por Hugo Oviedo
El Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Temuco reconocieron la calidad de víctimas de los ocho comuneros mapuches detenidos por la “Operación Huracán”.
La audiencia se realizó la mañana del martes y fue la primera tras el fallido operativo de Carabineros, donde los comuneros terminaron imputados por asociación ilícita terrorista, además de dos delitos de incendio terrorista.
Ahí los miembros de la Defensoría Penal Pública pidieron conocer la investigación que abrió en contra de Carabineros el fiscal regional, Cristián Paredes, por la presunta manipulación de pruebas, solicitud que finalmente fue aprobada.
El fiscal Roberto Garrido, miembro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, dijo que en esta indagatoria hay seis imputados desformalizados (cinco carabineros y el civil creador del software espía), y se indaga el eventual delito de obstrucción a la investigación y falsificación de instrumento público.
El abogado de la Defensoría Penal Pública, Juan Pablo Alday, señaló que estos antecedentes serán vitales para la defensa de los acusados, de cara a la audiencia del próximo viernes donde solicitarán el sobreseimiento definitivo de sus representados.
Uno de los imputados que participó en la audiencia, Jaime Huenchullán, aseguró que todo se trata de un montaje de carabineros, y que incluye a un total de 10 personas. Uno de ellos, su hermano Jorge Huenchullán, se mantiene en clandestinidad.
A pesar que se hizo presente en la audiencia un abogado del Ministerio del Interior, este no se opuso a que la Fiscalía abriera la carpeta investigativa a la defensa de los comuneros y se allanó a la decisión del magistrado.
Además, el fiscal Garrido confirmó que la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI, mantiene los peritajes a los computadores incautados a una sede de la Dipolcar en Temuco, por lo que aún no son retornados los equipos, como solicitó Julio Pineda, el subdirector general de Carabineros.
Fuente: Radio Bío Bío
Ministerio Público por solicitud de inhabilitar a fiscal de La Araucanía: “No le damos mayor importancia”
La abogada de Carabineros anunció que pedirá la salida de Cristián Paredes porque «no da garantías de objetividad».
“No le damos mayor importancia”.
Así respondió la vocera (s) del Ministerio Público, Patricia Muñoz, al ser consultada por el anuncio que hizo ayer la abogada de Carabineros, Marisa Navarrete, quien señaló que solicitarán la salida del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, del caso Operación Huracán.
En conversación con Cooperativa, la vocera de los persecutores, señaló que no se justifica la salida del fiscal, y que por lo tanto, su inhabilidad “no se da por ningún motivo”.
“Paredes por cierto que da garantías de objetividad, de imparcialidad y de cumplimiento irrestricto de las exigencias constitucionales y legales que tiene en razón del ejercicio de su cargo”, dijo Muñoz.
Operación Huracán: fiscalía rechaza entregar celulares a Carabineros
por F. Díaz, J. Matus y V. Rivera
La policía uniformada hizo la solicitud en el marco del sumario interno con el fin de realizar un análisis de los dispositivos incautados a los comuneros.
El sumario administrativo de Carabineros para determinar supuestas responsabilidades internas en las pesquisas de la Operación Huracán cumple hoy dos semanas. La indagatoria, a cargo del general subdirector de la institución, Julio Pineda, ha incluido la toma de una decena de declaraciones y también distintos requerimientos de información.
En ese contexto, el miembro del Alto Mando solicitó a la Fiscalía de La Araucanía los teléfonos celulares de los imputados en la investigación de la Operación Huracán, caso donde se indagó la supuesta participación de ocho personas, entre ellos del vocero de la Coordinadora Auraco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, en ataques en la zona.
Estos teléfonos se mantienen en custodia del Ministerio Público, dado que los utilizaron para realizar peritajes y determinar si hubo alteración de evidencias.
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Según la Fiscalía, estos dispositivos de los imputados habrían sido manipulados con información supuestamente falsa relacionada con conversaciones entre los sospechosos para la presunta ejecución de atentados incendiarios en la IX Región. Además, se abrieron otras aristas como el financiamiento de las supuestas actividades ilícitas y los presuntos contactos con grupos argentinos.
Peritajes
Esta investigación la lleva adelante el fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes. Paralelamente, el general Julio Pineda lleva adelante esta investigación administrativa, luego de que el Ministerio del Interior pidió realizarla con celeridad.
La finalidad de esta petición de la policía uniformada de acceder a los celulares incautados de los imputados, se debe a que buscan que sean analizados por peritos policiales, o bien por el FBI, dado que es esta entidad norteamericana la que está trabajando con Carabineros en la investigación interna.
Sin embargo, el requerimiento de Carabineros fue rechazado por la Fiscalía REgional de La Araucanía, dado que, según fuentes del proceso, la policía uniformada no tiene acceso a la investigación al no tener la calidad de interviniente.
Esto decisión se tomó luego de un análisis jurídico que buscaba establecer si la legislación vigente permitía hacer entrega de evidencia de una causa judicializada a terceros.
Peritaje en curso
Además de estos peritajes, la PDI también se encuentra avanzando en el informe que le pidió la Fiscalía para determinar, por tercera vez, si existió o no una manipulación de pruebas en los teléfonos celulares de los imputados.
El informe pericial de la PDI se encuentra en proceso de elaboración, sin embargo, estaría listo para la audiencia de este viernes, donde la Fiscalía comunicará al Juzgado de Garantía de Temuco la decisión de no perseverar en la causa. Ahí también se discutirá la petición de sobreseimientos de los imputados en la Operación Huracán.
El juez deberá revisar si da curso a una serie de diligencias solicitadas por el Ministerio del Interior, en la que se encuentran peritajes a los dispositivos por parte de entes externos para que se acredite o no si hubo manipulación de evidencias.
Este miércoles, además, la vocera (s) de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz, señaló en Tele13 Radio que “la Fiscalía está realizando esta investigación con la máxima celeridad posible para poder establecer precisamente las responsabilidades individuales que caben en la ocurrencia de estos hechos, y en ese sentido lo que va a ocurrir es que, determinadas esas responsabilidades”.
Asimismo, indicó que el ente persecutor “lo que va a tener que hacer es formalizar cargos en contra de estas personas individuales y tal como lo dije el día de ayer, requerir la imposición de las más altas penas a los tribunales que correspondan”.