por Jorge Elbaum (*).
Bolivia y Ecuador están inmersos en procesos electorales que tendrán gran impacto en América Latina y el Caribe.
Dado que el resultado de ambos comicios puede alterar el tablero regional, Washington viene desarrollando una intensa actividad orientada básicamente a impedir la victoria de las alianzas progresistas en Bolivia y Ecuador.
En los últimos meses, el Departamento de Estado ha desatado una ingente batería de iniciativas, en abierta coordinación con las élites locales, para interrumpir la reconfiguración de un bloque soberano de la hegemonía corporativa y financiera, apadrinada por las delegaciones diplomáticas de Washington.
En la última semana, el gobierno golpista de Jeanine Áñez se vio en la obligación de aceptar, ante las requisitorias periodísticas, el pago de 100.000 dólares –provenientes de recursos del tesoro nacional– por los servicios de la consultora CLS-Strategies, especializada en asesoramiento de seguridad e imagen institucional.
El contrato se inició en diciembre de 2019 a partir de la recomendación realizada por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, máxima autoridad diplomática en La Paz.
Entre los antecedentes de la consultora, se destacan las tareas realizadas en Honduras, entre marzo y junio de 2009, meses previos a la destitución ilegal del entonces Presidente José Manuel Zelaya.
En aquella ocasión, los honorarios fueron abonados a CLS-Strategies por un think tank liderado por el entonces presidente de la Asamblea Legislativa, Roberto Micheletti, ungido de facto por las Fuerzas Armadas el 28 de junio de 2009.
Otro cliente de CLS-Strategies fue Álvaro Uribe, el ex Presidente de Colombia, quien en la actualidad se encuentra detenido con prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema de su país, acusado de casos de corrupción y responsabilidad criminal en la ejecución extrajudicial de dirigentes sindicales, políticos y académicos en manos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia.
El CLS-Strategies tiene sede en Washington y también cuenta, entre su cartera de clientes –según datos provistos por el Departamento de Justicia estadounidense– a la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y la Agencia Nacional de Inteligencia, Department of Homeland Security, DHS.
El consultor enviado por CLS a La Paz, durante los primeros seis meses de 2020, fue Brian Berry. Su tarea consistió en ofrecer una planificación destinada a mejorar la imagen de Áñez y socavar la del MAS. Entre sus antecedentes, Berry acredita su participación en la campaña electoral que no pudo impedir la victoria en México de Andrés Manuel López Obrador.
Una de las primeras declaraciones altisonantes de la Presidenta de facto Añez, influida por el consultor, fue en la ciudad de Sucre, a principios del año, cuando advirtió:
“No permitiremos que los salvajes vuelvan a gobernar”.
Como resultado inmediato de los consejos del asesor Berry, designó como presidente del Tribunal Supremo Electoral a Salvador Romero, un experimentado arquitecto de formulaciones golpistas institucionalizadas, que ya había trabajado con CLS-Strategies en Tegucigalpa, en ocasión del ascenso a la primera magistratura de Micheletti.
Berry conoció a Salvador Romero en Honduras, durante los meses previos al golpe a Zelaya. Como compensación, el boliviano fue nombrado como Director del Instituto de la Democracia de Honduras, donde contrató a varios de sus ex colegas de USAID, la entidad gubernamental del Departamento de Estado que utiliza como dispositivos estratégicos la cooperación internacional y la ayuda social.
Romero, además, es primo del jefe de campaña de la agrupación Comunidad Ciudadana, liderada por el ex Presidente Carlos Mesa, actualmente posicionado en segundo lugar en las encuestas,
El titular del Tribunal Supremo Electoral fue el responsable de postergar por tercera vez el calendario electoral, instituyendo su realización para el 18 de octubre próximo, bajo el pretexto de la pandemia. Berry y Romero son los encargados de desgastar al MAS, que aparece liderando las preferencias electorales.
En ese marco, los encargados de hacer el trabajo sucio de Áñez han dispuesto una batería de imputaciones y montajes judiciales contra varios de los referentes masistas, acompañados de un sostenido apoyo mediático destinado a corroer la imagen pública de sus candidatos.
La última semana, se volvió a acusar al ex Presidente Morales de una paternidad clandestina generada a partir de una relación con una menor. La imputación fue tomada por la Justicia a partir de una denuncia anónima.
Según los analistas políticos los gobernantes de facto consideran que de esa manera existen más posibilidades de llegar a las elecciones con ventajas sobre el MAS. En tanto la diferencia siga siendo elevada –aconsejó Berry– se deberá continuar utilizando la pandemia como justificativo de nuevas postergaciones, para ir ganando tiempo.
Mientras tanto, como declaró el ministro de gobierno de la presidenta de facto, Arturo Murillo, ante la cadena CNN el último 10 de agosto, “meter bala sería lo políticamente correcto” en referencia a los cortes de ruta producidos por quienes exigen elecciones en la fecha prevista inicialmente.
Sus mandantes, sin embargo, fueron más claros a la hora de explicar la motivación estructural del gobierno de facto: el último 24 de julio, el empresario Elon Musk respondió personalmente una acusación respecto a su participación en el golpe contra Evo Morales.
El propietario de la corporación Tesla que produce autos eléctricos –para quien el litio es el insumo básico e imprescindible– aseveró: “Nosotros derrocaremos a quien queramos”.
La ley es tela de araña
Las elecciones en Ecuador están previstas para el 7 de febrero de 2021, y la alianza formada por Rafael Correa postula para la presidencia a Andrés Arauz Galarza. El triunfante modelo impulsado por Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, quien se postuló para la vicepresidencia, ha sido –hasta esta última semana– el formato elegido por Rafael Correa para retornar al activismo activo en Ecuador, luego de la adulteración política promovida por su sucesor, Lenin Moreno.
La Unión por la Esperanza (UnEs) es la organización que presentó al binomio de Arauz/Correa y que ya aparece liderando las encuestas.
El rol que cumplió Berry en La Paz ha sido replicado por Paul John Manafort en Quito. Manafort es un lobista ligado al Partido Republicano que fue jefe de campaña de Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush. En la primera parte de 2016, cumplió esa misma función para Donald Trump, para luego transformarse en uno de sus delegados dedicados a las operaciones especiales.
En mayo de 2017, Manafort mantuvo varias reuniones con Lenin Moreno para solicitar al primer mandatario el fin del asilo otorgado por Correa a Julián Assange en 2012. El 11 de abril de 2019, por decisión de Moreno, Ecuador retiró la nacionalidad ecuatoriana y el asilo concedido a Assange. En forma inmediata, fue detenido por las autoridades británicas –dentro de la Embajada del Ecuador en Londres– como respuesta al pedido de extradición del gobierno estadounidense.
Otro de los acuerdos supuso el auxilio de Washington respecto a la negociación de la deuda con el FMI y el compromiso por parte de Manafort de interceder ante INTERPOL para conseguir una Alerta Roja que permitiese la extradición de Rafael Correa, exiliado en Bélgica.
Estas negociaciones irregulares llegaron a ser conocidas rápidamente por la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, hecho que motivó, en diciembre de 2018, que varios legisladores demócratas exigieran a Mike Pompeo un informe detallado sobre esas negociaciones irregulares.
El 13 de septiembre de 2018 Manafort se declaró, ante el fiscal especial Robert Mueller, culpable de dos cargos criminales –el de conspiración y el de manipulación de testigos– consumados para beneficiar a Trump
El último miércoles 19 de agosto, el Senado de Estados Unidos lo acusó de desarrollar transacciones reñidas con la legalidad en Ucrania y Rusia, en un informe de 1.300 páginas donde se señalan también las operaciones en Ecuador.
Para complementar la tarea de Manafort, el Departamento de Estado decidió enviar a Quito a un experimentado diplomático, Michael Fitzpatrick, que ha sido clave en el golpe institucional contra el Presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012.
El diplomático quedó expuesto en 2011 con la difusión de cables secretos –por parte de WikiLeaks– en los que informaba a sus superiores en el Departamento de Estado del golpe en ciernes, sin advertir a las autoridades constitucionales paraguayas de ese peligro y del cual fue indudablemente gestor o cómplice
Fitzpatrick arribó a Ecuador el último 19 de junio, y su delegación diplomática se constituyó de inmediato en el cuartel general de los asesores de Edwin Moreno, candidato a presidente por la agrupación Ecuatoriano Unido y hermano de Lenin. En forma paralela, varias consultoras de Quito y Guayaquil han sido contratadas para promover la estigmatización del correísmo.
El Departamento de Estado, los medios de mayor cobertura informativa locales e internacionales y fracciones del Poder Judicial han construido un entramado dirigido a proscribir a Rafael Correa. Se armaron causas judiciales superpuestas para evitar su candidatura, bajo el chantaje de su detención una vez que pise suelo ecuatoriano.
El ex mandatario tiene dos órdenes de prisión preventiva en su contra, dictadas por la jueza nacional Daniella Camacho, pero se encuentra interpuesta una apelación ante la Cámara de Casación que aún no ha sido resuelta. En forma paralela, desde varias consultoras financiadas por la Embajada, se dispone una ofensiva publicitaria –a través de las redes sociales– para desacreditar al joven de 35 años Andrés Arauz.
El péndulo se mueve
El urgente envío de Michael Fitzpatrick a Quito se vincula a una serie de sucesos:
1. El rechazo de Interpol de difundir una alerta roja contra el ex Presidente Rafael Correa, tal como lo había solicitado el gobierno de Ecuador.
2. La decisión de un juez del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que dejó sin efecto las medidas cautelares de suspensión que pesaban en contra del movimiento Fuerza Compromiso Social, liderado por Correa.
3. El triunfo de Mohammed Irfaan Alí, del Partido Progresista del Pueblo (PPP), como nuevo presidente de Guyana, luego de derrotar al candidato neoliberal.
4. La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, acusado de soborno y fraude procesal.
5. El retiro de una de las imputaciones contra el ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, motorizada en 2018 por el entonces juez federal Sergio Moro. El vocero del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Ricardo Lewandowski, consideró que Moro tuvo una clara motivación política.
Washington atisba con preocupación estos indicios –sumados a la alianza de Alberto Fernández con Andrés Manuel López Obrador– que contradicen la lógica de las corporaciones y la financiarización global.
Cualquier recurso es bueno (jurídico, mediático, económico y/o de inteligencia) para impedir la reconstrucción de un polo soberano en América Latina y el Caribe.
Dependerá de las fuerzas sociales subalternas y de sus referentes políticos elaborar estrategias adecuadas para sortear o superar dichas variadas operaciones.
(*) Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, columnista de varios medios, entre ellos El Cohete a la Luna; analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
Fuente: Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, CLAE
