Sólo 75 ex agentes, de un total de 1.073 acusados, cumplen penas privativas de libertad por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar en Chile, según un balance entregado este jueves por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Menos del 10 por ciento de los acusados recibió sentencia, según cifras del Ministerio del Interior. Peor aún, once de ellos disafrutan beneficios penitenciarios. En el otro extremo, tres condenados, Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Marcelo Moren Brito, acumulan en conjunto más de mil años de cárcel.
El documento fue presentado por el secretario ejecutivo de esta entidad, Francisco Ugaz, y el jefe del área jurídica, Rodrigo Lledó.
Según los datos entregados, de los 75 condenados, ocho ex agentes lo hacen con beneficios en la cárcel y otros tres cumplen sus penas bajo el sistema de libertad condicional.
Ugaz dijo que «la sanción debe ser proporcional a la gravedad de los delitos», el que es un principio del derecho penal y de los estándares internacionales.
Y añadió:
«Entendemos que a nuestro juicio las sanciones que han surgido no son proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos. Nosotros hacemos valer todos las medidas legales con miras a poder obtener sanciones acordes a ese estándar y principio», afirmó.
Este programa nació en 1997 como sucesor de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y además de contribuir al esclarecimiento de la verdad tiene la facultad de hacerse parte en los juicios por la ejecución de disidentes políticos durante la dictadura.
A la fecha, esta entidad es parte querellante de 903 causas por detenidos desaparecidos y ejecutados calificados, correspondiendo ello a 1.759 víctimas, según el comunicado.
Durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de las cuales 1.192 figuran aún como desaparecidas, y más de 33.000 como secuestrados, torturados y encarcelados por causas políticas.
Altas condenas
En la lista de ex agentes destacan las condenas al general Manuel Contreras, al brigadier Miguel Krassnoff y al coronel Marcelo Moren Brito.
Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), acumula penas por 436 años de prisión, tras ser condenado en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos.
En tanto, Krasnoff y Moren Brito acumulan condenas por cerca de 300 años de cárcel.
Krassnoff, detenido en la cárcel de Punta Peuco, fue fotografiado hace unos días paseando por los pasillos del Hospital Militar, al que asistió por un control médico, sin ningún tipo de medida de seguridad.
«Este hecho ha sido criticado por la libertad en que se ejercía el control por parte de Gendarmería (guardias de prisión) y creo que ese es un asunto que debe ser investigado, porque las medidas tienen que ser extremas considerando que Miguel Krassnoff es un macro criminal», señaló Francisco Ugaz al ser consultado por EFE.
En relación al área de construcción y reparación de obras memoriales, el Programa de Derechos Humanos en 2014 gastó más de 100 millones de pesos.
Asimismo, se señala en el documento que en total existen 1.045 causas que permanecen abiertas en el país, por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura de Pinochet.
Gobierno indagará relajado control médico de Brigadier (r) Krassnoff
“Se va a investigar esta denuncia porque la ley es la misma para todos”, afirmó este miércoles el titular de la Segegob, Álvaro Elizalde, al ser consultado por la fotografía que evidencia la presencia del brigadier del Ejército, Miguel Krassnoff, paseando por el Hospital Militar de Santiago sin mayores dispositivos de seguridad que un gendarme como custodio.
Según publica El Mostrador, el militar recluido en la cárcel de Punta Peuco con una pena de más de 100 años por delitos de derechos, estuvo en el recinto asistencial castrense el martes 25 de noviembre, hasta donde concurrió para un cheque médico, tras el que decidió ver con calma la exposición de unos cuadros en un hall del lugar donde fue captada la imagen.
“Nadie está por sobre la ley y, por tanto, la denuncia va a hacer investigada para determinar su veracidad y se tomarán las decisiones que sea necesario aplicar para garantizar que todos los chilenos y particularmente que quienes están condenados cumplan la ley”, enfatizó el secretario de Estado.
