Durante la sesión de este lunes, los miembros de la Comisión de Educación debatieron acerca de las funciones y atribuciones con las que va a contar la Dirección de Educación Pública, además de las normas referidas a la incorporación de la educación técnico profesional en los servicios locales.
Con el propósito de avanzar en la votación particular del proyecto de ley que crea el Sistema de Educación Pública (boletín 10368), la Comisión de Educación analizó, este lunes 4 de abril, el titulo II del texto dedicado a la Dirección de la Educación Pública, específicamente, sobre las modificaciones al plan anual.
Sobre el punto, el presidente de la Comisión, diputado Alberto Robles (PRSD), pidió al Ejecutivo aclarar una inquietud presentada por los parlamentarios respecto de proponer que el plan no sea anual, sino que a largo plazo. A esto, el Secretario Ejecutivo de la Nueva Educación Pública, Rodrigo Roco, aclaró que este es uno de los varios instrumentos de gestión que se consideran en el proyecto.
“El plan anual, que es un plan de ejecución presupuestaria y que dice relación con las dotaciones puntuales que se requieren para cada año, va cumpliendo con la carta de navegación de este plan estratégico a 6 años, por lo que parece lógico que el director nacional pueda hacerle observaciones al director local, siendo este último el que verá si la acoge o no”, argumentó.
Por su parte, el diputado Jaime Bellolio (UDI) manifestó sus dudas frente a las eventuales atribuciones de ambos directores. “Aquí queda claro que el director nacional es el jefe del director local y, a pesar de que las condiciones no sean mandatorias para el director local, esto va a terminar siendo una preforma llenada desde el Ministerio de Educación”.
En tanto, el diputado Mario Venegas (DC) señaló que, como el plan anual dice relación con los temas de financiamiento, deben existir recomendaciones hechas por el director nacional, debido a que, aseguró, “alguien tiene que ocuparse de esto”.
Para la diputada Cristina Girardi (PPD), lo importante es poner el acento en la elaboración del plan, por lo que sostuvo que “las recomendaciones deben ir en la línea de lo que se elaboró con las escuelas y en conjunto con las comunidades educativas”.
Educación técnico profesional
Siguiendo en la línea del debate, los legisladores discutieron sobre una indicación presentada por la diputada Yasna Provoste (DC) y otros parlamentarios, que busca incorporar a los establecimientos técnico profesionales en el servicio local.
“Siempre se mira lo bueno de estos establecimientos, que tienen subvención por matrícula, pero no se dice que no se han mejorado y que quedaron excluidos de la subvención escolar preferencial. Por eso creo que esta es una oportunidad para revitalizar la educación técnica profesional y lo que está haciendo el servicio local es dejar de lado, externalizando a través de terceros, la educación técnico profesional”, indicó.
Asimismo, agregó que se busca por medio de esta indicación que el Ejecutivo tome una decisión respecto de cómo entiende el fortalecimiento de la educación pública. “Si esto lo entiende solo fortaleciendo la educación inicial, básica y media, excluyendo a la educación técnica profesional, claramente no podemos estar de acuerdo. Por eso hemos presentado esta indicación para permitir que sea el servicio local de educación el que se haga cargo de la educación técnico profesional”, recalcó.
El diputado Bellolio, en tanto, manifestó su preocupación por el argumento de fondo, ante lo cual propuso como alternativa a la indicación, que sean los colegios los que decidan traspasarse voluntariamente, mientras que para los que tengan malos resultados sea obligatorio dicho traspaso. “Suponer que ya se eliminó lo malo de la educación, por no estar los establecimientos directamente administrados por el Estado, es algo sin sentido”, afirmó.
En el mismo contexto, la diputada Girardi manifestó que existe una responsabilidad del Estado con respecto a la educación pública y lo que pretende este proyecto de ley es justamente que se reconstituya esa responsabilidad:
“Es importante definir qué quiere hacer el Estado con la educación pública”.
Por su parte, el diputado Fidel Espinoza (PS) añadió que los establecimientos tienen limitaciones que son necesarias de evaluar si se quiere mejorar y apremiar a aquellos que lo hacen bien.
“Estos 70 establecimientos a nivel nacional tienen necesidades diferentes, por lo que el mecanismo permite ver que es lo que más conviene con respecto a su administración”.
Finalmente, el Ejecutivo aclaró que para el caso de estos liceos no se ha dado la discusión completa, por lo que no hay elementos suficientes para tomar decisiones; entonces, lo que se propone en el proyecto de ley, es abrir la puerta para que esto ocurra.
“Hoy día no están las condiciones para tomar una decisión a través de esta ley”, remató Rodrigo Roco.
