.
LA PROPUESTA
El lunes 19 de julio de 2010, Franco Devillaine Gomez envió un email a Adriana Pérez Niklitschek en que expresa “en espera de tus comentarios urgentes” y le hace llegar el texto sobre los cambios que requiere el reglamento del código minero.
Se trata de un word ya listo para ser firmado por Piñera y Golborne que integra las sugerencias de Soquimich y lo trabajado en el Sernageomín. Fuentes técnicas y políticas consultadas respecto de si es normal que se entregue por parte de una compañía un documento de estas características, plantean que en el trabajo de consulta se mandaba a las empresas un articulado ya elaborado para que éstas hicieran comentarios sobre el mismo texto y no existieran dudas sobre lo que se estaba planteando. En suma, en Soquimich se trabajó sobre el modelo del Decreto Supremo.
Pues bien, día siguiente, el 20 de julio de 2010, a las 18:04 horas, con copia al entonces director y subdirector de Sernageomín, Alejandro Vio y Patricio Leiva, Pérez Niklitschek envía un nuevo mensaje con el asunto: “Información propuesta SQM”.
“Estimado Franco, te formulo mis comentarios a la propuesta de SQM para el DS de modificación del reglamento del Código de Minería”, consigna el mail al que tuvo acceso The Clinic Online.
En su análisis, Pérez destaca que le parece “adecuado mantener la eliminación” del inciso segundo de Art. 28 visuales”, pero que tiene reparos respecto de incorporar un nuevo artículo 33 bis, como plantea SQM, aunque asegura que “esta es una propuesta interesante”.
“En primer término mejora la redacción, pero es un poco tricky, en el sentido que disminuye los requisitos, al efectuar una diferencia entre vinculación y medición, donde la primera es más exigente para el Hito de Mensura que para los Linderos. Siendo esta propuesta, un tanto experimental en cuanto a que incursiona en el cambio de las reglas para efectuar mensuras, me parece conveniente mantener requisitos (que) envuelvan la mayor fe pública. De esta manera, la recomendación que formulo es tener en cuenta las observaciones, sin alterar la emisión del decreto, sino que reservándolas para considerar su incorporación a las instrucciones generales que serán dictadas para implementar el uso GPS”.
Se trataba, en rigor, de cómo se aplicaba en la práctica el uso de los GPS y de las fotos satelitales para las mediciones (mensuras) y linderos (límites) de las concesiones mineras.
Devillaine le manda el reporte a Wagner y Coloma de inmediato con el contenido del análisis de Pérez. Una hora después, de forma escueta, Wagner echa por tierra los reparos de la abogada.
“No estoy muy de acuerdo. Prefiero que las incorporemos. Es semántica”, señala.
Finalmente, el 26 de julio se firma el decreto por parte del entonces Presidente Sebastián Piñera y su ministro de minería Laurence Golborne y el 22 de noviembre de 2010 se publica en el Diario Oficial el Decreto Supremo 81 que contiene la última modificación al reglamento de Código de Minería y que agrega, como planteó SQM, un nuevo artículo 33 bis, en términos casi textuales los definidos por la empresa, y que habían sido esbozados de modo más general en el oficio de Sernageomín, y que agregó, además, cambios al artículo 32 -que no estaban en el planteamiento de Sernageomín, pero sí en la propuesta de SQM-, sobre cómo se construyen los linderos, permitiendo que éstos, además de concreto, se puedan hacer en policluro de vinilo, un material más económico.
En la introducción se lee que “las modificaciones planteadas se refieren, específicamente, a favorecer la utilización de tecnología Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, en adelante GPS para la ubicación y ligazón de hitos y linderos, a la simplificación del acta de mensura y la modificación del plano de la solicitud de sentencia” y se entregan una serie de especificaciones respecto de cómo serán de ahora en adelante los planos para la configuración de la concesión y se dan instrucciones respecto de la construcción de linderos.
En el 33 bis, se agrega que “si el ingeniero o perito realizare la operación de mensura en su totalidad con equipos GPS y, de acuerdo a las instrucciones de carácter general referidas en el artículo precedente, el Servicio podrá dar fe de haberse efectuado correctamente la operación de mensura y considerar suficientes dichos aspectos técnicos de acuerdo a los establecido en los artículos 79 y 80 del código de minería. Para los efectos de lo señalado en el inciso anterior, la operación de mensura deberá incluir la vinculación del hito de mensura a la red geológica nacional, aplicando a ella necesariamente la metodología post proceso, la ligazón de los linderos vértices con equipos GPS en tiempo real y los archivos rinex que den fe del día, hora y año de la reedición efectuada, junto con la identificación de los equipos GPS utilizados”.
Añade que “la construcción del hito y de los linderos vértice, para los efectos del presente artículo, se demostrará al Servicio mediante fotografías de los mismos, que se adjuntarán a una declaración del ingeniero o perito, en la cual se acreditará, tanto la circunstancia de haberlos construido de acuerdo a lo señalado en el artículo 32, como de haberlos posicionado en las coordenadas indicadas en el acta y plano de mensura”.
Concluye con que “para los efectos de lo previsto en este artículo, no regirá la obligación de ligar el hito a tres puntos circunvecinos inamovibles y característicos, establecida en el inciso segundo del artículo 28, en la parte final del literal (b) del artículo 37, y en el numeral 11 del artículo 38. Con todo, el Servicio podrá concurrir a revisar en terreno aquellas mensuras realizadas de acuerdo a este procedimiento cuando lo estimare necesario” y precisa que si existe una operación en marcha que ya esté usando la tecnología GPS, se considerará adecuada si cumple con los requisitos establecidos en el Decreto Supremo.
PRÁCTICA HABITUAL
“No era extraño que las empresas enviaran sus propuestas. No había muchos expertos en el ministerio para trabajar estos temas”, afirma una exautoridad al ser consultada por The Clinic Online respecto de por qué una política pública que atañe directamente a una compañía es pauteada por la empresa sin que a nadie le llame la atención, más aún cuando el encabezado de los correos al respecto es “Información Propuesta Soquimich”.
Uno de los personeros involucrados en la cadena de emails asegura que este asunto en particular fue abordado directamente por Wagner, quien está formalizado por delitos tributarios, lavado de activos y cohecho por haber recibido -mientras era subsecretario- $42 millones de parte del holding Penta. Además es indagado por la fallida licitación del Litio.
Si bien se trata de un cambio que beneficia a todas las empresas mineras, para SQM, dado el historial de rencillas con el grupo Errázuriz, implica un mecanismo eficaz para evitar la judicialización, aunque fuentes de la industria precisan que se trató de un cambio “para modernizar la operación de mensura que estaba haciéndose en forma arcaica como hace 30 años atrás”.
Al respecto, desde Soquimich precisaron, consultados por el articulado enviado por Astaburuaga, que “la propuesta de modificación al reglamento del Código Minero es una recomendación para incorporar las nuevas tecnologías disponibles. Esta modificación es beneficiosa para todos y no tiene ningún beneficio particular para SQM”.
El exfiscal de Minería, Franco Devilleine, quien aparece consignado en los correos, asegura que “la propuesta del artículo 33 bis ‘explicita de mejor forma’ el como llevar a cabo el proceso que se establece en los artículos precedentes, es una norma de desarrollo, esto significa que aquello que pudiera haber sido regulado mediante un instructivo interno se prefirió incorporar derechamente en la norma”.
Acota, además que “desde su aplicación y hasta la fecha en que me desempeñé en el Ministerio de Minería no recuerdo haberme enterado de ninguna dificultad en su aplicación, ni ninguna observación por parte de SERNAGEOMIN; institución que a la fecha de publicación de este decreto tenía un ostensible retraso en la tramitación de los expedientes” y afirma que “las asociaciones de clase, como SONAMI; Consejo Minero y, en general, las empresas mineras son actores relevantes del mercado, que regularmente opinan acerca de la normativa que las rige”.
Según Devilleine “ninguna de estas empresas tiene incidencia en la normativa, y todas ellas tienen acceso a los correos electrónicos de los funcionarios públicos, de manera que pueden canalizar sus inquietudes libremente. En este caso, de acuerdo a lo que usted señala, la misma fue canalizada a través del Subsecretario y él la hizo llegar al equipo. La propuesta fue remitida a diversos actores que perticipaban en el proceso y discutida abiertamente, no siendo relevante el quien la remite sino el contenido que propone”.
Desde el círculo de Piñera, en tanto, Cristián Larroulet, otrora ministro secretario general de la Presidencia, argumentó que “la elaboración de las normas técnicas en los distintos ministerios y servicios son consultados los sectores que están involucrados. Esta adecuación no es de un gobierno en particular, beneficia a toda la industria al incorporar los cambios tecnológicos de la última década y por último, fue el Gobierno de Sebastián Piñera el que impulsa la transparencia en esta área con la ley de lobby”.
Consultado acerca de si no le parece complicado que una normativa redactada por Soquimich termine siendo zanjada por una exautoridad como Wagner, asociada a pagos de SQM, Larrouelet aseveró que “él actuó en este caso en su calidad de subsecretario en su relación con las empresas y los servicios”.
Fuente: The Clinic
