Era agosto de 2010 y el Ministerio de Minería preparaba una modificación a la Ley de Royalty Minero para allegar fondos para financiar la reconstrucción posterremoto. El 5 de agosto un funcionario del ministerio envió un correo electrónico al entonces senador Longueira con un borrador de un artículo clave de la ley, borrador que Longueira forwardeó casi de inmediato al gerente de SQM, Patricio Contesse.
En cuestión de horas, Contesse respondió con una propuesta alternativa, porque “la que te enviaron es una burla”. Comparado con la redacción original, la propuesta de Contesse claramente beneficiaba a SQM.
Según informó Ciper el lunes de esta semana, el proyecto que el gobierno de Piñera finalmente envió al Congreso contenía, casi textual, la redacción sugerida por el gerente de SQM. Lo anterior, unido a 730 millones de pesos en pagos irregulares de SQM a sociedades y personas cercanas a Longueira entre 2009 y 2014, según un informe reciente contratado por la propia empresa, podría configurar el delito de cohecho y llevó a la renuncia de Longueira a la UDI el miércoles.
Argumentos y contraargumentos
Los argumentos para defender a Longueira han sido varios, ninguno de ellos convincente. Que es habitual y legal que las empresas busquen influir sobre los proyectos de ley que las afectan. Es legítimo que las empresas expresen su opinión respecto de proyectos de ley que las afectan, pero no es habitual ni legal, aun con la débil legislación de aquel entonces, que una empresa financie a un senador a cambio de que éste modifique los borradores de proyectos de ley que prepara el gobierno con artículos a la medida del financista.
También se argumenta que la prensa sentenció a Longueira sin que tuviera la oportunidad de defenderse. Tampoco es cierto. En la conferencia de prensa que dio el miércoles, el histórico líder gremialista pudo negar la existencia de los correos electrónicos que vienen publicando varios medios desde enero, incluyendo el de esta semana, que lo forzó a renunciar a la UDI, y no lo hizo.
O si estimaba que estos correos fueron citados fuera de contexto o con el afán de perjudicarlo, podría haber hecho pública la correspondencia completa para que la opinión pública lo evaluara de manera justa. Tampoco lo hizo, enfocándose exclusivamente en denunciar la forma en que los correos se hicieron públicos, sin nunca referirse al fondo del asunto.
La ciudadanía tiene derecho a formarse una opinión sobre el actuar de sus autoridades basada en la información disponible sin esperar los fallos judiciales, especialmente cuando dicha información apunta a una eventual captura por parte de intereses particulares. Longueira optó por no desmentir la información disponible, tampoco por agregar nueva información, lo cual no contribuye a mejorar el juicio que se ha formado la ciudadanía respecto de su actuación.
El ex Presidente Piñera defendió la ley que envió al Congreso en su momento, argumentando que ésta recaudó los recursos que se necesitaban para la reconstrucción. Esta defensa evade el tema de fondo. Lo relevante es que se pudo recaudar los mismos fondos para la reconstrucción sin entregar los beneficios que contempla el artículo Contesse-Longueira para SQM.
El Congreso también debe una explicación, ya que, al menos en el Senado, una mayoría transversal aprobó la mencionada modificación al royalty minero. Quienes no fueron parte de la Comisión de Minería culpan a sus integrantes (al momento de redactar esta columna no hay comentarios de quienes participaron en dicha comisión).
¿Qué hacer?
La posibilidad de que se configure el delito de cohecho de parlamentarios que aprobaron la modificación del royalty motiva preguntarse si se puede derogar o anular el artículo que contribuyó el gerente de SQM a dicha ley.
La misma pregunta se plantea respecto de la Ley de Pesca, donde Longueira también tuvo una participación destacada, esta vez como ministro de Economía, y donde también podría configurarse el delito de cohecho para dos parlamentarios.
Nuestro ordenamiento jurídico, y el de prácticamente todos los países democráticos, no contempla la posibilidad de anular leyes, y esto es razonable. Lo que se puede hacer es aprobar nuevas leyes que mitiguen los efectos negativos de leyes promulgadas en el pasado, incluyendo aquellas donde hubo cohecho. Se compensará en parte la pérdida social de legislaciones ilegítimas, pero hay que sincerar el hecho de que lo más probable es que dicha compensación no será completa.
¿Hasta cuándo?
Llevamos un año y medio desde que venimos conociendo una seguidilla de escándalos relacionados con el financiamiento irregular -y varias veces, derechamente ilegal- de la política. Lo más probable es que sigamos conociendo nuevos casos y nuevos detalles de casos que ya se investigan durante largo tiempo.
Los intentos por poner punto final a las investigaciones judiciales han fracasado y en buena hora. Cualquier intento de este tipo profundizaría aun más la desconfianza que la ciudadanía tiene respecto de sus líderes políticos y empresariales. Por otra parte, las iniciativas para que todos los involucrados en hechos éticamente reprobables, pero no ilegales, transparenten lo que hicieron, no motivan a los involucrados, probablemente porque son muchos y tienen la esperanza de que no serán investigados.
Una cosa es el pasado, otra muy distinta el futuro. Durante los últimos meses se tramitaron una serie de leyes que llevarán a un financiamiento más sano y transparente de la política. Cabe preguntarse si estas leyes evitarán situaciones como las que parecen configurarse a partir del intercambio Contesse-Longueira que conocimos esta semana.
En primer lugar, será más fácil detectar el financiamiento ilegal de los partidos y campañas. Si volviera a suceder, los 730 millones de pesos que recibió Longueira se gastarían en algo y el Servel, a futuro, debiera poder detectar platas negras en política.
En segundo lugar, la nueva legislación contempla la sanción de cárcel y la pérdida del cargo si se comprueba que hubo financiamiento ilegal sustantivo en la elección de un parlamentario. Además, la Comisión de Constitución del Senado manifestó su intención de revisar que en estos casos dichas sanciones de cárcel sean efectivas y no apliquen medidas alternativas, como sucedió recientemente con el ex directivo de la UDI Jovino Novoa.
Donde el caso Contesse-Longueira pone de manifiesto una debilidad que sigue presente en nuestra legislación es respecto de la ley de lobby. Dicha legislación no estaba vigente cuando sucedieron los hechos que aborda esta columna, pero si lo hubiese estado la comunicación entre el gerente de SQM y el senador no habría tenido que registrarse, por tratarse de una comunicación personal y no una reunión cara a cara, ya sea en la oficina del senador u otro lugar privado.
Es importante revisar la ley de lobby, partiendo por dar una interpretación más amplia a las actividades que deben registrarse. Precisamente, una de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial que presidí es que a dos años de la vigencia de esta ley, que se cumplen a fines de este año, se revise su efectividad y posibles mejoras, como podría ser incluir el intercambio de correspondencia o llamados cuando se intente influir legítimamente en una toma de decisión.
El bosque y los árboles
En medio de los detalles, a veces inverosímiles, que hemos conocido respecto de cómo se financiaba nuestra política en un pasado nada de lejano, es importante no perder el norte respecto de por qué el tema es tan importante.
El párrafo inicial de un importante documento de la OCDE sobre el financiamiento de la política lo resume muy bien:
“Si el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales no se regula adecuadamente, el dinero puede ser un medio para influencia indebida y captura de la política por parte de intereses creados, exacerbando la erosión de la confianza en los gobiernos”.
Los nuevos detalles que conocimos esta semana sobre la red de influencias que construyó SQM para financiar e influir sobre el mundo político debieran motivarnos a seguir avanzando en la agenda anticorrupción para fortalecer nuestras instituciones y así mejorar nuestra democracia. No podemos dejar pasar esta oportunidad, no es nada de obvio que vayamos a tener una segunda oportunidad si dejamos pasar la coyuntura actual.
(*) Profesor titular de economía de la Universidad de Chile, profesor visitante de la Universidad de Yale y presidente de la Fundación Espacio Público; ingeniero civil de la Universidad de Chile, doctor en estadística de la Universidad de Stanford y doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).
Fuente: Blog de Eduardo Engel
