La Comisión Investigadora por la fusión de las AFP Cuprum y Argentum recibió a la Subcontralora, Patricia Arriagada, quien en su intervención sobre el dictamen de la Contraloría y la resolución emitida por la Superintendencia de Pensiones, ratificó que existió ilegalidad en el proceso de fusión entre ambas AFP. Sostuvo que se utilizó una condición suspensiva cuya existencia no está en ninguna norma legal, y anunció un proceso de invalidación de la operación.
Al respecto, Arriagada resaltó que la Contraloría estima que la fusión es ilegal porque se utilizó una condición suspensiva cuya existencia no está en ninguna norma legal. Asimismo, agregó que el marco en el que actúa la Superintendencia de Pensiones es el del derecho público que supone la existencia de normas legales expresas y precisas:
“La ilegalidad es que no existe esa posibilidad. Nadie tiene la facultad para eximir de requisitos a través de una condición suspensiva que, en definitiva, eso es lo que se efectúo. El problema aquí es que la Superintendencia estimó que podía, por medio de esta condición, darle la posibilidad de, sin cumplir requisitos, transformarse en una AFP”.
Agregó que la Contraloría ha concordado, con la interpretación que la Superintendencia de Pensiones efectúo, que para que pudiera hacerse la fusión tendría que existir otra AFP y con eso se encuentran, absolutamente de acuerdo:
“Esto, por cuanto las AFP son sociedades anónimas especiales de evidente interés público y, desde ese punto de vista, Cuprum solo podía asociarse con otra AFP”.
Insistió en que no existe norma legal alguna, ni tampoco reglamentaria o de otra naturaleza que permita a la Superintendencia establecer una condición suspensiva que, a través, de ella se permita no dar cumplimiento a la legislación que rige la materia:
“Es importante hacer presente que en todo el análisis, la Contraloría no ha emitido ni ha considerado ningún juicio de valor, ni respecto a la inversión extranjera, ni respecto a las fusiones, ni a los posibles beneficios que de estos actos se deriven. Lo único que hemos hecho es dar cumplimiento a la exigencia legal, que por lo demás tenemos, de verificar que los servicios públicos sometidos a nuestra fiscalización cumplan con la ley”.
En este contexto, añadió que la Contraloría abrirá un proceso de invalidación y que solicitará información al respecto de lo que la Superintendencia ha efectuado de acuerdo a los dictámenes que se han emitido:
“Con esto, se analizará si la resolución suple o corresponde al proceso de invalidación. Vamos a pedir información a la Superintendencia, dentro de estos días, porque es parte de nuestras facultades, esto sobre el cumplimiento de los dictámenes nuestros que es lo normal”.
Acto improcedente
En la misma línea, el abogado Alfredo Ugarte se refirió al dictamen emitido por la Contraloría y a la resolución presentada por la Superintendencia de Pensiones en torno al caso.
Sobre el proceso de fusión, Ugarte aclaró que es “improcedente” en cualquier legislación aceptar la creación y utilización de una sociedad que nunca quiso ejercer un giro comercial:
“Los partícipes de esta operación, que están principalmente en Estados Unidos, saben que en ese país esta acción está prohibida y, sin embargo, hacen acá lo que en su casa matriz esta prohibido”.
Recalcó que aquí no solo se alteran determinadas situaciones, sino que además se producen desequilibrios respecto de los otros sectores del mercado y que, por ello, estima que esta operación no cumple con los requisitos legales y, además atenta seriamente con algunas instituciones del Estado.
“En Chile no puede aceptarse que se utilicen sociedades a vista y presencia de la autoridad, con el fin de obtener beneficios en contra del Estado”.
Para el diputado Fuad Chahin (DC), la Subcontralora fue clara en su intervención al decir que la acción que motiva a la Comisión es ilegal:
“Tal como lo sostuvimos desde un principio, esta operación no se ajustó a nuestro ordenamiento jurídico, ni la creación de la AFP Argentum, ni la posterior fusión con Cuprum y, por lo tanto, todo lo que nos ha dicho la anterior Superintendenta y el actual, quedan fuera de nuestro ordenamiento jurídico e incurren en responsabilidad administrativa y política”.
Asimismo, el parlamentario destacó el rol asumido por la Subcontralora, quien adelantó que va a pedir informe para poder pronunciarse respecto de la resolución donde el actual Superintendente decide no invalidar esta operación:
“Me parece muy bien que la Contraloría esté cumpliendo su rol de pronunciarse respecto a la decisión de no invalidar este acto ilegal”.
Por su parte, el diputado Nicolás Monckeberg (RN) dijo no entender cómo es posible que, por un lado, la Subcontralora asegure que se trata de un acto ilegal y le transmita a la autoridad, por medio del informe, que también ellos podrían validarlo, dejarlo sin efecto o incluso dejar una conclusión distinta a la que emite la propia Contraloría:
“Esto es como si estuviera dando una información no vinculante. No se trata de decir que es un acto ilegal si se le dice evalúe usted y si llega a la conclusión de que no lo va a invalidar, eso no me cuadra”, expresó.
Finalmente, el diputado Iván Flores (DC) aseguró que el actual Superintendente no solamente cometió la falta de ser “apurón” al dictar resoluciones que zanjan, según la Superintendencia, toda posibilidad de retrotraer la fusión y sin siquiera asumir que la Superintendencia actuó mal al autorizar ambas fusiones, sino que, además también “fue imprudente, porque perfectamente antes de tomar la decisión, pudo nutrirse y haberse hecho asesorar por gente más experta que su equipo recién llegado, tal como el Consejo de Defensa del Estado, la misma Contraloría u otras instituciones”.
Afirmó que el problema es más serio de lo que aparentemente fuera un trabajo negligente de la Superintendencia:
«El Gobierno ha nombrado a superintendentes y equipos que no conocen su materia ni el rol que debe jugar la Superintendencia como ente protector de los afiliados de Chile”.
Discútase lo que se quiera, y llámesele como se llame, pero lo enencial es impedir una operación ilegal, que tiene un costo de 500 millones de dólares para Chile.
