A contrapelo de las expectativas de la UDI y el sector conservador del Gobierno, el Gobierno argentino apeló contra la reciente resolución de un juez que reconoció personería al Estado de Chile para impugnar la calidad de refugiado de Galvarino Apablaza. Este revés deja con un palmo de narices a todos los que apostaban por meter una nueva cuña en la Nueva Mayoría, entre los que están a favor y quienes se oponen a dicha extradición.
«El gobierno anunció que va a apelar de la decisión del juez que reconoció personería al Estado de Chile para impugnar la calidad de refugiado de Galvarino Apablaza. Tiene un plazo hasta el próximo miércoles para presentar el recurso donde consignará las razones que lo motivaron o llevaron a tomar esa decisión», señaló anoche a «El Mercurio» el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, uno de los que debe estar más contrito con la medida.
El diplomático se refirió así a la decisión que adoptó ayer la administración del Presidente Mauricio Macri frente al dictamen que hace 10 días dio a conocer el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Argentina, que había acogido los argumentos de Chile para poder impugnar el estatus de refugiado político del ex frentista, procesado como autor del asesinato del ex senador Jaime Guzmán.
En 2010, la Corte Suprema de Argentina dio luz verde a la extradición de Apablaza, pero el proceso judicial se frenó luego de que ese mismo año la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) —dependiente del Ministerio del Interior— le otorgara el carácter de refugiado al ex frentista.
La decisión se adoptó durante el gobierno de la ex Presidenta Cristina Fernández. Entonces, desde Santiago se entabló una acción judicial para dejar nula la resolución de la Conare por contradecir el fallo de la Suprema argentina. Por su parte, Apablaza y el gobierno de la ex Presidenta Fernández impugnaron la demanda.
«Ambas defensas —la del Estado Nacional Argentino y la de Galvarino Apablaza— han apelado y con fecha 15 de febrero se les ha concedido el recurso en relación, motivo por el cual tienen cinco días a partir de mañana (hoy) para fundar sus recursos, esto es, cuestionar la decisión y pedir su revocación con fundamentos jurídicos», señaló el abogado de Chile en Argentina, Gustavo Gené.
El fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 de Argentina había sido valorado por el Gobierno chileno y la UDI. Algunos de sus dirigentes, como el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, el senador Juan Antonio Coloma y el vicepresidente Edmundo Eluchans, solicitaron entonces al gobierno del presidente Macri —que había expresado su apertura a estudiar el caso de Apablaza— que se abstuviera de apelar el dictamen del tribunal argentino.
Presentada la impugnación de Apablaza y del gobierno argentino, el expediente del caso pasará a la Cámara de Apelaciones de Argentina —símil de la Corte de Apelaciones chilena—, en un proceso que no debería extenderse más allá de seis meses.
Ese tribunal deberá fallar en una única resolución, que tendría un carácter de definitivo. Si la sentencia fuese contraria a la postura de la defensa del ex frentista, la justicia argentina podría entrar al fondo de la causa, y eventualmente dejar nulo su carácter de refugiado político.
La decisión de la Casa Rosada resulta sorpresiva, puesto que tanto el presidente Macri como su vicepresidenta, Gabriela Michetti; y su ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, habían expresado voluntad para estudiar el caso de Apablaza y facilitar, eventualmente, su extradición a Chile para que fuera juzgado por los tribunales nacionales.
Manifestación por Apablaza frente a la embajada de Argentina
Miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez se manifestaron hoy ante la embajada argentina en Santiago en apoyo al ex guerrillero Galvarino Apablaza, acusado en Chile del asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, por el que la Justicia pide su extradición.
Una veintena de personas con pancartas en las que se podía leer «Refugio para quien luchó» entregaron en la sede diplomática una carta dirigida al presidente argentino, Mauricio Macri, en la que solicitan resguardar la condición de refugiado político de Apablaza en Argentina.
En 2010, durante el mandato de Cristina Fernández, Apablaza recibió refugio político en Argentina, lo que bloqueó una posible extradición a Chile, donde está procesado por el asesinato de Guzmán.
Fue la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (Conare) la que otorgó la condición de asilado político, una decisión que frenó el proceso de extradición que había autorizado la Corte Suprema argentina, el 14 de septiembre del 2010.
«En Chile no existen garantías para un juicio justo, ya que la dictadura cívico militar dejó instalado a sangre y fuego un sistema corrupto, un poder judicial que aplica desigualmente la justicia dependiendo del color político y la posición social», señaló a los periodistas Jorge Gálvez, miembro de la dirección del FPMR.
La situación del exguerrillero, de quien Chile ya pidió su extradición, ha sido uno de los principales temas de discusión entre el nuevo Gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, y la Administración de la chilena Michelle Bachelet.
«Es un tema que siempre está presente. Nos interesa como Gobierno que dentro de la normativa se pueda dar cumplimiento a nuestra solicitud», dijo hace unas semanas el ministro chileno del Interior, Jorge Burgos, en una visita a Buenos Aires.
Según sostuvo en ese momento el embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, el Gobierno de Macri está dispuesto a estudiar y revisar el asunto «dentro del derecho internacional» y la normativa argentina.
La vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, que el pasado 25 de enero fue recibida en Chile por la presidenta Michelle Bachelet, afirmó que no descarta la extradición de Apablaza.
«Hay que tomar en consideración que nosotros acabamos de asumir el Gobierno, nosotros necesitamos tiempo para conocer la situación en términos jurídicos y legales. Vamos a trabajar para llegar a buen puerto en esto», señaló Michetti en declaraciones a los periodistas.
«Argentina no descarta la extradición, pero solicitamos tiempo para evaluar la solicitud chilena», enfatizó la vicepresidenta argentina que en esa misma oportunidad también se reunió con el presidente del Senado chileno, Ignacio Walker.
En esta misma línea, el pasado 10 de febrero, el juez argentino Ernesto Marinelli permitió a Chile apelar la condición de refugiado político que el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza tiene en Argentina.
Marinelli consideró que Chile «tiene legitimación suficiente para promover este juicio con el objeto de que se controle su legalidad», según el fallo publicado por el portal argentino Infobae.
Apablaza, a quien se le acusa de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, es uno de los fundadores del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), del que fue líder desde 1988 hasta el 2001.
El FPMR, que atentó sin suerte contra Augusto Pinochet en 1986, se dividió tras la recuperación de la democracia y una facción denominada autónoma, que persistió en la violencia como herramienta política, asesinó a Guzmán cuando salía de impartir una clase de Derecho en la Universidad Católica, el 1 de abril de 1991.
Jaime Guzmán, fundador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), es considerado el principal autor de la Constitución que Pinochet impuso en Chile en 1980.
