Miguel Ángel Barrios, Carolina Escarra G.
Los Estados Unidos perciben a Venezuela como la frontera real con América del Sur, los suramericanos y venezolanos nos enteramos con el Comandante Hugo Chávez, que el límite de Venezuela y de América del Sur, es la República Imperial. Estados Unidos en su nueva geopolítica de cercar el Pacífico Indico a China, tiene que solucionar el problema con Ucrania -perdió en Crimea- en el límite Europa-Rusia, atacar Siria para defender al engendro del Califato Islámico y atacar a pleno Venezuela -como frontera de la doctrina Monroe y país con las mayores reservas de petróleo del mundo-, solo eso lo concentrará en la isla mundial.
No podemos dejar de desconocer que en Venezuela se vive una situación de alta tensión social, que solo el diálogo llevará a buen camino. Pero se torna una necesidad hasta moral, que a diferencia de lo que “informan” o “desinforman” las grandes cadenas de información o desinformación, en Venezuela no es que un sector denominado despectivamente “chavismo”, lleva a la oposición a garrote limpio.
Estas técnicas de desinformación, están elaboradas por el General de la CIA, Gene Sharp en su libro “De la tiranía a la democracia“, donde llevando a cabo prácticas de guerras psicológicas y desinformación debilitan a un Estado. Son técnicas novedosas aplicadas en la revolución de “colores” en Europa y en la “primavera” árabe.
En el papel de trabajo titulado “Operación Venezuela Freedom-2” del Comando Sur, para que Maduro deje el poder, se debe apuntalar a una salida violenta. Del Documento de febrero de 2016 se desprende:
-Mecanismos de acción violenta entre la MUD concertada con la Asamblea Nacional, donde el llamado al referendo y a elecciones es solo una “cobertura”
-Insistir con un gobierno en transición con la OEA, ONGs, Iglesia, universidades, etc.
-Mantener una fuerte campaña propagandística nacional e internacional en contra del gobierno de Venezuela y de su “violencia”.
-Generar al máximo la tensión con escasez de agua, alimento y electricidad.
-Crear la matriz de una crisis humanitaria por falta de medicamentos, agua y alimentos.
-Aplicación de la Carta Democrática de la OEA, como lo “convenimos con Luis Almagro”
En Venezuela, país con un régimen de gobierno presidencialista, hay 5 poderes públicos, los tres clásicos: ejecutivo, legislativo y judicial, y dos otros poderes que son el poder electoral y el poder ciudadano propuesto por Bolívar, que incluye fiscalía, contraloría y defensoría del pueblo.
Desde que la mayoría opositora ganó las elecciones legislativas en 2015 se propuso derrocar al presidente a través de un juicio político acabando con el poder ejecutivo en 6 meses, así como destituir a los magistrados del TSJ, atacaron al poder electoral y exigieron pronunciamientos de los titulares del poder moral, como si se tratara de un régimen parlamentario y el legislativo fuera un suprapoder.
Contrariamente a lo que se piensa en el extranjero, la constitución de 1999 no establece el juicio político, y para que la AN pueda autorizar un antejuicio de mérito a un alto funcionario público, dicha autorización debe ser precedida por una declaración del TSJ en Sala Plena, de que existen elementos suficientes para realizar dicho antejuicio de mérito, y una vez autorizado por la AN, regresaría el caso al TSJ; es decir, debe haber cooperación entre los distintos poderes públicos.
Ahora bien, esa AN fue declarada en desacato por el TSJ y sus decisiones viciadas de toda nulidad, luego de juramentar por segunda vez a dos personas cuya proclamación como diputados había sido impugnada por ilícitos electorales y compra comprobada de votos, y desde la directiva anterior de dicho poder, la AN se rehúsa a ponerse a derecho, lo que implicaría que no tengan mayoría calificada sino simple, lo que les impediría no solo tomar ciertas decisiones, sino aplicar lo contenido en la operación freedom-2 del Comando Sur.
Recientemente y frente a la ausencia u omisión legislativa de la AN, además de la solicitud de su directiva de intervención y aplicación de la Carta Democrática Interamericana ante gobiernos y organismos extranjeros -lo que solo sería competencia del jefe de estado, es decir el presidente de la república siendo excluyente de los demás poderes, y que de acuerdo con el Código Penal implica delitos de traición a la Patria- el TSJ emitió sentencias en las que estableció que el ejecutivo nacional podría constituir empresas mixtas sin la aprobación del legislativo -pues frente a conflictos de poderes la última palabra la tiene la sala constitucional de acuerdo con la constitución-, además de regular la inmunidad parlamentaria de los diputados en desacato fuera del ámbito de sus funciones.
Esto fue presentado ante la comunidad internacional como un golpe de estado desde el poder judicial, un día después de un show mediático en la OEA en el que se habló de aplicar la Carta Democrática Interamericana frente a la supuesta “ruptura del orden constitucional”. Frente a esa situación la Fiscal general dijo que las sentencias eran violatorias del orden constitucional. El presidente Maduro convocó al Consejo de Defensa de la Nación que incluye a todos los poderes públicos y donde hubo ausencia del legislativo, y exhortó al TSJ revisar dichas sentencias, lo cual al día siguiente el poder judicial hizo.
Desde ese entonces e incluso desde días anteriores, la oposición liderada por diputados en desacato han realizado manifestaciones cargadas de violencia en el Estado Miranda y con el apoyo de su gobernador, Capriles Radonski, así como en otros estados del país, buscando, según algunos de ellos, sangre e ingobernabilidad que les permita justificar ante la comunidad internacional, la necesidad de aplicación de la Carta de la OEA y hasta una intervención extranjera con el apoyo del Comando Sur.
En estas manifestaciones que no han sido pacíficas se han cometido actos terroristas, incendiando la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, al Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios, así como calles, postes de luz, semáforos, ataques a funcionarios y a bienes de la nación, denunciando ante la comunidad internacional represión de parte de la fuerza armada nacional bolivariana que lo que ha hecho es impedir el paso de las manifestaciones no pacíficas hacia el Municipio Libertador, sede de los poderes públicos incluyendo el legislativo.
Para echarle candela a la guerra mediática, han inventado un falso positivo con un manifestante muerto, lo que fue no solo desmentido por las investigaciones primarias, sino por el padre del occiso, quien dijo que su hijo no creía en política, no iría a manifestar y no había fallecido en manos de un integrante de la FANB sino por causa de un fiscal de tránsito que ya había sido puesto a la orden de la justicia, y pedía no politizar el caso.
Mientras tanto, los partidos políticos están relegitimándose para ponerse a derecho ante el Consejo Nacional Electoral como paso previo para unas próximas elecciones, el Presidente Maduro continúa llamando al diálogo Nacional y EEUU bombardea Siria y envía portaviones que apuntan a la República Popular Democrática de Corea.
