Cada cierto tiempo, pero infaltablemente, nuestra “Justicia” hace noticia… Y eso no es bueno: los fallos judiciales no deberían hacer noticia sobre sí mismos, sino sólo en cuanto a las materias sometidas a los tribunales. Los casos son tantos que una página, o más, no darían abasto para al menos consignarlos.
El más reciente tiene que ver con el, en su momento, bullado caso conocido como “Colusión de las farmacias”, que comprometió a las cadenas Salcobrand, Cruz Verde y Ahumada, condenadas por el Tribunal de la Libre Competencia a pagar una multa.
El caso recuerda otros, como la venta de alimentos para niños con falsificación de sus datos –componentes y fechas de vencimiento- con grave peligro para la vida de lactantes. Y hay más…
En el caso de las cadenas farmacéuticas, la Fiscalía alegó que la actual legislación no contempla penas más drásticas, y por ello la condena a las cadenas y sus altos ejecutivos se limitó a una multa, claramente desproporcionada a los delitos, y a “someterse” durante un año a clases de “ética empresarial”…
Los 10 altos ejecutivos que “aceptaron” ser beneficiados con la benevolencia del Ministerio Público son Ricardo Valdivia y Cristián Catalán, de Cruz Verde; Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez, de Salcobrand; Sergio Purcell y Ricardo Ewertz, de Fasa; y Mario Zemelman, del Laboratorio Mediapharm.
Ante tal elogiable actitud republicana, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso la suspensión condicional del juicio.
En este caso, la “sanción” económica consistió en una multa por un total de 225 millones de pesos, que aparecerán como “aportes” a Cruz Roja, Conac, Liga Contra la Epilepsia y Coaniquem. ¡Gestos, como se ve, sumamente humanitarios!
Lo más curioso es que, según una alta fuente judicial, los delitos denunciados y probados podrían, a lo más, ser sancionados con una pena de hasta 21 días “obviamente sin ningún tipo de privación de libertad”.
Compárese la curiosa legislación penal cuando se trata de delitos “de cuello y corbata”, con el extremo rigor previsto y aplicado cuando los “formalizados” son simples chilenas y chilenos “de a pie”, sin recursos para pagar costosos estudios de abogados, sin relaciones ni apellidos…
¿Justicia “ciega”? ¿O no será, más bien, “tuerta”, con un ojo para los poderosos y otro para los “vulnerables”?
Y es que basta cierta notoriedad pública para que delincuentes de probada culpabilidad sean “sancionados” a penas “remitidas” y alguna medida administrativa, como una irrisoria suspensión de su licencia de conducir, cuando se trata de infracciones de tránsito que puedan haber ocasionado incluso una muerte.
Si de algún programa farandulero de nuestra encantadora TV se tratara, habría lugar para celebrar tan deliciosas muestras de humorismo. Pero el asunto es algo más serio.
¿Justicia “de clase”?: por cierto. ¿Impunidad “de cuello y corbata”?: también. ¿Ausencia de todo sentido común?: igualmente cierto.
Entre las “indignadas” reacciones ante tan escandaloso desenlace de uno de los casos más repugnantes del último tiempo, no faltó la que quien aprovechó para abogar como la gran panacea por la pronta aprobación de una ley “que regule el lobby”.
¿No equivale esa inteligente salida a encargar a los abogados de la mafia de las drogas la confección de las normas legales para perseguirlos y sancionarlos?
Pero, así estamos en este paraíso de las desigualdades. ¿Igualdad ante ley? Como alguien lúcidamente dijera alguna vez, “todos somos iguales, pero hay algunos más iguales que otros”.
Justicia: parece ciega, pero muy pocas veces se equivoca cuando se trata de adónde enfocar su mirada.
(*) Editorial del seminario El Siglo, edición Nº 1671
